Los menores, naturales de Burkina Faso y
Guinea Ecuatorial, se encontraban bajo la tutela de la Administración
melillense por ser menores extranjeros que traspasaron fronteras españolas no
acompañados (MENA). En estos casos, las autoridades autónomas están obligadas por la Ley Orgánica de
Extranjería a dar tutela automática a los menores una vez se haya
certificado su edad. Sin embargo, este protocolo, al igual que el
correspondiente a la autenticación de edad de los menores, no funciona igual y
bajo el mismo patrón en todas las comunidades y ciudades autónomas.
En Melilla, por ejemplo, tal y como ha
denunciado la ONG Pro Derechos de la Infancia (Prodein) a través de su portavoz
José Palazón, “sobre todo durante el verano, hay entrada de grupos más o menos
numerosos de migrantes entre los que hay menores, pero son expulsados en la
valla todos por igual”, sin que las autoridades se cercioren de la edad o
situación de tutela en la que se encuentran. Sin embargo, según la Comisión
Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en comunidades como Andalucía o País
Vasco este tipo de expulsiones no tienen lugar desde hace años. En Andalucía, el protocolo de actuación que siguen las
autoridades, por recomendación de un Auto de la Fiscalía, la necesaria
identificación de los menores a través de sus pasaportes y sólo en
defecto de pasaporte o evidentes sospechas de manipulación de datos, la
Fiscalía pasa a realizar pruebas médicas que determinen la edad del menor. Una
vez verificada la edad del menor, la tutela es inmediata.
Baja el número de expulsados
Este protocolo ha permitido que haya
bajado notablemente el número de menores expatriados en Andalucía, al igual que
en provincias como Vizcaya, donde el protocolo es el mismo y las consecuencias
también han sido más favorables para los menores. Sin embargo,
y como han denunciado desde SOS
Racismo/Mugak a través de su responsable de menores, Loira Manzini, “según el
informe de la Fiscalía”, en Álava y Guipúzcoa “prevalecen las pruebas médicas
(oseométrica, de las muelas, del vello genital) en general, por encima de los
pasaportes”, siendo aplicado siempre
este protocolo para los chicos subsaharianos “con los que
automáticamente pasa esto”.
Ante la falta de coordinación entre las
administraciones autonómicas, cabe destacar que la UE publicó en 2010 un plan de acción dedicado
exclusivamente a los MENA en el que reforzaba el margen de apreciación de los
países miembros a este respecto, por lo que ahora le toca al
Estado español mover ficha aunando esfuerzos para proteger a los menores de
situaciones como la ocurrida durante estos días en Melilla.