Desde la creación de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) de la Comunidad de Madrid, en diciembre de 2004, se produjo un giro radical de creciente judicialización y penalización en el tratamiento a los menores. Las competencias administrativas y la gestión de los centros hasta entonces asumida por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) perteneciente a la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, pasa a integrarse en el Organismo Autónomo ARRMI, adscrito a la Consejería de Justicia e Interior.
Desde entonces, el modelo de pequeños centros de menores, más apto para una intervención educativa y de apoyo, aún dentro de un control social –del “interés supremo del menor”, habla la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores–, cede el paso a un diseño de grandes estructuras despersonalizadas, similares al modelo penitenciario, alejados de los contextos de integración de los menores (sus barrios, distritos, municipios) y más cercano a un modelo economicista de rentabilidad que a los educativos y resocializadores que marca la Ley.
La política actual de la ARRMI, pasa por crear grandes centros de menores, situados fuera de Madrid, e ir cerrando, paulatinamente, los centros que, hasta la fecha, estaban dentro de la capital. Dichos centros atendían a grupos de 50 o 60 jóvenes, como ocurre en la actualidad con “Los Robles”, centro que atendía a 53 jóvenes y que cerrará próximamente sus puertas, con el correspondiente traslado de menores a otros centros.
En otoño de 2006, Aguirre inaugura un Centro de Reforma en la localidad madrileña de Brea del Tajo, a más de 60 kilómetros de la capital. La apertura de este reformatorio, bautizado con el nombre de “Santa Teresa de Calcuta”, constata la nueva política de masificación de dichos centros. El citado centro para menores infractores cuenta actualmente con 200 plazas, 120 para régimen cerrado y el resto para semi-abierto y para internamiento terapéutico.
Actualmente la gestión recae íntegramente en la Asociación para la Gestión de la Integración Social (GINSO), bajo la supervisión de la ARRMI y supondrá unos ingresos para la empresa adjudicataria de más de 157 millones de euros durante los próximos 15 años, período que durará la gestión de GINSO.
Según se puede leer en su página web, el fin social de GINSO es “desarrollar un proyecto que integra aspectos tan diversos como los arquitectónicos, equipamiento, seguridad, procedimientos regimentales, administrativos, jurídicos, sociales, formativos, preelaborales y laborales”, es decir, entramado empresarial.
Otro de los casos paradigmáticos de la proliferación de negocios en torno a la privatización de los centros de menores lo constituye la “Fundación Grupo Norte”, ligado al grupo empresarial del mismo nombre, que gestiona actualmente en la Comunidad de Madrid, cuatro centros de régimen abierto y semiabierto: “El Pinar”, “El Laurel”, “Los Nogales” y “El Pinar II”.
El Grupo Norte tiene cerca de 4.000 empleados, posee una red de empresas de limpieza, seguridad, trabajo social, telemarketing y una ETT. La Fundación, pese a pertenecer a este holding, fue denunciada en febrero de 2002 por los malos tratos a que eran sometidos los menores en el Centro Zambrana en Valladolid.
Así pues, la atención a los menores con problemas legales, está llenando los bolsillos de empresarios nada expertos en el tema. Cada menor interno en uno de esos centros privatizados aporta 3.800 euros al mes a quienes lo gestiona.
La Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los menores permitió a las Comunidades Autónomas, competentes en la materia privatizar la gestión de los centros de menores infractores y delegar así en entidades particulares la ejecución de medidas sancionadoras, ya que cualquier asociación o fundación sin ánimo de lucro puede, según la Ley, hacerse cargo de la gestión de un centro de reforma.
Para UGT, estos datos ilustran acerca no ya de la despreocupación de la Administración con respecto a estas personas, sino también de la desvinculación de sus responsabilidades y obligaciones, ya que el cierre de los centros supone la pérdida de empleo de los trabajadores. Pero aún es más importante el coste humano personal y social que supone la interrupción de los proyectos educativos y de reinserción que se han ido desarrollando con los jóvenes, lo que los sitúa en una situación de fragilidad que, de no enmendarse, podría ser fatal para sus vidas. En un contexto de crisis como el actual, las Administraciones deben actuar con toda firmeza a favor de la cohesión social. Está en juego el futuro de muchas personas.
Ana Sánchez de la Coba - Secretaria de Política Social de UGT-Madrid.