Los sindicatos ELA, LAB, CGT,
CNT, ESK, STEE-EILAS e Hiru, con el apoyo de numerosos colectivos y
organizaciones sociales, han convocado Huelga General en Euskal Herria para el
30 de mayo. Desde el Colectivo No a O´Belen apoyamos totalmente esta convocatoria
al considerar que la lucha y la movilización son la única manera de frenar la
brutal ofensiva emprendida por los capitalistas contra las condiciones de vida
y los derechos de la clase trabajadora, tanto en Euskal Herria como en el resto
del Estado, en Europa e internacionalmente. A su vez, consideramos que los
dirigentes de CCOO y UGT deberían rectificar su posición de oponerse a esta
huelga, apoyándola y extendiéndola al conjunto del estado con un calendario de
lucha. En esta línea, saludamos como un hecho muy positivo la jornada de lucha
convocada en todo el estado en apoyo a esta huelga por los sindicatos CNT, SAT,
CGT junto a otros colectivos sociales, políticos y sindicales.
Y para el próximo 1 de junio,
diversos movimientos sociales llaman a participar en la manifestación
internacional convocada en el estado español bajo el lema “Pueblos Unidos
contra la Troika”. Esta movilización supone un paso adelante en la
internacionalización de las luchas, unificándolas y dotándolas de un contenido
cada vez más claramente anticapitalista.
La crisis estructural del sistema
capitalista y las políticas antiobreras del PP, PNV y CIU, ordenadas por la
Troika, están llevando a las familias trabajadoras a situaciones de verdadera
tragedia social. Más de seis millones de parados (de los que más del 40% ya no
perciben ningún tipo de prestación), el 30% de la población vive por debajo del
umbral de la pobreza (uno de cada cuatro niños vive en la pobreza en el estado
español), cientos de familias pierden su vivienda cada día por los desahucios
promovidos por los bancos que luego son “rescatados” con dinero público (Bankia
ejecuta el 80% de los desahucios que se producen en Madrid), dictadura patronal
en las empresas gracias a la reforma laboral y continuos ataques contra los
empleados públicos.
A todo esto hay que sumar los
brutales recortes en educación, sanidad, servicios sociales y en todos los
servicios públicos en general, atacando así derechos sociales básicos.
Recortes, copagos y subida de IVA e IRPF para el pueblo, frente a amnistías
fiscales y todo tipo de prebendas para los capitalistas (entre los que se
encuentra la Iglesia). Y además pretenden devolvernos al sistema educativo
de los años 60 con la reforma educativa franquista planteada por Wert. No hay
dinero para la enseñanza pública pero sí para financiar los centros de
adoctrinamiento de sectas parafascistas como Legionarios de Cristo y el Opus
Dei.
Y además quieren acabar con los
servicios sociales. El gobierno del PP ha presentado su anteproyecto de Ley
para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Se trata
de un proceso de recentralización, donde los ayuntamientos perderán
competencias, de tal manera que pasarán a ser poco más que la correa de
transmisión de gobierno central y comunidades autónomas. Por ejemplo, los
municipios de menos de 20.000 habitantes perderán todas las competencias en
sanidad, educación y servicios sociales, que pasarán a la comunidad autónoma o
a las diputaciones. Con su nueva Ley Local lo que realmente pretenden es
eliminar los servicios sociales (teleasistencia, ayuda a domicilio para
dependientes, autobuses escolares, ayuda a mujeres maltratadas, acogimiento a
personas en situación de exclusión social, talleres ocupacionales y tantos
otros) en los municipios con menos de 20.000 habitantes, despedir al personal
cualificado que los presta, pasar la competencia de los servicios sociales que
no desaparezcan a las diputaciones provinciales y privatizar la prestación de
esos servicios cediéndolos a empresas concesionarias. Y en los grandes
municipios, las competencias en servicios sociales se limitarán a “la
evaluación e información de necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social”. Además, en el caso de estos
municipios el gobierno central se reservará el derecho de fijar el coste máximo
de los servicios a prestar. El proyecto de ley deja en manos de las comunidades
autónomas prácticamente todas las competencias en servicios sociales, pudiendo
delegar en algunos casos su prestación en los ayuntamientos más grandes, aunque
sin decir cómo ni de dónde se van a financiar.
Y por si todo esto fuera poco, intentan responder a las
protestas sociales con un descarado aumento de la represión en todas sus formas
(brutalidad policial en las manifestaciones, persecución judicial a los
activistas y organizaciones más combativas, anuncio de modificaciones legales
para restringir nuestros derechos democráticos…).
En definitiva, ahora más que nunca
sobran los motivos para movilizarse. También en el sector de la
intervención social. En la actualidad, cuando las clases dominantes han
decidido desmantelar el estado del bienestar amparándose en una crisis
económica que ellos mismos han generado, los servicios sociales están en
peligro de muerte. Recortes, cierres de recursos, pérdida de derechos y
depauperación de unas condiciones de trabajo ya históricamente precarias debido
a la avanzada privatización de los servicios sociales, entregados a empresas de
servicios disfrazadas de ongs. En resumen, despido de miles de compañeros,
pérdida de derechos y empeoramiento de los servicios prestados (con las
trágicas consecuencias que esto tiene en las condiciones de vida de los
usuarios). Sin duda pretenden asestar un golpe definitivo a los derechos
sociales conquistados tras décadas de lucha, sustituyéndolos por la vuelta a la
caridad. Tampoco podemos dejarnos engañar por las lágrimas de cocodrilo
vertidas por las empresas del sector (responsables de la situación del sector
en las últimas décadas) que únicamente pretenden salvar sus chiringuitos y
mantener sus beneficios económicos. En este momento, como profesionales
comprometidos con los usuarios y con el propio futuro de nuestra profesión, no
tenemos más remedio que luchar. La Reforma de la Administración Local puede
suponer el tiro de gracia para los servicios sociales. Es fundamental que nos
organicemos para garantizar el éxito de la huelga en nuestro sector y
prepararnos para frenar los ataques, enfocando esa lucha hacia la consecución
de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.