Pedro Costa, alias Lofer,
está siendo juzgado por asociación ilícita y tenencia prohibida de
armas, dentro del proceso contra el grupo nazi Frente Antisistema.
Este señor era el contable de la organización y miembro de la Junta
de Mandos, la cúpula de este grupo fascista. Pero además de un
dirigente nazi, también ha sido director de un centro de menores. Le acompañan en el banquillo, entre otros, un concejal de España 2000, dos militares y el asesino de Guillem Agulló. Puedes leer la noticia en El Plural
Pedro Costa fue
contratado por la ong Instituto Pedagógico Valenciano en 2008,
estando ya imputado por el Caso Pánzer,
siendo director del centro de acogida de menores El Carmen (al
parecer, el único recurso que gestiona esta entrañable ong) hasta
hace unos días. Se trata de un centro concertado con la Consejería
de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, donde viven niños
en situación de desamparo de entre 9 y 17 años. El
Instituto Pedagógico Valenciano se ha defendido explicando que
conoció el pasado de su director en 2013, pero que no actuó porque
no tenía medios económicos para afrontar el despido. Niños
en desamparo cuyas condiciones vitales dependen en gran medida de las
decisiones de un nazi. Esto no es más que otro ejemplo de las
situaciones que pueden llegar a producirse en un sistema de
protección de menores obsoleto, profundamente burocratizado y además
privatizado. Una auténtica
vergüenza. No es la primera vez que pasa. CCOO denunció que en el
centro de internamiento judicial de menores Es Pinaret (en Palma) un
grupo de vigilantes fascistas que se autodenominaban La Camada había
instaurado un “régimen de terror nazi”, agrediendo a los menores
internos y amedrentando al resto de trabajadores. Que
se puedan llegar a producir estas situaciones, además de un atentado
contra los menores, supone una humillación para los profesionales
del sector. La carencia de medios, la prepotencia patronal de las
osigés, la precariedad laboral, la represión sindical y la absoluta
arbitrariedad en la toma de decisiones sobre los menores no sólo
significan una degradación de la labor del educador, sino que
suponen un evidente maltrato institucional hacia los menores.