MADRID // Alrededor de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se está gestando un negocio del que se benefician empresas y organizaciones sociales, según denuncian los colectivos que trabajan por el cierre de estos centros de estancia temporal de inmigrantes sin papeles.
La compañía aérea Air Europa es la que centra la mayoría de críticas tras firmar un convenio con el Gobierno español para extraditar a inmigrantes. Según el acuerdo, Air Europa cobrará 24 millones de euros por encargarse de los vuelos de deportación durante el periodo 2013-2015.
Desde la campaña estatal por el cierre de los CIE denuncian que el Ministerio del Interior, en colaboración con Air Europa, “promueve redadas racistas para llenar los ‘vuelos de la vergüenza’ desde los Centros de Internamiento a otros países”.
De hecho, desde la campaña se ha publicado un vídeo en el que un ciudadano guineano narra cómo son los dos intentos de deportación que sufrió:
El caso de Air Europa es uno más del entramado de empresas que ofrecen servicios alrededor de la gestión de los CIE. El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el reglamento para estos centros. En él se abre la puerta a que sean las organizaciones no gubernamentales las que “organicen y gestionen la asistencia sanitaria, social y cultural”, según explicó el propio ministro del Interior.
El Ministerio dedicará destinará 5,5 millones de euros más a convenios y contratos con asociaciones y a mejoras de los centros. Para los miembros de la campaña por el cierre de los CIE,”este reglamento abre las puertas a privatizar y subcontratar toda la asistencia social”.
En este sentido, recuerdan que ya hay servicios como los de limpieza y mantenimiento que están externalizados a a empresa Clece, propiedad de Florentino Pérez. También está externalizado el servicio de cocina, en este caso a la empresa Albie.
Además, el Ministerio de Interior publicó en mayo la licitación del contrato de asistencia sanitaria en todos los CIEs del territorio. El servicio, una vez adjudicado a una empresa del sector sanitario, arrancará en agosto de este mismo año. El precio máximo estipulado por el Gobierno es de 735.500 euros por seis meses, prorrogables a otros seis (1.471.000 al año), e incluye los servicios de un médico y un enfermero en cada uno de los nueve centros en funcionamiento (Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Algeciras, Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura y Tarifa). En total, el servicio implica la contratación de los servicios de 18 personas, pero no todos ellos trabajarán a jornada completa.
Y ahora, la iglesia católica
Esta misma semana el Ministerio del Interior ha firmado con la Conferencia Episcopal un acuerdo para “garantizar la asistencia religiosa” en los CIE. La iglesia católica será la encargada de los gastos derivados de su labor de adoctrinamiento y el Gobierno le facilitará “el lugar adecuado para la celebración de los actos de culto y demás actividades propias de la asistencia religiosa”.
En el acuerdo se establece que se celebrarán misas los domingos, así como en días de festividad cristiana y “potestativamente” cualquier otro día. Incluye también “la visita a los internos, recepción en su despacho por parte del responsable encargado de la atención pastoral y respuesta a los que deseen hacer alguna consulta o plantear sus dudas o problemas religiosos”, según anunció la Conferencia Episcopal en un comunicado.