La red de servicios sociales, una conquista histórica del movimiento
obrero y uno de los pilares básicos del llamado estado del
bienestar, está en peligro de muerte. La privatización, al
introducir el lucro empresarial, pervierte en origen el objetivo que
debería tener los servicios sociales, convirtiéndose en suculentos
negocios para la patronal. De esta forma, vía conciertos y
subvenciones, el enorme caudal de dinero público, destinado a cubrir
las necesidades personales y sociales de las personas con dificultad,
se ha ido desviando, en gran parte, hacia manos privadas. Además, la
privatización ha traído, al sector de la Intervención Social, unos
intolerables niveles de precariedad laboral, afectando a la calidad
del servicio, facilitándose la arbitrariedad en la toma de
decisiones, tanto por parte de las entidades del sector como de la
propia administración, y potenciando la represión sindical, lo que
no sólo repercute en las condiciones laborales y salariales sino que
incluso limita a los/as trabajadores/as en uno de los aspectos
fundamentales de su labor profesional: la defensa de los intereses de
los usuarios/as. De igual forma, la privatización también juega un
importante papel político, ya que permite a las distintas
administraciones o a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
enajenarse de sus responsabilidades, pues delega sus funciones en las
entidades que pasan a gestionar el servicio.
En el actual contexto de crisis estructural del sistema capitalista,
el alto grado de privatización está permitiendo que el sistema de
servicios sociales pueda ser desmantelado con relativa facilidad
debido a su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal,
los cuales basta con no ser renovados para que vayan desapareciendo
servicios. Debido a los recortes, la cobertura social se está
debilitando a marchas forzadas y miles de compañeros/as del sector
han perdido su puesto de trabajo. Con la crisis como excusa, muchos
recursos se cierran y se están eliminando servicios, dejando a los
usuarios/as sin la asistencia que necesitan y a la que tienen
derecho. Y como en todo proceso de reconversión, el sector quedará
cada vez en menos manos, haciéndose con todo el pastel las
multinacionales de la beneficencia, en especial las vinculadas a las
grandes fortunas del país y a la jerarquía de la Iglesia,
desapareciendo aquellas entidades que desarrollan su labor de manera
más honesta y transparente.
No podemos permitir que nos cambien derechos sociales por caridad. Es
necesario revertir este proceso de recortes y desmantelamiento del
sistema de protección social. Además, consideramos necesaria la
incorporación de los distintos recursos a la red pública, acabando
con la privatización. Porque sólo a través de la titularidad y
gestión pública de los recursos se puede garantizar la protección
de los derechos de la ciudadanía y desarrollar otros modelos de
intervención más acorde a las necesidades, al igual que ofrecer
unas condiciones laborales dignas.
¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Viva el Primero de Mayo!
¡ACUDE A LAS MANIFESTACIONES!