La reforma presentada por Gallardón El Progre tiene dos objetivos claros: fortalecer la capacidad represora del Estado y criminalizar tanto la pobreza como la disidencia. Para ello se sirve de dos mecanismos: la desaparición de las faltas y la desaparición del límite de duración de las medidas de seguridad (medida que complementa o sustituye a la pena a imponer, por ejemplo, la libertad vigilada o el internamiento en un centro de desintoxicación).
Aumenta la represión política...
La reforma responde a la voluntad del legislador de incluir en el Código Penal todas aquellas acciones en que se ha ido plasmando la protesta social en los últimos tiempos, para poder castigar incluso las pacíficas y meramente reivindicativas, como la ocupación de sedes de bancos o difundir convocatorias en las redes sociales.
La resistencia pasiva podrá considerarse delito de atentado a la autoridad, lo que podrá aplicarse por ejemplo contra los piquetes en una huelga. Además algunos hechos se consideran más graves si se cometen “en una manifestación o reunión numerosa”. Un nuevo artículo castiga la difusión pública de mensajes que inciten o refuercen la decisión de cometer un delito contra el orden público. Y para colmo, en los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, se extiende la protección al personal de seguridad privada que desarrolle actividades en cooperación y bajo el mando de las fuerzas de seguridad. ¿Estamos ante el inicio de la privatización de los cuerpos policiales?
La reforma introduce expresiones y conceptos amplios, ambiguos e interpretables, y elimina términos que concretan el delito, lo que aumenta la inseguridad jurídica y generaliza la arbitrariedad, ya que cualquier conducta puede ser susceptible de convertirse en delito. Por ejemplo, ¿qué se entiende por “reunión numerosa”? ¿Cómo se valora si un mensaje “ha reforzado” la idea de alguien de cometer un delito de desórdenes públicos? Por tanto, la reforma supone un ataque frontal a la libertad de expresión y al derecho de reunión y manifestación. También aumenta la indefensión, al introducir figuras absurdas como la de “malas compañías”. Aparece la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir al condenado a cometer delitos, es decir, que si te detienen en una manifestación, el juez puede prohibirte mantener contacto con tus compañeros del sindicato.
La resistencia pasiva podrá considerarse delito de atentado a la autoridad, lo que podrá aplicarse por ejemplo contra los piquetes en una huelga. Además algunos hechos se consideran más graves si se cometen “en una manifestación o reunión numerosa”. Un nuevo artículo castiga la difusión pública de mensajes que inciten o refuercen la decisión de cometer un delito contra el orden público. Y para colmo, en los delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad, se extiende la protección al personal de seguridad privada que desarrolle actividades en cooperación y bajo el mando de las fuerzas de seguridad. ¿Estamos ante el inicio de la privatización de los cuerpos policiales?
La reforma introduce expresiones y conceptos amplios, ambiguos e interpretables, y elimina términos que concretan el delito, lo que aumenta la inseguridad jurídica y generaliza la arbitrariedad, ya que cualquier conducta puede ser susceptible de convertirse en delito. Por ejemplo, ¿qué se entiende por “reunión numerosa”? ¿Cómo se valora si un mensaje “ha reforzado” la idea de alguien de cometer un delito de desórdenes públicos? Por tanto, la reforma supone un ataque frontal a la libertad de expresión y al derecho de reunión y manifestación. También aumenta la indefensión, al introducir figuras absurdas como la de “malas compañías”. Aparece la prohibición de relacionarse con personas que puedan facilitar o inducir al condenado a cometer delitos, es decir, que si te detienen en una manifestación, el juez puede prohibirte mantener contacto con tus compañeros del sindicato.
...la represión social...
El gobierno del PP apuesta por la vía punitiva para encarar los problemas sociales. La reforma de Gallardón aumenta las penas y la posibilidad de entrar en prisión ante la comisión de delitos menores. Se persiguen con especial saña los “delitos sociales” (aquellos derivados de situaciones de exclusión social), aumentando la respuesta punitiva y dificultando el acceso a beneficios penitenciarios.
Pero no se olvidan de lo suyo. La financiación ilegal de los partidos seguirá sin considerarse delito (hurtar una barra de pan sí), y el fraude fiscal sigue siendo delito sólo si supera los 120.000 euros, no pudiéndose acumular las cantidades defraudadas en distintos ejercicios fiscales para realizar el cómputo. Sin embargo, el fraude a la seguridad social (que potencialmente pueden cometer personas en situación de necesidad) es delito desde el primer euro, computándose las prestaciones indebidamente percibidas en los últimos cuatro años. Y como burla final, la “excusa absolutoria atenuada”: si un imputado por fraude fiscal paga lo que debe, no irá a la cárcel.
Pero no se olvidan de lo suyo. La financiación ilegal de los partidos seguirá sin considerarse delito (hurtar una barra de pan sí), y el fraude fiscal sigue siendo delito sólo si supera los 120.000 euros, no pudiéndose acumular las cantidades defraudadas en distintos ejercicios fiscales para realizar el cómputo. Sin embargo, el fraude a la seguridad social (que potencialmente pueden cometer personas en situación de necesidad) es delito desde el primer euro, computándose las prestaciones indebidamente percibidas en los últimos cuatro años. Y como burla final, la “excusa absolutoria atenuada”: si un imputado por fraude fiscal paga lo que debe, no irá a la cárcel.
...y se criminaliza a los colectivos más vulnerables
La reforma criminaliza y persigue a los inmigrantes. Entre otras medidas, plantea la posibilidad de expulsar del país incluso a aquellos ciudadanos extranjeros regularizados que cometan un delito menor. Vuelve a ser delito el top manta y se criminaliza la solidaridad: el nuevo código penal penaliza el ayudar a un inmigrante sin papeles por motivos altruistas. Aún más sádica es la equiparación de la enfermedad mental con el concepto de peligrosidad. Gallardón pretende que, entre otras barbaridades, se pueda privar de libertad a un ciudadano por la mera suposición de que pueda cometer un delito en el futuro debido a su diagnóstico psiquiátrico.
Resumiendo: una reforma brutalmente reaccionaria que criminaliza a los más vulnerables, busca silenciar las protestas en los juzgados y que persigue a la persona en lugar de al delito. Tú verás lo que haces Mariano. Nosotros lo tenemos claro.
Resumiendo: una reforma brutalmente reaccionaria que criminaliza a los más vulnerables, busca silenciar las protestas en los juzgados y que persigue a la persona en lugar de al delito. Tú verás lo que haces Mariano. Nosotros lo tenemos claro.
(Información detallada sobre esta nueva fascistada en nosomosdelito.net)