En este sentido, las JSM se han pronunciado sobre los recortes en varios centros de menores infractores, ya que "en los últimos días se ha despedido a 22 trabajadores de los centros El Laurel y El Pinar, en Guadarrama y Fuencarral - El Pardo, y se ha cerrado el centro José de las Heras en el distrito de Carabanchel". Todos los centros estaban gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.
Vázquez ha recordado además que "en los últimos años existe un gran problema con los centros de menores por su privatización encubierta y por las denuncias de malos tratos que han llegado a ser investigadas por el Defensor del Pueblo", por lo que ha exigido al Gobierno regional que evalúe "el funcionamiento del sistema actual" porque "parece estar lleno de fallos gracias a su fundamentalismo ideológico".
Por su parte, el secretario de Política Social de JSM, David Muñoz, ha dicho que "el despido de estos profesionales lo único que provoca es que haya 22 nuevas personas en el paro y que se garanticen peor los derechos fundamentales de las personas internas en este tipo de centros".
De este modo se ha preguntado si "el PP no entiende que tiene que reducir el presupuesto en partidas como publicidad, asesores a dedo y no en centros de menores, sanidad o educación, es decir, en políticas sociales" que es lo que "necesita en este momento la sociedad madrileña" debido a la "gran crisis social y económica que se está atravesando".
Por todo ello, Muñoz ha pedido al Gobierno regional que se garantice "la gestión enteramente pública de los centros de menores" y "un mayor esfuerzo en la transparencia y control" con "una normativa que garantice el control de todo lo que sucede en los centros, ya que ha habido denuncias de torturas y de suicidios que empezaron a ser investigados por el anterior Defensor del Pueblo".