PÁGINAS

lunes, 30 de abril de 2012

1º de Mayo: la lucha es el único camino

El gobierno del PP ha emprendido una ofensiva contra la clase obrera que tiene una trascendencia histórica. La aprobación de la reforma laboral y el recorte del gasto social suponen un salto cuantitativo y cualitativo en el proceso de desmantelamiento de conquistas fundamentales de los trabajadores, alcanzadas durante la lucha contra la dictadura a finales de los 70 y en el auge de las movilizaciones de la juventud y de clase obrera de finales de los 80, especialmente tras la lucha estudiantil del 86/87 y la huelga general del 14 de diciembre de 1988.


La reforma laboral  destruye la negociación colectiva, refuerza la precarización del empleo, y promueve una rebaja generalizada de los salarios, entre otros efectos. Como consecuencia del recorte, en un solo ejercicio, de 45.000 millones de euros de los presupuestos (27.000 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado, 10.000 millones en sanidad y educación de las comunidades autónomas y  8.000 millones del tijeretazo aprobado en diciembre) se producirá un desplome sin precedentes del gasto social y de la inversión pública. En sanidad se introduce el copago, se dejará sin atención a medio millón de trabajadores inmigrantes, además de la supresión de servicios y del inevitable deterioro de la atención médica. En educación se contempla una brutal subida de las tasas universitarias, abandonar la financiación de la educación infantil de 0-3 años, la masificación de las aulas en primaria, secundaria y  bachillerato, una drástica reducción de la oferta de bachilleratos en los institutos, la supresión de cursos de formación profesional y, según cálculos de los sindicatos, el despido de 100.000 profesores. Las medidas del gobierno no sólo contemplan recortes temporales, sino cambios legales de primer orden que implican una reducción de derechos de forma permanente. La política de ajustes se extenderá a todas las administraciones, incluidas autonómicas y municipales que, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, serán penalizadas e intervenidas si no aplican los recortes en la cantidad y en el ritmo exigido por el gran capital. 
En cuanto a los efectos sociales hay que señalar que todas estas medidas se aplican en un contexto en el que hay cinco millones y medio de parados, la mitad de los jóvenes sin empleo y casi medio millón de familias desahuciadas por no poder hacer frente a las hipotecas. Según datos recientes, unos diez millones de personas (22,5% de la población) viven en una situación de “pobreza relativa”, con unos ingresos de 500 euros al mes y otros dos millones en situación de “pobreza severa”, con ingresos de unos 300 euros al mes. Los suicidios, producto de una situación económica desesperada, están aumentando y las muertes por falta de atención médica también. La política criminal del capitalismo, si no lo impedimos a tiempo, dilapidará las energías y el conocimiento de toda una generación de jóvenes; se degradarán las condiciones de vida de la gran mayoría de la sociedad y se incrementarán las bolsas de marginalidad y pobreza. 

En paralelo a los ataques en el terreno social, el PP, con el apoyo entusiasta de CiU, está impulsando una gravísima escalada represiva contra los derechos democráticos conquistados por los trabajadores en la lucha contra la dictadura. La burguesía sabe que se está enfrentando a una creciente contestación social y ha tomado nota de la extensión y la profundidad de las movilizaciones que se han producido en el último periodo, con dos huelgas generales exitosas, el movimiento 15-M y la explosión estudiantil en Valencia, por mencionar las más relevantes. También están preocupados por la rapidez con la que movilizaciones multitudinarias pueden cambiar completamente el ambiente social y el ánimo de la clase obrera y de la juventud. Como muy claramente ha señalado el conseller de Interior de Catalunya, de CiU, en referencia a la reforma del Código Penal que está promoviendo el gobierno del PP, se trata de que “la gente tenga más miedo al sistema”. Se está criminalizando descaradamente el derecho a huelga y los piquetes, el derecho de manifestación, reunión, expresión y organización. Las reformas legislativas en marcha para criminalizar las protestas sociales representan un gravísimo atentado contra los intereses de la clase obrera y sus organizaciones políticas y sindicales. Pero es que además, ya se está poniendo en práctica, como se está viendo con la escandalosa cascada de redadas y detenciones de sindicalistas, acusados de actuar como “banda organizada” en la huelga general del 29-M. El PP quiere crear un clima de semiestado policial, para amedrentarnos y disuadir la participación y organización contra sus ataques.

La ofensiva represiva de la derecha es una seria advertencia para los trabajadores y la juventud del poco apego democrático de la burguesía española cuando sus intereses están en peligro. Es una obligación urgente que todas las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda pongan la defensa de los derechos democráticos (no los derechos democráticos en abstracto, sino el derecho a organización, reunión, expresión, huelga y manifestación) unido a la defensa de las conquistas sociales, como un aspecto prioritario en su acción reivindicativa. La ofensiva de la derecha contra los derechos democráticos es otra señal de la profundidad de los ataques emprendidos, pero la utilización de la represión policial y judicial es también un signo claro de debilidad y desesperación, que puede jugarle malas pasadas y ampliar aún más la contestación social a sus medidas. 
En cualquier caso, lo que está claro es que los tiempos de la mal llamada paz social han acabado. No hay nada que negociar. La burguesía nos ha declarado la guerra. Así que hoy, como en 1886 en Chicago, sólo nos queda la lucha. Aislados somos carne de cañón para la explotación, pero los trabajadores unidos tenemos una fuerza imparable. Desde el Colectivo No a O´Belen llamamos a participar en las distintas manifestaciones organizadas este 1º de Mayo, y a continuar la lucha no sólo hasta parar los ataques impulsados por el gobierno del PP, sino hasta mandar al capitalismo al basurero de la historia.
¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!
¡VIVA EL PRIMERO DE MAYO!

domingo, 29 de abril de 2012

Nace el Observatorio Español de los Derechos Humanos


Desde el Colectivo No a O´Belen saludamos esta nueva iniciativa. A continuación transcribimos su presentación:
En muy pocos años, la nuestra está dejando de ser lo que Karl Popper llamara una “sociedad abierta”. Asistimos a una grave involución sociopolítica en España y en todo el llamado “mundo libre”. A la ya manifiesta dictadura de los mercados se añaden paulatinos recortes en los derechos laborales e incluso en las libertades de expresión y de protesta. El régimen político se policializa cada día, con abusos que en su mayor parte quedan impunes, reflejo de la fría determinación que subyace al proceso. Y como fondo que no hace sino confirmar la deriva global, el belicismo de las grandes potencias completa el terrorífico panorama arrasando países y amenazando con hacer lo mismo en otros a los que acosan.
Entendemos que no podemos asistir pasivamente a la presente erosión de la democracia. Este sitio aspira a registrar, mientras sea posible, todos los datos relevantes sobre restricciones de derechos y libertades en nuestro país y en otros de nuestro ámbito. Lo hacemos desde la convicción de que solo una activa, y a ser posible masiva, respuesta ciudadana puede detener el proceso o siquiera ralentizarlo al máximo.
Con tal fin, esperamos tu colaboración enviándonos todo tipo de informaciones relacionadas con este asunto. Puedes remitirlas a nuestra cuenta de contacto (obserddhh@yahoo.es). Muchas gracias por anticipado.

miércoles, 25 de abril de 2012

martes, 24 de abril de 2012

Recortes en Sanidad


Las medidas aprobadas por el Gobierno suponen un paso más dentro del plan de desmantelamiento y privatización del sistema público de salud que se lleva ejecutando desde hace años -ley 15/97- con la complicidad y/o el silencio de partidos políticos parlamentarios y sindicatos subvencionados.
Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril de 2012 (que, tratándose de medidas urgentes, curiosamente aún no han sido publicadas en el BOE –aunque sí lo han sido las de educación: Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo) suponen un paso más dentro del plan de desmantelamiento y privatización del sistema público de salud que se lleva ejecutando desde hace años -ley 15/97- con la complicidad y/o el silencio de partidos políticos parlamentarios y sindicatos subvencionados.
  • Se establecen mecanismos discriminatorios que excluyen a los inmigrantes sin papeles de gran parte de la asistencia sanitaria, quedando reducida la atención en su caso a la urgencia, el parto y los cuidados pediátricos.
Esta medida, manifiestamente inhumana y que reduce a personas al nivel de mercancía, es además insostenible desde el punto de vista de la salud pública y tendrá efectos negativos sobre la salud del resto de la población - patologías infecto-contagiosas podrán extenderse-, además de provocar más gasto que el que se pretende ahorrar.
  • Se establece la “división en categorías de la cartera de servicios”: básicos, accesorios y complementarios. Este mecanismo sienta las bases para la futura exclusión de una serie de servicios y/o prestaciones, por las que habrá que pagar si se quiere tener acceso a ellas. El organismo que decidirá la inclusión o exclusión de los servicios (Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones) no parece que vaya a disponer de ningún sistema de transparencia.
  • Se aprueba, por primera vez, el “copago farmacéutico para pensionistas” (10% del precio de las medicinas) y el “aumento del copago farmacéutico para el resto de la población”, según teóricos niveles de renta:

Activos
Pensionistas
Perceptores de pensiones no contributivas, parados de larga duración.
0%
0%
Rentas inferiores a la obligatoriedad declaración renta.
40%
10%
Límite máximo de 8€/mes
Rentas superiores a la obligatoriedad declaración renta.
50%
10%
Límite máximo de 18€/mes
Rentas superiores a 100.000€
60%
60%
Límite máximo de 60€/mes












Se establece un impuesto a la enfermedad. La protección social, basada en la solidaridad de los impuestos en función de la renta, deja de tener efecto, obligándose  a pagar más no a quienes más tienen, sino a quienes están más enfermos.
Por otra parte, lo que se produce de hecho es una importantísima reducción de las pensiones, ya que, tomando como referencia la pensión media (poco más de 800 €/mes), un matrimonio de pensionistas que paguen 8 €/mes cada uno, tendrá que gastar en medicamentos el 2% de su pensión (cantidad que se eleva al 3% en Cataluña, donde se mantiene la tasa de 1€ por receta).
  • La constatación del nivel de renta de cada persona para llevar a cabo los diferentes niveles de pago de medicamentos, hará necesario que se cambien todas las tarjetas sanitarias del Estado -47 millones-, con un gasto estimado por algunas fuentes de hasta 900 millones; gasto que, se supone, habrá que realizar cada año para actualizar el nivel de renta de cada usuario.
No deja de ser importante que los datos económicos se airearán mucho más de lo aconsejable, siendo conocido el grupo económico al que pertenece cada persona por personal sanitario, de farmacias, .., y hasta de otros usuarios presentes en el momento de la adquisición y abono de medicamentos.
  • Se pretende ahorrar 500 millones mediante medidas de “ordenación de los recursos humanos” que, en la práctica, se concretarán en recortes de plantillas, lo que incrementará aún más las listas de espera y deteriorará la asistencia. Esta cantidad equivaldría a la eliminación de más de 15.000 trabajadores de la sanidad.
  • Para conseguir un teórico ahorro de 600 millones, se anuncia la “coordinación con servicios sociales”para reducir el porcentaje de personas mayores (es decir, crónicos) en los hospitales, mediante su derivación a residencias.
Además de que esta medida parece esconder un importante desvío de fondos públicos al sector de residencias privadas, ¿qué familias van a poder acometer ese coste –con el actual desmantelamiento del sistema de dependencia- que, en muchas CCAA, supera con creces los 1.500 euros/mes por persona?
En definitiva, desde CAS y Matusalén sospechamos que el supuesto ahorro de 7.000 millones que se pretende conseguir, va a provocar no sólo el abandono de tratamientos por falta de medios económicos y el deterioro de la asistencia sanitaria, que se traducirá en un empeoramiento de los indicadores sanitarios de toda la población -no sólo de la población inmigrante sin papeles- sino también en un nuevo mecanismo de desvío de dinero público hacia centros privados.
Simplemente aplicando medidas de sentido común, como son la persecución del fraude fiscal (entre 70.000 y 90.000 millones al año), en lugar de su “indulto/perdón”; el incremento de los controles para el cobro del IVA dejado de recaudar ( 17.000 millones en 2008, cantidad similar al gasto sanitario de 15 millones de españoles); la supresión de subvenciones a la patronal (alrededor de 400 millones en 2010, cantidad similar a lo que se pretende ahorrar con el envío de los pacientes crónicos a residencias de ancianos con peor atención que en un hospital); etc. podría no sólo mantenerse el sistema sanitario actual, sino construir otro nuevo similar.
CAS Madrid y Plataforma Matusalén,  23 de abril de 2012

lunes, 23 de abril de 2012

Los menores detenidos tras las cargas en el IES Lluis Vives se niegan a pedir perdón a los policías


Los estudiantes prefieren enfrentarse al juicio al rechazar las denuncias de Interior Setenta personas respaldan a los acusados en la Ciudad de la Justicia.
Los estudiantes del Instituto Lluis Vives de Valencia detenidos por las protestas de febrero se niegan a pedir perdón a los agentes que los denunciaron al mantener su inocencia. Dos jóvenes ya han comparecido en la Ciudad de la Justicia y han rechazado la mediación propuesta por los fiscales de menores al considerar que la denuncia es injusta. Los estudiantes contaron ayer con el apoyo de setenta personas -entre ellas el síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera- que reclamaron la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León.
Una estudiante de segundo de Bachillerato que fue detenida el 20 de febrero en las inmediaciones del instituto negó haber golpeado a los policías el día que fue arrestada. La joven, que tiene 17 años, sí que admitió que días antes insultó a los agentes gritándoles "maderos de mierda". Sin embargo, la menor insistió ayer en que no empujó ni golpeó a nadie. El día que ocurrieron los hechos estaba con sus dos abuelas en la plaza de San Agustín sobre las 15.30 horas viendo las protestas y fue arrestada a pesar de que mantiene que no hizo nada. Ese mismo día el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, Antonio Moreno, se refirió a los estudiantes como "el enemigo".
La joven llegó a las 10.00 horas a la Fiscalía de Menores acompañada por su madre, una de las abuelas que presenció los hechos y su abogado. La estudiante estaba dispuesta a reconocer los hechos por los que fue detenida y pedir perdón a los agentes para evitar ir a juicio. Sin embargo, una vez dentro dio marcha atrás y negó los hechos porque mantiene que la acusación policial es falsa. La abuela de la menor, Carmen T., confirmó la versión de su nieta. La mujer insistió en que la estudiante no había hecho nada cuando se la llevó la policía.
Fuentes cercanas al caso explicaron que la estudiante cambió de opinión ante el interrogatorio "desafortunado" del fiscal que le preguntó si pertenecía a un grupo antisistema o a la "primavera valenciana". El representante del Ministerio Público también le dijo si sabía que cortar el tráfico era delito.
Hace una semana, otro estudiante detenido durante los incidentes acusado de dar un mordisco a un agente se negó a pedir perdón. El joven no reconoció los hechos y será juzgado dentro de tres meses. El próximo martes están citados otros tres estudiantes en la Fiscalía que se pueden acoger a la mediación para evitar ir a juicio.
Las protestas de los estudiantes valencianos comenzaron el 15 de febrero y arreciaron tras la detención ese día de un menor.

viernes, 20 de abril de 2012

IES Rosa Chacel: la mala educación

Año tras año recibimos cientos de quejas sobre la directora María Luisa Capell del IES Rosa Chacel de Hortaleza, pero pocas son las voces que se atrevan a hablar. Hoy una alumna de este instituto se atreve a contar su historia, las expulsiones arbitrarias, las humillaciones en el despacho de la directora… También contamos con Tohil, secretario general del Sindicato de Estudiantes que llama a la movilización y la denuncia pública de los abusos y mala gestión de este instituto.


En apoyo a todos los alumnos que sufren la mala educación. Escucha aquí el programa.

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lunes, 16 de abril de 2012

Acto Público. Centros de menores: criminalización y psiquiatrización de los problemas sociales

Mientras estamos sufriendo trágicos recortes en sanidad, educación y servicios sociales, que suponen en la práctica el desmantelamiento de los programas de prevención con menores e intervención comunitaria con familias en riesgo de exclusión social (que cada vez son más numerosas a consecuencia de la crisis), vemos como los recursos destinados al internamiento forzoso de menores no se ven afectados; incluso se abren nuevos centros a pesar de las dudas más que justificadas sobre su eficacia, las continuas denuncias por malos tratos que sufren los menores internados (incluyendo la muerte de varios niños) y el enorme coste que suponen al erario público (empresas como O´Belen, Diagrama o Salud Mental Consulting reciben de media más de 5000 euros al mes por plaza concertada con las Comunidades Autónomas).


Esta aparente incoherencia se explica por las motivaciones políticas y económicas que subyacen a la existencia de este tipo de centros. El actual modelo de privación de libertad de menores “conflictivos” (ya sea en centros de reforma o en centros terapéuticos) responde a los procesos generales de gestión de los problemas sociales bajo el capitalismo, basados en la criminalización y en la psiquiatrización. A estos procesos generales se añaden los efectos de la privatización de los servicios sociales y socio-sanitarios, que afectan gravemente a usuarios y trabajadores, y que llevan a convertir los centros de menores en un lucrativo negocio.


La criminalización y psiquiatrización de los problemas sociales tiene una finalidad política, eliminando la responsabilidad de la estructura social e individualizando el problema (“la sociedad funciona bien, tú eres el defectuoso, el inadaptado, el delincuente, el enfermo”).


La rebeldía, la delincuencia juvenil e incluso el fracaso escolar tienen una explicación médica, según algunos gurús de la psiquiatría moderna. De esta forma, la génesis social de problemas educativos y sociales se elimina de un plumazo, culpabilizando “científicamente” a las víctimas de las consecuencias de un sistema social enfermizo y caduco. Sin ruborizarse, atribuyen el origen de estos supuestos trastornos a problemas intrínsecos del niño.


A estos intentos de patologizar los problemas sociales por razones políticas se suman los intereses económicos tanto de las empresas que gestionan los centros como de la industria farmacéutica, muy vinculadas entre sí, como demuestra que los congresos organizados por Javier San Sebastián, presidente de O´Belen, sean patrocinados por las empresas que fabrican y distribuyen los fármacos para tratar los supuestos trastornos que dicen atender desde esta fundación. Y es que como bajo el capitalismo lo que prima es la búsqueda del máximo beneficio económico sobre cualquier otra consideración, aparece en escena la industria médica y farmacéutica, condicionando a todos los niveles la aplicación práctica de la ciencia, incluyendo el desarrollo del corpus teórico y metodológico de las distintas disciplinas para garantizar así el multimillonario negocio de los psicofármacos.


VIERNES 4 DE MAYO, A LAS 20 HS. EN EL ATENEO REPUBLICANO DE VALLECAS
 (Arroyo del Olivar, 79 Metro Buenos Aires)


Intervienen:

Daniel Reyes (educador)
Andrés de las Heras (médico)

CONVOCAN: El Militante, Sindicato de Estudiantes

jueves, 12 de abril de 2012

15 de abril: Todos a la calle, para que la salud no sea un negocio

  • Los recortes y la privatización de sanidad y educación ya están aquí
    De Guindos anuncia la reforma de la sanidad y la educación, es decir su privatización total. Ahora más que nunca es necesario salir a la calle: el próximo domingo 15 de abril nos movilizaremos en más de 10 ciudades del estado en defensa de la sanidad y la educación públicas.

    Tudela

  • 12 horas, Concentración en la Plaza Nueva.
  • Alicante

  • 18 horas, en la Escalinatas del IES Jorge Juan
  • Logroño

  • 20 horas, frente a la delegación del gobierno en el paseo del Espolón.
  • Vigo

  • Concentración a las 12 horas, Playa de Samil
  • Navarra

    Concentración a las 18 horas en la Plaza del Castillo, Pamplona.
  • Palma Mallorca

    18 horas. Des de la Plaça de les Tortugues fins la plaça Espanya
  • Valencia 

    19 horas. Plaza San Agustin a la calle Quart
  • París

    le 14 avril à 14h30,Place Gambetta
  • Pontevedra

    Av. Montero Ríos-Plaza de España-Michelena-Plaza de la Peregrina-Daniel de la Sota-Castelao-Cruz Gallástegui-Blanco Porto- Joaquín Costa- Cobián Areal- Benito Corbal-Plaza de la Peregrina-Michelena-General Gutiérrez Mellado-Riestra-Montero Ríos
  • Madrid

    18 h. Plaza Beata (Legazpi) – Atocha – Neptuno
  • Zaragoza

    12 h.Plaza de San Miguel, Plaza del Pilar, Delegación del Gobierno.
  • Toledo

    Concentración a las 19 horas Plaza de Zocodover
  • Sevilla

    19 horas, Puerta de Jerez hasta la Plaza de las Setas (Plaza Encarnación)
  • Málaga

    19 horas. Plaza de la Constitución
  • Tenerife

    21 de abril, 16 horas, Los Cristianos avda. Juan Carlos I