Demasiado tiempo llevaban anunciándolo, como otro de los tantos, y cada vez más, ataques a los principios básicos de un verdadero estado social, la cadena perpetua.
Hasta hoy hablábamos de la cadena perpetua encubierta (claro ejemplo de ella serían la reciente salida en libertad por indulto del preso Neiro, 36 años en prisión, o la aplicación de una forma generalizada de la Doctrina Parot…), a partir de ahora hablaremos de la cadena perpetua revisable. En días pasados hemos asistido a la representación mediática, cuya imagen fue la del ministro de injusticia, de lo que el PP ha defendido durante toda su campaña, un nuevo cambio, y van innumerables ya, en la política penal del partido gobernante que nos lleva a la imposición de esta nueva aberración penal. La llamen como la llamen, le pongan la coletilla que quieran, en realidad de lo que se trata es de encerrar personas y tirar la llave.
Asistimos pues al olvido de la ciencia y la tradición jurídica de este país, dejamos al margen Constitución y leyes, incluso la justicia y sus profesionales pasan a un segundo plano. Todo ello para permitir que los medios de comunicación, los titulares de prensa, y víctimas concretas de delitos atroces, sean quienes decidan qué norma imponer y qué política penal y penitenciaria aplicar. Dejamos de lado conceptos básicos como el de la proporcionalidad de la pena, la seguridad jurídica, o la llamada reinserción para acoger términos como represalia, castigo o venganza. Las mentes pensantes de lo jurídico y social no han servido en todos estos siglos para hacernos comprender dónde se encuentra “lo justo”, se han impuesto los intereses mediáticos y la utilización instrumentalista del dolor de las víctimas. Aunque en realidad el objetivo de todo este despropósito, no sea la defensa de las víctimas, que tampoco son tenidas en cuenta para acogerlas o repararlas, por lo que hemos de plantearnos que el objetivo último de estas “novedades” es otro y bien distinto.
Para la defensa de esta atrocidad se emplean justificaciones al margen de la realidad social, dicho de otro modo, se miente o se oculta deliberadamente la verdad. No se nos dice que el Estado español es uno de los países de Europa con menor número de delitos al año; lo que se nos dice es que vivimos en una sociedad insegura y violenta. No se nos dice que estamos en el récord histórico de personas presas, que nunca, ni durante el franquismo, ha habido más que ahora; lo que se nos dice es que los delincuentes se “van de rositas”. No se nos dice que tenemos uno de los sistemas penales con las penas más largas de Europa, en cumplimiento real; lo que se nos dice es que los presos están en la calle en tres días. No se nos dice que llevamos más de dos décadas intentando solucionar problemas de convivencia social por medio del código penal (ley penal del menor, violencia de género, seguridad vial…) y que los números demuestran que esto no funciona; lo que nos dicen es que la solución de todo pasa por el castigo, y si no, por un castigo más duro. No se nos dice que al menos una de cada cuatro personas presas tiene una enfermedad mental diagnosticada o que el 70% padece toxicomanía (ya sea droga o alcohol); lo que se nos dice es que el preso es un ser malo por naturaleza al que tenemos que apartar para siempre. No se nos dice que la primera causa de muerte en nuestras prisiones es el suicidio, se nos dice que las cárceles son hoteles con piscina. Ni siquiera se acude a la comparación con otros sistemas. Países poderosos que imponen la pena de muerte desde hace décadas y donde la delincuencia y los delitos violentos siguen en aumento año tras año. Suponemos que los datos reales dejan sin argumentos al contrario, lo fácil es manipular la realidad para conseguir los objetivos, pero ¿cuáles son realmente esos objetivos? Esto, tampoco se nos dice.
Todo ello en las mimas fechas en las que logramos tener otro récord vergonzoso, tenemos más parados que habitantes tiene Finlandia y no parece que las últimas reformas laborales vayan por el camino más apropiado para paliar esto. Nadie se para a reflexionar que lo único que suponen estas medidas es cada vez más pobreza y, con ella, no nos engañemos, más delincuencia, que implica necesariamente al fantasma de la inseguridad ciudadana. Si se quiere conseguir una sociedad más segura y más justa, el único camino real es prevenir el delito con políticas educativas, sanitarias, sociales y económicas solidarias y justas. Sin embargo eso parece ser precisamente lo que no interesa ni a este ejecutivo ni al anterior, no sólo porque es el campo de nuestros “recortes” y no el de nuestros avances, sino porque lo fácil es emplear los instrumentos legales de castigo para maquillar nuestras carencias y debilidades sociales.
Hace tiempo ya que, tanto PP como PSOE se preocupan más en salvar entidades bancarias de su insolvencia que personas de sus miserias. Pese a los recortes sociales, se ha gastado una cantidad insultante en la construcción de 12 macrocárceles en los últimos cinco años, parece que ellos sí tienen claro que las van a llenar. La ecuación es sobradamente conocida: paro altísimo más recortes sociales, más supresión de las ayudas básicas, implica aumento de los delitos contra la propiedad privada y contra la salud pública (delitos estos que tanto en hombres 73%, como en mujeres 84%, son ya los de comisión más habitual). Aquí, en Navarra, también desde el ejecutivo se aporta a esta nueva e inquietante realidad, dinamitando la ya de por sí escasa Renta Básica con una nueva ley, tristemente conocida como Ley de Exclusión Social. Limitando el acceso a las ayudas mínimas a una parte importante de la población como son las personas sin papeles o los parados de larga duración. Así únicamente se crea pobreza, miseria y desesperación, así se convierte a una sociedad en empobrecida, egoísta, desesperada y abandonada a sus miserias y así es como se consigue que las personas delincamos, y no habrá pena, perpetua o no, que lo evite.