El sindicato considera que se han podido vulnerar derechos fundamentales de los menores en la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil y la Política Local en el IES "Alto del Jarama" de Torrelaguna.
Para CCOO la actuación de la Guardia Civil desarrollada en el Instituto de Secundaria “Alto del Jarama” en busca de estupefacientes, no es bajo ningún concepto justificable si atendemos a la normativa vigente tanto estatal como autonómica en materia de drogodependencias y de protección jurídica de los menores.
En este sentido, tanto el Plan Director de mejora de la seguridad en los centros educativos, bajo el cual la Guardia Civil está justificando su intervención, como el Plan Integral de Prevención y respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en Centros Educativos y sus entornos, coinciden en que la prevención en el contexto educativo debe ser la estrategia principal para abordar este tipo de situaciones.
Así mismo la Ley de Drogodependencias y otros Trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid, dedica un capítulo completo a la intervención en el ámbito educativo y su planteamiento fundamental es, una vez más, la prevención como herramienta prioritaria.
Por ello, el sindicato insiste en que este tipo de actuación es totalmente contraria a los principios inspiradores de la legislación en esta materia, teniendo además unos efectos perjudiciales en la percepción de los menores con respecto a las drogodependencias y al papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana.
Por otra parte, CCOO considera muy grave la forma de actuación poniendo a los meno-res en una situación de desamparo en un contexto, el escolar, que debe ser una referencia de seguridad para ellos. El inconcebible despliegue de medios policiales, con varias patrullas, perros adiestrados, etc…, la ausencia de implicación de la comunidad educativa en la toma de decisión sobre la solicitud de intervención policial y especial-mente, la falta de presencia de los padres y madres en una actuación de esta enverga-dura son elementos más que suficientes para que la Fiscalía de Menores se implique e investigue la posible actuación irregular por vulneración de derechos de estos menores.
El sindicato, por último, pone de manifiesto que estas actuaciones son intolerables en una sociedad democrática y contrarias a los valores fundamentales que se pretende transmitir a las futuras generaciones.
En este sentido, tanto el Plan Director de mejora de la seguridad en los centros educativos, bajo el cual la Guardia Civil está justificando su intervención, como el Plan Integral de Prevención y respuesta al consumo y tráfico minorista de drogas en Centros Educativos y sus entornos, coinciden en que la prevención en el contexto educativo debe ser la estrategia principal para abordar este tipo de situaciones.
Así mismo la Ley de Drogodependencias y otros Trastornos adictivos de la Comunidad de Madrid, dedica un capítulo completo a la intervención en el ámbito educativo y su planteamiento fundamental es, una vez más, la prevención como herramienta prioritaria.
Por ello, el sindicato insiste en que este tipo de actuación es totalmente contraria a los principios inspiradores de la legislación en esta materia, teniendo además unos efectos perjudiciales en la percepción de los menores con respecto a las drogodependencias y al papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad ciudadana.
Por otra parte, CCOO considera muy grave la forma de actuación poniendo a los meno-res en una situación de desamparo en un contexto, el escolar, que debe ser una referencia de seguridad para ellos. El inconcebible despliegue de medios policiales, con varias patrullas, perros adiestrados, etc…, la ausencia de implicación de la comunidad educativa en la toma de decisión sobre la solicitud de intervención policial y especial-mente, la falta de presencia de los padres y madres en una actuación de esta enverga-dura son elementos más que suficientes para que la Fiscalía de Menores se implique e investigue la posible actuación irregular por vulneración de derechos de estos menores.
El sindicato, por último, pone de manifiesto que estas actuaciones son intolerables en una sociedad democrática y contrarias a los valores fundamentales que se pretende transmitir a las futuras generaciones.