¡Gobierno dimisión!

Ante el mayor escándalo de corrupción desde la caída de la dictadura franquista, unimos nuestra voz a quienes están exigiendo la dimisión del gobierno. Estas deleznables prácticas no vienen sino a confirmar que la corrupción no es un hecho aislado y puntual, sino parte del funcionamiento normal de la democracia burguesa. No sólo nos dejan sin servicios sociales, atacan a la educación pública o se reparten entre ellos mismos la sanidad. Se ríen de nosotros. Los sindicatos de clase tienen que llamar a la huelga general para tumbar al gobierno del PP.

¡GOBIERNO DIMISIÓN! 

JUICIO Y CASTIGO A LOS CORRUPTOS

El gobierno prepara la privatización de la vigilancia en cárceles y centros de menores

La medida busca recolocar a los escoltas de políticos, en paro tras el fin de ETA, y los sindicatos denuncian el "oscurantismo" sobre las adjudicaciones.

Según asegura el principal sindicato de la función pública, la empresa Ombuds será la beneficiaria del primer paquete de privatizaciones que incluirá la vigilancia de las prisiones de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. Sin embargo, otras empresas también podrían beneficiarse de esta medida y fuentes del sector apuntan a que Segur Ibérica se haría con la vigilancia de la cárcel de Sevilla y la de León.

Labores de la Guardia Civil
El Reglamento Penitenciario, en su artículo 63, señala que la “seguridad exterior de los Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o, en su caso, a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas”. En la actualidad, es la Guardia Civil quien se encarga de estas labores y, en ocasiones, como en los accesos principales, conviven agentes de la Benemérita con funcionarios de prisiones.

Primeros contactos
El hecho de que aún no se haya cambiado esta ley podría explicar que desde Interior nieguen que se hayan adjudicado ya los contratos. Desde el Ministerio que dirige Jorge Fernández Díaz aseguran que, de momento, sólo se han establecido contactos, pero reconocen que la privatización está en marcha y el plan se concretará en próximas fechas. ELPLURAL.COM ha intentado sin éxito recabar la opinión de un responsable de Instituciones Penitenciarias.

Cursos de 10 horas
La prueba de ello está en el BOE del 10 de diciembre, donde se recoge la resolución de Interior que marca el temario de los cursos dirigidos a agentes privados para la vigilancia de centros de internamientos. En estos cursos, que tienen una duración de 10 horas presenciales, se enseña la normativa reguladora para la “vigilancia en centros penitenciarios, centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, centros de menores”, así como lecciones sobre “el control de accesos, control de cámaras y vigilancia perimetral de las instalaciones” y directrices para la “colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

“Seguridad privada más barata”
César Charro, experto en seguridad privada y socio fundador del Gabinete de Expertos en Seguridad, asegura que la medida es positiva para paliar el desempleo en el sector tras la reducción de escoltas a cargos públicos. Su organización ya está ofreciendo cursos basados en la normativa para formar a agentes de seguridad en la vigilancia de centros de internamiento e incluso ofrece un descuento del 25% para “vigilantes y escoltas en paro”. Charro asegura que “la seguridad privada es más barata” y que todos salen ganando con la medida.

“Oscurantismo total”
No opina lo mismo Adolfo Fernández, portavoz del CSI-F para Instituciones Penitenciarias, que no entiende cómo va a ser más barato contratar a agentes privados para los puestos de Guardias Civiles, si a los agentes “no se les puede despedir”. Fernández cree que el grueso de la privatización “va a empezar en marzo” y denuncia el “oscurantismo total sobre el tema”.

Los contratos de Ombuds
Si las sospechas se confirman, quien más se beneficiará de la medida es la empresa Ombuds, que en los últimos meses ha recibido varios contratos públicos, en su mayoría del Ministerio de Defensa. Al igual que ocurriría con las cárceles, vigilantes privados se encargan ahora de realizar tareas que antes hacían soldados del Ejército. Así sucede en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla”, el Centro Militar de Farmacia, el Centro Militar de Veterinaria, el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial y en los Centros Militares de Farmacia de Córdoba y Burgos y en los Hospitales Generales de la Defensa de Zaragoza y San Fernando (Cádiz). Un lote por el que Ombuds cobrará tres millones de euros.

El Plural

Manifestación contra la reforma laboral

A todos los trabajadores y trabajadoras de Samur Social

David Palacios, compañero de la Unidad Móvil 1 en Samur SOCIAL ha sido despedido mediante DESPIDO DISCIPLINARIO el día 15 de enero de 2012.

El trabajador se encontraba de baja laboral desde marzo del año 2012 y la empresa ha tomado la decisión más dura y contundente para un trabajador que en estos momentos es especialmente vulnerable por sus problemas de salud. Dicha decisión se ha tomado sin miramientos y sin que mediase solución alternativa.

David Palacios, decidió dar un paso adelante, luchar por sus derechos e iniciar un ciclo de entrevistas con la Comisión de Investigación de Samur SOCIAL. En dichas reuniones el trabajador denunció y probó mediante e-mails y en presencia de los RRTT, formas inadecuadas de proceder del Coordinador General del Servicio así como una organización del trabajo ineficaz y basada en decisiones arbitrarias. El compañero buscaba un viraje en la gestión del servicio, es decir, una mejora tanto en la organización como en el trato que recibían los trabajadores y trabajadoras. Esa fue su demanda frente a la Comisión Investigadora.

Ante la indolencia de la Comisión Investigadora por llegar al fondo de la situación tras las pruebas aportadas, el compañero decide hacer pública su situación. La Empresa Grupo 5 Acción y Gestión Social en un acto injusto y cruel, como única solución ante la situación planteada, pone fin a la relación laboral con el trabajador en vez de analizar los hechos denunciados y poner medidas para su resolución. El despido del trabajador se convierte en una cortina de humo para no solucionar e identificar los verdaderos problemas del servicio.

Por ello, condenamos el despido del trabajador y mostramos nuestro más firme apoyo y solidaridad al compañero DAVID PALACIOS ante lo que consideramos una injusta decisión, así como un mecanismo de censura y cultivo del miedo entre los trabajadores y trabajadoras que luchamos cada día por defender nuestros derechos laborales.

El Comité de Empresa y las Secciones Sindicales tomaremos las medidas oportunas para revertir dicha situación y para ello utilizaremos las herramientas que estén a nuestro alcance de forma contundente.“Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen.”

Comité de Empresa

Secciones sindicales de CCOO, CGT y Solidaridad Obrera

Solidaridad con Borja, Iban y Raimon

El secretario general del Sindicat d’Estudiants, Borja Latorre, y los miembros del Sindicat d’Estudiants, Iban Sadaba y Raimon Martín han sido injustamente acusados por los Mossos d’Esquadra de realizar una pintada en la fachada del centro comercial Splau del Prat durante el transcurso de un piquete informativo organizado por CCOO y UGT en la huelga general del 14N.

Estamos ante un nuevo ejemplo de represión contra la juventud que lucha. Los Mossos d’Esquadra siguen instrucciones del Departament d’Interior (CiU) que una y otra vez han demostrado su interés en criminalizar a los jóvenes y amedrentarnos para evitar que continuemos la lucha. No lo van a conseguir. El juicio se celebra el próximo 30 de enero. El Sindicat d’Estudiants ha organizado una concentración de solidaridad con los compañeros frente a los juzgados del Prat (Carrer Río Xúquer 20 - Juzgado instrucción 5) el mismo 30 de enero a las 13.00h.

30 de enero

13.00h Juzgados del Prat (c/Riu Xúquer 20)

Concentración de solidaridad con los compañeros

Manifestación en defensa de los servicios públicos de Móstoles

Debido a las políticas de recortes y privatizaciones, los servicios públicos están en peligro. Conquistas sociales históricas como la educación y la sanidad públicas y la red de servicios sociales están en el punto de mira del PP, que pretende transformar nuestros derechos en una nueva fuente de negocios para la patronal. No lo vamos a consentir.

En educación, además de recortes salvajes (como el despido de 50000 profesores en todo el estado) y la profundización de los procesos privatizadores, el ministro Wert pretende imponer la reaccionaria LOMCE. Una ley que nos devuelve al modelo educativo franquista, fortaleciendo el poder de la Iglesia en la escuela pública y prohibiendo el derecho a huelga de los estudiantes.

Por todo esto, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos de Móstoles apoya la convocatoria de huelga del Sindicato de Estudiantes para los días 5, 6 y 7 de febrero contra la LOMCE y los recortes y en defensa de la educación pública. Y confluyendo con esta semana de lucha estudiantil, desde la Plataforma llamamos al conjunto de la ciudadanía de Móstoles a movilizarse en defensa de los servicios públicos, convocando una manifestación para el próximo 5 de febrero. Porque necesitamos unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad. Porque la sanidad y la educación no se venden, se defienden.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MÓSTOLES

( CCOO, UGT, PSOE, IU, FAVEM, SE )

Presentación del libro La escuela (h)echa pedazos, de Gonzalo Romero

Presentación del libro "La escuela (h)echa pedazos. Crono-cuentos políticos de un maestro inadaptado", de Gonzalo Romero (fundador y militante de la Asociación Cultural Candela).

Intervienen Armando Martínez, Alberto Cruz, Agustín Morán, Gonzalo Romero y Luis Pumares. Actuación poético-musical y presentación de ¡¡Somos pueblo!! de Salvador Amor y Gabriel Ortega.

Viernes 1 de febrero, a las 18:30 en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid (calle Prado, 21).

Ya no quedan servicios sociales en Castilla La Mancha

Estamos a finales del siglo XIX. En España, se podría decir que en la década de los años 50, que para eso tenemos una historia reciente con peligro de repetirse. Queda la beneficencia, si acaso la Asistencia Social. No hay equipos. No hay intervención ni prevención. Nadie la echa de menos. Los grandes medios y los grandes partidos sólo hablan de Dependencia y de comedores sociales. No hay futuro. ¿Resignación? Debemos movernos y mover a los responsables.

Cada vez que se quiere explicar qué son los Servicios Sociales, en Castilla-La Mancha, hay que remitirse a un pasado que empieza a ser cada vez más lejano. Lejano porque va pasando el tiempo, pero también porque cada vez es más complicado pensar en que algún día se pueda volver a explicar en presente.

Todo lo que diferenciaba los Servicios Sociales de la Beneficencia y la Asistencia Social ha sido ya exterminado en esta Comunidad, primero poco a poco y después de manera brutal.

Todas aquellas funciones que los Servicios Sociales desarrollaban de prevención, intervención social, empoderamiento de personas y colectivos, etc. se han dejado de prestar porque no quedan ni los profesionales que las desarrollaban ni existe un solo euro destinado a estos servicios. El dinero que antes se gestionaba desde los Servicios Sociales Básicos se está desviando a la caridad y beneficencia de Cruz Roja, Cáritas y similares (por ejemplo, “Socorro de los pobres” en Toledo, si, en pleno siglo XXI).

No existen ya los equipos multidisciplinares que permitían llegar al origen de los problemas, e intentar la solución de los mismos y su prevención. En lugar de esto, hay profesionales pagados como Trabajadores Sociales, pero con funciones meramente administrativas, con las manos atadas, sin instrumentos ni tiempo para hacer intervención social ni Trabajo Social. Y, para colmo, ninguna ley asegura la permanencia de ninguna otra figura profesional de la intervención social en nuestro territorio.

La principal razón de ser y el origen de los Servicios Sociales fue la de intervenir con las grandes bolsas de trabajadores pobres y excluidos que generó la Revolución Industrial, con el origen de esa exclusión y esa pobreza, para poder superar individual y grupalmente esa situación en que la explotación por parte del capital se ejercía sobre los trabajadores y trabajadoras y sus familias. Lo que en principio fue Asistencia Social (que superaba a la propia Beneficencia), evolucionó de forma natural con las aportaciones de las Ciencias Sociales Aplicadas (Trabajo Social, Educación Social, Psicología Social, etc.) hacia los Servicios Sociales que llegamos a conocer. Pues bien, estamos ya otra vez en el origen de todo y con unas condiciones sociales que se parecen ya casi de manera calcada a las que existían entonces, en el mismo punto que en Inglaterra a finales del siglo XIX, o para mejor entender, en la España de los años 50: pobres que seguirán siendo pobres a los que hay que dar de comer y un techo común, y si eso lo hacen voluntarios y religiosos cristianos, pues mejor que mejor.

Lo que las Ciencias Sociales Aplicadas han podido aportar a nuestra sociedad eran cosas buenas, muy buenas, pero quizá chocan con los intereses generales de un sistema, el capitalista, que se basa en que las decisiones no las toman, precisamente, sus ciudadanos, y menos aún unos ciudadanos organizados y con las ideas claras de la defensa de sus intereses. Unos Servicios Sociales Públicos, haciendo bien su trabajo, transformando la realidad para mejorar la vida de todas las personas, son un enemigo al que el capitalismo está combatiendo. Que nunca se nos olvide.

Colectivo VEGA

El mejor homenaje, seguir luchando

Charla-debate: El negocio del maltrato institucional

No a los CIE´s: jornada y manifestación

Curso Formación política para la acción social con menores

Desde la necesidad de espacios propios que rompan el monopolio de lo académico y que estén vinculados a la realidad social y a la practica cotidiana en proyectos autogestionados, la coordinación Con los niñ@s  no se juega quiere impulsar una propuesta formativa que responda a las necesidades de los proyectos de los grupos implicados y también a las ganas de aprendizaje de personas comprometidas con la realidad social que, en causa común con los chavales y chavalas, signifiquen avances en la autorganización y la transformación social. Toda la información aquí

Manifestación contra EuroVegas

Más información en Plataforma Eurovegas No

Jornada anticarcelaria en Barcelona

   

Cospedal apuesta por la controvertida O´Belen

La Fundación O´Belen es una entidad sinónimo de lucro cuyo objetivo declarado por ellos mismos es la atención y protección de los menores, jóvenes y sus familias. Loable objetivo con el que podrían engañar a algún incauto hasta que vemos quiénes son sus fundadores: Emilio Pinto Rodríguez (ex portavoz del PP en Sigüenza y propietario de Ain-Karen Viajes, empresa dedicada a “ayudar” a la Iglesia en su labor evangélica organizando peregrinaciones), Manuel Pizarro Moreno (vocal de la FAES, ex presidente de Ibercaja y ex presidente de Endesa), José Morales Paulés (directivo de Ibercaja), Javier Herrero Sorriqueta (ex consejero delegado de Iberdrola) y Manuel Ureña Pastor (arzobispo, miembro de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis). Con estas credenciales nada bueno se podía presagiar.

Esta entidad fue de las pioneras en la gestión de los llamados centros terapéuticos de protección de menores, en realidad una especie de cárceles donde se recluye a niños supuestamente afectados por trastornos del comportamiento. Gracias al caudal de dinero público que este tipo de empresas saquea a través de la privatización de los servicios sociales, O´Belen fue ampliando el negocio, pasando a gestionar centros de acogida y de reforma, programas de inserción laboral e incluso los servicios de acogimiento familiar.

En el 2009 durísimos informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo confirmaban lo que numerosos colectivos llevaban años denunciando: en los centros terapéuticos de protección de menores se vulneran los derechos humanos (“apreciamos irregularidades y vulneración de los derechos de los menores, a los que se medica sin respetar las prescripciones de la Ley de autonomía del paciente, y son sancionados desproporcionada y arbitrariamente”).

Especialmente duro con O´Belen, el informe del Defensor del Pueblo demostraba que en sus centros se utilizan celdas de aislamiento, prohibido explícitamente por la ONU (“un solo instante de permanencia en el interior de esas salas permite aseverar que atentan no sólo contra la salud psíquica y la dignidad de los menores, sino también contra los más elementales sentimientos de humanidad”), se abusa de psicofármacos (“atiborrar de pastillas a los adolescentes en los centros de acogida revela dejadez y rutina profesional en lugar de implicación con el tratamiento”), se producen agresiones físicas (“las contenciones se realizan varias veces al día y con una agresividad innecesaria y desproporcionada”) y humillaciones de todo tipo (“se realizan registros con desnudos integrales sin justificación…se encubren prácticas contrarias a los derechos de los menores como atar a dos niños uniéndoles por las muñecas o prohibirles la asistencia al centro escolar”). Desgraciadamente, debido a estas condiciones propiciadas por la privatización de este tipo de centros, al menos tres niños de entre 12 y 14 años han perdido la vida bajo custodia de O´Belen. Finalmente, gracias a la presión social varios de sus centros fueron clausurados y su presidente, Emilio Pinto, se vio obligado a dimitir.

El negocio resurge de la mano del PP

Tras el cierre de sus centros parecía que se les acababa el chollo (llegaban a recibir hasta 6900 euros mensuales por plaza). Pero con la llegada de su nuevo presidente, el psiquiatra Javier San Sebastián (hermano de la reaccionaria periodista Isabel San Sebastián, adalid del “todo es ETA”), y del PP al gobierno de Castilla-La Mancha, el dinero público vuelve a correr por las cuentas de O´Belen.

Primero, la Junta concedió la reapertura de uno de sus centros clausurados en Azuqueca de Henares, reconvertido en centro de internamiento psiquiátrico infanto-juvenil. Y ahora todo parece indicar (aunque no está confirmado) que va a concertar con esta empresa un nuevo centro de primera acogida de menores y un centro de día para jóvenes y adolescentes, también en Azuqueca. Por otro lado, la dirección general de Familias, Menores y Promoción Social ha anunciado la creación de un macrocentro de reforma que será gestionado privadamente vía concierto (y todo hace pensar que la entidad beneficiaria será O´Belen, ya que incluso el anuncio de la licitación se hizo en presencia de su presidente). Según la Junta, el concierto superará ampliamente los 7 millones. Mientras despide a miles de profesores, recorta salvajemente en servicios sociales y deja en la indigencia a cientos de jóvenes ex tutelados al suprimir el Programa de Autonomía Personal (dejando en la calle a sus educadores de referencia de paso), el gobierno de Cospedal plantea promocionar socialmente a familias y menores ¡construyendo una cárcel para niños! que además nace privatizada.

Y para redondear la jugada, O´Belen ha creado junto al Ayuntamiento de Chiloeches (gobernado por el PP) una fundación que se encargará de gestionar una residencia de ancianos financiada con los fondos europeos destinados al desarrollo rural.

Nada de esto resulta extraño si tenemos en cuenta que José Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta es hermano de Teresa Echániz, miembro del patronato de la Fundación Confías. Esta fundación es presidida por Javier Sebastián, también presidente de O´Belen. Tampoco parece casualidad que este psiquiatra sea firme partidario de la utilización de psicofármacos desde edades muy tempranas, ya que sus congresos los patrocinan empresas farmacéuticas como Lilly y Jansen-Cilag. Un ejemplo más del funcionamiento corrupto del capitalismo y sus representantes políticos. Las privatizaciones únicamente sirven para trasvasar dinero público a manos privadas, afectando tanto al servicio prestado como a los trabajadores del sector. El PP está utilizando su poder político para repartirse los servicios públicos entre familiares y amigos. Como es el caso de los procesos de privatización de la sanidad, que está teniendo como principal beneficiaria a Capio Sanidad (controlada por CVC Partners Capital, una SICAV con sede en un paraíso fiscal), para quien trabajan Teresa Echániz como subdirectora de investigación, e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal.

No podemos consentirlo. Los trabajadores de la sanidad pública madrileña están marcando el camino. Los sindicatos de clase tenemos la responsabilidad de unificar todas las mareas y extender la lucha al conjunto de la sociedad. Porque la privatización pervierte en origen la función de la educación, la sanidad y los servicios sociales, pasando a ser su objetivo el lucro empresarial. Unas condiciones de vida dignas para nuestra clase pasan por conseguir que estos servicios sean de titularidad y gestión pública, democráticos y de calidad.

*Los textos en cursiva son extractos del discurso en el Senado de Enrique Mújica como Defensor del Pueblo, presentando el informe sobre centros de protección de menores con trastornos de conducta.

El Militante

Presentación del libro Para que no me olvides

"...lo que pretendemos con este libro, comentar de viva voz, desde nuestras entrañas, que aquí en el Estado Español se ha producido un exterminio..." Estas son las primera líneas, avanzadilla, del libro del grupo de Madres Unidas Contra la Droga, cuyo título "PARA QUE NO ME OLVIDES" se presenta en San Carlos Borromeo.

 
El día 18 del 01, a las 19:30h
Presentación del libro de MADRES UNIDAS
Con el título "PARA QUE NO ME OLVIDES", se presentará el libro en una mesa redonda integrada por las madres y miembros del colectivo editor, a su termino tendremos un tiempo de tertulia entre los asistentes.
Lugar: San Carlos Borromeo C/ Peironcely, 2

La privatización de la sanidad madrileña es nula de pleno derecho

Rajoy confía a Aznar, presidente de la FAES, la misión de rediseñar la sanidad pública y Aznar pone a trabajar a su fundación para profundizar en la privatización de la sanidad, implantar copagos y eliminar servicios del SNS [1]. Esta noticia aparecida en los medios de comunicación en el verano de  2011 es el inicio  del acelerado desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Los mensajes a la población quedaron meridianamente claros, la sanidad hay que pagarla, quien no pueda solo accederá a una cartera básica y los centros totalmente públicos tenderán a desaparecer. 

El gobierno de la CAM y su recién nombrado (aunque no votado para el cargo) presidente Ignacio González, aprovecha el trámite de los presupuestos de la comunidad para incluir la privatización de la gestión de 7 hospitales públicos, el hospital de la Princesa, que tras esta decisión nadie reconocerá (convertido en geriátrico, sin docencia ni investigación, sin servicios punteros y con una drástica reducción de su personal) y los hospitales Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Tajo, Sureste y Henares, además de una parte de su AP.

Los hospitales podrán realizar su propia selección del personal, que será discrecional. Las condiciones de trabajo de los profesionales están por determinar, pero sin duda empeorarán (en las huelgas de los hospitales de  gestión privada de Fuenlabrada y Alcorcón, las plantillas reclamaba igualar sus condiciones con las de los hospitales con gestión pública) [2].

Aguirre tuvo que rescatar (con dinero público) “sus hospitales PFI” en 2010 [3], cuya eficacia y eficiencia está muy cuestionada, y ahora “saneados” se ponen a la venta. Veremos si el Sr González sigue utilizando dinero público para pagar el canon anual, ya que la CAM ya ha pagado el coste total de la construcción de los nuevos hospitales, cerca de 700 millones de euros de dinero público, pero aún adeuda 4.300 millones [4]. Están afectados 5.500 trabajadores. Los que se queden, pasarán a ser contratados con las condiciones que impongan las empresas concesionarias:

Capio está en manos de CVC, un fondo de capital riesgo británico con sede en Luxemburgo. Gestiona la Fundación Jiménez Díaz, el hospital de Valdemoro, y además ha obtenido la adjudicación del hospital de Collado Villalba y el de Móstoles. En total,  ya gestiona 28 centros sanitarios en 4 CCAA.

El grupo USP es propietario del hospital Quirón y de otras clínicas de Madrid y de
12 hospitales y 26 centros sanitarios en España. El grupo USP-Quirón fue comprado en febrero 2012 por el fondo de inversión británico Doughty Hanson.

Adeslas es dueña de una multitud de Clínicas y centros médicos en Madrid, algunos de estas son socias, junto a Capio, de Madrid Medical Destination, cuyo presidente es el ex consejero de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, conocido por el falso caso de las sedaciones del hospital Severo Ochoa de Leganés. 

Adeslas por un lado y Sanitas por otro forman, con la CAM y Bancaja (Bankia) el grupo sanitario Ribera Salud, que también gestiona hospitales en Madrid y Valencia. El 80% de los hospitales de Adeslas pertenece a la sociedad Goodgrower y el 20% a Criteria de Caixa Catalana. Sanitas pertenece al grupo BUPA Internacional Health Insurance, la mayor compañía privada de asistencia sanitaria del Reino Unido. La privatización aprobada por el gobierno popular de Madrid dejará a los hospitales públicos en manos de empresas y fondos de capital riesgo extranjeros.

El objetivo de la privatización de los hospitales de Madrid no parece ser el ahorro y la sostenibilidad del SNS ya que:

1.- El coste medio por cama de los 4 hospitales que hasta ahora tiene Capio es de 530.000 euros/año, un 36% más que el centro público de mayor coste de Madrid, el Clínico de san Carlos, con 337.565 euros anuales por cama. 

2.- Las entidades financieras que junto a Adeslas forman Ribera Salud (La CAM y Bancaja/Bankia) son insolventes y han tenido que ser rescatadas con dinero público. Juntas suponen uno de los mayores agujeros negros de la economía actual y su gestión ha supuesto una gran ruina, para la Comunidad Valenciana y para España.

3.- Capio y banco Sabadell esperan las buenas nuevas del gobierno para quedarse con Ribera Salud (negociación actualmente en “stand by” por las malas condiciones económicas del grupo empresarial).

4.- La sociedad Goodgrower, propietaria de Adeslas, está dedicada además al negocio del ladrillo “poco boyante” en estos momentos.

5.- El grupo USP, otro gestor privado de la sanidad madrileña, ha pasado recientemente
por graves problemas financieros, que le llevaron al borde del concurso
de acreedores [5].

El objetivo tampoco debe ser incrementar la competencia para mejorar  la eficiencia, según pretenden hacernos creer, ya quela gestión privada se concentra en pocas empresas y estas están a su vez relacionadas entre sí:

-Adeslas y Sanitas forman parte de Ribera Salud.

-Capio podría formalizar la compra de Ribera Salud y con ello alcanzar una posición aún más estratégica en la gestión de la sanidad privada y pública en España.

-Todas las empresas privadas dueñas de la sanidad madrileña están incluidas en el la Patronal de Empresas IDIS (Instituto para el Desarrollo e Integración de la sanidad) que se reúnen para tomar decisiones conjuntas. Incluye a Adeslas, Sanitas, Capio, USP y clínicas de la Medical Destination, apoyadas por Farmaindustria y la industria de tecnologías. 

¿Que subyace bajo la privatización de la sanidad pública de la CAM?

Los intereses cruzados: explican una decisión apresurada, opaca y escasamente democrática, cuya intención es la de quedarse con el “negocio” de la sanidad madrileña.

1.- Los patronos de la FAES, fundación que elaboró el documento de privatización de nuestro SNS, son: el presidente, Aznar, la vicepresidenta Dolores Cospedal, y Mariano Rajoy, Ana Mato, Fernández-Lasquetty, Ana Pastor, Lamela, Acebes, Zaplana, Romay Becaría, Sánchez Camacho… 

2.- Algunos de estos dirigentes populares o sus familiares directos también pertenecen, o pertenecían durante la elaboración del documento, a Bankia (Ribera Salud) y/o a los consejos de administración o los patronatos de las fundaciones de la industria sanitaria privada. 

3.- Uno de los principales objetivos de Madrid Medical Destination (MMD), la sociedad privada “sin ánimo de lucro” de Manuel Lamela (se calcula que le permitirá ingresar una comisión de 1,8 millones de euros/año [6]) es la atención al turismo sanitario de primer nivel, con lo que Lamela se convertirá en uno de los principales beneficiarios de la decisión del PP de suspenderla atención sanitaria a no residentes. 

4.- Entre los socios de MMD está Capio Sanidad y El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) principal grupo europeo de reproducción asistida, que se beneficia, junto al Grupo de Reproducción Asistida Quirón, de la no cobertura de este servicio por la sanidad pública, así como Capio, Sanitas y Adeslas, que incrementarán sus clientes en este y otros servicios que se eliminarán de la cartera básica del SNS (decreto 16/2012).

5.- Romay Becaría es patrono de la fundación renal FRIAT, concertada con la sanidad pública.

6.- Rodrigo Rato es ex-director de la Caja Madrid de Bankia (Ribera Salud).

7.- La presidenta de Genómica, de la farmacéutica Zeltia, empresa patrocinadora de las empresas beneficiarias (IDIS) es Rosario Cospedal, hermana de Dolores.

La privatización de los hospitales públicos de Madrid oculta, además, el fracaso de la gestión sanitaria del gobierno de Aguirre, ya que sus nuevos hospitales solo tienen cabida en los presupuestos y en la asistencia sanitaria de la Comunidad sí previamente se desmantelan los hospitales públicos, con gran prestigio antes de someterse al rodillo de la ex presidenta.

Con esta maniobra privatizadora se compensan las pérdidas de una red de empresas y entidades financieras con grandes problemas de tesoreríay en muchos casos vinculadas al partido gobernante y se vacía de contenido la consejería de sanidad, en unos momentos en los que es aún más esencial una gestión pública, equitativa y de calidad, que frene la mercantilización y la medicalización de la población, bases de la insostenibilidad futura del SNS.

La decisión de privatizar la sanidad madrileña es de tal envergaduraque no puede ser adoptada por un presidente interino, aprovechando el trámite de los presupuestos, sino que debería discutirse en el parlamento o incluso someterse a una consulta popular. La
ausencia de transparencia y los intereses cruzados entre los que toman la decisión y los que se benefician de ella  la convierten en nula de pleno derecho y no debe ser admitida por los profesionales del sistema público ni por la población de la CAM.

COSTE DE CAMAS GESTIÓN PRIVADA: 434.686 €/año

COSTE CAMAS GESTIÓN PÚBLICA: 277.372 €/año (2010)

El coste medio de los 4 hospitales que hasta ahora tiene CAPIO en la CCAA Madrid: 530.000 euros/años (gestión privada).

Coste medio cama Hospital Clínico San Carlos de Madrid: 337.565 euros/año (gestión pública).

Para reflexionar:

Nos están contando que el sistema sanitario necesita reformas "después de años de mala gestión y despilfarro". De acuerdo señores, pero resulta que en Madrid y Valencia ustedes llevan gestionando la sanidad desde hace más de 15 años. Entonces: primero nos dicen que el sistema es inviable por su mala gestión (de ustedes) ¿Dónde están sus responsabilidades? Y ahora nos dicen que para su mantenimiento es inexcusable su privatización(?????). ¿Pero dónde está escrito que la gestión privada sea más eficiente? ¿La de los bancos y el sistema financiero, por ejemplo?

¿Y si la sanidad es una ruina? ¿por qué iba a estar interesada en su gestión una empresa privada, que por su propia naturaleza busca el beneficio económico?

Nos dice el Consejero de Sanidad de Madrid "al ciudadano le va a dar igual que el médico que le atienda sea privado o que sea funcionario". Ojo: si la empresa es privada racaneará una prueba costosa o un tratamiento costoso. De hecho las actuales aseguradoras privadas NO RENUEVAN EL CONTRATO DE SEGURO ANUAL SI UN PACIENTE NO ES "RENTABLE" o le ponen unas primas tan gravosas que se vaya él "voluntariamente".

No os quepa duda de que cuando todos los hospitales estén en manos privadas solo accederá a la sanidad quien pueda pagárselo y la pública quedará como algo residual solo de beneficencia (el Medicare americano). El paradigma del modelo es Estados Unidos, en donde 47 millones de personas (de 310 millones de población) no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria. Y el que tiene "algún tipo" de seguro paga como mínimo 450$ (300€) al mes, por unos servicios que desde luego no cubren un transplante o una quimioterapia. La principal causa de ruinade las familias americanas está motivada por el alto precio de las prestaciones sanitarias.

Maria Luisa Lores Aguin

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

[1] El periódico.com. 27 de junio de 2011

[2] Attac. Madrid. 5 de noviembre de 2012

[3] El País. 24 de octubre de 2012

[4] Fernández S. FADSP

[5] El Confidencial. 28 de junio de 2011

[6] Cinco Días. 19 de julio de 2011

Manifestación: La sanidad no se vende, se defiende

Marcha contra la represión

Como ya sabéis la represión contra nuestro sindicato cada vez es más fuerte, son ya más de 500 procesados y procesadas, nos reclaman 400.000 euros en multas y 50 años de cárcel teniendo pendiente aún juicios como el de Mercadona y los de los 40 detenidos y detenidas durante las marchas obreras Andalucía en Pie, lo que nos pondrá en 70 años de cárcel, medio millón de euros y acercarnos a los 600 sindicalistas metidos en procesos judiciales.

El SAT ya ha pagado cerca de 200.000 euros en multas. El Gobierno intenta así estrangular económicamente al sindicalismo andaluz de clase para impedir el desarrollo de esta herramienta de lucha en manos de la clase trabajadora y el pueblo andaluz.

Por todo ello hemos considerado que es hora de hacer una gran movilización que denuncie la represión que estamos sufriendo. Somos el sindicato más represaliado de Europa y esto hay que hacerlo saber.

Hemos escogido el día 11 de Enero por ser una fecha señalada por la represión, ya que un 11 de Enero se produjeron los asesinatos de Casas Viejas. Hoy como ayer, el mundo trabajador es perseguido, ayer con balas y hoy con multas millonarias y penas de cárcel.

Os pedimos no solo que participéis personalmente en esta movilización sino que llaméis a la rebeldía en vuestro entorno para que seamos miles los que llevemos nuestras banderas y nuestras consignas hasta las puertas de la cárcel de Morón.

¡Alfon ya está libre!

Recogida de firmas: No al cierre del Instituto de Adicciones

Consideramos que cualquier persona –independientemente de su nivel económico- tiene derecho a recibir unos servicios mínimos en adicciones. La situación de las personas drogodependientes se agravará con el cierre de los CAD que actualmente existen en la ciudad de Madrid.

Desde 1986, el Ayuntamiento de Madrid ha atendido a las adicciones. Hasta ahora contaba con programas de prevención y siete Centros de Atención a Drogodependencias coordinados desde el Instituto de Adicciones. Los CAD de Arganzuela, Hortaleza, Latina, San Blas, Tetúan, Vallecas y Villaverde cuentan con equipos interdisciplinares compuestos por médicos, enfermeros, psicólogos, técnicos de laboratorio, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, administrativos y personal de servicios. También siguen abiertos tres centros concertados con Cruz Roja y Cáritas. El hecho de que cada uno de estos centros atiendan a una zona de la ciudad facilita la accesibilidad y el ahorro económico para los usuarios. Hasta ahora.

En los últimos meses, en nombre de la crisis se han cerrado muchos centros de tratamiento, la narcosala, pisos, comunidades terapéuticas, el servicio de prevención, talleres, servicios de orientación para empleo, y se han suprimido las subvenciones a las asociaciones que trabajan en los barrios con prevención y con adictos...

Ahora, alegando duplicidades, que sólo se producen en la gestión y no en la atención al ciudadano, van a desmantelar los CAD, que son los nudos de la red de recursos que habíamos construido con mucho trabajo durante veinticinco años.

Estamos a la espera de que nos comuniquen el despido a los interinos (el 80% de los médicos, enfermeros, psicólogos, técnicos de laboratorio...) según consta en el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid para 2013 y en su ley de acompañamiento.

El empeño y profesionalidad de los equipos ha permitido, además de tratar la adicción al alcohol y a las otras drogas, controlar la expansión de enfermedades infecto-contagiosas: SIDA, VIH, hepatitis, tuberculosis..., así como minimizar el impacto en la convivencia ciudadana (robos, consumo en la calle, tráfico de droga...). En la década de los ’80 el problema de la drogodependencia ocupaba los primeros puestos en el ranking de preocupaciones de los ciudadanos; hoy en día, ni siquiera aparece en ese listado.

Por otra parte un elevado porcentaje de los pacientes adictos tienen una patología psiquiátrica asociada que se trata en los CADs.

En esta época de crisis se deberían intensificar estos servicios para los más desfavorecidos, y sin embargo, también se recortan.

El cierre de estos CAD, supone UN PROBLEMA SOCIAL y de SALUD PUBLICA que nos afecta a todos, ya que sus consecuencias acabarán influyendo en toda la población: profesionales que pierden su trabajo, usuarios que pierden su derecho de acceso a un tratamiento público y de calidad, y ciudadanos que sufrirán los efectos de riesgos en la salud pública y pérdida de estabilidad social.

SOLICITAMOS QUE LA ADMINISTRACION GARANTICE LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS Y DE LOS EQUIPOS TERAPÉUTICOS QUE ATENDEMOS A ESTOS PACIENTES 

Para firmar la petición, entra aquí 

Intervención Social en Lucha

Precarios sin derechos laborales captan socios para ONGs

Cada vez más ONGs realizan campañas masivas de publicidad y captación de socios, con equipos de captadores a pie de calle e incluso vía telefónica. Es fácil encontrarse a estos equipos portando chalecos o camisetas identificativas de Cruz Roja, Intermón Oxfam, Plan España, etc. Lo que nadie suele decirnos es que los componentes de estos equipos no son miembros de la entidad a la que representan (ni siquiera suelen ser socios de las mismas). Son promotores comerciales subcontratados en unas condiciones de extrema precariedad (en ocasiones sin sueldo, recibiendo por pago únicamente las comisiones estipuladas por cada venta/captación de nuevo socio). Empresas como Task Force S.A. "suministran" trabajadores a entidades que dicen defender derechos humanos y sociales, luchar contra la pobreza o atender a los más necesitados (generalmente niños, que dan más pena y el gancho funciona mejor), pero que intentan captar fondos (al margen de los que ya reciben de las distintas administraciones, todas las actividades de la mayoría de las osigés están subvencionadas) y respaldo social utilizando para ello mano de obra barata y sin derechos de ninguna clase. Pinchando aquí podemos leer el testimonio de una de estas trabajadoras. Un ejemplo más del despropósito organizado en torno al circo oenegero, donde la desvergüenza, la hipocresía y el afán de lucro campan a sus anchas.

Una verdadera ONG (sin vinculaciones con ningún gobierno ni financiación de ningún tipo por parte de ningún estado, que es lo que significa organización no gubernamental) debe predicar con el ejemplo. Como es el caso de Amnistía Internacional, que también cuenta con equipos de captadores de socios en calle pero que son contratados directamente por la entidad, sin empresas intermediarias parásitas, y con unas condiciones salariales decentes en una situación como la actual (sueldo bruto de 14.500 euros anuales por una jornada laboral de 25 horas semanales de lunes a viernes).

Testimonio de una adolescente que está siendo maltratada por la institución que debería ayudarla

Profesionales de todos los ámbitos denuncian estas actuaciones, pero los responsables de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, en Cataluña) hacen oídos sordos, como en tantos otros casos.

    Ver artículo entero publicado en el El País, el 3 de Noviembre de 2012:

     Cuatro meses de huida _ Cataluña _ EL PAÍS

Manifestación por la sanidad pública

¡Salvemos la hospitalidad!

El Ministro de Justicia ha elaborado un Anteproyecto de reforma del Código penal. En él se describen conductas castigadas con penas de cárcel a quienes de manera humanitaria apoyen a personas extranjeras (“no nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea”)  en situación irregular. Estas conductas se describen en el art. 318 bis del Código Penal:

1. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años.  “El Ministerio Fiscal podrá abstenerse de acusar por este delito cuando el objetivo perseguido sea únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate”. Si los hechos se cometen con ánimo de lucro se impondrá en su mitad superior.

2.- El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un estado Miembro de la Unión europea a permanecer en el territorio de Estado miembro de la Unión Europea, vulnerando lo legislación de dicho Estado sobre estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años. 

Si entra en vigor la reforma del Código penal en estos términos supondrá que:

1º.-  Las personas o instituciones que  apoyen, ayuden o acojan en sus domicilios de forma altruista a las personas extranjeras en situación irregular que transiten por España serán considerados criminales: detenidas, juzgadas y, en su caso, condenadas. Se deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de acusar. Algo grave, pues, como denuncia esta institución en el Informe que ha  elaborado sobre el anteproyecto, esta forma de criminalización es una opción   de política criminal del legislador. También puede no hacerlo, diciendo que: “Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes únicamente presten ayuda humanitaria”.

2º.-  Las personas que ayuden a personas extranjeras en situación irregular a permanecer en España con ánimo de lucro, es decir, que por ejemplo,  contribuyan mediante el alquiler de una habitación o dispensen el menú del día a una persona inmigrante en situación administrativa irregular conociendo esta condición, podrán ser asimismo incriminadas. 

3º.- Las personas extranjeras en situación irregular quedarán en la calle en situación indeseable de extremada precariedad, sin que nadie pueda apoyarles ni altruistamente ni cobrando por los servicios básicos prestados. 

CONCLUSIONES

1.- El objetivo de esta norma es intimidar a los ciudadanos españoles o extranjeros  para que nieguen toda forma de apoyo a la persona en situación irregular y ésta se quede sin ningún tipo de ayuda, es decir, en la calle, sin comida, ni vestido, ni dinero, para que mediante la presión que supone su situación de precariedad absoluta vuelva a su país o se abstenga de entrar en él. 

2.-El principio de humanidad no puede ser criminalizado. La asistencia humanitaria y la solidaridad no se pueden penalizar en ningún caso cuando son movidas por sentimientos de hospitalidad y altruismo. Todos los seres humanos tienen “el deber de comportarse fraternalmente los unos para con los otros” (art.1 DUDH), especialmente si  seconsidera el derecho a la movilidad recogido en el art. 13 de la misma Declaración Universal”. Ni un  Estado de Derecho ni sus ciudadanos pueden desentenderse de otros seres humanos de forma tan grosera. Con el pretexto de proteger a los extranjeros sin papeles frente al abuso y las mafias, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y se les priva de toda suerte de apoyo social solidario. La reforma legal propuesta tiene una enorme trascendencia ético-política: crea una norma que convierte en ilegal un principio-valor como es la solidaridad tan estructuralmente necesario en un Estado y más en situación de crisis. 

3.- Deben sacarse del Código penal  estos comportamientos, tanto la criminalización de conductas altruistas y humanitarias, como las que se realicen con ánimo de lucro cuando procuren que las personas que llegan o se encuentren en España puedan tener los mínimos para subsistir. 

4.- La Directiva 2009/52/CE deja en  manos de los Estados miembros la decisión de no imponer sanciones cuando el objetivo de la conducta de prestar ayuda a personas en situación irregular  sea de carácter humanitario. Parece más razonable y justo  pedir al legislador que NO DEMONICE LA SOLIDARIDAD y que sea él quien de nuevo SALVE LA HOSPITALIDAD DE LA CRIMINALIZACIÓN no considerando delitos estos comportamientos movidos por razones humanitarias y altruistas. ASIMISMO SOLICITAMOS QUE NO SE LEGISLE PARA DESATANDER SOCIAL E INSTITUCIONALMENTE LAS NECESIDADES BASICAS DE UN SER HUMANO QUE SE ENCUENTRE EN SITUACION IRREGULAR EN ESPAÑA.

Plataforma “salvemos las hospitalidad”

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