Extraído de Diagonal
A las denuncias por torturas y
expulsiones, que esbozan un dramático panorama en la frontera sur, se suma
la segregación de los menores en el centro de La Purísima.
PATRICIA MANRIQUE. Redacción
Cantabria
El goteo constante de informes y
denuncias pone de manifiesto que la situación en la frontera sur ha empeorado
de forma visible para los menores en los últimos meses. Prodein, la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), Médicos Sin Fronteras o la propia
oficina de la Defensora del Pueblo aportan abundantes datos acerca de la
vulnerabilidad de los migrantes en general, y de los menores en particular. En Melilla,
que parece estar convirtiéndose en zona preferente de paso a la península –más
transitada que Ceuta o Cádiz según el informe Frontera Sur 2013 de la APDH-A–,
los menores denuncian torturas y expulsiones, y la segregación educativa a la
que se los somete hacen que crezca el número de ellos que opta por buscar una
salida a la península en los bajos de un camión.
Aunque continúa sin formalizarse
un registro de menores extranjeros no acompañados (MENA), se calcula que
constituyen el 5% de las personas que llegan a España por la frontera
sur. En su informe de 2011, la Defensora señalaba que una de cada diez
quejas recibidas por su oficina de 2009 a 2011 relacionadas con las migraciones
y la extranjería tuvieron que ver con los MENA.
Palizas a los menores
G. estuvo a sus 14 años
hospitalizado más de una semana con graves daños en el diafragma y el hígado a
causa de una paliza propinada por la Guardia Civil en el puerto cuando
intentaba pasar a la península colgado en los bajos de un camión, según él
mismo denuncia. Llevaba un año en Melilla y seis meses en el centro para MENA
La Purísima donde, a falta de actividades, veía correr las horas muertas en el
patio. La noche en que fue apaleado iba con otros cuatro amigos que lograron
escapar y después lo recogieron en la Ciudad Vieja, donde le dejaron casi
inconsciente los guardias civiles, de nuevo según el estremecedor relato del
chaval. La asociación Prodein se
entrevistó con él a dos semanas del suceso, cuando G. aún no podía andar, y ha
presentado una denuncia a la Defensora del Pueblo. “Es espeluznante”, señala José
Palazón, activista de esta asociación, quien reconoce que vive “enterrado
en denuncias”. “Están sucediendo cosas que antes no pasaban. Esto son
torturas y ya no malos tratos”, subraya.
Prodein ha denunciado también,
entre otros casos, el de un grupo de cuatro niños, el menor de ellos de 11
años, que pasaron toda la noche en el calabozo y a quienes “les pegaron una
paliza con porras eléctricas”. El de 11 años, describe Palazón, “tenía un ojo
cerrado totalmente”.
Expulsiones irregulares
El informe presentado por Médicos
Sin Fronteras con el título Atrapados
a las puertas de Europa hace pensar en una escalada violenta en
las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto
españolas como marroquíes. Señala que “a finales de 2012, los equipos de MSF
trataron a pacientes que afirmaron que la Guardia Civil utilizaba balas de goma
para apresarles y golpearles”, así como otras denuncias sobre el uso de porras
eléctricas, y que “muchos de los migrantes que logran cruzar las vallas,
incluidos algunos con heridas bien visibles, son atrapados por la Guardia Civil
española y entregados a las Fuerzas de Seguridad marroquíes”, cuya violencia y
falta de respeto a los Derechos Humanos se pone de manifiesto en el documento. Esta
entrega supone una violación de la Ley de Extranjería, pues tendrían que
ser las autoridades españolas quienes se encargaran de los migrantes llegados a
territorio español. De esta población maltratada, un 5% son MENA, un 3% menores
de 13 años.
APDH-A denuncia en su informe de
2013 redadas racistas en Melilla que incluyen a menores. Para José Alonso,
abogado de la APDH-A, “de las expulsiones nunca se sabe, porque desaparecen un
día y los dan de baja como ‘baja voluntaria’ y no se preocupan por dónde están
ni qué ha podido pasar”, una práctica denunciada recientemente por la Defensora
en su informe 2012. El efecto perverso de estas bajas es que, a efectos de
documentación, el arraigo de los menores se pierde y comenzará a contar desde
cero si vuelven.
El caso de I. y M., de 14 y 17
años respectivamente, que estudiaban en Melilla, saltó a los medios en
noviembre pasado. Una mañana, cuando se acercaban al CETI para
encontrarse con otros subsaharianos, dos hombres de paisano que se
identificaron como policías les ordenaron que se subieran al coche, les
trasladaron a la valla fronteriza y les obligaron a pasar al lado marroquí. Según
los chavales, en el lado rifeño miembros de la gendarmería les recibieron con
una paliza y les robaron. M. consiguió volver, y ahora se enfrenta al drama
de alcanzar la mayoría de edad sin ningún tipo de apoyo. De I. se sospecha que
lo intentó sin éxito recientemente en una endeble patera que fue devuelta,
estando ya en aguas españolas, a las fuerzas marroquíes, en otra maniobra
contraria a la legislación. Palazón denuncia la impunidad: “No les pasa nada,
pueden hacer lo que quieren y así se instala la barbarie total”.
Escolarización segregada
En otros casos, las bajas se
producen por la falta de expectativas. La Defensora del Pueblo ha denunciado
“un importante retroceso” en la escolarización en La Purísima, “siendo menor el
número de menores escolarizados fuera del centro”, así como “la falta de
actividades formativas para los residentes mayores de 16 años sin escolarizar”.
Palazón corrobora esto, “algo que no ocurría desde el año 2000, gracias a la
presión de las asociaciones”. En el curso actual, y por una orden del Ministerio
de Educación –que en Melilla tiene las competencias educativas, acatada por la
Consejería de Bienestar Social melillense–, han sacado a casi todos los MENA de
los colegios que, en el torreón del castillo que es La Purísima, estudian
segregados del resto. La consecuencia es que “muchos dejan el centro porque,
aparte de que allí no se está bien, ahora no pueden ni salir”, explica Palazón.
En la zona del Puerto de Melilla,
donde los niños sueñan con el salto a la península, “cada vez se ven más
chavales pequeños, niños de diez u once años, vendiendo chicles y cosas así,
algo que había desaparecido”, describe con tristeza José Alonso.
Mayoría de edad: condena a la marginalidad
M., expulsado irregularmente,
ilustra otro de los retrocesos en la atención a los jóvenes tutelados. Tras
conseguir volver de Marruecos, corriendo nuevos riesgos, y al cumplir los 18
años, se cesó su permiso de residencia, aunque éste tenía vigencia para un año
más. “Hace unos cuatro años hubo una guerra tremenda para que los mayores de 18
años tuvieran la documentación, pero llevamos cinco o seis meses que,
automáticamente, cuando cumplen la mayoría de edad les extinguen el permiso de
residencia porque dicen que cesan las causas por las cuales se lo dieron”,
explica Palazón. La Defensora del Pueblo ha insistido en que esta práctica
viola la Ley de Extranjería. No sólo se les retira el permiso de residencia,
sino que se dificulta que los chavales consigan papeles imponiendo trámites y
condiciones kafkianas, como solicitar un certificado de soltería que
les obliga a volver a Marruecos.
Alonso añade: “Una vez que salen, se tiene que buscar la vida por su cuenta”,
pues no hay plan de apoyo alguno para ellos
por parte de Bienestar Social