SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 (EUROPA PRESS)
El padre de Phillip García, el adolescente que se suicidó con 16 años en el centro de menores de Nivaria (Tenerife) en 2004, ha afirmado este viernes que el "entorno" del centro "era un infierno" y además "imperaba la ley del silencio".
En declaraciones a la 'Cadena Ser' recogidas por Europa Press, Manuel valora que la justicia les haya dado la razón, y aunque la familia "acata" la sentencia, cree que su hijo "no se suicidó". Además, espera que la sentencia del Tribunal Supremo sirva para que las instituciones "se tomen a los niños en serio porque necesitan apoyo y son el futuro de la sociedad, que pongan medios e interés para solucionar este problema".
Manuel ha destacado que su hijo era "inquieto" pero "con mucho corazón y cariñoso", y ha remarcado que sus problemas se agravaron en el colegio, donde no dio con las "personas adecuadas" para tratar su hiperactividad.
"Nos vimos abocados a buscar ayuda para darle medios adecuados y encauzar la enfermedad, pero por un cúmulo de desaciertos acabó ingresado en el centro", ha relatado.
Además, ha comentado que "todos los fines de semana" iban a visitarlo y si no acudieron más veces fue porque las medidas internas no lo permitían.
Manuel ha apuntado que los problemas empezaron en el colegio, donde "perdió" autoestima y empezó a empeorar en su enfermedad. "En el colegio no le dieron las medidas adecuadas y se le marginó con 9 años. Decían que era inquieto y que hacía desatender a los demás niños por lo que lo mandaban al recreo o que se fuera a casa", ha señalado.
"MARGINADO" EN EL COLEGIO
Por ello, ha recordado que la familia "luchó" con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para que tuviera profesores especiales, pero fue "marginado" por los demás niños. "No era conflictivo, y ya en los centros, impera la ley del más fuerte, y a él le agredían, abusaban de él", ha dicho.
Manuel ha reconocido que en una ocasión, Phillip agredió a un tutor en un piso tutelado, y que se hizo "conflictivo" en el centro, pero generalmente, cuando lo visitaban, el chico aparecía con agresiones, labios cortados o no podía caminar por agresiones en sus partes. "El niño nunca nos lo contaba, pero sospechábamos", ha destacado.
La sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de entre año y medio y un año de prisión impuestas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a dos vigilantes y la coordinadora del centro por un delito de torturas.
Además, deberán indemnizar a los padres del chico con 60.000 euros, siendo responsables civiles subsidiarios la fundación Ideo, que gestionaba el centro, y la Dirección General de Protección al Menor y la Familia del Gobierno de Canarias.