MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Defensora del Pueblo ha retomado en el informe anual 2010 de la institución las actuaciones en los centros de menores con trastornos de conducta para advertir de que si bien las administraciones autonómicas "han incrementado su preocupación", persisten las denuncias ciudadanas por "hechos gravísimos" en estas instalaciones.
La Defensora del Pueblo ha retomado en el informe anual 2010 de la institución las actuaciones en los centros de menores con trastornos de conducta para advertir de que si bien las administraciones autonómicas "han incrementado su preocupación", persisten las denuncias ciudadanas por "hechos gravísimos" en estas instalaciones.
El informe, recogido por Europa Press, señala, por ejemplo, que la Defensora del Pueblo había advertido personalmente a la Consejera madrileña de Familia y Asuntos Sociales y a la directora del Instituto Madrileño del Menor y la Familia del "alto riesgo" de que un menor ingresado en el centro de Picón del Jarama cumpliera sus amenazas de dañar su integridad física.
El menor, que pretendía conseguir así que le trasladasen a otro centro, fue ingresado tiempo después en el hospital Gregorio Marañón por un intento fallido de suicidio. "En la actualidad, y mientras se sigue a la espera de la contestación oficial de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, esta Institución ha podido conocer que el menor ha vuelto a escapar de la residencia Picón del Jarama", explica el informe correspondiente a 2010.
Además, la Institución ha recibido la queja de una niña de 15 años ingresada en el mismo centro que denunciaba haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de los educadores mientras la madre de otro adolescente aseguraba que su hijo "había sido objeto de contenciones muy violentas y prolongados encierros" también en Picón del Jarama.
Otro de los casos sobre los que llama la atención el informe es el de una joven de 17 años, que según su declaración, quedó embarazada de un vigilante de seguridad del centro de menores en el que estaba ingresada, hecho que la Defensora comunicó al Fiscal General del Estado. Una vez dio a luz, la Consejería madrileña de Familia y Asuntos Sociales retiró el niño a la joven y al cierre del informe, ni la Institución ni la madre conocían "su paradero ni su destino futuro".
Asimismo, la Oficina del Defensor ha recibido quejas de ex educadores que trabajaron en algunos centros de la Comunidad de Madrid, concretamente en el Hogar de El Escorial y la Residencia Infantil de Torrelodones porque habían sido testigos de "palizas y malos tratos a niños ingresados". En concreto, una ex trabajadora del primero de estos centros dijo haber visto una "paliza" de un trabajador a dos adolescentes propinada con un palo.
La respuesta dada por la Consejería madrileña ante estos hechos se recoge en un informe trasladado al Defensor del Pueblo en el que "se limita a afirmar que 'no le constan tales hechos' que tienen por objeto 'desacreditar el trabajo con los menores en la Comunidad de Madrid", conforme recoge el anuario de la Alta Institución.
En el mismo documento, la Consejera de Familia y Asuntos Sociales niega que los asesores del Defensor del Pueblo visitaran durante sus investigaciones la sala de visitas del Centro de menores de Galapagar, donde según las denuncias recogidas en el informe monográfico de la Alta Institución sobre estas instalaciones, se encerraba a los menores.
"La Consejera señala que 'le consta' que los delegados del Defensor visitaron 'todas' las dependencias del centro, siendo así que ni ella ni ningún miembro de la consejería estuvieron presentes durante la inspección realizada, y nuestros asesores confirman que no se les facilitó el acceso a la mencionada sala de visitas pese a habérselo solicitado a la dirección del establecimiento, que eludió la petición", explica el informe de la Defensora del Pueblo interina.