PÁGINAS

sábado, 30 de julio de 2016

El racismo institucional va mucho más allá de las políticas migratorias

Comunicado de la Red Tras la Manta

Desde la Red Tras la Manta hemos visto cómo, durante los últimos días, ha aumentado la represión a nuestros compañeros del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. El compañero Ndiaw Diakhompa fue hospitalizado e intervenido quirúrgicamente por la pierna que le rompió la Guardia Urbana de Barcelona el viernes pasado. Issa Seye, tras sufrir un montaje policial escandaloso, actualmente se encuentra en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, ciudad que supuestamente busca cerrar esta institución racista. Y hoy Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, fue detenido junto a seis compañeros en una operación de los Mossos d’Esquadra.

Detenciones28-7-16

Vista la agresividad con la que la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona están persiguiendo a los trabajadores más desposeídos, tanto en términos materiales como en materia de derechos, se podría pensar que el mayor problema de este país y de esta ciudad es que unos trabajadores parados vendan bolsos de manera informal. Y que lo hagan no para lucrarse, como hacen los ricos que defraudan a hacienda, sino para pagar un modesto alquiler.

Sin embargo, sabemos que el principal problema de nuestra ciudad, y sobre todo para los vecinos de Ciutat Vella, es el monocultivo intensivo del turismo. Las protestas en los balcones, las manifestaciones, las campañas y las quejas son, desde hace años, contra la masificación turística y no contra los manteros. Lamentamos que se utilicen a los vecinos, incluidos aquéllos que trabajan en la venta ambulante, como excusa para actuar a la orden de los grandes empresarios que se disfrazan de pequeño comercio, de los partidos de derechas y de los medios reaccionarios.

En esta ciudad hay muchos vecinos que llegaron a este país en patera o que pasaron por CIEs. Algunos de ellos ahora sobreviven gracias a la venta ambulante. La política de acoso municipal alimenta el peligro de ingresar en el CIE y el riesgo de deportación. Se acumulan multas y juicios por venta, y con ellos unos antecedentes policiales que impiden o dificultan la obtención o la renovación de los permisos de residencia.

La frontera no sólo separa. No sólo asesina. También criminaliza. Hoy, mientras se instala un contador de las muertes en la frontera Mediterránea, es importante recordar que las fronteras que excluyen a las personas migrantes también están en las Ramblas de Barcelona, en la Plaza Cataluña y en la Barceloneta. Obviar esto es obviar que los problemas del racismo institucionalizado van mucho más allá de las políticas migratorias. Este racismo requiere conciencia, valentía y voluntad política, no solo de parte de las instituciones, sino del conjunto de la sociedad.

Hasta ahora, el Ayuntamiento ha hecho gestos grandilocuentes en apoyo a los derechos de las personas migradas y solicitantes de asilo, principalmente en temas que no son de su competencia. Mientras tanto, destina dinero público municipal a una campaña que criminaliza a los vendedores ambulantes y dedica la mayoría de la Guardia Urbana de Ciutat Vella a perseguir manteros.

Desde la Red Tras la Manta consideramos que el producto falsificado que más nos ha decepcionado es el cambio que pretenden vender tanto la Generalitat de Catalunya como el Ayuntamiento de Barcelona.
Red Tras la Manta, 28 de julio 2016.

La situación descrita en el artículo se produce días después de publicarse el comunicado del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes

viernes, 29 de julio de 2016

Entre cartones y sueños. La realidad de los sin techo de Madrid

Están por todas partes. En la puerta del súper, del estanco, de la Iglesia. A veces les das algo de dinero suelto, otras, ni les miras, pero no por ello dejan de existir. La asociación Chupano, formada por y para los sin techo, estima que unas doce mil personas carecen de hogar en Madrid, entre los que se encuentran también los okupas y los que duermen en sus vehículos. De todas esas personas, 5.000 duermen directamente en la calle, según asegura Lagarder Danciu, activista sin techo que se ha consagrado a hacer visible la pobreza en España. "He visto familias enteras durmiendo en furgonetas o entre escombros", asegura.

Lagarder adquirió protagonismo mediático al irrumpir en actos electorales de los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno y en la manifestación del colectivo de extrema derecha Hogar Social Madrid. Mientras los políticos preparan su campaña electoral, él sigue con su lucha para recuperar los servicios públicos. "A partir de 2003 el PP de Madrid apuesta por la privatización, aunque ellos prefieren usar la palabra externalización", dice. Es el caso del Samur Social, dirigido por Darío Pérez, que está en manos de la empresa Grupo 5 y que, a pesar de estar destinado a ayudar a la pobreza, consigue obtener beneficios de 60 millones de euros al año.

El Samur Social ha preferido no hacer declaraciones al respecto. Para hablar con ellos es necesario firmar un acuerdo de confidencialidad en el que se exige que no se publique nada de la conversación. Lo mismo pasa con el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, cuya concejala es Marta Higueras.

sin techo

"La empresa de limpieza EULEN", cuenta Lagarder, "propiedad de Florentino Pérez, cobra cincuenta céntimos a los sin techo para ducharse, y aun así sigue pidiendo subvenciones". A pesar de sus beneficios, esta red de recursos sociales solamente ayuda a unas mil personas. 

"Ante esta situación de desprotección, la única solución es hacer ruido y protestar, organizarnos con asociaciones como Chupano, Invisible Coslada o Invisible Tetuán. Hemos contactado con PAH Madrid y nos hemos adherido a la Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos", dice Lagarder.

Son los problemas de los invisibles, los problemas que se evitan a toda costa y sobre los que nunca se reflexiona para dejar tranquila a la conciencia. Las quejas que nunca se oyen porque tampoco interesa escucharlas.

VOCES DE LA CALLE

“Techo improvisado” es el nombre que Lagarder usa para referirse a la madrileña Plaza Mayor. Según asegura, todas las noches duermen allí entre sesenta y ochenta personas. “Luego, entre alrededor de las 7:30 horas, viene la Policía a echarlos”. Pide que se respete la intimidad de los sin techo y no se saquen fotos sin su permiso. “En muchos casos no quieren que sus familias sepan que están en la calle”.

sin techo

Es domingo por la tarde y en la Plaza Mayor hay dos grupos que reparten comida, una parroquia y un grupo de jóvenes inglesas que no pertenecen a ninguna asociación. En cuestión de una o dos horas, alrededor de doscientas personas pasan por la zona para recoger un bocadillo y un vaso de agua. Entre esas personas está Carlos.

Carlos trabajó diez años de guardia de seguridad y desde hace cuatro está en la calle. Dice que no le gusta dormir en albergues. "Prefiero la calle, no me siento tan coaccionado, llevo un buen régimen de alimentación y hay calor humano y cartón". Aún no ha aceptado su situación, durante la conversación delira varias veces para siempre terminar diciendo que "el momento llegará, siempre hay que ser positivo".

sin techo

Otros no son tan optimistas. Don Antonio está sentado en la terraza de un bar ya cerrado de la plaza. Según dice, acabó en la calle por "una desgracia". Tiene sesenta y tres años, empezó a trabajar desde los catorce, los últimos en el sector de la construcción; se quedó en paro y fue desahuciado, "cosas que pasan en la vida". Su orgullo le impide recurrir a albergues, "yo no he nacido para que me den un plato de comida, yo ese plato lo gano, a mi no me tienen que dar nada". Además, denuncia que en estos lugares"mezclan a todo tipo de gente, drogadictos, enfermos mentales, personas que deben recibir ayuda en otras instituciones". También se queja de los periodistas, algunos no han dudado en quitarle el cartón para hacerle una foto o grabarle sin preguntar. "Uno tuvo que salir corriendo porque lo corríamos a gorrazos", comenta con humor.

Nico, nombre falso a petición, trabajó diez años en Barcelona, los cinco primeros sin papeles, pero con la crisis se quedó sin empleo y llegó a Madrid donde lleva tres años haciendo pompas de jabón para los niños en la Plaza Mayor. "Ahora a finales de mes volveré a Barcelona, donde hay turistas", dice. Es ucraniano, estuvo en el ejército y tiene dos hijos. La chica sigue en el instituto pero el mayor lucha en Donbass contra los prorrusos. Luce un orgulloso su D.N.I con su dirección, "chalet cinco estrellas de la Plaza Mayor", como él llama, con mucho humor, a su hogar de cajas de cartón. No es muy usual que un sin techo esté empadronado en el sitio donde duerme, a pesar de que la ley así lo establece. “Hay una sentencia de la abogacía del Estado que obliga a los ayuntamientos a empadronar a los sin techo en el lugar donde duermen, pero no lo hacen para no dar visibilidad a la pobreza”, informa Lagarder.

EL DOLOR DE LAS PROMESAS INCUMPLIDAS

En época electoral las promesas políticas parecen ilimitadas, hay de todos los colores. Los políticos se acuerdan de las PYMES, las familias trabajadoras, los autónomos... Todos los colectivos reciben su ración de promesas, compromisos rápidos, fáciles de hacer y fáciles de olvidar entre el tsunami de las elecciones. Los sin techo son los primeros de los que se olvidan, para luego pasar a ser marginados y criminalizados.

Esperanza Aguirre, en la campaña de las municipales, prometió prohibir que la gente durmiera en la calle ("ahuyentan a los turistas") y es famoso el caso de los separadores que el consistorio de Ana Botella puso en los bancos de las paradas de autobús para evitar que nadie pudiera tumbarse.

Antonio, un leonés fuerte e indignado, recuerda el compromiso de alquiler social que la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró en la campaña de las elecciones municipales de 2015. "Carmena no ha cumplido sus promesas, la vivienda que tenemos es una caja en la plaza", asegura Antonio. "De los pobres no se acuerda nadie, lo último de la sociedad, lo que nadie quiere", añade con enfado. Como la mayoría de los sin techo, no está empadronado, lo cual le supone muchos problemas. "Para conseguir cualquier cosa en Madrid, como una plaza en un albergue o en comedores, necesitas estar empadronado en la comunidad (...) En los servicios sociales de la calle Asturias me dijeron que no tenía derecho al bono social". Esto es así a pesar de que tiene una minusvalía del setenta por ciento y un marcapasos. No tiembla cuando dice "España es un asco, yo soy español y nuestro país da asco"; el patriotismo queda en evidencia cuando se tiene el estómago vacío y se duerme en un saco de dormir en la calle. "Me siento extranjero en mi país, me siento avergonzado", añade.

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En las pasadas elecciones generales Antonio no fue a votar, ni lo ha hecho nunca. "Yo no voto porque no estoy de acuerdo con las políticas de los gobiernos que hemos tenido, todos han prometido ayudarnos a los pobres y no han hecho nada (...) Para ellos los sin techo deben estar apartados, marginados, para ellos no contamos. Y si no cuentan con nosotros no contaré con ellos". Dice que para llevarle a las urnas, los políticos deben tener algún gesto, actuar contra la pobreza, demostrar el verdadero interés en el problema. Pero asegura que para eso aún queda mucho. "Los políticos sólo piensan en repartirse los escaños y el dinero, de los demás no se acuerdan", zanja.

Los medios de comunicación se llevan el último dardo certero de Antonio. "A la prensa no le interesa la gente sin techo, solo les interesa la política, los ricos y el fútbol. Los pobres no somos rentables", y recuerda a todos esos periódicos gratuitos que son ellos, los sin techo, quienes hacen cola para coger un ejemplar. Se mantienen informados pero nunca leen las noticias que verdaderamente les afectan.

SEGUIRÁN SOÑANDO

Papi duerme junto a los cines Ideal, frente a la conocida discoteca Independance. "Hoy no abren, pero mañana habrá fiesta de estudiantes Erasmus y se mearán y se cagarán a mi lado", comenta. Es presidente de la asociación Chupano, lleva seis años sin hogar, a veces como okupa, y lleva en su puesto de la calle Doctor Cortezo 160 días sin interrupción. "Aquí he pasado el invierno y echaré el verano", afirma, aunque advierte que "ahora cierran la mayoría de comedores y el estómago de los sin techo se va de vacaciones". Considera que el pueblo madrileño es "bastante solidario" y sobre todas las cosas agradece que alguien "se pare a hablar, poder tener una conversación inteligente". Nos dice que el Ayuntamiento ya ha repartido algunas habitaciones de edificios abandonados a grandes asociaciones como Cáritas o la fundación RAIS pero, según él, "esta gente no tiene intención de darnos viviendas mientras sigan haciendo negocio con la pobreza".

Papi tiene aires de perro viejo y alma de poeta, y lo demuestra recitando un poema suyo que recuerda al discurso de Martin Luther King:
"Anoche tuve un sueño.
Soñé que todos estaban trabajando,
que el Gobierno les había dado una casa
y que curas, monjas y otras malas hierbas engordaban las listas del paro.
Me desperté y todos estaban durmiendo.
Nadie se levantaba.
¡Levantaos! ¡Levantaos! grité.
Nadie se levantó y yo me volví a quedar dormido
porque prefiero seguir soñando".
"La Plaza Mayor es una nube cargada de sueños", dice Lagarder, pero Madrid entero lo es. Sueños de calor, de comida caliente y abundante y camas mullidas, pero también sueños de justicia, de solidaridad e igualdad. Ellos, Papi, Antonio, Carlos, todos ellos, mañana se volverán a levantar en la calle entre cartones mojados por las mangueras de los servicios de limpieza de Madrid. Volverán a hacer el recorrido de todos los días para ganarse su sustento como puedan y seguir, siempre, viviendo, por si acaso algún día llega ese porvenir más justo.



domingo, 24 de julio de 2016

Barcelona pone en marcha su primer Plan de Salud Mental

Entre 2005 y 2014 ha aumentado un 7% el número de vecinos de Barcelona afectados por un trastorno mental severo. Según la Encuesta de Salud de Barcelona de 2011, el 11% de los hombres y el 17% de las mujeres presenta riesgo de sufrir un trastorno mental. Por estos motivos el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido dar importancia a este tema en las políticas municipales.

El Consistorio ha presentado este miércoles el primer Plan de Salud Mental de la ciudad que estará vigente los próximos siete años y que contará con 51,2 millones de euros para los primeros 12 meses. El resto del presupuesto se irá definiendo según las necesidades y el estado de las cuentas municipales de cada ejercicio.

El plan propone 111 acciones a desarrollar a corto y medio plazo y define las líneas estratégicas que marcarán las actuaciones dirigidas a afrontar este tema. "Por primera vez la salud mental no es la hermana pobre de las políticas sociales", ha manifestado Laia Ortiz, segunda teniente de alcalde del consistorio, durante la presentación del documento.

"No podemos abordar el bienestar de los vecinos sin abordar los determinantes sociales"

 

La primera de ellas es la de mejorar el bienestar psicológico de la población abordando los determinantes sociales de la salud mental, es decir, llevando a cabo acciones preventivas que ayuden a trabajar todos aquellos aspectos de la vida que pueden provocar trastornos de salud mental de la población. "No podemos abordar el bienestar de los vecinos sin abordar los determinantes sociales", ha asegurado Ortiz.

El documento presentado hoy es el resultado del trabajo elaborado durante seis meses por la Mesa de salud mental de Barcelona, constituida el pasado enero y que incluye distintos agentes del sector como la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB), grupos políticos municipales, representantes de entidades sociales en salud mental o el Consorcio Sanitario de Barcelona, entre otros.

Para ello este plan propone que las acciones vayan mucho más allá de los servicios sanitarios y que se lleven a cabo de forma transversal y no sólo desde el comisionado de salud. Para ello se verán implicadas otras áreas del Gobierno municipal que pueden llevar a cabo proyectos que prevengan los problemas que causan estas enfermedades, como puede ser el área de vivienda, derechos sociales, infancia y juventud u otros.

Los determinantes sociales de la salud mental

 

El plan hace hincapié, según ha explicado este miércoles la comisionada de salud, Gemma Tarafa, en tres grupos de población que se encuentran en una situación más vulnerable: los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes.

Según el documento presentado, las condiciones de vida adversas durante la infancia están asociadas a problemas de salud mental. El acoso escolar también puede tener un impacto importante en la salud de la población infantil y adolescente. Por eso una de las acciones que plantea este plan es ampliar los recursos de los Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) y garantizar una cartera de servicios equitativa, y sobre todo, adaptada a la realidad de cada barrio.

Otro determinante de la salud mental que afecta a las adultos jóvenes es sobre todo el paro. Y es sobre todo el desempleo de larga duración lo que se asocia a un peor malestar. En enero de 2016, el 49,4% de las personas paradas en Barcelona llevaba dos años o más buscando trabajo, mientras que esta cifra en 2007 era sólo del 8,1%. Para hacer frente a ello el Ayuntamiento propone planes como el de reforzar la inserción laboral de jóvenes en los distritos con más necesidad de inserción.

La vivienda es otro de los factores que determina la vulnerabilidad de las personas. El 13,4% de los hogares con menores ha tenido algún retraso a la hora de pagar el importe de la hipoteca o el alquiler durante los últimos 12 meses, una situación que puede influir en la salud mental. Para ello el ayuntamiento también propone en este nuevo plan acciones dirigidas a paliar esta cuestión, tales como prevenir e intervenir en los desahucios ofreciendo mediación entre las partes -ya en marcha- o adjudicar 2.000 viviendas públicas a colectivos en situación de vulnerabilidad. Además el ejecutivo de Colau quiere potenciar los programas dirigidos a facilitar el acceso a la vivienda a las personas que padecen una patología psiquiátrica.

El documento recuerda que la mayoría de recursos dedicados a hacer frente a este tema se habían destinado hasta ahora a la atención y al tratamiento de la enfermedad. Unas políticas que según este gobierno no habían puesto suficiente énfasis en la prevención comunitaria.

Otros ejes del plan de salud

 

Además de abordar los determinantes sociales, este plan propone acciones para garantizar el acceso a los servicios de salud mental sin que haya discriminación de ningún tipo. Además la iniciativa apuesta por respetar los derechos de las personas con enfermedad mental, luchar contra el estigma, asegurar la evaluación del impacto de las actuaciones y garantizar la gobernanza del plan.
Para garantizar esta gobernanza, Gemma Tarafa ha explicado que la previsión es reunirse periódicamente con el grupo promotor del plan para ir evaluando la efectividad de las acciones llevadas a cabo.

Tarafa también ha explicado que algunos de los proyectos que incorpora el plan ya se están llevando a cabo, como es el caso de las actividades dirigidas a reforzar la convivencia vecinal con personas con enfermedad mental o a consolidar la inserción laboral de las personas con una enfermedad psiquiátrica en el mercado ordinario.

viernes, 22 de julio de 2016

Valladolid remunicipaliza el agua

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, han dado a conocer hoy oficialmente un acuerdo histórico para la ciudad y que, según la opinión de no pocos, justifica por sí solo toda una legislatura: Valladolid recuperará el año que viene la gestión pública del agua tras 20 años de gestión privada.

La Comisión político-técnica creada para el estudio de la forma más eficiente de gestionar el servicio del agua en Valladolid, a partir de la información técnica analizada, ha acordado, con los votos a favor de PSOE, Valladolid toma la Palabra y Sí Se Puede, proponer al Pleno del Ayuntamiento que se avance hacia la constitución de una sociedad de capital enteramente municipal para gestionar el abastecimiento de agua, la depuración y el saneamiento, poniendo así fin al modelo con el que el ex alcalde del PP, Javier León de la Riva, consiguió ‘hacer caja’ en su primer mandato, sin llegar a reinvertir en el mantenimiento de la red, como estaba estipulado, los beneficios que suponían el canon que pagaba anualmente la concesionaria.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que ha desvelado que la decisión "se adoptó el pasado 24 de junio", ha insistido hoy en “la unanimidad absoluta en el equipo de Gobierno sobre la decisión”, que calificó como “plenamente responsable” y adoptada, únicamente, una vez analizados todos los datos, “no rebatidos por ningún grupo político ni entidad pública o privada, y sin controversia con respecto a los documentos con los que se ha estado trabajando”.

Puente añadió que “la decisión no es la más egoísta para el equipo de Gobierno” y “parte del convencimiento de que es la mejor de las opciones, la que ofrece más ventajas y menos inconvenientes”.

El alcalde señaló: “Hemos decidido ser responsables con el futuro de la ciudad, apostamos por una gestión que proporcione el máximo rendimiento posible para afrontar las necesidades de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, que están por encima del lucimiento electoral”.

Los diferentes modelos económicos que se han barajado (con estudios a 15 y 20 años) demuestran que es posible acometer las inversiones recomendables para mantener las redes y las plantas de tratamiento y depuración sin recurrir a la inversión del sector privado, y por lo tanto, sin tener que concederle unos beneficios por su participación.

De esta forma, “la empresa pública permite que la subida de tarifa sea la mínima imprescindible para mantener un servicio de calidad, y sin renunciar a realizar las obras que permitan un óptimo funcionamiento de todas las instalaciones”, ya que los beneficios anuales que se calculan rondan los 8 o 9 millones de euros.

La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, explicó que en los últimos 15 años, el incremento neto de la tarifa fue del 36% en régimen de concesión, en un modelo “sin inversión en mantenimiento”.

Los escenarios que se prevén, en cambio, en los informes con el nuevo modelo son mucho más positivos en este sentido. De hecho, señaló, ninguno de los modelos de gestión alternativa llegaría a la subida producida en estos años. Se trata, por tanto, afirmó Sánchez, de “la opción menos gravosa para la ciudadanía con mucha diferencia”.

“Al no necesitar maximizar los beneficios para el socio privado o concesionario, se generará en un periodo de 15 años la suficiente tesorería para obtener la capitalización de la red e instalaciones, con una inversión de 178,5 millones de euros, y sin endeudamiento”, se ha asegurado.

La Comisión también ha considerado por mayoría que la empresa pública es la mejor forma de garantizar la capacidad total de la toma de decisiones acerca de un servicio público que, por un lado, debe ser universal, y garantizarse a todos los ciudadanos, velando por los que menos recursos tienen, y por otro, debe considerarse desde un punto de vista medioambiental, de tal modo que se tienda a la reducción de consumos innecesarios.

En ese sentido, la propuesta de la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad es que “a medio plazo la nueva sociedad estudie unas nuevas tarifas en las que se tenga en cuenta la situación económica y el consumo per cápita, no por vivienda, como hasta ahora”. En el corto plazo, la sociedad municipal garantizará un fondo social para las familias con necesidades económicas.

Subrogación de la plantilla

 

La Comisión ha analizado también la situación en la que quedará la plantilla del personal que trabaja actualmente para el concesionario. Los 159 trabajadores quedaran subrogados por la nueva empresa, en condición de indefinidos, asegurando de esta forma que la gran experiencia de estos trabajadores podrá ser aprovechada en el nuevo servicio.

Estos trabajadores formarán parte del personal interino del Ayuntamiento (en algunos casos con antigüedades de 20 años) y, al igual que en el caso de este personal, se trabajará en Planes de consolidación de empleo municipal o las correspondientes Ofertas Públicas de Empleo en función de los procesos de jubilación que se den en la plantilla, para garantizar la estabilidad en el empleo.
La concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, señaló que la ciudadanía vallisoletana “puede tener la tranquilidad de que las instalaciones y las personas que tratan el agua seguirán siendo las mismas que hasta ahora, con la novedad de que a través de una empresa pública se podrá superar mejor el déficit inversor en materia de mantenimiento acumulado de los últimos 20 años”.

Los retos de la empresa pública serán “mantener la calidad del servicio, con una de las tarifas más bajas de España, garantizando la responsabilidad social y ambiental y solucionando el problema del déficit inversor acumulado de los últimos 20 años, en el que no se han realizado las obras necesarias en la red y en las plantas de tratamiento y estación depuradora”.

Está previsto que en septiembre, los técnicos ya tengan la documentación precisa (estudios sociales, jurídicos y económicos de la sociedad, estatutos, proyecto de reglamento y proyecto de tarifas) para que el Pleno Municipal pueda debatir este asunto, previo a la apertura de un periodo de exposición pública.

PP

 

El Grupo Municipal del PP ha aprovechado el anuncio de este histórico acuerdo para proponer que la consulta sobre el soterramiento incluya también la decisión sobre la remunicipalización del agua. Considera que “la decisión es tan importante para los vecinos como la que se tome respecto de soterrar o no la vía del tren en la ciudad”. “El anuncio municipal de invertir 178 millones de euros en instalaciones de abastecimiento de agua se contradice con las dificultades manifestadas para la aportación municipal del soterramiento, que no tiene por qué ser superior a esa cantidad”, apunta el PP en un comunicado en el que no tiene en cuenta los beneficios anuales que la recuperación del servicio puede suponer a las arcas municipales y que, en contra de lo hecho por el anterior equipo de Gobierno, se destinará por completo a la mejora y mantenimiento del servicio.

El presidente del Grupo Municipal Popular, Antonio Martínez Bermejo, que ha estado presente en la rueda de prensa ofrecida por el alcalde y la concejala de Medio Ambiente, ha expresado al término de la misma sus dudas sobre la posible 'funcionarización' de los trabajadores de Aguas de Valladolid que seran subrrogados cuando el servicio se recupere definitivamente.

El alcalde Óscar Puente se ha pronunciado sobre la petición de consulta ciudadana del PP: “Ellos privatizaron sin informes y sin participación –“y con más de 32.000 firmas en contra”, apuntó María Sánchez- Si la petición viniera de otros colectivos tendría más crédito”, zanjó Puente recordando que, al contrario de lo que ocurre con la operación ferroviaria, ninguna de las dos formaciones del equipo de Gobierno (PSOE y Valladolid Toma la Palabra) tenían comprometida una consulta ciudadana para este asunto en sus programas electorales. “Ningún ciudadano puede sentirse engañado. Esta es una decision sustentada en datos objetivos”, concluyó.


Documentos:

martes, 19 de julio de 2016

La Otra Memoria Histórica. A 80 años de la Revolución española


Este mes de julio se cumplen 80 años del golpe de Estado que dio lugar a la guerra civil. La gesta de los obreros españoles en su lucha contra el fascismo continúa conquistando aún hoy la imaginación de millones que aspiramos a transformar de arriba a abajo esta sociedad. Y para lograrlo, comprender lo ocurrido entonces es fundamental.

Las insoportables condiciones de vida de los obreros y jornaleros españoles fueron dando lugar a una situación revolucionaria en el país. Las distintas etapas que atravesó el proceso moldearon la conciencia de las masas, que aprendieron a confiar tan sólo en sus propias fuerzas. Así, tras la arrolladora victoria del Frente Popular en febrero de 1936, no esperaron a que el nuevo gobierno resolviese sus problemas —algo que nunca hubiese ocurrido— sino que emprendieron la acción, expropiando a los terratenientes, liberando a los presos políticos, ocupando fábricas y empresas y declarándose en huelga para forzar la readmisión de los obreros despedidos.

Por su parte, los capitalistas españoles, quienes sometían a una miseria indescriptible a la clase trabajadora —hasta el punto, en el caso de los jornaleros, de provocarles la muerte por inanición entre cosecha y cosecha—, tenían claro que la única forma de preservar sus privilegios era ahogando en sangre la revolución.


Trabajadores del POUM en Barcelona 1937
"Tras la arrolladora victoria del Frente Popular en febrero de 1936, las masas no esperaron a que el nuevo gobierno resolviese sus problemas;algo que nunca hubiese ocurrido; sino que emprendieron la acción"
 
El 18 de julio lanzaron su ataque. Las guarniciones militares de las principales localidades se sublevaron y declararon el estado de guerra. Frente a esta amenaza mortal, el gobierno del Frente Popular, que había renunciado a detener la conspiración golpista en sus inicios, llamaba a la calma. Es más, tanto Azaña en Madrid, como Companys en Catalunya se negaron a armar a los trabajadores. Pero la criminal actuación del gobierno fue contrarrestada por la acción revolucionaria de los obreros quienes, en muchas ocasiones, tan sólo provistos de escopetas de caza o cuchillos, sitiaron y asaltaron los cuarteles sublevados de las principales ciudades.

La clase obrera se hace con el poder real

Tan sólo 24 horas después del inicio del golpe de Estado, los trabajadores lo habían aplastado en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Gijón y otras ciudades clave. Y mientras esto acontecía, Martínez Barrio, jefe del gobierno, proponía al golpista Mola la formación de un gobierno cívico-militar (propuesta que fue rechazada por los golpistas). El golpe de Estado y la acción independiente de los trabajadores provocó el colapso de todo el aparato estatal.

El ejército, en su mayoría, se había pasado al bando fascista, al tiempo que la policía se descomponía y todo el protagonismo pasaba a manos de los trabajadores en armas y sus organizaciones, en especial la CNT y también la UGT. Lo que pretendía ser un triunfo militar rápido de la reacción, se convirtió en el inicio de la revolución socialista. Una situación de doble poder se fue extendiendo por todo el territorio republicano, puesto que los obreros armados no se detuvieron tras derrotar la intentona golpista: tomaron el control de la práctica totalidad de los ayuntamientos en la zona republicana, que fueron sustituidos por comités obreros de CNT y UGT, expropiaron a los principales capitalistas y organizaron milicias para dirigirse al frente y combatir a los fascistas.

En Catalunya es donde este proceso llegó más lejos: los trabajadores tomaron el control directamente de todas las empresas y reorganizaron la economía de forma extraordinariamente eficaz, estableciendo el control obrero sobre la producción. El proletariado catalán llevó acabo todo esto a pesar de que la dirección de sus organizaciones (CNT, UGT, PSOE o POUM) no impulsó esta iniciativa y de que las organizaciones estalinistas (como el PSUC y el PCE) se opusieron por entero.
Las colectivizaciones demostraron cómo bajo el control y la capacidad creadora de los trabajadores, la economía funciona de forma mucho más eficaz que bajo la anarquía capitalista.

En Barcelona, empresas colectivizadas como los ferrocarriles, el metro, cines, agua, gas…, subieron los salarios, redujeron algo la jornada y aumentaron la producción.

“El sindicato de la madera de la CNT barcelonesa, (…) cerró centenares de talleres ineficientes, concentrando la producción en dos grandes plantas. Se evitó el despilfarro mediante el control de la producción desde la tala en el Valle de Arán hasta el producto final”.

En el resto de la zona republicana la situación era similar. “En Alcoy también se centralizó la importante industria textil, concentrando 103 empresas con más de 6.000 trabajadores bajo el control del Sindicato Textil de la CNT, doblando las ventas hasta los veinte millones de pesetas”.

Tras el 18 de julio, en la amplia zona republicana el poder real había pasado a manos de los trabajadores, aunque al frente del Gobierno formal, sin ningún poder real en ese momento, se situaban los republicanos burgueses amparados por las organizaciones obreras.

Incapacidad, dudas y traiciones

En la zona republicana, las condiciones para acabar definitivamente con el capitalismo no podían ser más favorables. “Las conquistas de julio a octubre de 1936 en lo referido a incautaciones de la propiedad capitalista, tanto de fábricas como de tierras, y la extensión del control obrero sobre la actividad productiva fue mayor que la realizada por los bolcheviques en los meses inmediatamente posteriores a octubre de 1917”3. La edificación de un estado obrero, con una economía colectivizada y planificada permitiría lanzar una guerra revolucionaria que aplastara al fascismo y que extendiera la revolución internacionalmente.

Sin embargo, los dirigentes obreros actuaron en un sentido diametralmente opuesto.
El gobernante Frente Popular era una coalición interclasista entre republicanos burgueses que sólo se representaban a sí mismos —pero a los que se les había concedido la totalidad de los ministerios en 1936—, el PSOE, el PCE y el POUM, entre otros.

Obviamente, los republicanos burgueses no tenían la menor intención de acabar con el capitalismo. No era esa tampoco la intención de los dirigentes reformistas del PSOE. Y en lo relativo a la estalinizada dirección del PCE, su actuación, ordenada desde Moscú, estaba dirigida a salvaguardar los intereses de la casta burocrática de la URSS, independientemente de si eso suponía traicionar la revolución española.

Por su parte, la CNT no había participado en el Frente Popular. Se trataba de la principal organización obrera del país, con 1,5 millones de afiliados y en consecuencia, la que tenía mayor responsabilidad en el destino de la revolución. Como reconoció el propio Companys ante los dirigentes de la CNT en el palacio de la Generalitat: “Hoy sois los dueños de la ciudad y de Catalunya, porque sólo vosotros habéis vencido a los militares fascistas (…) todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cata­lunya, decírmelo ahora”. Sin embargo, la dirección cenetista actuó de forma idéntica a la de las demás organizaciones. En lugar de tomar el poder y destruir completamente el aparato del Estado, decidieron mantener a Companys y entrar en su gobierno. Esta acción fue decisiva para que la burguesía, no sin dificultades y utilizando la autoridad de los dirigentes obreros, pudiera reconstruir, paso a paso, el Estado burgués.

Stalin chantajea a la revolución

Los gobiernos francés y británico estaban interesados en el descarrilamiento de la revolución, así que se negaron a enviar armas al campo republicano firmando el pacto de no intervención. Por su parte, la Italia fascista y la Alemania nazi armaban generosamente a los ejércitos de Franco, de manera que el único país que suministraba armamento al bando republicano era la URSS. Esta circunstancia fue usada por Stalin para chantajear a los trabajadores españoles.

En aquel momento Stalin pretendía forjar una alianza con Francia y Gran Bretaña para defenderse de la Alemania nazi. Pero para granjearse el apoyo de estos dos gobiernos, tenía que dejarles claro que él no pretendía estimular procesos revolucionarios en sus países, ni en ningún otro. Y para atestiguar que era un buen chico, dispuesto a respetar la propiedad de los capitalistas, sólo enviaba armas a aquellos ejércitos que se limitaran a defender la democracia burguesa y se opusieran a las colectivizaciones tras las líneas republicanas. Así que las organizaciones españolas dirigidas por Stalin actuaron siempre buscando no contrariar a la burguesía de Francia y Gran Bretaña.

La sublevación militar del 18 de julio había triunfado finalmente en pocas zonas, desconectadas entre sí. Los días inmediatamente posteriores, Franco enviaba desesperadamente tropas desde Marruecos a la península a través de un puente aéreo. En ese momento el Gobierno republicano podía haber concentrado toda la flota de guerra en el Estrecho y acabar fácilmente con el puente aéreo. Sin embargo, el gobierno derechista británico exigió que no se interfiriera en la libre navegación del Estrecho y así se hizo.

Otra consecuencia dramática de la política de contentar a la burguesía anglo-francesa fue la negativa del gobierno republicano a conceder la independencia a Marruecos. El revolucionario bereber Abd-el-Krim estaba dispuesto a volver a Marruecos y dirigir una insurrección contra Franco, pero el gobierno republicano no quería disgustar a Francia, país con amplias posesiones coloniales en el Magreb.

Reconstrucción del Estado burgués

Tras la revolución del 19 de julio, las empresas habían sido colectivizadas. Sin embargo, las organizaciones obreras no quisieron completar el proceso tomando el Estado y sustituyendo el gobierno formal por un gobierno de delegados obreros elegibles y revocables. Urgía tomar el control del Banco de España (que poseía las segundas reservas de oro del mundo), coordinar los comités obreros que habían surgido por todo el país, y desarrollar un plan centralizado de producción, coordinando todas las fábricas colectivizadas.

Barcelona 1937
"Para alcanzar la victoria era necesario un ejército revolucionario, que expropiara a los capitalistas a medida que arrancaba territorios a los fascistas"
 
En lugar de esto, los dirigentes de los partidos y sindicatos obreros se volcaron en la tarea de reconstruir el Estado burgués e ir acabando paulatinamente con los comités y las colectivizaciones. Todas las organizaciones participaron de este proceso contrarrevolucionario. La iniciativa la llevaba la dirección del PCE, pero paulatinamente entraron a formar parte del Gobierno todas las organizaciones, incluyendo CNT (primero en la Generalitat de Catalunya y, posteriormente, con cuatro ministros en el gobierno de Largo Caballero) y POUM (en la Generalitat, del que fue expulsado en diciembre del 36 por las presiones estalinistas).

Para acabar con el poder de los comités se emplearon varios métodos, entre otros el boicot gubernamental a las industrias colectivizadas: por una parte se les negaban créditos y por otra no se les compraba la producción. Ejemplo de ello era la compra de uniformes en el extranjero por parte del Gobierno de Largo Caballero, en lugar de a la industria textil catalana.

Simultáneamente se fueron dando todos los pasos para reconstruir un ejército burgués clásico en el lado republicano, acabando con las milicias obreras, las únicas que habían logrado éxitos contra Franco.

Por supuesto, para vencer era necesario un ejército centralizado. Pero para alcanzar la victoria ese ejército debería ser un ejército revolucionario, que expropiara a los capitalistas a medida que arrancaba territorios a los fascistas. El ejército republicano, el único armado por Moscú, hacía precisamente lo contrario. Sólo durante la heroica defensa de Madrid, en el otoño del 36, cuando la burocracia soviética se jugaba todo su prestigio, se decidieron a usar métodos revolucionarios, armando a los trabajadores y basándose en los comités obreros. Pero rápidamente se volvió a la política anterior, de limitar la lucha a la defensa de la república burguesa y a abortar cualquier intento de avanzar en la lucha contra el capitalismo.

Levantamiento obrero en Barcelona

La contrarrevolución que se estaba llevando a cabo en la zona republicana estaba provocando la derrota militar. La vanguardia de la clase obrera se encolerizaba viendo cómo se destruían paulatinamente las realizaciones revolucionarias.

“La técnica de represión siempre es la misma. Camiones llenos de guardias de asalto que entran en el pueblo como conquistadores. Registros siniestros de las organizaciones de la CNT. Anulación de los consejos municipales donde la CNT está representada. Saqueos, registros y arrestos. Toma de los alimentos de las colectividades. Entrega del campo a sus antiguos propietarios”.

Finalmente el choque inevitable se produjo en Barcelona

En mayo de 1937 el gobierno republicano intentó desalojar a los trabajadores cenetistas de la central de Telefónica, punto estratégico de las comunicaciones y que hasta ese momento funcionaba bajo control de un comité obrero. El enfrentamiento armado entre la Guardia de Asalto y los milicianos que custodiaban la central fue la chispa que provocó el incendio. Miles de obreros asqueados con la contrarrevolución interna dijeron basta y tomaron las armas, 10.000 de ellos participaron en las barricadas. El levantamiento se extendió por toda Cata­lunya y militantes cenetistas y del POUM tomaron los locales de los estalinistas.

Las direcciones de la CNT y del POUM tenían en sus manos el haber impulsado esta revuelta a toda la zona republicana, acabando definitivamente con el capitalismo y lanzando una guerra revolucionaria victoriosa contra Franco. Pero en lugar de eso se dirigieron desesperados a los obreros durante días para que levantasen las barricadas y se desarmasen5. Cuando lograron convencerlos, el gobierno republicano envió guardias de asalto desde Valencia que provocaron 500 muertos al enfrentarse a los obreros. La contrarrevolución había triunfado definitivamente y las cárceles republicanas se llenaron de militantes de CNT y POUM.

La contrarrevolución provoca la derrota militar

Para vencer a Franco las masas debían sentir que luchaban por conquistar una vida digna de ser vivida. La defensa de la “república democrática”, en abstracto, no le decía nada a millones de campesinos sin tierra, ni a los trabajadores en las ciudades. Pero esos campesinos y trabajadores demostraron luchar heroicamente para defender las tierras colectivizadas y las empresas ocupadas. Esa era la clave para vencer al fascismo: acabar con el capitalismo en la zona republicana.

“En la guerra civil china, las fuerzas de Mao eran insignificantes comparadas con el ejército de Chiang Kai-shek, armado por los EEUU. Basándose en una consigna revolucionaria simple (‘la tierra para los campesinos’), consiguió ganarse a las masas rurales. Incluso ofreció parcelas a los soldados del ejército de Chiang. Divisiones enteras se pasaran a los rojos y las fuerzas de la reacción simplemente se diluyeron”.

Lejos de esto, la actuación del ejército republicano en España, devolviendo las tierras y las empresas a sus antiguos propietarios, hundió la voluntad de lucha contra Franco.

El triunfo definitivo de la contrarrevolución en el campo republicano selló el destino de la guerra. En marzo de 1939 las tropas franquistas tomaron Madrid y Valencia y comenzó la pesadilla. La victoria franquista no se debió a una correlación de fuerzas favorable a la reacción (ni desde el punto de vista político, ni social ni siquiera militar), ni mucho menos a la inmadurez de la clase obrera, sino exclusivamente a los errores políticos y estratégicos de las direcciones de las organizaciones de la izquierda. Comprender las causas de esta derrota nos preparará para alcanzar la victoria.

sábado, 16 de julio de 2016

Chile: investigarán la muerte de 185 niños bajo cuidado estatal

La justicia chilena abrió ayer una investigación sobre la muerte de niños en centros dependientes del Servicio Nacional de Menores (Sename), tras conocerse que en los últimos 12 años murieron 185 menores que estaban bajo cuidado del organismo. 

Se designó al fiscal regional Marcos Emilfork "para investigar las presuntas responsabilidades penales en la muerte de menores  de centros dependientes del Sename u organismos colaboradores de dicha institución”, señala el comunicado publicado por la Fiscalía. 

La designación de un fiscal regional se debe a la gravedad y la complejidad de la investigación que podría llevar a operar en varias regiones del país simultáneamente para completar las pericias, señala la misiva. 

La muerte de una niña de 11 años en abril en un centro de protección del Sename por un paro cardiorespiratorio precipitó la salida de la anterior directora de la institución, Marcela Labraña, desatando serios cuestionamientos al sistema de protección de menores en el país. 

La polémica se intensificó con la muerte la semana pasada de dos menores en centros colaboradores de la institución y la difusión de un informe en el que se señala que desde 2005  fallecieron 185 niños y adolescentes que estaban a cuidado del Sename. 

El diputado independiente René Saffirio dio a conocer el informe obtenido en el marco de una Comisión Investigadora. En el documento se detalla que 134 muertes se dieron en establecimientos de salud, 49 en organismos colaboradores del Sename y dos en otros centros.
 

jueves, 14 de julio de 2016

El espectáculo debe continuar


el espectaculo_primera vocal 

Os dejamos un espléndido post encontrado en la red; su autora es Vybra, a quien no conocemos, pero le damos las gracias por compartir sus palabras.

Otro día más, el tic tac de un reloj que nadie escucha empieza la danza inquietante de sus agujas persiguiéndose y no olvida marcar ni un solo segundo para completar el minuto de las horas de los días de mi condena.

Cada mañana, los rayos de luz que entran por la ventana reflejan en la pared la sombra de las rejas que me mantienen encarcelada y, nada más abrir los ojos, se me borra la sonrisa al verlas.
Es de día. Levántate, dúchate, vístete, desayuna y siéntate… A esperar. Eso hago, esperar y moverme con la inercia robótica que otorga a mi cuerpo verme obligada a cumplir normas. Te acostumbras, ya no te rebelas, y el día a día me convierte en el fantasma errante de mi propia existencia. Obedece. Ahora terapia, más tarde sala común a hacer manualidades. A las 12:00 un poco de gimnasia y a las 13:00 la comida, pero no tardes o lo más suave que te puede ocurrir es que te la comas fría. Recoge tus cosas, hoy no toca lectura, aléjate de la ventana, siéntate erguida y no te rías que, hoy, no hay reparto de sonrisas. No te saltes la siesta y finge que estás dormida, las galletas rancias de la merienda y el sucedáneo de cacao son una maravilla y no pienses demasiado que a las 20:00 la cena pondrá fin a tu día en compañía. Recoge, de nuevo, aséate y tómate la pastilla que evita que molestes, ya que de noche los locos tienen la fea costumbre de creer posibles sus fantasías. No sueñes, duerme. Que los sueños solo están permitidos fuera de estas paredes.

Y así, día tras día. Un hoy tan igual al ayer como idéntico al mañana.

Recuerdo las razones por las que he acabado aquí, cómo olvidarlas si aún no han inventado el fármaco que haga que los seres humanos no suframos las consecuencias de nuestros actos. Un diagnóstico, un veredicto y el mundo se detuvo para mí, dejándome flotando en el abismo. Una palabra que te marca como letra escarlata en tu solapa y la vida, literalmente, se para. Incapacitada.
Y así empieza mi condena con un “Es por tu bien”, “Has perdido la razón”, “Necesitas ayuda” o cualquiera de los formatos de palabras o putas frases hechas que la persona con la que hablas elija. Te encierran. Y te rebelas. Gritas, pataleas, te niegas a someterte y, al final, claudicas por mera supervivencia.

Aprendes a ser invisible, te vuelves más inteligente y obedeces. Olvidas que odias ducharte antes de las 9, que nunca te gustaron las galletas María, que odias que te obliguen a recogerte el pelo y te reconcilias con las heridas que te han conducido al exilio de la locura. Aprendes a bajar la voz y a esconderte sutilmente en la habitación, a decir lo que esperan que digas y te tragas sin protestar cualquier medicina que te prescriban. Saltas cuando toca, lloras cuando te lo autorizan y así transcurren los días, entre terapias para devolverme la cordura y mi mente usando la locura para no perderme definitivamente.

Y así, a solas, pese a estar rodeada de gente, traspaso las paredes del hospital que me retiene y vivo nuevamente. De una merienda con amigas me traslado, sin moverme, a la terraza de tu casa para observar cómo te relajas con tu copa de vino y la música alta. De ahí a devorar panteras rosas, a pisar tierra mojada, a tomar un café de madrugada y a besarte con pasión. Los días pesan y pasan lentamente mientras aprendo la manera de sentirme libre sin serlo. Soñando me gusta aún más cómo hueles, las gotas de rocío mojando mi cara y la sonrisa cómplice de mis amigos ante mis bromas. Adoro salir el sábado por la noche con mi mejor vestido y, sin saber dónde me llevará, viajar aferrada a tu mano.

Pero, sin embargo, aquí sigo. Preguntándome cuánto tardará mi vida en volver a la normalidad, cuándo podré hacer realidad todo lo que hasta hace tan solo unos días parecía una utopía. Esperando, cada maldito día, a que el reloj se mueva más deprisa y la ley me devuelva de nuevo la libertad que tanto necesito.

Volver, solo eso. A decidir, a no pedir permiso, a sentarme como me plazca, a usar mis bragas, a ponerme tacones y a comer sin tenedores tan solo porque me da la gana. Poder gritar, comer profiteroles, andar desnuda, reír sin miedo, caminar sin prisa, bailar en la calle, robar sonrisas, atacar a tus pantalones para declararte la guerra y tener sexo contigo aprovechando la intimidad que otorgan los rincones.

Quizá sea mañana o quizá el jueves. Tal vez el viernes me traiga la libertad… Pero hoy el espectáculo debe continuar y yo estoy hasta los cojones de esperar, de ser un expediente más, de la burocracia y de cualquiera que se dirija a mí utilizando el imperativo.

Se apagan las luces, el día termina, y toca cerrar los ojos a la certeza de aprender que no existe mayor desafío que el de permanecer cuerdo en este mundo de locos.


miércoles, 13 de julio de 2016

Las familias afectadas por el sistema de protección de menores se organizan

Poco a poco, las familias afectadas por las injusticias del sistema de protección de menores se van organizando para denunciar su situación (ahí están APRODEME o la Asociación Nacional del Menor Gitano). Y la prensa honrada va haciéndose eco de la situación. A continuación reproducimos un artículo recientemente publicado en eldiario.es.

FAMILIAS A LAS QUE LA GENERALITAT HA RETIRADO SUS HIJOS DENUNCIAN EL MODELO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA

El modelo catalán de protección a la infancia ha sido puesto en duda por diversos colectivos, expertos y afectados por el sistema, que critican la forma como se llevan a cabo los procedimientos de desamparo, es decir, la retirada de la tutela familiar de un menor por situaciones de riesgo. Los afectados cuestionan un modelo donde la Administración tiene unas competencias absolutas sobre el destino de los niños y el futuro de sus familias. Un procedimiento en el que las partes afectadas están desprotegidas y no tienen posibilidad de defenderse de la mano de un abogado, como sí ocurre en los procesos judiciales. En este modelo son los técnicos los que hacen la evaluación y proponen el desamparo, una decisión que separa a los menores de sus padres y los aleja de su casa. Al menos dos entidades aglutinan más de 600 familias disconformes con cómo les han retirado a sus hijos.

En Catalunya hay 6.792 menores separados de sus familia y tutelados por la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), según los datos del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalitat del último trimestre de 2015. De éstos, 4.800 han sido declarados en desamparo por razones relacionadas con el maltrato y el resto por desprotección infantil.

De los 4.800 desamparos decretados por maltrato, 2.800 responden a casos de negligencia, esto es, según explica el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales a este medio, por motivos relacionados con la alimentación, la higiene, la atención médica, la educación, la vestimenta, la vigilancia o la seguridad. "Se entiende como negligencia cuando las necesidades básicas del niño o adolescente no son atendidas", explican.

"El sistema de protección a la infancia es un sistema donde caben los prejuicios", asegura Ceneta Pi, que trabajó durante nueve años en la DGAIA y es autora del libro 136 dies al niu del cucut (Ed. Acidalia), donde relata un caso de desamparo. Pi asegura que hay maneras de hacer de las familias con sus hijos que los profesionales no pueden comprender pero que no siempre implican riesgo, como por ejemplo que una familia no lleve a los niños a la escuela por motivos culturales o que no pueda garantizar su alimentación por causas económicas. En todo caso, esta conocedora del sistema asegura que en la mayoría de situaciones se trata de circunstancias transitorias con las que se podría trabajar con ayudas vinculadas a unos servicios sociales potentes.

"Se aplican medidas drásticas cuando la mayoría de situaciones son variables, deberíamos ser más flexibles", comenta Jaume Funes, educador social y exadjunto por la defensa de los derechos de los niños del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán). "Parece más fácil actuar sobre el niño que no ayudar a las familias", añade. "No hay posibilidad de protección sin política de infancia en los barrios. Al sistema de protección sólo deberían llegarle los casos graves y trabajar con el resto en los barrios", denuncia Funes.

La asociación Stop Impunidad Maltrato Infantil (Simicat) acumula ya 50 casos de desamparos con los que los padres no están de acuerdo, y la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME, aglutina a varias familias a las que la Administración les ha retirado la custodia, tiene 571 socios, y recibe un promedio de 92 quejas al mes a través de la web, el teléfono o por correo electrónico.

Revocar la decisión de la DGAIA sobre un desamparo se puede hacer únicamente a través de la vía judicial, un procedimiento que no muchas familias pueden seguir por falta de herramientas. En los casos en que esto ocurre, alguna vez el juez ha terminado decretando la nulidad de ese desamparo evidenciando que la Administración se había precipitado a la hora de tomar la decisión. Es el caso del doctor del Hospital del Mar y padre de familia Sergio Haimovich, al que la DGAIA apartó de sus tres hijas en 2008. El juez acabó revocando la decisión de desamparo dos años después de ser decretada. La sentencia decía que no se habían acreditado malos tratos hacia las menores. Con todo, ya que después de este procedimiento judicial vino el del reparto de la custodia, Haimovich tardó 5 años en poder hacer de padre otra vez debido a la intervención de la Administración.

El futuro de las familias en manos de cuatro técnicos

 

"Hemos diseñado una estructura parajudicial que con pocos recursos debe evaluar cosas muy importantes y el riesgo a equivocarse es muy grande", asegura Ceneta Pi en declaraciones a este diario.

En Catalunya el proceso de determinación de desamparo y asunción de la tutela es de tipo administrativo, no es un juez quien toma la decisión sobre el futuro de un menor y su familia. Los encargados de hacerlo son técnicos contratados por los ayuntamientos y los consejos comarcales que trabajan para la DGAIA y que se organizan a través de los llamados Equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA).

En Catalunya hay 53 equipos repartidos por todo el territorio. Cada uno de ellos está formado por cuatro profesionales, con perfiles diferentes, pero al menos lo forman un psicólogo, un pedagogo y un asistente social. Una vez reciben la alerta de que un niño podría estar en riesgo, evalúan la situación y hacen una propuesta a la DGAIA, que en algunos casos puede ser la del desamparo. "El EAIA hace la investigación, juzga y sentencia, esto desde un punto de vista jurídico no se sostiene", denuncia Pi.
Pi, que trabajó durante nueve años en la DGAIA, asegura que toda la responsabilidad recae sobre unos técnicos que no tienen una red en su entorno para hacer un verdadero control de la situación. "Esto provoca que la decisión acabe siendo sólo técnica y en algunos casos puede ser arbitraria", apunta.

Sin embargo, son estos profesionales los que tienen entre sus manos el futuro de las familias. De hecho, el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales admite que "se da un papel relevante a los equipos técnicos competentes durante los procesos de desamparo". La DGAIA termina, simplemente, ratificando lo que han hecho los técnicos, sin que el procedimiento de evaluación pase por ningún control. "Un técnico que tiene el poder de sacar a un niño de su casa debería tener un mecanismo serio de revisión de los casos", concluye Pi.

Jaume Funes asegura además que en algunos casos se trata de profesionales que no tienen un perfil profesional con criterios afinados. "Los técnicos que hacen los primeros informes muchas veces no hablan con las familias todo lo que deberían hablar", asegura. Sin embargo, el director general de la DGAIA, Ricard Calvo, explica en declaraciones a este diario que son equipos preparados que tienen una "formación específica" y con un "nivel de especialización muy alto". Argumenta además que  se les pide experiencia previa y se les da formación complementaria. Este medio ha pedido los requisitos que deben cumplir los técnicos para obtener una plaza en un equipo EAIA, pero el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales no lo ha detallado.

Falta de transparencia e imposibilidad de negociar

 

Judith Martínez Velasco, presidenta de Simicat, cuenta que nunca se hacen llegar a los afectados los documentos que elabora la EAIA mientras se estudia el caso hasta el día en que ya se ha decretado el desamparo. Esta abogada tiene una hermana pediatra a quien la DGAIA le retiró la hija mientras se estaba divorciando de su marido y discutiendo la custodia de la menor en los tribunales. Dos sentencias habían dado la custodia a la madre pero la DGAIA se puso en medio del proceso y declaró a la niña desamparada. "Mi hermana nunca conoció los informes que pasaban los técnicos a la DGAIA hasta el día del desamparo", denuncia Velasco.

De esta manera, Ceneta Pi constata también que las familias no tienen posibilidad de contrastar lo que los técnicos terminan describiendo en los informes y que todo ello está rodeado de una falta de transparencia enorme. "¿Por qué hay resistencia a que las entrevistas entre los padres y los profesionales que instruyen el expediente de riesgo o desamparo puedan ser grabadas, como lo son, actualmente, todos los juicios? ¿O por qué no se hacen en presencia de un abogado?", se pregunta esta exempleada de la DGAIA.

De hecho, no hay posibilidad de que los familiares puedan seguir este procedimiento de la mano de un abogado. En las entrevistas tampoco hay ningún observador externo para controlar que todo se hace correctamente. En cambio, en el marco judicial cualquier acusado tiene derecho a la defensa y, además, el juez que instruye el caso no es el mismo que dicta sentencia, algo que sí que ocurre en el modelo de protección a la infancia catalán.

"El proceso administrativo es positivo para temas de garantía, pero la garantía se convierte en una estructura tan rígida que no permite la negociación", añade Funes. Así se manifiesta también Francisco Cárdenas, presidente de la asociación APRODEME y uno de los afectados por la DGAIA, que asegura que en algunos casos la administración puede tener razón, pero no permite a las familias defenderse. "El problema de fondo es que se trata de un procedimiento en el que no hay garantía de defensa", asegura.

Una vez que el menor ha sido retirado de su familia, los equipos tienen ocho meses para decidir qué medida protectora se le debe aplicar. Una propuesta que está diseñada de nuevo por varios técnicos, que a través de entrevistas con la familia y con el menor acaban decidiendo. Se pueden decantar por la acogida en un centro de menores, el acogimiento en familia ajena, que sea acogido por otros familiares –la llamada familia extensa–, que quede en preadopción, o puede que lo devuelvan a su familia.

María Rosa Gómez, a quien la Administración le ha retirado su hijo de cinco años hace sólo dos meses, se encuentra ahora en este punto. Esta afectada explica que en estos dos meses nadie la ha evaluado psiquiátricamente de forma suficiente para comprobar si sufre o no un trastorno mental, motivo por el cual le retiraron el menor, según consta en su expediente de desamparo al que ha tenido acceso este diario. "Sólo me han pedido que aporte la escritura de la casa, unos análisis de sangre y que justifique los ingresos, motivos por los que considero que no me pueden quitar los hijos", lamenta esta madre.

El camino casi imposible para recuperar al hijo

 

Una vez decretado el desamparo los técnicos elaboran un plan de trabajo que entregan a las familias para que puedan trabajar para recuperar al menor. "Los planes de mejora son inaccesibles. Se pide, por ejemplo, trabajo estable, compatible con los horarios escolares. Esto hoy en día es imposible", asegura el experto en infancia Jaume Funes. "El plan de trabajo debería ser un contrato y que si se cumpliera permitiera a la familia recuperar el hijo. Pero a veces estos planes piden cosas que no son tangibles y que no se pueden evaluar y menos si no se está con el hijo", remarca Ceneta Pi.

El conocido como caso Alba, el de una niña que fue maltratada severamente por su padrastro en 2006 y quedó discapacitada debido a la agresión, despertó una fuerte crítica por parte de la sociedad hacia la falta de protección de la menor. Ese caso supuso un punto de inflexión hacia el endurecimiento del sistema de protección infantil. "Agudizó las preocupaciones y las sospechas. Generó más judicialización. Ante la duda, desamparan. Especialmente porque no existen profesionales en el territorio que puedan hacer una vigilancia protectora activa que reduzca la probabilidad de maltrato", constata Funes.

"Como sociedad no podemos asumir casos graves como el de Alba, en el que no se retiró la niña a tiempo, pero en cambio parece que podemos asumir que se declaren en desamparo niños sin pruevas concluyentes y sin que la separación de la familia les aporte ninguna protección real", denuncia Pi.
Con todo, Ricard Calvo, director de la DGAIA, admite que "no se habrá trabajado suficiente con las familias si éstas no tienen su hijo". Aún así, a los ojos de este representante de la Administración hay familias que son "irrecuperables".

lunes, 11 de julio de 2016

Una resiliencia muy particular en centros de menores

Rastreando por internet sobre Intress, entidad privada gestora del COA, nos hemos encontrado una historia algo surrealista. Según los educadores del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) Petit Prínce de Santa Coloma de Gramanet, Intress parece tener una curiosa teoría de cómo trabajar la resiliencia en centros de menores. Según la RAE, resiliencia significa: "Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos". En psicología se define capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas.

Esta historia comienza en octubre de 2014 cuando hay una denuncia del Defensor del Pueblo (Síndic de Greuges) contra la entonces directora del CRAE, Elisa Trujillo, por maltrato psicológico, discriminación, negligencia médica y malversación de fondos, entre otros hechos. Por este motivo, la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) aparta de su cargo en febrero de 2015 a la directora  y a su hermana, Angela Trujillo, responsable de salud del centro. Posteriormente Intress se hace cargo de la gestión de este centro de menores. En esta noticia se informa de las quejas sobre a las hermanas Trujillo.

La cosa se complica cuando Fiscalía decide no presentar querella contra ninguna de las dos. Según informa el Diario Ara, el 26 de febrero de este año Intress informa a los educadores de que Angela Trujillo volverá a trabajar en el centro. El periódico catalán explica que el motivo de su regreso se debe a que DGAIA e Intress no se ponen de acuerdo sobre quien debe pagar la indemnización de Angela Trujillo.

Pero lo sorprendente no es este último desencuentro entre administración pública y entidad gestora, sino la versión de Intress a los educadores sobre la readmisión de Angela Trujillo. Esta noticia del Diario ARA apunta sobre el posible regreso de esta persona: "Ante las quejas de los educadores, Intress admitió que tal vez no era lo mejor para los menores, pero que haría crecer su resiliencia".

Esta argumentación publicada en Diario Ara nos parece suficientemente grave para no permitir que ninguna entidad que la afirme pueda trabajar con menores en protección. Se supone que estos niños llegan a los centros residenciales tras situaciones vitales bastantes duras y problemáticas por lo que necesitan un entorno acogedor, que les permita progresar e ir ordenando su vida. Nos parece de un cinismo mayúsculo y una miseria avariciosa justificar un ahorro de dinero (da igual de administración que de entidad) con el hecho de que un perjuicio en la atención del menor servirá a éste para fortalecerse. Deja bien a las claras que el objetivo económico es lo que prima en administraciones públicas y entidades gestoras. Los niños, de nuevo, silenciados, olvidados.

En esta noticia los educadores del CRAE manifiestan que con la llegada de Intress a este centro: "Las condiciones no han mejorado mucho". Pues en el COA no sólo no han mejorado sino que han empeorado peligrosamente tanto para menores como educadores que les atienden. Suponemos que Intress lo hará por nuestro bien, para que niños y profesionales hagamos crecer nuestra resiliencia. Menos mal que nos le da por aplicar la teoría de la resiliencia del Caballero Negro de los Monthy Python.

sábado, 9 de julio de 2016

Manuela Carmena aborda los problemas de las personas sin hogar reuniéndose con las personas afectadas

El pasado jueves se produjo un hecho sin precedentes en nuestra historia reciente: un dirigente político de primer orden deja a un lado a intermediarios y asesores y se reúne con los directamente afectados. Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, recibió en el Ayuntamiento para tratar la problemática de los "sin techo" al activista Lagarder Danciu (cabeza visible de la campaña La ruta de la pobreza), a Papi (presidente de la Asociación Sin Techo Chupano), al representante sindical de la plantilla del Centro Abierto La Rosa (en conflicto con ASISPA, la empresa que lo gestiona), a una enfermera de la asociación Invisibles y a un médico colaborador del proyecto La Carpa de Sevilla.


Según los asistentes, la reunión ha sido muy productiva. Se han encontrado con una alcaldesa empática, realmente interesada por la información que le transmitían. Las personas sin hogar se han quejado del "régimen carcelario" de muchos de los albergues, de la falta de plazas y las listas de espera (miles de personas sin hogar no reciben atención), así como del negocio que muchas empresas hacen a su costa. Por su parte el personal sanitario ha expuesto los problemas derivados de la situación de vulnerabilidad, poniendo numerosos ejemplos, como el hecho de que enfermos de cáncer reciban quimioterapia (con lo que esto implica) y al salir del hospital se vayan a dormir al parque. El representante sindical ha expuesto la precariedad que se sufre en el sector (temporalidad y parcialidad  en los contratos, salarios de subsistencia mientras muchas empresas se niegan a aplicar el convenio de Acción e Intervención Social, etc) y la presión a la que están sometidos por las empresas. Ha explicado el conflicto que viven en los centros La Rosa y Juan Luis Vives (donde ASISPA se niega a aplicar el convenio y donde la represión está al orden del día), o cómo la empresa Aebia Tecnología y Servicios (que gestiona el proyecto socioeducativo del centro de acogida San Isidro) explota a sus trabajadores incluso utilizando contratos en prácticas, en un claro fraude de ley. Tres ejemplos que han servido para explicarle de primera mano a Manuela Carmena la situación de precariedad, explotación y miedo que viven los profesionales de sus servicios sociales, lo que repercute en los servicios que prestan.

En resumen, los asistentes han expuesto los severos déficits que aquejan a nuestros servicios sociales, y todos han coincidido en que el origen del problema está en la privatización, por lo que abogan por la municipalización de los recursos. Pero además también han cuestionado el modelo de intervención, planteando la necesidad de buscar espacios alternativos a los albergues. Basándose en la experiencia de La Carpa, han planteado la necesidad de crear recursos autogestionados por las propias personas sin hogar, como forma de lograr un auténtico empoderamiento y evitar así la infantilización a la que conducen las actuaciones paternalistas. Los asistentes también han aprovechado para expresarle a la alcaldesa su preocupación ante la posibilidad que, de alguna manera, los responsables políticos del actual gobierno municipal no estén recibiendo información veraz a cerca de lo que ocurre sobre el terreno.

La alcaldesa se ha comprometido a continuar estas reuniones, a realizar un recuento exhaustivo de las personas sin hogar en Madrid para poder tener un diagnóstico real de la situación y ha anunciado que el Ayuntamiento ya está trabajando en la creación de un espacio autogestionado.


Una gran noticia que se produce tras dos meses de conflicto en relación a las personas sin hogar. Lo que demuestra que las compañeras y compañeros con responsabilidades institucionales necesitan de nuestra movilización en la calle para poder impulsar el cambio. Votar es imprescindible pero no suficiente, tenemos que volver a las calles para cambiar de una vez este país.

martes, 5 de julio de 2016

Lecciones del 26J (análisis desde el sindicalismo de clase)

Volver a impulsar con fuerza la movilización en las calles

 

La noche del 26 de junio millones de jóvenes y trabajadores, sindicalistas y activistas sociales fuimos sorprendidos por unos resultados imprevistos a tenor de las encuestas. ¿Qué había pasado? ¿Cómo explicar lo ocurrido? Desde GanemosCCOO queremos aportar nuestra reflexión y contribuir al rearme de la izquierda, una tarea imprescindible en el camino de reagrupar nuestras fuerzas para las futuras batallas.

La táctica del miedo

El PP se alzó con la victoria electoral, pasando de 123 a 137 escaños gracias a un aumento de casi 700.000 votos respecto al 20D (aunque sigue perdiendo 3 millones respecto a 2011). En el caso del PSOE, si bien pasó de 90 a 85 diputados, la pérdida de votos fue mucho más escasa de los esperado, en torno a 125.000. Pero sin duda, el gran desconcierto llegó con los resultados de Unidos Podemos que, a pesar de mantener los 71 escaños que lograron Podemos e Izquierda Unida por separado el pasado diciembre, perdía un millón de votos.

Si tuviéramos que destacar un solo elemento por encima de los múltiples factores que han estado presentes en estas elecciones, sin duda sería el chantaje al que han sometido a la población los grandes poderes económicos a través de sus partidos y medios de comunicación. Durante semanas, hemos sido bombardeados mañana, tarde y noche con todo tipo de apocalípticas previsiones si Unidos Podemos ganaba las elecciones. La economía se derrumbaría, los inversores huirían, el paro se dispararía…

En esta campaña del miedo las dificultades del pueblo venezolano han sido una pieza fundamental. Sin pudor alguno, los dirigentes del PP y Ciudadanos —ayudados activamente por Pedro Sánchez y Felipe González— han intentado convencernos de que el desabastecimiento y las largas colas son las consecuencias inevitables de la revolución, y que Venezuela era una feroz dictadura. Incluso Albert Rivera, rodeado de decenas de cámaras en Caracas, hacía campaña contra Unidos Podemos con la desfachatez y la impunidad del que se siente a salvo de sus mentiras y calumnias. Todo un programa para identificar a Unidos Podemos con un caos cuya responsabilidad máxima recae sobre la derecha venezolana y sus amos de Washington, que siguen el mismo guión que aplicaron contra Salvador Allende en Chile.

Una vez más hemos comprobado el cinismo del que es capaz la burguesía y la derecha española que, mientras se llenan la boca de democracia y derechos sociales en lo que respecta a Venezuela, destruyen la sanidad y la educación publica en el Estado español, nos reprimen con todo tipo de leyes autoritarias, nos desahucian de nuestras viviendas, se enriquecen ilícitamente a través de una corrupción masiva, o apoyan la legislación que encierra a miles de personas asustadas e inocentes, muchas de ellas niños, en los campos de detención de refugiados.

En lo que respecta a la dirección del PSOE, hemos vuelto a constatar que no ha tenido ninguna dificultad en seguir arrojando arena a los ojos de la clase obrera. Si tras el 20D abortó la formación de un gobierno de la izquierda mediante su fallido pacto con Ciudadanos, en esta segunda vuelta electoral se ha situado en primera línea de la histeria contra la llegada de los "comunistas" al poder. Tampoco dudamos de que en el futuro más próximo Pedro Sánchez, Susana Díaz, Felipe González y compañía, estarán por la labor de facilitar, de una forma u otra, por activa o por pasiva, la conformación de un gobierno de la derecha.

El papel de la desmovilización

La lucha masiva y sostenida en las calles ha sido la clave para asestar un fuerte golpe al bipartidismo y al régimen del 78, y el factor fundamental a la hora de impulsar la aparición de nuevas formaciones como Podemos o el liderazgo de Alberto Garzón en Izquierda Unida. Desde el estallido del 15M —que llenó las calles y plazas de indignación y furia contra la crisis capitalista y los recortes del gobierno de Zapatero— pasando por las huelgas generales contra la reforma laboral, las movilizaciones mineras, el levantamiento de Gamonal, la explosión de la Marea Verde y la Marea Blanca, las grandes huelgas de la juventud contra la LOMCE y el 3+2, la impresionante Marcha de la Dignidad del 22M de 2014, o las manifestaciones por el derecho a decidir en Catalunya, por poner sólo algunos ejemplos… la fuerza de la clase obrera se dejó sentir con una gran intensidad.

Pero, lamentablemente, desde hace casi dos años la movilización social ha sido arrinconada por aquellas formaciones que nacieron de ella. La visión estrecha del trabajo institucional, que tanto daño ha hecho a la izquierda, se ha vuelto una obsesión para algunos. Como la experiencia histórica demuestra, abandonando la calle lo único que se hace es abrir la puerta para que todos los prejuicios, todas las ideas que la reacción abandera, puedan penetrar con más facilidad.

La paz social del último periodo se ha cobrado un buen botín el 26J, y ha propiciado, entre otras cosas, una fuerte desmovilización en las urnas de un sector de la clase trabajadora. Este hecho queda reflejado en el incremento del 3,36 puntos porcentuales de la abstención, que pasa del 26,8% en diciembre al 30,16% en junio (1,2 millones más de abstencionistas que hace seis meses).

Para entender el peso de la desmovilización como factor de primer orden en estos resultados, podemos extrapolar lo que ocurre en nuestras empresas en diferentes momentos. Cuando reina la rutina del día a día, los jefes y los mandos intermedios son los que imponen el ambiente dominante: cada trabajador se ocupa de sus propios asuntos y las conversaciones suelen estar monopolizadas por las trivialidades que nos inoculan los medios de comunicación. Pero, cuando la lucha irrumpe en los centros de trabajo, el ambiente cambia, los temas de conversación son otros, la unidad de la plantilla se hace necesaria, los enemigos y los amigos son fácilmente identificables, los trabajadores y las trabajadoras valoran su fuerza y comprenden mejor que nunca la necesidad de estar organizados. Y, es precisamente en este segundo escenario, cuando los compañeros y compañeras más conscientes y decididos pueden arrastrar tras de sí a la mayoría, contagiándola con sus ideas y espíritu de lucha. Lo mismo ocurre con la movilización social.

Para combatir la abrumadora campaña de la reacción, también es importante demostrar una determinación y confianza aún más firme en la viabilidad de nuestras reivindicaciones, y aplicarlas allí donde gobernamos. En esta tarea los llamados ayuntamientos del “cambio” han sido y son una pieza clave. La amplia simpatía que millones de trabajadores sentimos hacia sus dirigentes, Ada, Carmena, Kichi… es indudable; sin embargo la falta de realizaciones prácticas en el año que ya ha transcurrido desde su llegada a los consistorios se ha dejado notar. Nos referimos a las condiciones de vida en nuestros barrios, donde la falta de becas escolares y de vivienda social, o las carencias de los servicios de limpieza y transporte, siguen siendo las mismas. Sin olvidar a los colectivos de trabajadores de empresas municipales privatizadas, punta de lanza de la lucha para desalojar a la derecha, que han visto como una reivindicación estratégica, la remunicipalización, se ha abandonado.
Estos años tan duros, marcados por el sufrimiento que ha provocado la crisis y llenos de decepciones por el abandono de las direcciones políticas y sindicales tradicionales, hacen que los discursos no sean suficientes para conquistar una amplia mayoría: los hechos son imprescindibles.

Otro factor que también ha influido es la confusión, por decir poco, del mensaje que se ha transmitido cuanto más arreciaba la agresividad de la derecha y del aparato del PSOE. Cuando eso ocurría, más se moderaba el discurso de algunos dirigentes de Unidos Podemos, especialmente de Pablo Iglesias. No deja de ser un error que, en el momento en que toda la socialdemocracia europea sufre una de las crisis más grandes de su historia, y allí donde gobierna, como es el caso de Hollande en Francia, se enfrenta a una insurrección social, el candidato a presidente de Unidos Podemos se sienta más socialdemócrata que nunca.

La clave sigue siendo la clase obrera

Por supuesto que los trabajadores y las trabajadoras deseamos sonreír, tal y como reivindicaba el eslogan electoral de Unidos Podemos; pero también sabemos que los despidos, los EREs, las rebajas salariales, el aumento de la edad de jubilación, los desahucios… no se detienen con gestos, sino con la lucha y la organización.

Este no es el resultado electoral que esperábamos y queríamos. En cualquier caso nunca hemos alimentado ilusiones en que nuestros problemas se solucionarán a través del Parlamento. Nuestra historia demuestra que todas las conquistas de la clase obrera han sido producto de la movilización. Nunca nadie nos ha regalado nada, todo lo que tenemos procede de nuestra lucha, organización y conciencia.

A todos aquellos que asienten satisfechos tras el resultado del 26J les advertimos que se equivocan. Y lo hacemos con especial énfasis respecto a algunos dirigentes que, desde sus posiciones en Podemos y en IU, han puesto palos en el carro de la confluencia de la izquierda. Tenemos muy presente que, su tono histérico hacia Pablo Iglesias y Alberto Garzón, desaparece hasta enmudecer cuando se trata de criticar la paz social practicada por las cúpulas de CCOO y UGT, cuando se trata de denunciar la vergonzosa actitud de Toxo y Méndez con Rajoy en la pasada legislatura.

La cuestión es clara. Hay que reforzar la confluencia de la izquierda que lucha, de Unidos Podemos, y sacar todas las conclusiones de lo ocurrido. Por primera vez desde los años 70, formaciones a la izquierda de la socialdemocracia tradicional tienen un apoyo de masas. Cinco millones de votos son muchos votos, y su potencia sería tremenda si esa fuerza social se utilizara para emprender una política de oposición parlamentaria sin tregua, y sobre todo de movilización en las calles contra los planes que el PP nos tiene reservados.

La izquierda que lucha se alimenta del 15M, de las mareas blanca y verde, de las marchas de la dignidad, de Gamonal, de la marcha minera, de las huelgas indefinidas… De la necesidad que millones de trabajadores y jóvenes tenemos de luchar contra los recortes, contra la injusticia social que reina en la era del capitalismo en crisis. No olvidemos que todos estos movimientos se desarrollaron bajo gobiernos del Partido Socialista (el 15M) y del Partido Popular, al que decíamos alto y claro: podéis tener mayoría en el parlamento, pero sois minoría en las calles.

GanemosCCOO nace también de esta rebelión social para que las Comisiones Obreras retornen a sus principios fundacionales: un sindicato sociopolítico al servicio de la clase trabajadora. Si algo demuestra los resultados del 26J es que nuestra labor es imprescindible. Sí, acusamos el golpe, pero nos levantamos y volvemos a la lucha. No vamos a aceptar el mensaje lastimoso de los escépticos, de los cínicos, de los burócratas desmoralizados. Ese es el mensaje que nos encadena, que nos hace sumisos. Nuestra bandera es otra. Es la de todas las generaciones de luchadores y luchadoras que, en las situaciones de más adversidad, no cedieron, no se asimilaron, no doblaron la espalda. La crisis del capitalismo continúa profundizándose, y un próximo gobierno del PP se lanzará en tromba contra nuestros derechos. Por eso tenemos que explicar a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a todos los delegados y a los afiliados de base del sindicato, que la fuerza está en la clase, la fuerza está en las calles.

Hoy más que nunca, Ganemos CCOO para las próximas batallas.
¡Por un sindicalismo democrático, de clase, combativo y asambleario!