La candidata de Izquierda Social y Ecologista al Parlamento de Cantabria, Miriam Gómez, ha denunciado el “sinfín de incumplimientos” en los centros de atención a menores en la comunidad y que incluyen, por ejemplo, la mezcla de menores infractores con no infractores, o el uso de celdas de aislamiento, prácticas ilegales, según ha remarcado.
Las vulneraciones se extienden también a las convenciones de derechos humanos o de derechos del menor, entre otros, con medidas como la “contención física”, que requiere permiso judicial, o el uso de fármacos, entre otros.
Todo forma parte de una “política de parches” y de “represión” en la que se encomienda la gestión de estos servicios públicos a empresas privadas que llegan a cobrar 250 euros al día por la atención (al mes serían 7.500 euros), cifra que, ha señalado, podría servir para que las propias familias prestaran esa asistencia a sus hijos.
Es una situación “indignante” para Izquierda Social y Ecologista, que critica que el sistema de protección al menor cántabro “desprotege” a los menores, dándose “millones de euros” a empresas privadas de las que esta formación “no se fía” porque han recibido “múltiples denuncias”.
Miriam Gómez ha lamentado también la forma en que se han diseñado estas instalaciones, con espacios “torturadores” que promueven el “aislamiento” de los niños
Izquierda Social y Ecologista ha alertado de que la pobreza y la exclusión social en Cantabria es “alarmante”, y ha propuesto medidas como ayudas al alquiler “que no sean una broma” o priorizar en las políticas de empleo a las personas en riesgo de exclusión social.