Por motivos que no vienen al caso hace un tiempo que entré en contacto con el sistema de protección de menores de una comunidad autónoma, pero he investigado algo de los de otras comunidades. Tengo que decir que después de ver como trata la “mercancía” el sistema del que les hablo, mi primer instinto me dice que lo mejor que puedo hacer es darme la vuelta y mirar hacia otro lado. Pero el caso es que no puedo. Las circunstancias me obligan a estar sujeta a este sistema y últimamente, después de las cosas que he ido descubriendo, no solo me obligan las circunstancias sino también mi conciencia.
La mercancía de que les hablo está formada por niños, lo más frágil, delicado y sensible que existe, niños a los que se trata sin ningún respeto a su dignidad integral como personas ni a sus necesidades afectivas. Sí debo decir que el sistema de protección de menores se ocupa de las necesidades materiales de los niños, se ocupa de que tengan comida, cama y ropa limpia pero se olvida de lo importante que es para un niño el cariño y el afecto de sus seres queridos para llegar a conseguir un desarrollo equilibrado en todas sus dimensiones. ¿Qué será de esos niños el día de mañana?. Cuando sean adultos, ¿A quién pedirán responsabilidades por lo que pasaron de pequeños?.
Además de maltratar a los niños, las actuaciones del sistema de protección de menores infringen cantidad de artículos de la legislación y la normativa vigente, por no mencionar que algunos decretos de regulación de procedimientos de acogimiento familiar, adopción y determinación de idoneidad tienen importantes contradicciones en su articulado.
Les voy a contar lo que ocurre cuando un niño nace en una familia desfavorecida económicamente, que en ocasiones se trata también de una familia desestructurada, por ejemplo de madre soltera sin pareja estable. Las comunidades autónomas u otras entidades institucionales suelen disponer de pisos tutelados en los que amparar a esos niños y a sus madres durante un corto espacio de tiempo. Ese tiempo suele ser de un máximo de tres meses. Si durante ese tiempo una mujer ha dado a luz ¿cómo pretenden que mejore su situación económica?. Lo que cualquier madre hace durante los primeros cuatro meses de vida de su hijo es cuidarlo a tiempo completo. Sin embargo, si la madre alcanza el tiempo máximo de estancia en el piso tutelado, lo que hace la administración es echarla y separarla del bebé.
¿Por qué esta actuación tan drástica? ¿Por qué no buscan a alguien de la familia del niño mientras madre e hijo siguen en el piso tutelado? La respuesta no es sencilla, sólo se que por algún motivo que desconozco, la administración codicia a los bebés. El destino del bebé, en el mejor de los casos, es una familia de acogida temporal que recibe por cuidar del niño una cantidad que puede ser superior a los 500 € cada mes. ¿Por qué no destinan ese dinero a la madre para que cuide de su propio hijo? Sabemos que uno de los principios rectores de la actuación de la administración es: “Apoyo familiar como principal recurso de carácter preventivo, para garantizar el derecho del menor a permanecer en el núcleo familiar originario en condiciones que permitan el desarrollo integral.”
¿Por qué el sistema pasa por alto este principio rector esencial?. La madre que pasa por esta situación es una mujer humilde que necesita ayuda económica para cuidar de su hijo, pero le quiere y ese niño tiene DERECHO a permanecer con su madre. ¿Es que ser pobre es un delito? Por no decir que la OMS recomienda la lactancia materna durante, al menos, los 6 primeros meses de vida y que el sistema de protección de menores priva a ese niño de ese bien insustituible para él, al separarlo bruscamente de su madre.
Otro de los principios rectores de la actuación de la administración es: “Primacía del interés del menor y de sus derechos, en especial el derecho a la integración familiar, sobre cualquier otro interés de personas que puedan concurrir”.¿Cómo es posible que el sistema de protección de menores viole la ley tan impunemente y no se pueda hacer nada?. El ministerio fiscal es responsable de controlar las actuaciones de la administración, sin embargo, en casos como éste, la fiscalía solo conoce los datos que le aporta el propio sistema de protección de menores y no realiza ninguna investigación paralela, por tanto, ¿qué función de control realiza el ministerio fiscal? ¿En qué posición queda la madre? En el mejor de los casos, le permitirán visitar al niño dos días a la semana durante una hora. Además, se habrá visto obligada bajo coacción a firmar algún documento que le imposibilita la recuperación del bebé aunque consiga mejorar su situación económica y social.
La administración intentará por todos los medios a su alcance demostrar que esa madre no es apta para el cuidado de su hijo, la someterá a todo tipo de pruebas y la enviará al médico para que le diagnostique una depresión. ¿Qué persona no se sentiría deprimida ante semejante problema? Lo cierto es que el sistema de protección de menores tiene muy fácil conseguir su objetivo. La impotencia ante el gigante administrativo es total. ¿Cómo un madre en esa situación va a enfrentarse al sistema para recuperar a su hijo? Francamente lo tiene muy difícil.
Hay que denunciar. Cantidad de familias que acuden a los Servicios Sociales en busca de ayuda económica salen de allí sin ayuda y sin sus hijos. Hay que investigar. ¿Saben las familias de acogida las circunstancias de los niños que tienen acogidos? ¿Saben que esos niños no han sido maltratados ni han sufrido negligencia alguna por parte de sus padres? Si bien el acogimiento familiar es una gran solución para que los niños no sufran ciertos conflictos familiares, también es cierto que se hace un abuso de él, pues un caso como éste no requería un acogimiento familiar, sino una ayuda familiar.
Hay niños que son separados de sus padres simplemente por el mero hecho de que hay días en que esos padres no tienen suficiente dinero para llenar la nevera. Cuando ocurre eso en una familia, además de pasar la angustia por no tener nada para alimentarse tiene que sufrir el trance de vivir bajo la amenaza de ser disgregada bruscamente por el sistema de protección de menores. No estoy exagerando, estoy hablando de casos reales y si no lo creen indaguen un poco y verán que, tristemente, tengo razón. Si bien es cierto que estos casos no suponen la mayoría de las causas por las que un menor tiene que ser tutelado por la administración, también es cierto que en la actualidad, la crisis económica está agravando la situación económica de muchas familias y el riesgo de intervención del sistema de protección de menores sobre sus hijos.
Por último, cabe decir que todos nosotros, como ciudadanos libres y responsables de la sociedad en que vivimos, tenemos la obligación moral e incluso jurídica de poner en conocimiento de la fiscalía de menores cualquier hecho de abuso institucional contra personas menores de edad que podamos conocer.
Artículo de Deborah Infante, publicado en el blog de Marisol Ayala