A continuación publicamos un estracto de la entrevista que el diario La Provincia realizó a Montserrat García. al frente de la Fiscalía de Menores de Las Palmas desde hace siete años. Refleja las enormes carencias y las irregularidades que se comenten en los sistemas de protección y reforma.
La Memoria revela que hay muchos menores fugados de los centros de protección del Gobierno de Canarias.
Es gravísimo. Hay dos o tres centros tutelados en los que no te encuentras ningún menor cuando vas de inspección porque están permanentemente fugados. Hemos exigido a la administración que refuerce el personal y que cambia el perfil educativo de algunos centros. Hay menores que nada más entrar en el centro de acogida inmediata sufren una estigmatización. Asumen que son niños problemáticos antes de llegar allí. Por eso están permanentemente fugados.
¿Qué más carencias arrastran esos centros de protección?
En el centro terapéutico Juan Carlos I hay insuficiencia de plazas. En Gran Canaria sólo hay 16 plazas para todos los menores con patologías psiquiátricas y trastornos de conducta. Muchos no están recibiendo la atención integral que se merecen al no existir centros adecuados para estos niños. También hay falta de personal, sobre todo en horario nocturno, y el perfil del personal contratado no se corresponde con las necesidades del menor. Prolifera la figura del cuidador frente a la del educador, que cobra menos y sólo está obligado al cuidado y a la vigilancia de los menores. Su cualificación es mínima, mientras que el educador es un técnico con titulación superior. La mayoría de los centros tiene personal de contención, no de educación. Tampoco se trabaja para que vuelvan con sus familias, pues a los 18 años los acogen esos padres que fueron considerados tan malos cuando la administración declararó a sus hijos en desamparo. No hay pisos de emancipación. La única alternativa es que regresen al ambiente del que fueron apartados.
¿No hay colaboración de la Dirección General del Menor?
Es nula en materia de Protección y nuestra principal preocupación. Están incumpliendo deberes legales como la remisión de informes semestrales. Los pedimos hasta cinco veces y no responden o mandan el informe anterior sin cambiar la fecha. Tardan año y medio en responder expedientes de menores en desamparo, incluso hemos tenido que acordar el ingreso de menores en centros por la falta de respuesta de la administración. Tampoco se formalizan los contratos de acogida en los plazos marcados por la ley. Se entregan niños a familias ajenas sin formalizar ningún contrato. Hay un problema institucional porque la falta de coordinación es absoluta. La Dirección General del Menor no tiene directrices que garanticen una unidad de actuación, es decir, dependiendo del técnico que te toque puedes seguir con tus padres o quedarte en desamparo. El técnico toma decisiones transcendentales que no son revisadas por sus superiores jerárquicos. La desorganización es terrible. No se inspeccionan los centros. El abandono en Lanzarote y Fuerteventura es preocupante, sobre todo en esta última Isla, con menores fugados ejerciendo la prostitución. Hemos denunciado esa situación.
¿Y en Reforma?
En el centro de La Montañeta hemos logrado que pongan un psiquiatra tras tres años sin ninguno. Durante ese tiempo nos negamos al ingreso de los menores con esas patologías y tuvimos que trasladarlos a Tenerife, todo porque la Fundación Ideo y la Dirección General del Menor se negaban a contratar a un psiquiatra al considerar suficiente el Servicio Canario de Salud con sus listas de espera. También existen problemas graves de seguridad, entre ellos las fugas y la introducción de drogas. La empresa de seguridad estaba abusando del desnudo integral para controlar que no entrasen estas sustancias al centro. Hay que mejorar los protocolos y no someter a los menores a esta práctica porque requiere autorización judicial, debe ser excepcional y en todos los casos han dado resultados negativos. Hay que respetar el derecho a la intimidad corporal de los niños. Otro problema es que tenemos listas de espera para cumplir medidas judiciales.
La Provincia