No son hijos maltratados ni víctimas de abusos. Sin embargo, son arrancados de
sus hogares porque la Administración entiende que están en riesgo al solicitar sus
padres ayuda a los servicios sociales, normalmente por motivos económicos.
Mientras, los centros de menores reciben de las comunidades autónomas unos
4.000 euros al mes por cada niño. Los expertos en protección infantil
alertan de que cada vez hay más casos injustificados para declarar a un
menor en desamparo y advierten de que podrían estar produciéndose
adopciones encubiertas
sus hogares porque la Administración entiende que están en riesgo al solicitar sus
padres ayuda a los servicios sociales, normalmente por motivos económicos.
Mientras, los centros de menores reciben de las comunidades autónomas unos
4.000 euros al mes por cada niño. Los expertos en protección infantil
alertan de que cada vez hay más casos injustificados para declarar a un
menor en desamparo y advierten de que podrían estar produciéndose
adopciones encubiertas
El reciente caso de dos bebés tutelados por el Gobierno de Castilla-La Mancha tras acudir sus padres a los servicios sociales para pedir ayuda económica ha desvelado otra dramática secuela de la crisis. Tiene el burocrático nombre de expediente de desamparo de menores, y significa la separación forzosa de padres e hijos, que acaba en muchos casos en la adopción de los pequeños por parte de otras familias. De momento, los dos bebés se encuentran con una familia de acogida y sus padres no saben si podrán recuperarlos. Cuando una Administración declara en situación de riesgo a un menor, el engranaje es imparable.
No parece esta la mejor manera de ayudar a los menores en todos los casos. Lo acaba de decir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado a España a indemnizar con 30.000 euros a Cristeta M., una madre española a la que los servicios sociales andaluces le arrebataron su hija de tres años, en 2005, después de que la mujer acudiera a ellos para pedir ayuda económica. “El Gobierno español debió barajar otras medidas menos radicales para recabar la tutela de la menor”, indica la sentencia, que recuerda que los servicios sociales deben ayudar a las personas en dificultades, todo lo contrario de lo que hicieron con Cristeta, que aún no ha recuperado a su hija. “La Junta de Andalucía abrió el proceso de adopción de la niña y vamos a solicitar que se paralice de inmediato. Sabemos que la pequeña está con una familia adinerada de Granada –dice el abogado Teodoro Barona, del equipo jurídico de Cristeta–. Jamás existió motivo para que la niña fuera separada de su madre, y menos para darla en adopción. La pobreza no debe ser un motivo para quitarle los hijos a nadie. Pueden estar produciéndose adopciones encubiertas detrás de muchos expedientes de desamparo”.
Continúa leyendo cómo la Administración decide arrancar a los niños de sus hogares por motivos económicos. Si pides ayuda, te quitan a los hijos. Descárgate en número en PDF