CCOO ha denunciado la insostenible situación que se vive en los centros de menores del País Valenciá, debido a los recortes y al incumplimiento sistemático de la propia normativa autonómica que regula el funcionamiento de estos centros (
leer el comunicado aquí). De hecho, la situación es tan grave que compromete la integridad física de los menores atendidos y de los trabajadores que prestan sus servicios en los centros (ya se han producido varias agresiones contra educadores y contra menores).
El sindicato denuncia a su vez que la única respuesta planteada por la Consellería de Bienestar Social sea habilitar más personal de seguridad, convirtiendo de facto los centros de protección de menores en cárceles.
CCOO plantea que la solución pasa por el cumplimiento de la propia normativa en materia de protección de menores y aumentar la inversión en lugar de seguir aplicando recortes. Sin duda esto sería un paso muy importante. Obviamente hay que luchar contra los recortes, y resulta intolerable que la administración incumpla su propia normativa. Pero no sería más que un paliativo. En todo el estado los problemas que arrastra el sistema de protección de menores son muy similares, debido a que el sistema de protección está organizado no para buscar el interés superior del menor sino para invisibilizar socialmente a los chavales y garantizar el negocio de las empresas y osigés que gestionan los fondos públicos destinados a la atención de los menores. El primer paso es acabar con la privatización de los centros de menores. En esta línea, creemos que el camino a seguir es el marcado por la Federación de Enseñanza de CCOO, que en su último Congreso Regional de Madrid aprobó por unanimidad la resolución que transcribimos a continuación. Sólo falta poner su mandato en práctica.
EN DEFENSA DE LOS SERVICIOS SOCIALES
La red de servicios sociales, una conquista histórica del movimiento obrero y uno de los pilares básicos del llamado estado del bienestar, está en peligro de muerte.
La privatización, al introducir el lucro empresarial, pervierte en origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad), convirtiéndose en una fuente más de negocios para la patronal. De esta forma, vía conciertos y subvenciones, un enorme caudal de dinero público destinado a satisfacer necesidades sociales se ha ido desviando al menos en parte hacia manos privadas. Además, la privatización ha conllevado que el sector de la Intervención Social sufra unos intolerables niveles de precariedad laboral. Este hecho inevitablemente afecta a la calidad de servicio y favorece la represión sindical (la reacción de la patronal del sector ante cualquier actividad sindical de clase es visceral), lo que no sólo repercute en las condiciones laborales y salariales sino que incluso limita a los trabajadores en uno de los aspectos fundamentales de su labor profesional, la defensa de los intereses de los usuarios, facilitándose así la arbitrariedad en la toma de decisiones tanto por parte de las entidades del sector como de la propia administración. Y es que la privatización también juega un importante papel político, ya que permite a las distintas administraciones enajenarse de sus responsabilidades al delegar sus funciones en otras entidades.
Y en el actual contexto de crisis estructural del sistema capitalista, el alto grado de privatización está permitiendo que el sistema de servicios sociales pueda ser desmantelado con relativa facilidad debido a su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal (basta con no renovarlos para que vayan desapareciendo servicios). Debido a los recortes, la cobertura social se está debilitando a marchas forzadas y miles de compañeros del sector han perdido su puesto de trabajo. Con la crisis como excusa muchos recursos se están cerrando y se están eliminando servicios, dejando a los usuarios sin la asistencia a la que tienen derecho. Y como en todo proceso de reconversión, el sector quedará cada vez en menos manos, haciéndose con todo el pastel las multinacionales de la beneficencia (en especial las vinculadas a las grandes fortunas del país y a la Iglesia), desapareciendo aquellas entidades que desarrollan su labor de manera más honesta. No podemos permitir que nos cambien derechos sociales por caridad.
Para revertir este proceso, CC.OO. impulsará las movilizaciones necesarias para frenar los recortes y el desmantelamiento del sistema de protección social. Una lucha ofensiva hasta lograr la municipalización de los recursos y servicios privatizados. Porque sólo a través de la titularidad y gestión pública de los recursos se puede garantizar tanto la protección de los derechos de la ciudadanía como unas condiciones laborales dignas en el sector de la Intervención Social.
* Ni recortes ni privatización.
* Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.