El 19 de marzo, el Grupo de Menores de la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón (Asapa) denunciaba públicamente la muerte en agosto de 2012 del menor Libardo, custodiado por el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) Juslibol, en Zaragoza. Según Asapa, el informe forense apunta a un “posible” suicidio, pero esta asociación pide que se investigue si se administró al joven psicofármacos que habían sido contraindicados por su neurólogo, y que pueden haber causado un efecto fatal para el menor. “Un problema muy grave que requería información clara y coordinación exhaustiva entre los servicios de salud y el centro de reforma”, insiste Asapa.
A Libardo se le pudo administrar un medicamento contraindicado por su neurólogo
El caso ha sido denunciado por Asapa a la Fiscalía de Menores y ya se encuentra en manos de la Justicia. Además, la asociación ha llevado a cabo la denuncia pública porque, a su juicio, la familia no ha recibido asistencia ni atención, ni la administración ha asumido responsabilidad alguna durante los meses posteriores a la muerte de Libardo. Consideran, asimismo, que hay “una práctica dudosa y sistemática por parte del servicio médico del CEIMJ Juslibol, gestionado por una entidad privada, pero cuya responsabilidad última corresponde al Instituto de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón”. A su juicio, por otro lado, “la intención inicial mostrada por el juzgado de instrucción número 8 de Zaragoza fue decretar el archivo del expediente y el cierre de la vía penal”.
Hasta la fecha, varias asociaciones de protección de derechos humanos, como la propia Asapa, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía o la Coordinadora contra la Tortura, han puesto de relevancia la situación en este tipo de centros, gestionados en un 70% de los casos por entidades privadas, lo cual supone la cesión a manos privadas de la represión.
Represión en manos privadas
Solo los centros de cumplimiento del País Vasco y Cataluña se encuentran bajo tutela pública, mientras que los centros del resto de Comunidades Autónomas, pertenecen a personas jurídicas del sector privado como son por ejemplo Ginso, Grupo Norte o Diagrama.
Como ya apuntaba a este periódico Jorge del Cura, de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, el hecho de que estos centros pasen a formar parte del sector privado les hace susceptibles de ser, ante todo, objetos potenciales de negocio y de lucro: “la privatización de la privación de libertad es aberrante” pues “cuando se trata de gestión privada la opacidad aumenta de forma exponencial y en un contexto de negocio”.
Asapa elaboró en 2008 un informe que denunciaba el empleo del aislamiento, la psiquiatrización de los casos y el empleo de psicofármacos en la cárcel de menores de Zaragoza en la que ha muerto Libardo. Este centro es una réplica a escala de la cárcel de Zuera situada a unos pocos metros de este centro penitenciario.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía recogió en un informe elaborado en 2008 unas 70 quejas relativas a los centros de Andalucía, gestionados por la Fundación Diagrama, Ginso y Adis Meridianos. Las denuncias referían una cotidianidad plagada de prohibiciones y sanciones, traducidas éstas últimas en encierros en una habitación hasta siete días (40 en algún caso) o la obligación de permanecer sentado en una silla mirando a la pared sin poder moverse lo más mínimo. En el lado de las torturas explícitas, los menores denunciaron la utilización de grilletes para atarles a los hierros de una cama sin colchón, a veces sin que pudieran ir al servicio durante varias horas.
La muerte de Libardo suma la número diez en la tétrica nómina de muertos en cárceles de menores desde 2001, junto a casos como el de Philip, que apareció con una bolsa en la cabeza, el de Miguel, que se ahorcó en el centro Ilundain (Navarra) gestionado por Herritz Berri, o el de Ramón Barrios, que murió en extrañas circunstancias en el centro Teresa de Calcuta (Madrid) gestionado por Ginso.
ASAPA efectúa la denuncia “con la esperanza de que este caso no represente un capítulo más en la lista interminable de muertes silenciosas bajo custodia”.
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