De nuevo, un organismo internacional de defensa de los derechos humanos le ha dado un buen tirón de orejas al Estado español. Y otra vez, en el centro de estas críticas, la detención incomunicada y la tortura.
El 25 de marzo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa hizo público un informe en el que resaltadeficiencias en el régimen de detención policial español y la masificación carcelaria.El texto es fruto de la visita que una delegación del Comité realizó en septiembre y octubre de 2007, en la que se entrevistó tanto con presos y organizaciones de derechos humanos como con altos responsables de la judicatura española y de Interior, entre ellos el propio ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.
El CPT analiza las condiciones de detención en varias prisiones del País Vasco, Cataluña y Madrid, con particular atención a los presos en régimen de aislamiento disciplinario y en áreas especiales. Su informe es muy crítico con el uso de mecanismos de inmovilización en las prisiones, en particular en Cataluña. También incluye una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de detención en el Aeropuerto de Barajas (Madrid) de las personas no admitidas en territorio español.
Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, destaca del informe “la contundente crítica al régimen de detención incomunicada, al que dedica numerosos y duros párrafos. Aunque el CPT no solicita la abolición de este régimen –frente a las exigencias de otros organismos internacionales–, exige al Gobierno la adopción de unas medidas que harían imposible e ineficaz esa incomunicación”.
Del Cura también resalta que en el informe el CPT expresa “su cansancio y enfado por la falta de voluntad política para poner en marcha sus recomendaciones, tras 11 visitas tanto del CPT como de otros organismos internacionales. Hasta el extremo de advertir al Gobierno español de que, en caso de no tomarse en serio estas recomendaciones, se vería obligado a hacer una declaración pública sobre este aspecto”.
El Convenio Europeo contra la Tortura establece que las visitas y los informes elaborados por el CPT serán confidenciales y sólo podrán publicarse tras la autorización del Estado correspondiente. El CPT no puede, sin autorización del Estado, hacer manifestación pública alguna sobre la información recibida, pero para evitar que la labor del Comité pueda ser obstaculizada reiteradamente por un Gobierno, el Convenio prevé la posibilidad de una denuncia pública. Según del Cura ésta “no tendría efectos prácticos, pero sí políticos, y afectaría a la ‘imagen’ del Estado español en el exterior”.
Un informe retenido años
¿Por qué si el Gobierno ha retenido durante varios años este informe, se publica ahora? “Una razón evidente es la próxima visita del CPT al Estado español, anunciada en diciembre pasado y prevista para 2011, aunque todavía sin fecha concreta”, sostiene del Cura. “Evidentemente, sería llamativo que el Estado español, que presume de no tener nada que ocultar, hubiese impedido la publicación del informe sobre la visita efectuada por el Comité casi cuatro años antes. Hace unos meses ya denunciábamos que de los 47 Estados firmantes de la Convención, únicamente España, la federación Rusa y Estonia habían impedido la publicación de los informes sobre las visitas de 2007”.