Sara Casas tiene 24 años. De ellos 12 los ha pasado internada en centros de menores. Su madre era toxicómana y su padre alcohólico. Sólo tiene malos recuerdos de las más de diez casas en las que vivió hasta los 18 años. Y ahora la pesadilla se repite: sus tres hijos, una niña de cuatro años y mellizos de dos, también viven bajo la tutela de la administración. Alegan que Casas muestra problemas psicológicos y pocos recursos. "No apta", fue la conclusión.
"Yo estoy más que preparada para educar a mis hijos", sentencia Casas. "Ya he cumplido los requisitos que me pidieron. ¿Por qué no me los entregan entonces?", protesta enfadada. A su lado, la presidenta de la asociación pro derechos humanos del menor, Asunción García Acosta. Ha organizado una rueda de prensa para que "la gente se entere de lo que está pasando". La chica le da la mano, muy tensa: "Si no es por ella, nunca hubiera luchado".
El abogado de la chica tutelada, José Antonio Bosch, expone sus argumentos con claridad: "Si Sara no está preparada para educar a sus hijos, no sería culpa suya sino de los que la educaron a ella: la Administración". Y no da crédito a este caso "tan espeluznante" que ha aceptado de forma altruista: "¿Cómo es posible que a los 18 años la dejen en la calle sin dinero, sin trabajo, sin ni siquiera el graduado escolar?".
Casas explicó ayer que ningún asistente social se preocupó por ella al principio. "Pero me quedé embarazada y aparecieron inmediatamente", afirma. "Eso es lo único que les interesa", se atreve a decir.
La chica no quiere ni recordar su procesión por más de diez centros tutelados. Desde Cataluña, donde nació, hasta Andalucía: Osuna (Sevilla), Granada, Málaga... Y siempre volvía a escaparse. "En uno de ellos, me daban hasta 13 medicamentos al día, en otro me echanban cubos de agua para despertarme, en otro me maltrataban..", se justifica Casas entre lágrimas.
García Acosta hace hincapié en que éste no es un caso aislado y no es el peor: "Tenemos cuatro madres en la misma situación, más todas las que no se atreven a denunciar". Y acusa a la Junta de falta de sensibilidad y atención: "Deberían proporcionar la ayuda necesaria para que las chicas organicen su vida y no ponerles un obstáculo tras otro", denuncia García Acosta.
Para poder recuperar a sus hijos, a Casas le exigieron el cumplimiento de ciertos requisitos: acudir a una unidad de salud mental, buscar trabajo, tener una casa. Bosch se indigna: "Sara no tiene problemas mentales; ha estado trabajando y ha hecho dos ciclos de formación; tiene una casa de tres habitaciones, amueblada, decente... ¿Pero qué más quieren?". Y muestra todos los informes que lo acreditan.
Desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social se alude a la privacidad de los temas de menores. No hay respuesta.