El nuevo pliego de condiciones para adjudicar los servicios de protección de menores ha puesto de acuerdo a los sindicatos para rechazarlo por la disminución tanto de personal como de salario que supondrá.
“Se prevé un recorte global de entre un 5% y un 10% en los pliegos y además se incluye la categoría profesional de auxiliar técnico educativo, que tiene una diferencia salarial respecto a los educadores de unos 300 euros”, explica Angélica Mazo, desde la Federación de Servicios Sociales de UGT.
En total, podría afectar a unos 100 trabajadores, lo que provoca que haya una “preocupación importante, ya que las ratios están muy ajustadas”, señala. “En algunos ámbitos no pueden estar menos de los que están. Por ejemplo, en los pisos tutelados hay solo un educador en cada turno".
Andrés Esteban, miembro del comité de empresa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), abunda en las consecuencias que tendrán los nuevos pliegos. “Si hay menos educadores, repercutirá en que los menores estarán peor atendidos”, advierte. “Los centros tienen que tener determinadas horas con profesionales como los psicólogos y educadores doblando turnos para que puedan acudir con los chavales al médico, a las reuniones con profesores, etc.”. Un menor número de trabajadores significará que cualquier salida del centro será problemática, ya que no habrá suficientes personas para atender a todos los menores.
Esteban critica que estos nuevos pliegos “obedecen a un planteamiento en el que lo más importante es lo económico y no lo educativo”. Además, subraya que los menores tutelados “requieren estar muy pendientes, porque están en una situación muy específica”. “Si se recorta en trabajadores, se perderá el trato individual de los menores en situación de desprotección. No se trata de volver a los internados a la antigua usanza”, recuerda.
Entre las organizaciones que en la actualidad prestan este servicio asistencial se encuentra la Fundación Federico Ozanam. Desde la organización prefieren no hacer declaraciones, aunque el comité de empresa están de acuerdo con que el recorte de plantilla y de condiciones laborales "va a impactar negativamente y de forma directa en la atención educativa". Critican que desde la DGA se presiona a las organizaciones sin ánimo de lucro para que realicen ofertas a la baja, ya que las empresas mercantiles aplican "sin miramiento la misma o superior rebaja".
Además, con las nuevas condiciones de licitación, las organizaciones que presten este servicio asistencial tendrán que realizar servicios que de los que hasta el momento se encargaba la DGA, como la comida. Esto llevará, según el comité de empresa del IASS a una “pérdida en la calidad del servicio”, ya que tendrán que destinar parte de los recursos para ello. Asimismo, temen que signifique la privatización de las cocinas públicas que se encargaban de esto".
Heraldo