Las diferencias sociales que genera el sistema económico imperante conllevan situaciones en las que sectores importantes de la población necesitan de la solidaridad del resto. Estas situaciones no han pasado desapercibidas para el conjunto de la sociedad. De esta forma, a lo largo del siglo XX fue surgiendo el concepto de “servicios sociales” tal como lo entendemos hoy día. Sin duda, una conquista histórica del movimiento obrero que con su lucha fue arrancando importantes concesiones, obligando al Estado y las distintas administraciones a destinar una parte importante del dinero público a las llamadas políticas de bienestar social, como forma de redistribuir la riqueza y garantizar así un mínimo nivel de vida a todos los ciudadanos. Los sistemas sanitarios y educativos públicos, junto a los servicios sociales, son los pilares fundamentales del llamado “Estado del Bienestar”, imperantes en Europa Occidental tras la II Guerra
Pero tras el colapso del estalinismo en Europa del Este, las tesis liberales fueron ganando cada vez más fuerza, planteando la disminución de la intervención estatal a todos los niveles, dejando a la sociedad en manos de esa entelequia denominada “leyes del mercado”. Una orgía de privatizaciones recorrió Europa (y el mundo), incluyendo al estado español. Y los servicios sociales también se plegaron a estas tesis liberales, por lo que toda una pléyade de oenegés surgieron en los años 90 al calor de la privatización.
Es en este contexto general donde se enmarcan las leyes de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas. Muchas de estas leyes ya reconocen la posibilidad de delegar la gestión y contratar servicios directamente a empresas. Aunque en realidad poca diferencia existe entre las empresas y las supuestas ONGs que se reparten el pastel de los servicios sociales (la inmensa mayoría constituidas legalmente como fundaciones para facilitar así el lucro).
La privatización pervierte en origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad), pasando a ser una fuente de negocio más para la patronal, de forma que el enorme caudal de dinero público destinado a cubrir necesidades sociales va desviándose en parte hacia otros menesteres, vía conciertos y subvenciones. Además, la privatización conlleva que el sector de la Intervención Social
Por otra parte, en un contexto como el actual de crisis estructural del sistema, la privatización está permitiendo que el sistema de servicios sociales pueda ser desmantelado con gran facilidad por su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal para la prestación de servicios (basta con no renovarlos para hacer desaparecer el servicio). Y la precariedad y atomización de los trabajadores del sector dificulta enormemente la respuesta organizada contra los recortes. Por lo tanto, para que los servicios sociales puedan cumplir con su objetivo declarado, los recursos deber ser de titularidad y gestión públicas, sin empresas intermediarias.
Funcionamiento burocrático de los servicios sociales
Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de organizaciones que actúan realmente sin ánimo de lucro, y que además realizan una gran labor. Son fácilmente distinguibles de las entidades sinónimo de lucro, ya que no buscan su expansión, sino profundizar en la labor que realizan, generalmente en un ámbito geográfico concreto, naciendo del tejido social de los distintos barrios donde están presentes. Estas asociaciones deben jugar un importante papel en el sistema de servicios sociales.
Como se mencionó anteriormente, los servicios sociales deberían ser de titularidad y gestión pública. Pero este hecho, por sí mismo, no garantiza la eficacia de los mismos. A pesar de la privatización, los servicios sociales tiene un funcionamiento excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la práctica, la capacidad de control ciudadano sobre los servicios sociales es nula, por lo que sus intervenciones suelen ser bastante ineficaces. O no, porque en muchos aspectos el sistema de servicios sociales está llamado más que a satisfacer necesidades a ejercer como un mecanismo de control social. Los programas de intervención se diseñan en despachos física y socialmente muy alejados de las zonas geográficas y sectores de población sobre las que se va a intervenir. Y esto es precisamente así porque se trata de intervenir sobre, y no junto a o en colaboración con los sectores afectados, que es como se debería hacer.
Todo el funcionamiento de los servicios sociales está marcado por las formas burocráticas. De hecho, por regla general las decisiones finales que afectan contundentemente sobre la vida de las personas suelen ser tomadas por quienes en demasiadas ocasiones ni siquiera conocen a los afectados, basándose en informes que derivan otros profesionales. Por lo que se cometen numerosos errores e incluso injusticias manifiestas, creando problemas en lugar de solucionarlos. Y como las decisiones normalmente se toman de forma colegiada (y en base a informaciones de terceros), finalmente nadie se responsabiliza de las consecuencias de esas decisiones, aumentando así la indefensión que ya de por sí sufren generalmente los sujetos diana de la intervención.
Si a todo esto le sumamos los efectos derivados de la privatización, nos encontramos con el panorama general de los servicios sociales durante las últimas dos décadas. Un excelente sistema de control social bastante ineficaz a la hora de luchar contra la exclusión social (mientras el número de empresas de “lo social” y de educadores, trabajadores sociales, integradores, etc. crecía exponencialmente, las bolsas de marginación han ido en aumento). Incluso se hacen prospecciones buscando nuevas fuentes de “materia prima” sobre la que intervenir, llegándose así a realizar programas sobre familias que sólo necesitaban apoyo económico, mientras que otras necesidades son obviadas porque no están contempladas en los proyectos subvencionados mediante concierto o simplemente por falta de plazas, dejando así de existir ciertas realidades que la maquinaria de los servicios sociales no puede procesar.
Por tanto, los servicios sociales, además de públicos, tienen que ser democráticos. Y es aquí donde esas asociaciones realmente sin ánimo de lucro deben jugar un papel fundamental. Tanto el análisis de las necesidades como la elaboración de los programas de intervención deben surgir del tejido social de los propios barrios, del movimiento asociativo en colaboración con los profesionales de los servicios sociales. Y la ejecución de dichos programas debe ser supervisada por ese mismo tejido asociativo, junto a la Administración y los representantes de los trabajadores del sector.
Además, las mencionadas asociaciones también deben mantener su capacidad de acción social directa, elaborando proyectos transversales, complementarios a la actuación de los servicios sociales públicos (actividades subvencionadas con dinero público pero circunscritas a espacios geográficos limitados y de no elevada necesidad presupuestaria, de tal manera que el afán de lucro no tenga cabida).
En resumen, los servicios sociales deben estar sometidos al control ciudadano, y el papel de los responsables políticos de la Administración debe limitarse a garantizar los medios necesarios para su desarrollo, así como al control sobre su correcto funcionamiento junto al tejido social.
Por último, junto a lo mencionado hasta el momento, para garantizar la calidad de la intervención, es fundamental la formación continua de los profesionales del sector (algo que en la actualidad no sucede, salvo la realización de ciertos cursos y jornadas de nulo valor práctico y formativo, cuyo único objetivo es justificar las subvenciones recibidas a través de la Fundación Tripartita
No a los recortes. Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad
En la actualidad, cuando las clases dominantes han decidido desmantelar el estado del bienestar amparándose en una crisis económica que ellos mismos han generado, los servicios sociales están en peligro de muerte. Han decidido sustituir los mecanismos de control social que el poder político ejercía a través de los servicios sociales por el control social directo, ejercido por los cuerpos policiales y el sistema judicial penitenciario (por ejemplo, mientras los programas de asistencia y prevención con menores van desapareciendo, los recursos de internamiento forzoso no parecen verse afectados por la crisis). Y como en todo proceso de reconversión, el sector quedará cada vez en menos manos, haciéndose con todo el pastel las multinacionales de la beneficencia (en especial las relacionadas con la Iglesia ), desapareciendo aquellas empresas y entidades que desarrollaban su labor de forma más honesta.
En este momento, como profesionales comprometidos con los usuarios y con el propio futuro de nuestra profesión, no tenemos más remedio que luchar contra los recortes, enfocando esa lucha hacia la consecución de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.
Colectivo No a O´Belen