La convocatoria de una concentración en protesta porque la Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social está desmontando el sistema de protección de menores ha reunido a trabajadores, las religiosas que regentan los centros y la patronal.
Para el sindicato, las nuevas medidas ocasionarán más pérdidas de puestos de trabajo y, en Cádiz, el cierre de dos centros en el sector, 40 plazas menos en los centros de menores y peor atención a los usuarios, todo ello motivado por un conjunto de políticas erráticas y economicistas más la ausencia incomprensible de planificación.
Desde los centros destacan que los menores que se ven afectados por traslados y cierres lo harán a mitad de curso, lo que complicará la ya delicada adaptación a los centros educativos. Desde la Asociación de Centros Católicos gaditana, AGRAM, indican que de los diez centros asociados en la provincia, cuatro se ven afectados por la medida de la Junta.
La situación que viene sufriendo este servicio público externalizado a medias -donde hay trabajadores y menores de primera y segunda categoría según estén acogidos o trabajando en un centro público o uno concertado- ha alcanzado “un punto de inflexión intolerable” con la enésima medida tomada por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, consistente en la supresión de más de 250 plazas en Andalucía, y concretamente 40 en la provincia de Cádiz, tan sólo un año después de haberlas concertado, explica CCOO.
Los motivos esgrimidos por la Administración para llevar a cabo este nuevo “ataque” al sistema de protección de menores en Andalucía, los de la “optimización” de los recursos y el gasto, son “un nuevo ejemplo del doble lenguaje del gobierno andaluz que sigue manteniendo que, por una parte, son el último bastión en defensa de los servicios sociales y de los derechos de los trabajadores mientras que, por otra, practican las mismas políticas de recortes y aniquilación de los servicios públicos que el gobierno central”, señala el sindicato.
Según manifiesta CCOO, detrás de esta desorbitada supresión de plazas en los centros de protección de menores en Andalucía subyacen otros motivos como la no retirada de los menores cuando ésta es solicitada por los Equipos de Tratamiento Familiar; la cronificación de las familias en un sistema que no se atiende correctamente por falta de recursos y cuya consecuencia más cruel es el deterioro psíquico, afectivo y emocional de los niños; la apuesta por el acogimiento familiar profesionalizado no como una mejora del sistema sino como una forma de ahorro; la situación laboral tercermundista de los profesionales de los centros concertados que atienden a estos menores y de la que la administración es subsidiariamente responsable o la inoperancia de la Junta de Andalucía que, sólo un año después de la firma de los conciertos con las entidades privadas, modifica lo acordado sin tener en cuenta las repercusiones que en los niños y las niñas vaya a tener.
La Ley Orgánica 1/1998 de los derechos y la atención al menor dice en su art.3 que en el ejercicio e materia de protección de los derechos de los menores “primará el interés superior del menor frente a cualquier otro interés legítimo”. Por ello, ante esta situación CCOO exige a la Administración el cumplimiento de la ley y la desautorización de la primacía del ilegítimo interés económico en la administración de los servicios públicos.
CCOO