Separan por la fuerza a una adolescente que quedó embarazada de un vigilante de seguridad de la Comunidad de Madrid y a su bebé de 11 meses
Laura* es una adolescente a la que la Comunidad de Madrid acogió cuando tenía 14 años. Varios meses después quedaba embarazada, presuntamente de uno de los guardas que vigilaban la Residencia Infantil “Las Acacias”.
A los 11 meses de dar a luz, Laura ha sido separada a la fuerza de su bebé y ni si quiera ha sido informada de dónde está.
La Defensora del Pueblo ha pedido al Fiscal General del Estado que intervenga. Las responsabilidades penales podrían llevar a varios funcionarios públicos a sentarse en el banquillo por encubrir o consentir las relaciones sexuales del vigilante con la niña.
¿Por qué se les separa?
El 28 de Octubre de 2010, varios trabajadores de la Comunidad de Madrid acudían al centro de menores “Almenara” (donde vivían Miguel y su madre) para llevarse al niño. Según la empresa que gestiona el centro, Laura era una madre “inconstante” y no era capaz de cuidar de Miguel sin ayuda. Pero lo cierto es que en esta separación se producen varios puntos que aún no han sido aclarados:
- La retirada de Miguel se basa únicamente en los informes emitidos por la empresa “Salud Mental Consulting S.L.”. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Laura tenía derecho a ser escuchada previamente por los funcionarios de la Comunidad de Madrid que tomaron esta drástica decisión sin ni siquiera conocerle personalmente. La técnico encargada de su expediente, Luz Jaramillo, se entrevistó con Laura por primera vez más de una semana después de los hechos.
- En el momento de la retirada, el propietario de “Salud Mental Consulting S.L.” estaba imputado por maltrato infantil en el juzgado número 7 de Collado Villalba, sin embargo la Comunidad de Madrid permitía que tuviese a su cargo a varas decenas de niños y niñas como Miguel y Laura.**
Laura* es una adolescente a la que la Comunidad de Madrid acogió cuando tenía 14 años. Varios meses después quedaba embarazada, presuntamente de uno de los guardas que vigilaban la Residencia Infantil “Las Acacias”.
A los 11 meses de dar a luz, Laura ha sido separada a la fuerza de su bebé y ni si quiera ha sido informada de dónde está.
La Defensora del Pueblo ha pedido al Fiscal General del Estado que intervenga. Las responsabilidades penales podrían llevar a varios funcionarios públicos a sentarse en el banquillo por encubrir o consentir las relaciones sexuales del vigilante con la niña.
¿Por qué se les separa?
El 28 de Octubre de 2010, varios trabajadores de la Comunidad de Madrid acudían al centro de menores “Almenara” (donde vivían Miguel y su madre) para llevarse al niño. Según la empresa que gestiona el centro, Laura era una madre “inconstante” y no era capaz de cuidar de Miguel sin ayuda. Pero lo cierto es que en esta separación se producen varios puntos que aún no han sido aclarados:
- La retirada de Miguel se basa únicamente en los informes emitidos por la empresa “Salud Mental Consulting S.L.”. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Laura tenía derecho a ser escuchada previamente por los funcionarios de la Comunidad de Madrid que tomaron esta drástica decisión sin ni siquiera conocerle personalmente. La técnico encargada de su expediente, Luz Jaramillo, se entrevistó con Laura por primera vez más de una semana después de los hechos.
- En el momento de la retirada, el propietario de “Salud Mental Consulting S.L.” estaba imputado por maltrato infantil en el juzgado número 7 de Collado Villalba, sin embargo la Comunidad de Madrid permitía que tuviese a su cargo a varas decenas de niños y niñas como Miguel y Laura.**
- Miguel y Laura eran los únicos niños alojados en la planta dedicada a madres adolescentes del centro. Al día siguiente de la retirada de Miguel, cambia la denominación de la planta y pasa a ser de carácter “terapéutico”, ingresando tres nuevos menores más. Si Miguel hubiese continuado allí, este cambio de denominación no se hubiera podido producir. Jiménez San Segundo ingresa, según el Defensor del Pueblo, aproximadamente 3.600 euros al mes por cada plaza en uno de sus centros. El cambio de circunstancias (con Miguel y Laura separados) supone para “Salud Mental Consulting S.L.” un aumento en sus ingresos mensuales de 14.400 euros, al permanecer la niña en “terapia” e incorporar tres plazas más.
Defensora del Pueblo, Fiscal General del estado y presuntos abusos sexuales
El 11 de noviembre, Laura, desesperada tras 10 días sin conocer el paradero de su bebé, escapa del centro y acude a pedir ayuda a la Oficina del Defensor del Pueblo. Allí, lo que comenzó por una queja ante la desaparición del niño, termina descubriendo posibles delitos aún más graves.
Cuando a Laura se le pregunta quién es el padre de Miguel, comunica que se trata de uno de los vigilantes de seguridad que estaba a cargo de la seguridad de finca de la Residencia Infantil “Las Acacias”***, interviniendo cotidianamente en el interior de la misma. La niña presenta como pruebas mensajes y correos electrónicos del vigilante (de 36 años de edad) donde le promete que abandonará a su esposa para “estar con ella”. Según cuenta Laura, la relación (penalmente un abuso sexual por parte de un adulto que se aprovecha de una niña en situación de desamparo a la que debe cuidar) fue conocida por varios funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid, que la encubrieron para evitar un escándalo.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensora del Pueblo personalmente se compromete ante la niña a hablar con Esperanza Aguirre y comunica de forma urgente al Fiscal General del Estado la existencia de indicios de delito, informando a Laura de ello. Además, Laura (definida por “Salud Mental Consulting” como una madre “inconstante”) ha acudido a las siguientes instituciones: Defensor del Menor, Agencia de Protección de Datos, Fiscalía de Menores, Hospital Puerta de Hierro (donde nació su hijo), Servicios Sociales y asociaciones de defensa de la infancia. Todas las instituciones salvo la Comunidad de Madrid se han hecho eco de la gravedad de los hechos. Por el contrario, los responsables de la tutela de Laura le han despojado de todos sus derechos: ni le han proporcionado asesoramiento jurídico ante los presuntos abusos sexuales que ha sufrido, ni le han ayudado a obtener el reconocimiento de la paternidad del vigilante, ni le han proporcionado un abogado para defenderse de la separación de su hijo.
¿Dónde está el bebé?
Miguel y Laura, ambos sujetos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, deben reencontrarse inmediatamente. Cada día que pasan separados supone una tortura para la adolescente y una violación de los derechos del bebé. Miguel y Laura están ambos tutelados por la Comunidad de Madrid, y no pueden vivir separados. Se teme que desde la C.A.M. pretendan entregar a Miguel en adopción, borrando así de un plumazo las pruebas de negligencias y abusos sexuales, pero si alguna familia pretende adoptar al bebé, tendría que adoptar también a su madre adolescente.
Además, ninguno de los funcionarios implicados en este caso puede permanecer impune. Aquellos funcionarios que acogieron a una niña de 14 años, permitieron presuntamente que sufriese abusos sexuales y probadamente que quedase embarazada prematuramente para después ser separada de su hijo, no pueden mantener ni un día más la tutela de los cientos de niños y niñas declarados en desamparo en la Comunidad de Madrid.
Ultima hora
Ayer lunes, y ante la presión de las distintas instituciones a las que ha acudido Laura, la Comunidad de Madrid le permitió ver a Miguel durante una hora. Sin embargo, se le ha comunicado que probablemente hasta dentro de un mes no pueda volver a saber de él, y en estos momentos su paradero vuelve a ser desconocido.
Si no se reestablece de inmediato la convivencia de madre e hijo y se despeja la impunidad que rodea los hechos, se prevé una intensa campaña de movilizaciones en las que tu apoyo también es necesario.
Para contactar: buscamosamiguel@gmail.com
Para contactar: buscamosamiguel@gmail.com
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Notas:
* Laura y Miguel son los nombres ficticios que hemos asignado al bebé de 11 meses y su madre (que ahora tiene 17 años) para proteger su intimidad.
* Laura y Miguel son los nombres ficticios que hemos asignado al bebé de 11 meses y su madre (que ahora tiene 17 años) para proteger su intimidad.
** La empresa, propiedad de Ignacio Jiménez San Segundo, posee otros cuatro centros más, y en el de Galapagar varios adolescentes habían denunciado todo tipo de malos tratos y vejaciones. El Defensor del Pueblo realizó una investigación sorpresa y encontró varias cuerdas con las que se ataba a los niños cuando estaban nerviosos. Más información:
*** El vigilante, cuyas iniciales corresponden a J.T.G.M. estaba sub-contratado por la Consejería De Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a través de la empresa CERES-Seguridad Integral S.A. (http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1142416047824&idBoletin=1142416038922&idSeccion=1142416039010&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden )