La lucha por los derechos de los menores sigue avanzando. Cada vez más colectivos y asociaciones se esfuerzan día a día por cambiar la realidad de los miles de niños y niñas tutelados y/o presos en el estado español, consiguiendo que las injusticias que se cometen en nombre del "interés superior del menor" (y por supuesto del negocio de los servicios sociales privatizados) estén saliendo a la luz, rompiendo el oscurantismo que rodea a todo lo relacionado con los sistemas de protección y reforma de menores.
En concreto, se ha hecho pública la realidad de los centros terapéuticos, y la Fundación O´Belen ha perdido al menos cuatro de sus centros. Pero siguen gestionando otros y estando presentes en los servicios sociales de varias comunidades autónomas, y sin duda intentarán seguir expandiendo sus negocios. De hecho, desde hace varios meses la Fundación O´Belen, con sus nuevos patronos y presidente a la cabeza, están tratando de lavar su imagen, saliendo en los medios de comunicación utilizando las posiciones médicas de San Sebastián como garantía de credibilidad e intentando lanzar nuevas campañas de marketing (como el concierto "solidario" en Alicante que finalmente no pudieron llevar a cabo por la presión de los movimientos sociales de la ciudad). Y mientras, preparan nuevos proyectos como la reapertura de Casa Joven (Azuqueca de Henares) como centro de internamiento psiquiátrico para menores
Coincidiendo en el tiempo con lo anterior, un compañero de nuestro colectivo ha tenido que personarse en repetidas ocasiones en los juzgados tras recibir varias citaciones judiciales al haber sido interpuestas contra él demandas de conciliación para exigirle que se retractara públicamente de sus declaraciones en varios medios de comunicación, relacionadas con el centro Casa Joven que la Fundación O´Belen gestionaba en Azuqueca de Henares, donde trabajó durante aproximadamente dos años. Los denunciantes son personas que mantienen o han mantenido relaciones laborales con O´Belen, que alegan que su honor y credibilidad profesional se han visto dañadas por las "calumnias e injurias" del compañero sobre la metodología que se emplea en los centros de O´Belen.
Nosotros consideramos que únicamente ellos dañan su credibilidad apoyando a una entidad como O´Belen, apoyo que demuestran al prestarse a ser los protagonistas de este indigno intento de silenciar al compañero.
De los cuatro peones del entramado O´Belen que presentaron denuncia, tres de ellos no se han presentado (por lo que las conciliaciones se dejan sin efecto y han sido condenados en costas) y el cuarto no ha podido ser localizado por el juzgado a día de hoy. Ni siquiera se ha personado en ningún momento el letrado que interpuso las demandas en nombre de sus representados, don Francisco Javier Cantelar Alonso (quien curiosamente tiene despacho en Sigüenza, municipio de donde parte el entramado O´Belen).
Desde el Colectivo No a O´Belen consideramos que los denunciantes se han convertido en cómplices directos del entramado O´Belen, al defender unos métodos considerados inhumanos por numerosos colectivos sociales, políticos y sindicales, y denunciados tanto por Amnistía Internacional como por el Defensor del Pueblo. Se trata de Roberto Barrado Gozalo, Jose Javier Hernández Martín, Rocío Villafranca Alamillo y Maria Teresa Merino Martín.
Desconocemos las intenciones de los denunciantes, ni si intentarán llevar a juicio al compañero, pero deben saber que ni el compañero denunciado ni nadie se va a retractar de nada, ya que decimos la verdad y no vamos a ceder ante ninguna coacción, venga de donde venga. A su vez, aprovechamos para reiterar una vez más nuestro compromiso en la defensa de los derechos de los menores y de la libertad de expresión.
Especialmente cínico resulta el comportamiento de don Roberto Barrado Gozalo, quien vertió públicamente toda una serie de calumnias contra el educador ahora denunciado por él en una carta (que se puede leer aquí) tras la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los centros terapéuticos. Desde el Colectivo No a O´Belen nos reservamos el derecho de emprender, si lo consideramos oportuno, las acciones legales que creamos conveniente contra este señor.