Blog de denuncia y crítica social, dedicado a la defensa de los derechos de lxs menores (especialmente de lxs que viven tuteladxs o presxs) y a la lucha por una Intervención Social pública y de calidad.
El pasado 1 de julio volvió a saltar el escándalo. Otro joven había muerto en un centro de menores. En el reformatorio almeriense “Tierras de Oria”, el mismo cuyos métodos inhumanos fueron denunciados en 2015. De hecho, en 2016 el Consejo de Europa denunció lo mismo, así como el Defensor del Pueblo en 2018. El gobierno de Susana Díaz no hizo nada. ¿Por qué?
Hay varias razones. Pero lo primero a señalar es que el problema es a nivel estatal, ya que existe un amplio consenso político en materia de justicia juvenil y protección de menores. De hecho, todo emana de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), en vigor desde 2001.
Una ley que, a pesar de la neolengua que emplea para darse apariencia pedagógica, se basa en la represión y el castigo y no en una supuesta rehabilitación. Su reglamento es un calco del reglamento de Instituciones Penitenciarias, incluso más restrictivo en algunos aspectos. Una ley orgánica perversa, especialmente diseñada para castigar la pobreza. Los jueces, a la hora de tomar medidas cautelares como la prisión preventiva o dictar sentencia, tienen muy en cuenta los informes elaborados por el equipo técnico (profesionales del ámbito social). Informes que analizan el entorno familiar y social del menor. Es decir, que finalmente no se juzgan los hechos sino a las familias, lo que posibilita que dos menores que han cometido juntos un delito puedan tener condenas tan dispares como un año y medio de internamiento o tres meses de libertad vigilada, dependiendo básicamente de la solvencia económica de los progenitores.
Además, la LORPM dio vía libre a las comunidades autónomas para privatizar los centros de cumplimiento de medidas judiciales, convirtiéndose la justicia juvenil en un fabuloso negocio de trágicas consecuencias. Como ejemplo basta citar lo ocurrido en la Comunidad de Madrid. En 2001 había tres reformatorios públicos y un total de 45 menores presos. Se aprobó la ley, y en 2006 ya había 18 reformatorios (todos los nuevos privados) y un total de 422 menores encerrados. Queda claro de qué va la cosa, ¿verdad?
La privatización en materia de gestión de derechos fundamentales (y la libertad lo es) tiene consecuencias muy preocupantes. Una de ellas es la opacidad, aún mayor en los reformatorios que en las cárceles.
Del “tratamiento” que reciben los chavales en los centros tampoco podemos esperar nada bueno. En palabras de Jorge Del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, se producen malos tratos de tres tipos: la “humillación permanente” –desde insultarles, que es constante, a las de tipo sexual, obligándoles a desnudarse–, “sanciones arbitrarias” –en demasiadas ocasiones por conductas normales a estas edades como distraerse en clase, tirarse bolitas de pan o hablar cuando no se debe–, incluyendo el aislamiento, y “agresiones físicas puras y duras, lo cual incluye golpes, patadas, puñetazos, porrazos”. El Estado español incumple los tratados internacionales (como las “Reglas de Beijing” de Naciones Unidas) que prohíben las penas de aislamiento para menores de edad. La Coordinadora ha documentado en sus informes una media de dos muertes bajo custodia en centros de menores al año.
Las autoridades supuestamente responsables del bienestar de los menores no hacen nada porque lo dicho no implica un mal funcionamiento de los centros. Es que se han diseñado para ser un negocio y eso hace que funcionen así. Por eso generalmente los “excesos en el cumplimiento del protocolo” no sólo quedan impunes, sino que se termina persiguiendo a los denunciantes. Como les ha pasado a los que hace cuatro años denunciaron a este centro de Almería. Centro gestionado por GINSO, al igual que el centro “Teresa de Calcuta” en Brea de Tajo (Madrid). Allí murió otro joven en 2011. Esta entidad es ejemplo paradigmático del sector. La Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), es una fundación propiedad de Alfredo Santos García que gestiona varios centros en Madrid y Andalucía.
Pero GINSO supone, además, un paso más allá en el modelo de negocio: tanto en Madrid como en Andalucía se ha encargado, a través de empresas de Santos o de sus socios, de construir los centros que después ha gestionado. La diputada de Podemos Isabel Serra ha denunciado a esta empresa como parte de la trama Púnica. Santos colabora, además, con gente como Javier Urra, antiguo defensor del Menor de la CAM y conocido tertuliano de Antena 3, que desarrolla en las mismas instalaciones de Brea del Tajo la actividad de su sociedad limitada, Urrainfancia, con un programa llamado Recurra de asistencia a familias con conflictos, destinado a los chavales que han acabado de cumplir las medidas.
Es urgente acabar con este modelo de justicia juvenil, basado en el castigo y el maltrato, que termina de empujar cada año a cientos de jóvenes hacia la exclusión social, formalizándoles como presidiarios. Acabar con la privatización no será suficiente (hay que cambiar también el modelo, y acabar con las condiciones de pobreza y desigualdad que están en la raíz de estos problemas), pero sí el primer paso necesario para acabar con las barbaridades que se cometen en nombre del interés superior del menor. Centros públicos, con personal formado y con condiciones de trabajo dignas, y sujeto al control de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores del sector, así como de las familias, son imprescindibles para que pueda plantearse un tratamiento humano y que de verdad cumpla funciones rehabilitadoras.
Otra vez ha vuelto a suceder. Cada vez que las barbaridades que se cometen en los centros de menores salen a la luz, aparecen los representantes sindicales a negar la mayor y criminalizar a los chavales. Esta vez ha tocado en Tierras de Oria.
Representantes de CCOO, UGT y USO (el comité intercentros de GINSO) han emitido un comunicado en el que se quejan de la indefensión que sufre la plantilla. Una plantilla esforzada que realiza una labor impecable frente a la extrema violencia de los niños que "atienden". Lo sentimos por vosotros, pero nuestra empatía está con la familia, no con los profesionales "abatidos y destrozados" por la tragedia. A ver si ahora las víctimas vais a ser vosotros.
Hay que hablar claro, decir la verdad. No hay labor impecable que valga cuando el resultado es un crío muerto. Lo que igual sí aplicáis de forma impecable es el reglamento del centro y los protocolos psicopáticos diseñados por otros. ¿Para esto habéis estudiado, para actuar como autómatas?
No, una cárcel no es el lugar donde tener una oportunidad para una vida digna. Menos con vosotros, que la única manera de defenderos que habéis encontrado es insultar al chaval muerto (y de paso a todos los demás). Nos da igual si atáis o encerráis en aislamiento a un niño con mucho cariño, dedicación, profesionalidad e ilusión. El hecho es que los atáis y los metéis en aislamiento. Vuestro trabajo no es transparente porque trabajáis en una institución opaca. Si queréis ser honestos, defender vuestro trabajo explicando en qué consiste en realidad.
El Consejo de Europa, Naciones Unidas, Amnistía Internacional o el Defensor del Pueblo ya os han dicho que así no se puede tratar a los menores, por muy "yonkis impresionantemente locos" que sean, según los definís en vuestra basura de comunicado. También os lo gritaron a la cara el otro día los compañeros de CNT y Nación Andaluza, que acompañaron a la familia del chaval a las puertas del centro.
Vuestro comunicado se suma a las mentiras de la Junta de Andalucía y demás versiones oficiales. Y al vergonzoso comunicado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía, que intenta "matar" al mensajero.
Pero esta vez algo ha cambiado. Os quejáis porque CCOO os ha dejado tirados. Esta vez se ha roto el silencio, el corporativismo. Esta vez el sindicato ha actuado como el sindicato de clase que es, y ha exigido una investigación exhaustiva y el fin de la privatización de los centros. Silencio roto también por la Plataforma en Defensa del Trabajo Social en España, con un valiente comunicado. Esta vez no somos los cuatro locos de siempre. Esperemos que sirva de algo y no tengamos que volver a lamentar la muerte de otro chaval mientras era reinsertado por vosotros.
La Asociación ExMenas Madrid ha convocado una concentración frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza (metro Pinar del Rey) el sábado 27 de julio, a las 19:30 en apoyo al colectivo de "menores extranjeros no acompañados" ante el hostigamiento, abandono, criminalización y acoso que están sufriendo.
Hostigamiento y abandono por parte de las administraciones que tienen la obligación de protegerles. Criminalización por parte de ciertos sectores "periodísticos" incluyendo difusión de bulos, y acosados por los fascistas de siempre, ahora capitaneados por Vox. Han pasado de estar en el ojo del huracán mediático a ser puestos en la diana, llegando a asaltar centros de menores. Ante estos embriones de progromos, ¿dónde está la fiscalía? ¿Y los expertos opinólogos televisivos?
Los propios chavales se han organizado y han convocado esta concentración. ¿Estaremos allí los profesionales de la intervención social? Porque por la AcampadaxDerechos no se nos ha visto.
A veces parece que tuviéramos una bola de cristal, pero os aseguramos que no. Finalmente José Ignacio Arias Moreno sí mandó su curriculum a Vox. Y ahora ostenta la vicepresidencia tercera de la Comunidad de Madrid.
Este señor pasó de dirigir los recursos humanos en la Fundación O´Belen a dirigir el Área de Menores de la Fundación Salud y Comunidad. Y ahora a la Asamblea de Madrid. Sí, es el protagonista del esperpento del cuadro
Carmen Balfagón, actual vicesecretaria de Derechos Sociales y Dignidad de Vox, ha sido directora del Imserso en el gobierno de Rajoy. En la Comunidad de Madrid ha sido directora gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, directora general de Dependencia y secretaria general técnica de la Consejería de Asuntos Sociales. En Castilla La Mancha fue viceconsejera de Asuntos Sociales.
¿Entendemos ahora por qué los Servicios Sociales funcionan como funcionan? Sin duda, la Transición fue todo un éxito, pero para los de siempre. En cualquier caso, habrá que estar vigilantes, no vaya a ser que la Fundación Salud y Comunidad empiece a ganar licitaciones a lo loco. Nunca se sabe.
No, esto no va de la España real, la de los pueblos. Sino de las instituciones del Reino. A través de tres noticias judiciales. Estos son los casos (de poca relevancia mediática, cosas cotidianas) y que cada cual saque sus conclusiones.
Caso Andreas. Una joven se encuentra mal y acude reiteradamente a su médico y al hospital, porque cada vez se encuentra peor. Termina varios días atada a una cama porque "está loca", hasta que muere de meningitis. Se archiva el caso porque no se aprecia negligencia (¿cómo van a poder distinguir los médicos entre meningitis y esquizofrenia?), y queda claro que lo de atar a los enfermos mentales es el protocolo.
Caso Juan Sebastián Elcano. Sí, el buque insignia de nuestras fuerzas armadas. Pues atracó en Colombia y en una inspección se encuentran a bordo más de 200 kilos de cocaína. El caso ha sido sobreseído porque es imposible saber quién la puso ahí. Al parecer no hay ningún control sobre quien sube y baja de los buques militares, ni siquiera en el extranjero.
Caso Sangiovesa. Un restaurante explota a sus trabajadores, no aplicando el convenio colectivo y pagando las horas extra (obligatorias) con las pizzas que sobraban. La plantilla se organiza y convoca elecciones sindicales, ante lo que la empresa responde con despidos. Se movilizan con el apoyo del sindicato y finalmente ganan el conflicto, readmitiéndose a los despedidos y empezando a cumplirse la legislación laboral vigente. Sin embargo la Fiscalía no queda satisfecha, y decide actuar contra el sindicalista que presentó las denuncias en Inspección de Trabajo. Se le acusa de coacciones y las pruebas gráficas que demuestran que las acciones fueron pacíficas limitándose a corear consignas y poner pegatinas se "han extraviado" en el juzgado. Es condenado a 21 meses de cárcel.
No es de extrañar el celo de la Fiscalía, especialmente preocupada en perseguir los delitos de odio contra los nazis. Es lo que hay.
Podría decirse que Enrique Martínez Reguera tiene 67 hijos. Entre ellos hay historias de éxito y fracaso con un denominador común: todos tuvieron una oportunidad gracias a él. La vida ha dado muchas vueltas desde que Enrique decidió consagrar su hogar y su vida a cuidar a niños desfavorecidos, en situación de calle, conflictivos, huérfanos, nacionales y extranjeros. A sus 83 años, él se mantiene crítico y activo, pero es consciente de que, aunque quisiera, hoy el sistema no le permitiría ayudar como lo hizo.
La historia de Enrique permite entender cómo ha cambiado la suerte de los menores de edad que por una razón u otra están bajo tutela del Estado. A su juicio y tras más de 50 años de experiencia -y rebeldía- en la materia, el trato de las instituciones hacia los niños que están solos se ha ido deshumanizado y mercantilizado. Desde el franquismo, cuando el monopolio asistencial estaba en manos de Falange y Auxilio Social, el sistema se ha transformado en una especie de “negocio en el que no priman los más vulnerables”, asegura.
Corrían los años 70. Por entonces el maestro Enrique compaginaba la dirección del Colegio Mayor Universitario Pio XII con sus estudios de filosofía y psicología. Pero hacía tiempo que en su fuero interno sentía ganas de trabajar con chavales vulnerables. Pasó de las palabras a los hechos en el barrio chabolista de La Celsa, por entonces uno de los puntos más conflictivos y damnificados por la droga de Madrid, del que ya solo queda el recuerdo (fue demolido en 1999). Allí se ofreció para ayudar en el colegio público. Poco a poco fue labrándose la confianza y el reconocimiento de las familias payas y gitanas que allí sobrevivían. Rápidamente las Juntas de Protección de Menores, entes provinciales que se encargaban de las labores de tutela, se fijaron en su capacidad para trabajar y organizar excursiones, partidos de fútbol y otras actividades en aquel entorno difícil.
A pesar de las limitaciones, en aquella época el sistema era más flexible y cercano, “y eso que de origen esto era una cosa absolutamente falangista”, recuerda. A Enrique primero le propusieron cuidar en su casa a niños internados y rebeldes. Aceptó y, casi de inmediato, comprobó que con paciencia, hogar y cariño; los pequeños se transformaban.
El trabajo de Enrique llegó a oídos de un juez de menores, y este le propuso cuidar también a niños de reformatorio. Enrique aceptó, pero estableció la condición de que en su casa, por entonces un piso de Vallecas (Madrid). Era él quien establecía las normas, requisito que hoy las instituciones públicas no admitirían. Probaron y el resultado fue un éxito. Le decían que aquellos eran niños “peligrosísimos”, pero la situación nunca se desbordó. Pronto fueron surgiendo nuevos grupos y hogares de acogida para niños con situaciones similares a las de los “hijos” de Enrique.
Después de la Transición, la Democracia. “Recuerdo que la gente que estaba en estos temas decía ‘¿y ahora qué van a hacer con todos los de Falange y Auxilio Social?", rememora.
La trampa
Llegaron los años 80, y con ellos la heroína y los cambios en la legislación de menores. Los chicos de Enrique empezaron a engancharse. Por su casa pasaron “chiquillos muy conocidos en la época” -por su historial de robos- como El Guille, El Gasolina y El Mosque, interpretado por Luis Martínez en el filme Perros callejeros. “Sentían que nadie estaba con ellos en la vida, pero en cuanto veían que alguien se ponía de su parte, empezaban a cambiar”, explica. Aquellos chavales llegaban “totalmente rotos”, pero él veía en ellos “gente prodigiosa”. No pocos murieron de sobredosis, en medio de tiroteos, enfermos de sida o en accidentes de moto. “Un mes de enero enterramos a diez niños de en torno a 15 años. Me desanimé mucho, pensé que ya no podía soportarlo más”.
A esos días difíciles se le sumaron turbulencias en materia legal. Hasta ese momento, “las instituciones habían reconocido nuestra labor, jueces, fiscales y Juntas de Protección nos lo ponían fácil”, asegura Enrique. El Gobierno de Adolfo Suárez empezó a ensayar el Estatuto del Menor, promulgado una década después bajo el nombre de Ley de Protección Jurídica del Menor. “Esa ley puso todo en manos de la administración de las Comunidades Autónomas”, explica.
Enrique y otras personas con experiencia en el cuidado de niños desfavorecidos participaron en la elaboración del Estatuto del Menor. Durante un año acudieron de forma regular al Ministerio de Justicia. Pero aquel esfuerzo fue en vano: el gobierno de Felipe González hizo caso omiso de sus recomendaciones y lo sometió a los dictados de Interpol, similares para todos los países de la Unión Europea. Años después, el Gobierno socialista promovió la implantación de esa misma ley entre los países de América Latina -“en Argentina y Brasil incluso utilizaron los mismos carteles de propaganda que aquí sobre el estatuto del menor”-, pero esa es otra historia.
El "negocio" de los niños conflictivos
La atención a niños en situaciones difíciles “se convirtió en un tremendo negocio”, un asunto rentable para políticos, empresas y organizaciones supuestamente no lucrativas, sostiene Enrique. “Se han ido creando intereses, se han multiplicado las organizaciones, fundaciones, empresas públicas y privadas que se dedican a este asunto, y todas tienen intereses”.
A Enrique y otras personas en su situación les impusieron la firma de un convenio con 17 puntos. Enrique los aceptó todos, menos tres. En primer lugar, se le exigía tener un número fijo de plazas, pero él prefería supeditar esa cifra a la situación en casa. "A veces, con seis niños se podía estar bien, otras veces con tres niños ya era difícil", se explica. En segundo lugar, se le obligaba a expulsar a los chavales al cumplir 16 o 18 años, pero Enrique pedía supeditar la decisión al "momento en el que el niño encuentre una salida”.
Por último, el punto más delicado: le explicaron que él tendría todos los deberes de padre, pero los derechos sobre el niño recaerían sobre un funcionario ajeno a su casa y a la vida del menor. “Si asumo los deberes de un padre, necesito los derechos de un padre para representar a los nenes si van a la comisaría, al juzgado, al hospital o a la escuela”.
Acusaciones de secuestro de niños
Enrique se declaró en rebeldía. No acató las exigencias y amenazaron con expulsarle de su casa y denunciarle por secuestro de niños, pero su buena fama y el apoyo de la Coordinadora de Barrios lo impidieron. Enrique siguió ayudando, pero tuvo que hacerlo en condiciones más precarias, sin apoyo económico del Estado. En los 90, mientras él proseguía con su labor, el Gobierno aprobó también dos normas esenciales en esta historia. La primera, la Ley Penal de Menores, que determina que a los niños no se les detiene, sino que se les “retiene”; no se les interroga, sino que se les “explora”.
Ninguna de las dos figuras está contemplada en el ordenamiento jurídico, por lo que su interpretación es “libre” -y no siempre la más favorable al menor-. La segunda, el Decreto sobre los derechos y deberes de los alumnos de centros sostenidos con fondos públicos. A juicio de Enrique, se trata de una norma “perversa” porque “suplanta la pedagogía por el derecho penal”. “La esencia de la pedagogía es la comunión de intereses entre padres, educadores e hijos; se suprime eso y se sustituye por derecho penal: los educadores se convierten en vigilantes”.
El negocio
"Lo que ha fallado es la legislación, que ha permitido y promovido todo esto. Curiosamente, la sociedad lo ha aceptado plenamente, yo creo que por ignorancia”. Actualmente el Estado paga a las Comunidades Autónomas más de 3.000 euros por cada niño bajo tutela. Al mismo tiempo, los Centros de Menores registran algunos de los sucesos más vejatorios del presente, con ejemplos como el Centro de Menores de Hortaleza (Madrid), conocido por sus casos de malos tratos y suicidios, o el de La Purísima (Melilla), en el que un educador fue detenido por apuñalar a un menor, entre otros problemas.
A ojos de Enrique, el principal problema está en que “prevalecen los intereses económicos”. La legislación española concede a jueces y fiscales de menores la potestad para intervenir ante casos de abandono o maltrato, por ejemplo. Sin embargo, debido a que no siempre la Justicia actúa con rapidez, las Comunidades Autónomas tienen autoridad para decidir qué hacer con estos niños y jóvenes menores de edad. “Deberían asistir y después poner esa autoridad en manos de los jueces, pero la ponen en manos de fundaciones, organizaciones, empresas públicas y privadas con notorio afán de lucro”, opina Enrique en alusión a la gestión autonómica. “Estos niños no necesitan encierros inútiles, sino papeles que reconozcan su existencia legal (…) Los niños son materia de consumo de todas estas instituciones”, sentencia.
Otro de los problemas que enfrentan estos menores reside en la doble función de la Fiscalía de Menores, contemplada en la Ley de Protección Jurídica del Menor. La Fiscalía se encarga de defender los intereses de los niños, al mismo tiempo que ejerce de parte acusadora. Tras varias décadas implicado en el cuidado de niños y jóvenes desfavorecidos, Enrique afirma que el talante del fiscal de menores resulta determinante en estos casos, para bien y para mal. A veces la suerte está de parte del menor, opina Enrique, y cita el caso del fiscal Félix Pantoja, “un hombre entrañable muy interesado por los niños, que defendía sus intereses”. Como ejemplo contrapuesto, menciona el idilio de 13 familias a las que conoció recientemente en Mallorca y que han perdido la custodia de sus hijos. “Estas familias tachaban las decisiones del fiscal de mafiosas, le tenían pánico, y yo no puedo dar esa opinión, pero creo que en el Estado alguien tiene que investigar. ¿Y si fuera cierto lo que dicen esas familias?”, concluye.
Cada cierto tiempo, los medios se hacen eco de imágenes que muestran el estado de hacinamiento y desprotección de niños y jóvenes bajo tutela del Estado, a pesar de los recursos públicos que se destinan a los centros de menores, tanto gastos fijos como gastos variables en función del número de niños atendidos. “Puedo estar equivocado”, reconoce Enrique, antes de afirmar que esta aparente contradicción “se debe fundamentalmente a que los recursos que el Estado dice que dedica a los niños, en realidad terminan engrosando los intereses de estos gestores y empresas que administran el hambre ajena”. La otra cara de esta moneda la componen numerosas personas y grupos anónimos que trabajan al margen de los cauces oficiales, sin visibilidad mediática y sin apoyo del Estado.
La historia no termina
Enrique sigue viviendo en el mismo piso de Moratalaz por el que han pasado sus 67 hijos, que de vez en cuando le visitan solos o acompañados “incluso de nietos y biznietos”. Es autor de varios libros, uno de ellos de reciente actualización, Por si llegas a leernos, querido Walter (Editorial Popular), sobre la desesperada y kafkiana batalla legal de unos padres cameruneses a los que el Gobierno de Cantabria les quitó la custodia de su hijo por error, y que llevan nueve años sin poder verle.
La casa de Enrique es un pequeño museo repleto de recuerdos de Brasil y cuadros que ha pintado a lo largo de los años. Pronto espera encontrar un lugar en el que exponerlos ante el público, una ocasión que quiere aprovechar para reunir a su particular familia. “Estoy muy contento con la aventura que he vivido”, concluye Enrique, consciente de que la aventura no ha terminado.
Este domingo nos jugamos mucho. Estas elecciones pueden llevar al gobierno a la extrema derecha, ya sin camuflaje constitucionalista. Por eso es más importante que nunca no quedarse en casa.
Andreas murió de meningitis tras estar 75 horas atada en psiquiatría. Un terrible suceso que vuelve a poner de manifiesto que muchas cosas fallan en nuestra atención psiquiátrica. Una joven acude repetidamente a su centro de salud donde le diagnostican reiteradamente amigdalitis. Cada vez peor, acude a Urgencias, donde vuelven a diagnosticarle amigdalitis, pero incluyen en el informe los "antecedentes" de salud mental familiares. Vuelve al hospital, y termina ingresada en Psiquiatría, falleciendo cuatro días después atada a la cama, por una meningitis que nadie diagnosticó.
La familia ha denunciado a los médicos participantes en el caso, y esperamos que se depuren penalmente las responsabilidades que obviamente existen. Pero este caso pone de relieve lo que muchos colectivos llevan décadas denunciando. Que una vez se te etiqueta como "enfermo mental", tus derechos más básicos pueden ser fácilmente conculcados. Sólo eso puede explicar que una persona sin ningún trastorno mental ingrese voluntariamente, y cuando manifieste que se quiere ir, termine atada a la cama hasta su muerte.
También queda demostrado que todos los controles establecidos supuestamente para evitar abusos no son más que trámites burocráticos a modo de disclaimers legales. Todo el mundo certifica lo que ha sentenciado el primero.
Todo nuestro apoyo y afecto a la familia de Andreas. Hay que seguir luchando por unos servicios de Salud Mental públicos dignos, suficientemente dotados y democráticos. Encerrando ni se educa ni se sana. Normalmente se hacen otras cosas, más vinculadas al orden público que a la salud.
La privacidad familiar ocasiona el que a su sombra se puedan
producir abusos. Constantemente nos llegan noticias de niños golpeados,
abandonados, desatendidos por sus familias. Lo ideal sería que parientes,
amigos o vecinos ayudaran a resolver el problema, pero eso no suele ocurrir por
desconocimiento o indiferencia, porque hace tiempo que la política acabó con lo
que había de tejido social. Será inevitable pues, que en tales casos intervenga
el Estado.
Pero una intervención buena en su intención se puede volver
perversa por el procedimiento empleado. La Ley de Protección Jurídica del Menor
es el procedimiento empleado. Regula que la Administración pueda invadir la
privacidad familiar so pretexto del “interés superior del menor”, propiciando
unos procedimientos infinitamente peores que los males que trata de corregir.
En realidad es una Ley de Des-protección Jurídica de la familia, un torpedo en
la línea de flotación de la dignidad y privacidad familiar.
Como resultado se oye decir con frecuencia que “las
Comunidades Autónomas roban niños”. Eso no es cierto sino peor, porque lo hacen
a cobijo de la mencionada Ley. Los “arrebatan”, los “expropian” como quien
embarga un cachivache. Os imagináis el cataclismo interior de un niño de tres o
cinco años, a quien sus papás dejaron muy de mañana en la guardería, y de
repente aparecen dos sujetos desconocidos que se llevan a la criatura, sin
explicación o contándole que los papás enfermaron o que son peligrosos o
cualquier otra milonga. Tratad de imaginar las vivencias del pequeño y tratad
de imaginar que le ocurriese a vuestro hijo. Si el chaval oyó alguna vez la
palabra “secuestro” ¿podrá dudar de lo que le está ocurriendo?
“Pero” eso ocurre bajo la supervisión de jueces y fiscales:
apariencia garantista mendaz por inconsistente y fácil de burlar, porque la
ejercen sobre una labor que la mencionada Ley encomienda a las Comunidades
Autónomas y éstas a su vez la encomiendan a supuestos técnicos, ONGs,
Fundaciones y a Empresas con notorio afán de lucro. Intereses mil
subvencionados en los que se extravía el Interés Superior del Menor.
Ya de entrada, cómo podríamos confiar en la gestión de
Comunidades Autónomas que están siendo incapaces de evitar que, bajo su
jurisdicción y responsabilidad, año tras año centenares de niños estén pasando
hambruna, durmiendo a la intemperie o esnifando pegamento. Según datos
oficiales recientes 2´4 millones de niños en nuestro país viven en la pobreza.
De éstos, 630.000 se encuentran en situación de pobreza extrema. Cáritas e
infinidad de otras entidades todos los años se lo vienen advirtiendo. Por eso
las Comunidades Autónomas necesitan protagonizar el rol acusador para no
protagonizar el rol culpable.
Por otra parte, se trataría de ofrecer a esos niños algo
mejor que lo que le ofrecen los padres que lo estén haciendo mal. Lo cual es
imposible, porque no se trata de lo que una institución quiera ofrecer sino de
lo que el niño necesita; y lo que el niño necesita es una buena crianza, que no
es labor profesional ni institucional sino parental e íntima. Implicación de la
que la Administración se escuda proclamando la “distancia óptima” profesional.
A los niños nunca les sobra tener padres; les sobran sus
carencias o deterioros. Cuando un niño necesita ayuda es evidente que su
familia necesita ayuda; lo que el niño no necesita es que le arrebaten lo único
que le va a durar, porque la Institución al cumplir la mayoría de edad los deja
en la calle, pero en peor situación: desarraigados y resentidos.
Y para mayor inri vivimos bajo unos gobiernos servilmente
sometidos a los dictados financieros, con lo cual, la supuesta bienintencionada
expropiación de hijos se ha convertido en un descomunal negocio: cuando un niño
es expropiado, su tiempo, sus expectativas de futuro, el tiempo y el futuro de
sus padres son colonizados por un ejército de interventores profesionales
subvencionados: hemos transitado de la sociedad de consumo a una sociedad de
consumidores y consumidos en la que muchos viven de administrar los
padecimientos ajenos. Inevitable secuela de una legislación aberrante que
deshumaniza y embrutece a los que la aplican. A parte de lo que cada cual en su
fuero interno se proponga ser o hacer ¿qué son los supuestos “técnicos” de los
que habla la Ley? sino comisarios políticos en el más puro estilo bolchevique.
Si el Estado aplica al cuidado de estos niños un sustancioso
presupuesto, un mínimo de 3.000 euros/mespor niño expropiado ¿qué otro provecho de semejante gasto podría sacar?:
El que toda la aparente labor social se convierta en un sistema policiaco de
control omnímodo e impune. Los supuestos técnicos, los trabajadores sociales y
otros profesionales, adquieren así un poder que da grima. Se podrán filtrar
donde ni la policía puede hacerlo sin una orden judicial. Cúidate de pedirles
ayuda porque sus informes podrán servir para arrebatarte los hijos.
Si ni el niño ni su familia reciben esos dineros que el Estado
dice asignarles ¿a dónde van tales subsidios?: a la multitud de gestores de
expropiaciones y acogimientos. ¡Qué negocio tan sofisticado, de aspecto tan
discreto y altruista! Probablemente ni los que lo realizan lo vivencien como
tráfico de niños, pero no por ello deja de ser una atrocidad. Recientemente
conocí una madre a quien le habían arrebatado tres hijos. La ONG que los acoge
recibe 9.000 euros al mes por cuidar a esas tres criaturas. ¿Os imagináis lo
que cualquier familia y su vecindario podrían hacer recibiendo 9.000 euros cada
mes? Recientemente di una conferencia en Palma de Mallorca. Entre los que
asistieron había 14 madres/padres a quienes habían arrebatado sus hijos. Como
almas heridas hablaban de “mafias”, sin tapujos. No me parece honesto ignorar
sus relatos y reclamaciones escudándose en la frase “esos papás algo habrán
hecho”.
Por algo se están inventando las “familias profesionales” de
acogida; porque al voluntariado no se le paga y goza de tener opinión; pero a
los “profesionales” sí, se les paga, y a cambio se les puede exigir docilidad.
En una sociedad normal, sana, los chiquillos viven a costa de
sus papás mientras son menores; pero los que legislan se están inventando la
cuadratura del círculo, un voluntariado-asalariado, el mundo al revés: papás
asalariados “por acoger niños”. Y como los niños no son tontos y saben que el
que paga manda, pues ¡a mandar!
Llegados a este punto me parece urgente una advertencia
política: Cuándo estaremos dispuestos a enterarnos de que la dicotomía
derecha/izquierda falleció de ancianidad hace más de medio siglo. China por
ejemplo exhibe un comunismo y un capitalismo, de lo más unánimes.
Quienes están legislando sobre Menores tal vez se imaginen
ser de derechas o izquierdas, pero en realidad son de lo más unánimes. En
Mallorca por ejemplo incluso los de Podemos ya han opinado que en asuntos de
Menores “los técnicos están más preparados que los jueces”, lo cual aunque
pudiera ser cierto no debiera ahorrarnos garantías jurídicas.
De la anécdota que sigue, hablando de unanimidad, doy fe en
primera persona:
De 1976 a 1979, Landelino Lavilla fue Ministro de Justicia
del Gobierno de Adolfo Suárez. Decidió que algunos entendidos elaborasen un
“Estatuto del Menor”, una legislación especial para proteger a la infancia. Y
se desvivió en hacer propaganda de lo democrático que iba a ser. Pero cuando lo
llevó al parlamento al Estatuto del Menor le habían cambiado hasta los
entresijos y le llamaron Ley de Protección Jurídica del Menor. “Derechas” e
“Izquierdas” de entonces, Alianza Popular, el Partido Comunista, el Partido
Socialista Obrero Español y demás grupos parlamentarios, la aprobaron con
entusiasmo unánime, sin formular una sola pregunta ni poner una sola objeción.
No podía ser de otro modo porque la Ley de Protección
Jurídica del Menor la había redactado la Interpol en Schengen para toda Europa
y ya estaba aprobada antes de ir al Parlamento.
Sospecho que por el tono de algunos de estos párrafos no
faltará quien les atribuya excesivo apasionamiento; será si consideran más
importante guardar la compostura y las buenas maneras que el que te arrebaten
los hijos.
El Estado español se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a desigualdad laboral entre hombres y mujeres. Seguimos teniendo mayor dificultad para acceder al mercado laboral (el 60% de la población inactiva es femenina) y cuando lo hacemos, cobramos menos, de media un 23% menos que nuestros compañeros (diferencia que va en aumento). Esta brecha salarial de género se debe a varios factores. Los sectores más feminizados tienen peores convenios o directamente no se les aplica ninguno (dos de cada tres trabajadores pobres son mujeres), y la parcialidad y temporalidad en la contratación también se ceba en nosotras: el 74% de los contratos a jornada parcial y el 67% de los contratos temporales.
La brecha salarial se perpetúa, conllevando una desigualdad en las pensiones. La menor cotización y los efectos de los parones en la vida laboral por motivos familiares (el 84% de las excedencias por cuidado de hijos fueron solicitadas por mujeres) terminan afectando, de manera que sólo el 37% de las mujeres percibe una pensión por jubilación frente al 62% de los hombres. Además, las que cobran pensión perciben de media un 38% menos que los hombres.
¡Basta de precariedad y salarios de miseria!
Por otro lado, los roles de género impuestos por la sociedad patriarcal, y sobretodo el desmantelamiento de los servicios públicos y la política de recortes y austeridad, recayendo mayoritariamente en las mujeres las tareas de cuidados, han agravado y profundizado esta desigualdad y opresión. En 2019 las mujeres seguimos siendo las encargadas de los cuidados a terceros, tanto en el ámbito doméstico como en el profesional. Los sectores vinculados a los cuidados (SAD, Geriatría, Intervención Social, atención a la Diversidad) son fundamentalmente femeninos (el 85% somos mujeres). Sólo nos supera en grado de feminización el sector del Empleo Doméstico. Sufrimos una clara discriminación de género por dedicarnos laboralmente a los Servicios Sociales. Los datos son claros. Para acabar con la brecha salarial de género, es imprescindible que los sueldos de sectores como el nuestro, el de los Servicios Sociales, predominantemente femenino, se equiparen al alza con los sueldos existentes en otros sectores, y que los dirigentes sindicales de CCOO y UGT dejen de firmar Convenios Colectivos que perpetúan la precariedad y los bajos salarios, como ha ocurrido con el nuevo Convenio de atención a la discapacidad. La igualdad se conquista luchando en las calles. Es necesaria una acción sindical combativa para imponer verdaderos Planes de Igualdad en todas las empresas, y que la lucha por los derechos de la mujer trabajadora no se reduzca a meras acciones o planes simbólicos de cara a lavar la cara de los mismos empresarios que nos explotan y perpetúan esta desigualdad. Por eso es necesario recuperar un sindicalismo de clase y combativo, que nos permita, luchando junto a nuestros compañeros, arrancar mejoras salariales, estabilidad en el empleo, y verdaderas medidas de conciliación en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Este es el único camino, y no la política de gestos vacíos que practican los dirigentes sindicales cada 8 de marzo, para volver al día siguiente a la política de paz social y de constantes cesiones ante empresarios y empresarias.
Solo así evitaremos, por ejemplo, que las evaluaciones de riesgo y los planes de prevención en nuestro sector sean un mero paripé, afectándonos especialmente a las mujeres. Algo que lleva, en la práctica, a que en muchas ocasiones conseguir la baja por riesgo durante el embarazo suponga una lucha titánica para la trabajadora (además del riesgo de quedar estigmatizada por la empresa). Exigimos que en dichas situaciones se reconozca automáticamente en cuanto la trabajadora comunique el riesgo existente.
Existe una realidad completamente invisibilizada, tratada como un tabú: la violencia machista que sufrimos en el ejercicio de nuestras funciones en el puesto de trabajo, ejercida por usuarios pero también por otros trabajadores. Esta violencia va desde insultos sexistas y ninguneo por nuestra condición de mujeres, hasta situaciones de acoso por razón de género y agresión sexual. Por regla general, estas situaciones se minimizan e incluso se ocultan. Es intolerable. Se debe ser dar visibilidad a esta realidad, incluirla en las evaluaciones de riesgos y en los planes de prevención, y conformarse Comités Mixtos de trabajadoras y trabajadores que impidan con contundencia este tipo de actuaciones y agresiones machistas.
Más hechos y menos palabras. El 8 de marzo, ¡huelga general de 24 horas!
Hay razones más que de sobra para paralizar los centros de trabajo y secundar la HUELGA GENERAL de 24 horas el próximo 8 de Marzo, inundando las calles en centenares de manifestaciones convocadas a lo largo y ancho de todo el Estado. Sin embargo, de nuevo, como el año pasado, los dirigentes de CCOO y UGT plantean convocar paros parciales de dos horas, probablemente muchos de ellos acordados con las propias empresas. ¡Ese no es el 8 de marzo que queremos! ¡Queremos un 8 de marzo de huelga, lucha y reivindicación!
Un 8 de Marzo para enfrentar en las calles, con contundencia, a esa derecha reaccionaria y franquista conformada por VOX, el PP y Ciudadanos, que quieren hacernos retroceder en todos nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. La CGT ya ha convocado formalmente, junto a otros sindicatos, Huelga General de 24 horas para el 8 de marzo. Algunos sectores en CCOO, como la Federación de Enseñanza o Intervención Social Madrid también han planteado ya la convocatoria de huelga general, así como el Sindicato de Estudiantes, llamando a las y los estudiantes en institutos y universidades de todo el Estado a paralizar las aulas. ¡Este es el camino! ¡Solo así derrotaremos a la derecha y a la reacción! ¡Y solo así acabaremos con la violencia machista y la austeridad capitalista! ¡Todas y todos a la huelga y a las manifestaciones!
Este abogado con presencia y aires de inspector franquista, fue durante años el perro guardián de la fundación. Su principal labor era amedrentar a las plantillas controlando el departamento de RRHH como si de un campo de concentración se tratara.
Incluso llevó de la mano a los pocos trabajadores que se presentaron en los juzgados tras la campaña de demandas que emprendieron, en uno de los espectáculos que más asco-pena e hilaridad nos han provocado en estos años de lucha contra O´Belen. Resulta patético ver a un grupo de trabajadores arrastrar su dignidad por el fango en defensa del honor del patrón. Incluso más que los balbuceos incoherentes de Emilio Pinto en televisión tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo.
Sí, es el señoro de la corbata
Como ocurre muchas veces, al final resulta que el manijero es más facha que el terrateniente. Jose Ignacio también hizo sus pinitos en la política, como candidato en 2004 al Senado por el PADE (Partido Demócrata Español), una escisión por la derecha del PP, motivada por el "giro al centro" emprendido por Jose María Aznar. ¿Habrá mandado ya el curriculum a Vox, como Carmen Balfagón?
¿A qué se dedica en la actualidad? La respuesta es tenebrosa. Es el responsable del Área de Menores de la Fundación Salud y Comunidad. ¿Además de los centros, también se hizo cargo de sus directivos cuando desapareció O´Belen? ¿Cambiarlo todo para que no cambie nada?
