Tortura en España

NO HAY QUE IRSE A GUANTÁNAMO O ABU GHRAIB, EN ESPAÑA TAMBIÉN SE TORTURA. Así lo certifican informes no solo de organizaciones españolas de defensa de los derechos humanos también organismos internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o el Consejo de Europa. En los últimos 10 años, se han producido más de 6000 casos de torturas probadas por peritos forenses según el informe presentado esta semana en Barcelona por la Coordinadora para la Prevención de la Tortura.

Pero en nuestro país los malos tratos policiales se silencian, ocultan y minimizan en las instituciones y tribunales. Por esa razón, rompemos el silencio con un programa sobre la tortura en nuestro país con especialistas, médicos y estremecedores testimonios de denunciantes. Nuestro reportero Alejandro Torrús entrevista a tres torturados y analizamos la situación con tres eminencias en este campo: el forense Francisco Etxeberría (Instituto Vasco de Criminología), Pau Perez-Salas (psiquiatra forense especialista en violencia) y Jorge del Cura (Coordinadora para la Prevención de la Tortura). También ha denunciado malos tratos y vejaciones Alfon, el joven que fue detenido y encarcelado en régimen de aislamiento por participar en la huelga general del 14N de 2012. Dos días después del juicio contra él, hablamos con este vallecano que se ha convertido en símbolo de la lucha contra la represión.

Seguimos husmeando en las cloacas del Estado en nuestra sección Hablemos en serie. Aloña Fernández Larrechi tiene para nosotros una de espías, “Rubicón”, que nos sirve para diseccionar el mundo de los servicios de inteligencia. El periodista e investigador Fernando Rueda (autor de “Espías y traidores” o  “Servicios de inteligencia”) y Chema Alonso (experto en espionaje informático) nos cuentan jugosos secretos y hasta desmontan al Pequeño Nicolás. Vigila bien tus pasos y que no te sigan.

Llega el fin de semana y el señor Sanabria os propone un Planazo sucio y eléctrico: un libro, una película y un disco turbios y pegajosos como el blues rock del portugués con voz de negro Fast Eddie Nelson, un one man band, hombre orquesta, que nos ofrece EN CRUDO Y EN DIRECTO los sonidos más primitivos y vibrantes del Mississippi. ¡Atronador!

¿Puedes tener algo mejor? No, la verdad que no. Si ya eras PRODUCTOR, ahora hazte DISTRIBUIDOR. COMPARTE Y DIFUNDE NUESTRO PROGRAMA.

¡Y RECUERDA! El próximo lunes se va a liar en nuestro primer programa con oyentes en el Teatro Galileo con Tania Sánchez de IU, la música de León Benavente, el humor de Mongolia y una clase de Theremin con el Sr. Tropical.

Pincha aquí para escuchar CARNE CRUDA

El Papa cesa a monseñor Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza (y patrono fundador de O´Belen)

Manuel Ureña. arzobispo de Zaragoza, ha sido cesado por el Vaticano por encubrir acosos de un cura a un diácono (puedes leer la noticia pinchando aquí).

Este pájaro fue uno de los patronos fundadores de la Fundación O´Belen, en el año 1999 (en aquel entonces, era obispo de Alcalá). Sus compinches en este negocio fueron Emilio Pinto (portavoz del PP en Sigüenza y ya dimitido presidente de la fundación), Carlos Moreno (ex concejal en Sigüenza y diputado en la Diputación de Guadalajara como no adscrito tras ser expulsado del PP), José Morales (subdirector territorial en Madrid de Ibercaja), Javier Herrero (consejero delegado de Iberdrola) y Manuel Pizarro (ex presidente de Endesa). Como vemos, todos ellos eminentes pedagogos y activistas sociales, especialmente sensibilizados con el sufrimiento de la infancia. Por sus obras los conoceréis

¿Cuántos escándalos más podrá soportar este inefable empresa antes de desaparecer definitivamente?

Encerrando no se educa

Resolución aprobada por el XVII Congreso del Sindicato de Estudiantes 

Miles de jóvenes sobreviven privados de libertad en centros de menores. En el estado español, un menor de edad puede perder la libertad por intervención judicial, al ordenarse su ingreso en un centro de reforma (al ser condenado por cometer una infracción penal) o por decisión administrativa siendo internado en un centro terapéutico, instituciones del sistema de protección de menores (al considerarse que sufre un trastorno de conducta). Ambos tipos de centros funcionan como verdaderas cárceles.

Se trata de dos caras de la misma moneda: la criminalización y la psiquiatrización de la pobreza. Se intenta dar así una respuesta individual a los problemas sociales que genera el capitalismo, responsabilizando a estos menores de los problemas que sufren y eliminando así de un plumazo la responsabilidad del modelo social en el origen de los mismos (la inmensa mayoría de los menores privados de libertad han sufrido la exclusión social desde la cuna).

Desde la entrada en vigor en 2001 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, la justicia juvenil ya no persigue el delito sino a la persona; no se juzga un hecho concreto, sino el “expediente vital” (es decir, la situación social del menor y su familia). Un aberrante proceso de criminalización de la pobreza, que supone un gran negocio, ya que esta ley permite la privatización de las cárceles de menores. Por lo que se disparó el número de reformatorios (y por tanto de menores presos) sin que esto fuera acompañado por un aumento de las tasas de delincuencia juvenil.

En los centros de protección terapéuticos (también privatizados) la indefensión de los menores es aún mayor. Son internados allí vía administrativa (por tanto, sin derecho a tutela judicial) en base a un supuesto trastorno psiquiátrico. Existen serias dudas sobre estos diagnósticos. Porque la Asociación Americana de Psiquiatría (que marca las directrices mundiales en este campo) no reconoce la existencia del trastorno de conducta. Y porque en nuestro país ni siquiera existe la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil. Entonces, ¿quién realiza estos diagnósticos? En realidad muchos diagnósticos se realizan tras el ingreso, por psiquiatras contratados por los propios centros donde se interna con carácter indefinido a menores por supuestos trastornos psiquiátricos (algo impensable en adultos tras la Reforma Psiquiátrica de 1986).

Encerrando no se educa

Desde el Sindicato de Estudiantes consideramos que es imposible educar y socializar desde la estigmatización y el aislamiento social que implica el encierro. Es imposible socializarse al margen de la sociedad. Esta es la tesis defendida desde hace décadas por las ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría (incluso se reconoce la existencia del síndrome de prisionización: conjunto de síntomas psicosociales y psiquiátricos producidos por vivir encarcelado, y que dificultan sobremanera la reinserción del preso). En menores de edad las consecuencias son especialmente graves, al estar conformándose la personalidad del sujeto.

Malos tratos en los centros de menores

Cuando nuestra organización tuvo conocimiento directo de lo que ocurría en los centros gestionados por O´Belen, denunciamos los hechos ante el Defensor del Pueblo, lo que culminó con la publicación en 2009 de un durísimo informe sobre la situación de los centros de protección terapéuticos. En este informe, el Defensor del Pueblo denuncia lo que ya era un secreto a voces gracias a la movilización social: que en este tipo de centros se vulneran sistemáticamente los derechos humanos (celdas de aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos, camisas de fuerza químicas a base de psicofármacos…) Estos hechos fueron corroborados por las investigaciones de Amnistía Internacional y finalmente varios centros fueron clausurados y se realizaron cambios cosméticos, pero la situación sigue siendo muy parecida.

Ante esta situación, desde el Sindicato de Estudiantes consideramos necesario y urgente un debate público sobre los sistemas de protección de menores y justicia juvenil, para superar los actuales paradigmas de intervención, apostando por la prevención y la intervención comunitaria a todos los niveles, también en salud mental (por ejemplo, en relación a justicia juvenil, la Generalitat Valenciana gasta el 95% en financiar medidas de privación de libertad, y sólo el 5% para medidas en medio abierto). A su vez, consideramos imprescindible la creación de la especialidad en psiquiatría infanto-juvenil.

Y mientras esto sucede, exigimos que se tomen las siguientes medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de menores:

-Todos los centros de titularidad y gestión pública.

·        - Ninguna medida de privación de libertad sin tutela judicial.

·    -Respeto a la legislación internacional en la materia (prohibición de las penas de aislamiento y cualquier castigo cruel, inhumano o degradante; restricción al uso de la coerción y la fuerza; facilitar el contacto del menor con la comunidad, autorizándose la comunicación con familiares, amigos y representantes de organizaciones de reconocido prestigio).

·       -  Respeto a la Ley de Autonomía del Paciente (prohibición de la medicación forzosa).

·   -Fin de la opacidad. Libre acceso a los centros de instituciones independientes, como Amnistía Internacional.

SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS, DEMOCRÁTICOS Y DE CALIDAD

¡ENCERRANDO NO SE EDUCA!

Concentración de apoyo a los 8 de Airbus

Los test estandarizados como herramienta neoliberal de sometimiento

J. Félix Angulo Rasco

Catedrático de Didáctica y Organización Escolar

en la Universidad de Cádiz

El poderoso neoliberalismo

Entender el papel que de forma creciente están teniendo los test estandarizados (High-Stake Standardize Test) requiere que comprendamos en qué dirección se mueven las políticas educativas. Para ello hemos de atender a un contexto fundamental: el de las tres etapas por las que ha atravesado el neoliberalismo en los últimos 40 años. Aunque solo fuera por la sencilla razón de que es el neoliberalismo el sistema político que impera en la actualidad.

Tres etapas son las que distinguen el proceso paulatino, pero implacable, de implantación del neoliberalismo. Una primera, entre 1980 y 1990, se caracterizó por las privatizaciones, la difusión de la ideología del mercado y la aplicación de una política económica monetarista. La segunda, que abarcó desde 1990 hasta 2007, se distinguió por la globalización del mercado (o lo que Ulrich Beck ha denominado "globalismo"). Si la primera etapa estuvo respaldada por gobiernos conservadores y neoliberales (como los de Ronald Reagan y Margaret Thatcher); la segunda lo estuvo por gobiernos socialdemócratas y laboristas que no solo aceptaron las premisas de sus antecesores -en el campo económico y en relación con la privatización de los servicios sociales- sino que extendieron las consecuencias, ya entonces dañinas, del neoliberalismo.

Por ejemplo, es bien conocido que el presidente Clinton derogó la Ley Glass-Steagall de 1933, que imponía una separación entre la banca de ahorros y la banca de inversiones. Al abolir dicha ley se dejó campo abierto para la fusión de ambos tipos de banca y la utilización del capital proveniente de los ahorros en los mercados financieros a través de productos de alto riesgo como las Obligaciones de Deuda Garantizada (CDOs), los Credit Default Swaps (permuta de incumplimiento crediticio) y, en España, las famosas preferentes.

Tras la crisis económica de 2008 -con la quiebra del banco Lehman Brothers y las compañías hipotecarias Freddie Mae (Federal National Mortgage Association) y Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation)- se abrió un nuevo capítulo para el capitalismo neoliberal. Lejos de entrar en decadencia, ha ampliado su presencia y recobrado una fuerza inusitada que, de la mano del ajuste fiscal y las políticas de austeridad, se puede denominar "capitalismo depredador" o, tal y como lo denominaba la portada The Economist (15 de marzo de 2014), "capitalismo de amigotes".

Al igual que con las etapas anteriores, esta última ha establecido su impronta en las políticas educativas y podríamos señalar especialmente  dos de las consecuencias que se han ido implementando. La primera tiene que ver con lo que Ball, s. y Youdell, D. (2007) han identificado como procesos exógenos y endógenos de privatización. El primero -externo- pretende la apertura de los servicios públicos sociales y de educación a la iniciativa privada; el segundo -interno- implica la adopción de ideas, métodos y prácticas del sector privado para la conversión de dichos servicios públicos en una "compañía-empresa", incrementando el sentimiento comercial en su funcionamiento. La segunda consecuencia, muy relacionada con esta última, se orienta a la implantación de un nuevo imaginario social corporativo. Charles Taylor (2006) definía un imaginario social como el modo en que las sociedades imaginan su existencia social y para Castoriadis (1975) un imaginario social es clave para sancionar lo que es real y racional. Así pues, el imaginario social corporativo establece como marco de interpretación y definición de la realidad, elementos y valores derivados del mundo corporativo y empresarial. Y es aquí a donde pretendía llegar, este imaginario resulta esencial para aceptar que nuestras vidas y especialmente nuestros sistemas educativos se adapten y conformen a las necesidades del capitalismo depredador en el que nos encontramos inmersos: un capitalsmo de élites estractivas, que segmenta las sociedades profundamente, suprime derechos y que erige a las corporaciones como los ejes de la vida social y política.

GERM (patógeno viral)

El panorama de la política económica y social que acabo de exponer tiene, desde los años 80, su contraparte en la política educativa. Es lo que Pashi Sahler ha denominado GERM (Global Educational Reform Movement). GERM, según Sahler, está definido por una serie de características entre las que destacan las siguientes: la estandarización de la educación a través de la centralización de currículos y su organización en torno a resultados; la focalización en materias supuestamente básicas como la alfabetización matemática y lingüística (es decir, leer y contar), en algunos casos las ciencias y, recientemente, la inclusión de la denominada "educación financiera": el uso de modelos corporativos para la gestión de las escuelas: la búsqueda de procesos de bajo coste o intensidad en la enseñanza (con lo que se elimina la experimentación y la innovación); y la adopción de políticas basadas en los tests.

El mejor GERM es, sin duda, la LOMCE. En su preábulo (apartado V) se dice (y cito in extenso): 

"Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado medidas relacionadas con la simplificación del currículo y el refuerzo de los conocimientos instrumentales, la flexiblización de las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a sus capacidades y aspiraciones, el desarrollo de sistemas de evaluación externa censales y consistentes en el tiempo, el incremento de la transparencia de los resultados, la promoción de una mayor autonomía y especialización en los centros docentes, la exigencia a estudiantes, profesores y centros de rendición de cuentas, y el incentivo del esfuerzo".

En este párrafo no sólo se manifiesta la adhesión inquebrantable a los principios de este patógeno viral en educación, sino que, además, se puede detectar que en realidad este movimiento de reforma educativo pivota básicamente sobre las pruebas estandarizadas.

Medir, estandarizar

Como todos sabemos, la medición en educación supone inevitablemente la reducción de acciones, características y aprendizajes, a una forma objetiva que pueda ser comprobada por un instrumento, normalmente, una prueba test. Por ello, es necesario simplificar el currículo tanto en el sentido de achicarlo para que abarque esencialmente contenidos concretos -fácilmente medibles-, como traducir cualquier elemento del mismo a resultados tangibles. Solo de esa manera es posible aplicar las pruebas estandarizadas, solo así es posible medir. De esta manera, un primer paso siempre se encuentra en acotar el espacio del currículo a aquello que efectivamente puede ser comprobado a través de dichas pruebas. Las pruebas son, en definitiva, las que deciden sobre las disciplinas, los conocimientos y la cultura. Con ello eliminamos el debate político, centrándolo en un terreno meramente técnico y dominado por expertos psicómetras y economistas. La educación de las futuras generaciones deja de ser un tema de política nacional y de valores cívicos, para pasar a ser un mero proceso de elección de instrumentos, pruebas e ítems.

Y clasificar

Pero nos engañaríamos si pensásemos que todo queda aquí, tenemos que preguntarnos todavía el porqué. Es decir, ¿por qué es necesaria la implantación del GERM y de las pruebas estandarizadas? Aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que podemos denominar procesos internos de medición y procesos externos. Un proceso interno supone la aplicación, a lo largo de la escolaridad, de diferentes pruebas estandarizadas (llamadas eufemísticamente en ocasiones, de diagnóstico). Estas pruebas no se aplican a una muestra de centros sino a todo el alumnado de la edad correspondiente en todos los centros de enseñanza del país; son, pues, pruebas censales. Esto es justamente lo que hace el SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) en Chile, lo que ocurre en muchos estados norteamericanos, tal como ha analizado Diane Ravitch y lo que se quiere implantar en España, como señala, sin ambages, el preámbulo antes citado.

Al ser pruebas censales permiten elaborar tablas de clasificación de los centros según los resultados obtenidos y con ello poder diferenciar -engañosamente- entre centros de alta calidad y de baja calidad. Una vez implantado el sistema no solo se tendrá a disposición de la administración correspondiente un tremendo instrumento de presión interna, sino que la clasificación misa determinará el futuro de alumnado. Quiero decir con ello que el mismo instrumento permitirá poder demandar a los centros en razón del cumplimiento o no de los resultados y aprendizajes establecidos. A su vez, se clasificará al alumnado de tal manera que dicha clasificación servirá para colocarlos en las distintas vías por las que prodrán circular. En ambos casos las clasificaciones no hacen otra cosa que detectar los talentos diferenciados.

Las pruebas externas son más sofisticadas y suelen ser pruebas muestrales. El ejemplo más notorio es PISA, pero también PIRLS (para la lectura), TIMSS (para la matemática), ICILS (para la alfabetización computacional) y otras parecidas. En este caso no se clasifica directamente al alumnado, sino a los países; estableciendo también un ranking que se suele asociar a la calidad de la educación. Aunque la presión sea aquí externa, una mala clasificación automáticamente es entendida como un sistema educativo que funciona mal y que requiere profundas mejoras. Mejoras que significan a su vez más pruebas internas y más presión interna sobre las escuelas.

De una u otra manera, los sistemas educativos que sucumben al GERM se encuentran atrapados y sometidos a la lógica del neoliberalismo depredador. El sentido cívico de la educación pública, su valor colectivo, la introducción de las nuevas generaciones en el conocimiento cultural, el desarrollo de la autonomía y de los valores cívicos, es decir, todo lo que hemos considerado importante hasta ahora, desaparece. Los conocimientos instrumentales, los rendimientos, la consecución de objetivos y la obtención de buenas puntuaciones en los test, conformarán entonces un nuevo imaginario social a través del que pensaremos nuestra experiencia pedagógica. Este nuevo imaginario social será -porque ya lo está siendo- el que convertirá la educación en un asunto corporativo, en todo caso técnico, pero en ningún caso político, ciudadano y colectivo. Así que deberíamos estar muy preocupados por lo que se nos viene encima con la LOMCE porque una vez dentro va a ser muy difícil salir de esa ratonera. Y si no, al tiempo.

Artículo publicado en el número 348 (nov-dic 2014) de la revista TE (trabajadores/as de la enseñanza) editada por CCOO

¡Obreros y estudiantes, unidos y adelante!

Homenaje a los trabajadores de CocaCola durante el XVII Congreso del Sindicato de Estudiantes

Pan, techo, trabajo y dignidad

Las MARCHAS DE LA DIGNIDAD volvemos a salir a la calle para gritar bien alto PAN, TRABAJO, TECHO…DIGNIDAD.

Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social, que nos convoca a dar una respuesta colectiva y masiva de la clase trabajadora, la mayoría social y los pueblos.

Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo. Cientos de miles de familias han perdido su casa. Gran parte de la juventud se ve abocada a buscarse la vida en el extranjero. A las mujeres nos quieren quitar nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. A los pueblos se les niegan el derecho a decidir. Siguen recortando en salud, educación, dependencia, etc… Han engañado a nuestros mayores con la estafa bancaria de las preferentes. Estamos asistiendo al robo de derechos y al empobrecimiento generalizado de la mayoría social y todo en nombre del pago de una deuda ilegítima y odiosa que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas.

Mientras, el verdadero poder, el que no se presenta a las elecciones, sigue enriqueciéndose y corrompiendo al poder político. Siguen llevándose dinero a los paraísos fiscales, usando tarjetas opacas y regalando decenas de miles de millones de dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a bancos y especuladores.

Nos quieren hacer tragar un “Tratado de Libre Comercio” entre la UE y EE.UU. (TTIP) que se negocia secretamente y que beneficia a las grandes multinacionales a costa del pueblo. Y cuando se protesta, siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y la criminalizacion. Ahora, incluso, pretenden robarnos la libertad para manifestarnos y expresarnos poniéndonos una mordaza que blinde el abuso policial. No sólo están aprovechando la crisis para recortar derechos sociales, también intentan suprimir libertades democráticas. A este sistema corrupto e indecente le sobran las libertades y los derechos de la mayoría social.

Pero, no lo vamos a consentir. Nos vamos a rebelar. Porque este sistema que busca exclusivamente el beneficio privado de unos pocos nos lleva inexorablemente a una catástrofe medioambiental y social de alcance incalculable.

Porque esta crisis-estafa está significando un gigantesco drama humano. Porque no queremos ser cómplices de su militarismo y sus guerras de rapiña. Porque no queremos ser parte de sus sucios negocios especulando con la salud y la vida de millones de personas.

Tras juntarnos un millón y medio de personas el 22 de marzo en Madrid, rodeamos sus parlamentos el 21 de junio y señalamos a los auténticos responsables el 24 de octubre en Asturias. Ahora volvemos de nuevo a la lucha.

Hacemos un nuevo llamamiento a la movilización social en la semana del 24 al 29 de noviembre en la que hemos convocado movilizaciones por el empleo digno, por una renta básica, por los servicios públicos y de calidad, por el derecho a la vivienda y la dación en pago, por las libertades democráticas, por los presupuestos restrictivos de las administraciones públicas, contra el pago de la deuda odiosa, el paro, la precariedad, los recortes, el TTIP, la corrupción, el régimen del 78 y la represión y por supuesto el 25 contra la violencia hacia las mujeres.

Os llamamos, especialmente, a protestar el 29 de noviembre cuando se convocarán manifestaciones en todas las capitales de provincia. Os llamamos a participar activamente en una movilización por una sociedad de hombres y mujeres libres, una movilización contra un sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Seguimos exigiendo que se vayan. Que se vaya el Gobierno del PP y, también, todos los gobiernos que recortan y colaboran con las políticas de la Troika.

¡A LA CALLE, QUE YA ES HORA!

Charla-debate: Educación para transformar, transformando la educación

El viernes 21 de noviembre la CUVA de Hortaleza organiza una charla y debate sobre la educación y la transformación en la que participarán como ponentes Enrique Martínez Reguera, psicólogo, pedagogo y escritor de libros como “Cachorros de nadie” y “Pedagogía para mal educados” y Julio Rubio, educador social y autor del libro “Decimocuarto asalto, la adolescencia golpeada”.


El viernes 21 de Noviembre a las 17 horas te esperamos en el CEPA Dulce Chacón ( conocido también como” la Cátedra”) situado en la C/ Abertura 2 (Hortaleza). Entrada gratuita.
A continuación te presentamos la entrevista realizada en Radio Enlace a representantes de la CUVA

"Los chicos que salen felices de los centros de menores lo hacen a pesar del sistema, no gracias a él"

Alcanzan los 18 años y la mayoría deja los centros en los que han crecido por la calle. Los niños extranjeros que llegaron solos a España y fueron integrados en el sistema de protección a la infancia deben madurar de golpe, buscar un empleo y un hogar por sí mismos. "Lo triste es que en estos años de trabajo comprobamos que los chicos que salen más o menos felices de los centros lo hacen a pesar del sistema, no gracias a él", señala Núria Empez, educadora social y coordinadora del libro Dejadnos crecer. Menores migrantes bajo tutela institucional(Virus editorial), que da cuenta del trato que reciben estos niños por las instituciones encargadas de protegerlos.

Cuando un menor extranjero es localizado por las autoridades y no está a cargo de ningún adulto, el Estado tiene la obligación de hacerse cargo de él, de protegerle, según la Ley de Extranjería y las diferentes normas nacionales e internacionales de protección a la infancia. Sin embargo, a las denuncias sobre la dificultad para acceder a este derecho —por prácticas como las pruebas de determinación de la edad— se suma el "maltrato institucional" que sufren los que acceden al sistema de protección, critican los responsables del libro.

"A los 18 años, la mayoría de estos chicos son analfabetos funcionales", critica Empez que junto a varios educadores sociales y profesionales que trabajan en el circuito de atención a la infancia decidieron retratar en un libro el sistema de protección que los envuelve a diario. "No estamos en contra de que existan centros de menores, lo que planteamos es que el sistema tiene las mismas carencias que se podrían dar en una familia, situaciones en las que se declararía al menor en desamparo", explica Núria.

El terreno socioafectivo es una de las principales carencias sobre las que advierten los profesionales. Más allá de alimentarlos y darles un techo, echan en falta "la crianza", dice Empez. Los autores decidieron franquear la "distancia óptima" recomendada para no acercarse demasiado a los niños en el desarrollo de su trabajo. "No hay diferencia entre la Núria persona y la profesional", resume la autora. "La distancia óptima es el abrazo", recoge el libro.

Además, con los menores extranjeros la distancia se materializa en los propios centros a los que son derivados. "Existe un sistema paralelo para estos menores en la mayoría de las regiones, como Andalucía, Cataluña, Valencia o Madrid, que se basa sobre todo en macrocentros. En Cataluña, por ejemplo, son sitios muy bonitos pero donde los chavales se socializan solo entre ellos. Son 20 o 30 chicos en medio del campo", cuenta Empez. La educadora define como "anecdótico" cuando un español ingresa en estos centros, "pero les sirve para cubrir el expediente para justificar que no se margina a estos niños". El resultado: la integración de los menores es casi imposible.

"Esto afecta en el plano de la integración y la socialización. Estos chicos se mezclan entre ellos, acuden a cursos con otros 'chicos de centros'... Hay una endogamia que los convierte en analfabetos funcionales cuando salen porque no salen hacer nada por sí solos", explica Núria. "La mayoría no crea lazos ni redes de contactos fuera del centro y es el capital social lo que te da una mano para salir adelante luego". Sin embargo, cuando salen no conocen a nadie a quien llamar. Vuelven a estar solos.

Los autores se refieren sobre todo a chicos porque son los más numerosos entre los menores extranjeros no acompañados (MENAS), como se define a estos jóvenes. Más complicada es la llegada de chicas, que requiere un análisis diferenciado –indica un capítulo del libro– porque muchas veces son víctimas de redes de explotación sexual o laboral, "contexto en el que resulta muy difícil, muchas veces imposible, su acceso al sistema de protección".

Núria y sus compañeros ya han despedido a muchos jóvenes que salen con problemas psicológicos, que no cuentan con herramientas para llevar las riendas de sus vidas, sin haber completado sus estudios. "Si lo que se pretende es proteger a los niños, que sean felices, vemos que no esto no ocurre. La metodología que utilizamos no es la adecuada", advierte Empez.

Pero el objetivo no siempre es la protección, teme Núria. "La sensación que da tras todos estos años de trabajo es que aunque la Ley de Extranjería prevé la protección, España ha firmado la Convención de los Derechos del Niño y está obligada a cumplir esta ley, pero la intención es 'vamos a ponérselo lo más difícil posible', con la excusa del efecto llamada" que, en su opinión, no es real. "Por muy mal que los trates, ellos siguen viniendo", indica.

Otras de sus críticas se dirige a la intención del Gobierno de devolver a los menores a sus países, recogida en la Ley de Extranjería y en el protocolo MENAS del Gobierno. "Nosotros también pensamos que los niños deben crecer en sus familias, pero las devoluciones se estaban haciendo sin garantías. Se dejaba a los menores en la frontera y España no se aseguraba de que ese menor acababa con su familia". Núria recuerda el caso de un chico repatriado desde Barcelona en 2006. "Se fue engañado y lo enviaron a un orfanato en Casablanca. La madre ni sabía que estaba en Marruecos", cuenta.

Las repatriaciones sumarias de este tipo en las que la policía entraba en los centros en mitad de la noche acabaron, afirma la educadora. Pero las secuelas permanecen. "El mensaje de bienvenida, lo primero que les dicen sigue siendo 'vamos a intentar devolverte a tu país", afirma. Como consecuencia, los jóvenes experimentan brotes de ansiedad y muchos se fugan de los centros. "Aunque las repatriaciones no fueron muy numerosas, las fugas sí fueron masivas. El impacto ha sido muy grande. Las repatriaciones no han sido muchas, es verdad, pero eso explícaselo a los menores que han devuelto", reflexiona Núria.

Estas devoluciones sin garantías fueron frenadas por la justicia, al igual que ha ocurrido recientemente con la prohibición de las pruebas de determinación de la edad a menores con pasaporte válido. "Ha ocurrido gracias a un pulso entre las ONG y el sistema, pero la justicia es lenta", apunta Empez. El respeto a los derechos de estos menores no pueden depender del tiempo, de los abogados y de los testimonios de afectados que se atrevieran a compartir sus casos, dice. "Cuántos chicos y chicas se habrán quedado fuera en estos años". La educadora anima a aprovechar los recursos que se emplean para estos menores en su beneficio y en el del resto de la sociedad y a cuestionar los métodos que dejan día a día a estos jóvenes en la calle sin apenas oportunidades. "Como decimos en el libro, que los dejen crecer, porque si tú pones los medios, la gente se espabila sola", concluye.

eldiario.es

20N: jornada de lucha educativa en Madrid

• Manifestación Neptuno Sevilla a las 18:00 horas
• Paro del profesortado las dos últimas horas de la jornada
• Concentración a las puertas de los centros

La Federación Regional de Enseñanza de CCOO considera imprescindible la continuidad de la lucha por la Escuela Pública a lo largo de todo este curso, dentro de un calendario progresivo de actuaciones y movilizaciones.

Jornada de lucha 20n

Después del éxito y apoyo social y ciudadano en las movilizaciones locales con encierros, paros locales, concentraciones y manifestaciones en distintas localidades y de la manifestación de toda la Comunidad Educativa que culminaba los días de huelgas estudiantiles, CCOO convocará una jornada de lucha para el día 20 de noviembre (día internacional de los derechos del niño) con paro del profesorado las dos últimas horas de la jornada, concentraciones a la puerta de los centros, y culminada con otra gran manifestación.

Esta decisión se ha tomado después de las asambleas generales realizadas, la valoración de los datos de la consulta que CCOO lanzó a todo el profesorado y la información que han transmitido sus delegados, tras realizar asambleas centro a centro. La consulta al profesorado ha puesto de manifiesto que el colectivo de docentes quiere seguir movilizándose contra las contrarreformas educativas, los recortes de plantillas y oferta educativa y la pérdida de derechos de trabajadores y usuarios de la Escuela Pública. Las opciones más apoyadas son concentraciones y manifestaciones, con amplísima mayoría, y de las opciones de paros la más poyada, en el contexto actual, ha sido comenzar por paros parciales (una mayoría del profesorado apoya o se planteaesa opción).

CCOO considera también que esta convocatoria no tiene que estar aislada y debe tener continuidad con una huelga general de la Comunidad Educativa en el segundo trimestre del curso.

CCOO va a realizar una intensa campaña para asegurar el éxito rotundo de las movilizaciones y la visibilidad social y mediática de esta lucha por la Escuela Pública.

CCOO llama a todas las organizaciones, plataformas, asambleas y colectivos a sumarse a estas convocatorias en un momento tan crítico para la Escuela Pública como nos encontramos con las políticas actuales.

Expertos alertan de que los menas prefieren decir que son mayores de edad

Aunque si son calificados como menores tienen más derechos, prefieren entrar en el CETI para después ser trasladados a al península, según la presidenta de la Fundación Raíces.

El Centro Asociado de la UNED acogió ayer la presentación del libro ‘Sólo por estar solo’, cuya autora es la abogada Carmen Moles. Se trata de un trabajo en el que se analiza una cuarentena de casos de menores extranjeros que sufrieron el desamparo público al considerar que eran mayores de edad aún cuando sus documentos de identidad expedidos por las autoridades de sus países de origen constataban lo contrario. Moles estuvo acompañada de la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, quien alertó de que en Melilla se están dando casos de menores que prefieren decir que son mayores de edad para conseguir el objetivo de ser trasladados a la península, aunque tienen más derechos siendo tutelados por la Administración Pública.
Reyzábal recordó el caso de un joven maliense que saltó la valla de Melilla. Ese menor de edad, pero dijo a las autoridades que era mayor de edad para ingresar en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y ser trasladado a la península. La presidenta de la Fundación Raíces explicó que la razón de esta ‘mentira’ sobre la edad es que en Melilla se da la peculiaridad de que cuando un menor tutelado cumple la mayoría de edad, pierde automáticamente el permiso de residencia y se convierte en un inmigrante irregular. Esto, aseguró, no ocurre en la península.
Reyzábal cree que éste es uno de los motivos de que muchos menas se escondan en las escolleras del puerto esperando la oportunidad de ‘colarse’ como polizones en los buques que unen Melilla con la península.
La presidenta de la Fundación Raíces llamó la atención de la ausencia de traslados a la península de menores, cuando las instalaciones del centro de acogida se ven sobreocupadas. Reseñó el caso de Canarias, donde sí se producen traslados de menores, cuando los centros de acogida superan el límite máximo de su capacidad. En estos casos, sí se respeta el derecho al permiso de residencia que ampara a todo menor extranjero no acompañado en el momento que entra bajo la tutela pública, según indicó Reyzábal.

Pruebas de edad
El libro ‘Sólo por estar solo’ analiza alrededor de 40 casos de menores extranjeros no acompañados a los que se les denegó la protección estatal al considerarles mayores de edad aún cuando sus documentos de identidad o pasaportes de sus países de origen constataban lo contrario. Al parecer la contradicción  radicaba en que las pruebas de determinación de la edad indicaban una mayoría de edad que no se correspondían con la que consta en el DNI o pasaporte del menor.
Moles y Reyzábal indicaron que estas pruebas osométricas no son infalibles. De hecho, tienen un margen de error de dos años, por lo que ambas no entienden por qué se da más veracidad a esos análisis de la determinación de la edad si el menor trae consigo la documentación de su país de origen que constata su minoría de edad.
No obstante, destacaron que ya han conseguido dos sentencias del Tribunal Supremo en las que  se establece que las pruebas de determinación de la edad no se harán a los menores que lleven consigo su documentación o el pasaporte de su país de origen.
Así nació la Fundación Raíces, al detectar casos en los que se estaban vulnerando derechos fundamentales de los menores extranjeros no acompañados que llegaban a territorio nacional. Ofrecieron a estos menas la defensa jurídica que necesitaban para garantizar sus derechos, especialmente, en los casos de repatriaciones. Éstas se venían practicando sin ningún amparo legal para los menores, es decir, sin asistencia letrada y sin tomar declaración al propio menor. Se paralizaron una vez que la Fundación Raíces lo denunció.

Denunciados por falsedad documental

La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, explicó que la Fiscalía consideraba que la documentación o pasaporte que el menor llevaba consigo no era válida. Tampoco especificaron las razones por las que se suponía que estos documentos de ciertos países africanos no eran válidos. De hecho, en la Comunidad de Madrid se dieron varios casos en los que la Administración denunció a varios menores por un delito de falsedad documental que luego fueron archivados en el juzgado. Reyzábal explicó que incluso los expertos en documentación de la Policía Nacional ratificaban la autenticidad de los DNI o pasaportes de estos menores, pero el Ministerio Público dudaba de la veracidad de los datos recogidos en esos documentos. Según indicó la presidenta de la Fundación, el Ministerio Público insistió en una falsedad “ideológica” aludiendo a que los registros civiles de ciertos países africanos no eran fiables, pero nunca se ha llegado a especificar qué países son ésos.

El Faro

El negocio oculto de las cárceles españolas

Grandes empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS, y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado, de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros negocios.

Fernando Romero / Periodista.

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.

El número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un negocio lucrativo para muchas empresas. En la  memoria de Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162 millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían para empresas privadas.

Cien empresas, quinientos clientes

Amadeu Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.

El más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga. Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece como administrador único Manuel Antolín Aznar.

Según fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de flores dependiente de esta institución. Estas iniciativas pronto pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.

Marta Ferrusola. Los Pujol también hicieron negocio con las cárceles en Cataluña. Foto / TV3.

El Corte Inglés se enriquece con los presos por partida doble. Por un lado los tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones precarias y por otro lado son luego los propios reclusos los que adquieren esos productos. La multinacional de Isidoro Álvarez suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12 euros por ocho horas de trabajo.

Otras muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault. También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica la empresa Manuart.

Otro de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS. Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona y muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas, dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que se benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504 millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las hermanas Koplovitz.

Otros productos que hacen los presos son los mosquetones para practicar la escalada y el rápel. También hay trabajos para empresas externas de carpintería metálica, confección industrial o cultivo en invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y lavandería.

Telefónica hace también negocio a costa de los presos, pues mantiene una situación de monopolio. Ello es posible porque todos los reclusos deben comprar obligatoriamente las tarjetas de Telefónica para llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios.

En Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida. Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y comunicación).

Además OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo político. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman convenios con esta entidad. También tiene convenio con las cárceles la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).

Se calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. En este sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación sobre estas empresas.

Las denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más numerosas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300 euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo de 100 euros”.

Otras fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos están ausentes de las cárceles.  Al obtener la libertad, por haber cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros, hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los 120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco días a la semana.

Muchos presos no solo realizan trabajos domésticos en la cárcel. Del que hacen para fuera apenas obtienen beneficios. Foto / Pablo Nosti.

El Banco Santander hace caja

Valentín Matilla González es un ex recluso que estuvo tres años en Villabona (Asturias) y fue excarcelado en noviembre de 2013. Corrobora lo que publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para empresas”. No es el caso de la prisión de Villabona, pero sí, por ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para que te trasladen tienes que portarte bien y por supuesto hay tráfico de influencias”.

Habla de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión, no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.

También el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín. Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de este banco.

Los presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de él”.

Matilla conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la prisión al exterior para aumentar el negocio.

En el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el sector  de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería remunerados que se realizan a través de convenios entre instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles. Los presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además, aseguran, tienen que pagarse el transporte.

El Ayuntamiento de Langreo fue el primero de Asturias que firmó un convenio con la prisión de Villabona a través del CIS. En teoría los reclusos trabajan en un taller de formación para aprender un oficio y luego reinsertarse en la vida laboral. Lo cierto es que no es así. Son peones utilizados (sin recibir ninguna formación) en las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.

Los presos con los que contactó esta revista aseguran que para este tipo de trabajos no se hacen nóminas sino que “te dan un papel de mala manera”. En Villabona, dice Matilla, los destinos remunerados “los maneja un tipo, la mano derecha del director de seguridad, que por supuesto funciona por medio del tráfico de influencias, con sus chivatillos y una cola de gente esperando para que les reciba y les de un trabajillo”.

Antiguamente había economatos que ahora han pasado a denominarse “boutiques”. Este cambio de nombre ha supuesto simplemente un aumento de precios de los productos que se venden.

Funcionarios a cuerpo de rey

Pero no son solo los empresarios los que sacan tajada de los presos. También se benefician muchos funcionarios de prisiones, que utilizan entidades públicas, como el CIS o el CIRE, desde las cuales se mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados como talleres de formación, y cuya filosofía empresarial no es por supuesto explotar a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.

Según Casellas los empleados del CIRE “viven a cuerpo de rey y son parte del entramado que explota a los presos”. ATLÁNTICA XXII intentó ponerse al habla con Instituciones Penitenciarias para preguntar sobre estas denuncias, aunque indicaron que por “vacaciones” nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo mismo ocurrió con otro de los organismos denunciados por Casellas en su libro, el CIRE. Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a las preguntas de esta revista, aunque desde  el gabinete de prensa mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto más social que económico y que “es una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que se ocupa de la reinserción de las personas privadas de libertad, mediante la formación en oficios y el trabajo penitenciario”.

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Encuentro Estatal de GanemosCCOO 6 y 7 de diciembre en Madrid

¡Fuera los arribistas y los corruptos de CCOO!

¡Basta de paz social y desmovilización!

¡GANEMOS CCOO para los trabajadores!

¡Acude y participa!

Ya somos cerca de 400 delegados sindicales y afiliados de todas las federaciones de CCOO y de todos los territorios, los que nos hemos sumado al Manifiesto GanemosCCOO. Estamos convencidos de que en las próximas semanas seremos centenares más, unidos en esta iniciativa para la regeneración de nuestro sindicato, para recuperar su compromiso con el sindicalismo de clase, combativo y democrático, abandonando la política de pactos y desmovilización que tanto nos ha perjudicado.

Como resultado del apoyo que esta iniciativa de la base del sindicato ha cosechado, hemos decidido dar un paso adelante para extenderla y organizarnos mejor. Por un lado, vamos a poner en marcha la webwww.ganemosccoo.org, en la que podamos publicar las informaciones, denuncias y saludos que nos estáis haciendo llegar, que son muchos y muy importantes, así como todas las noticias de interés relacionadas con la lucha obrera y la recuperación de CCOO para las y los trabajadores. También hemos abierto un faceebok con el nombre de GanemosCCOO y un twiter con el mismo nombre.

Por otra parte hemos decidido convocar un Encuentro Estatal del 6 y 7 de diciembre, abierto a todos los afiliados y delegados de CCOO, para debatir la extensión de esta iniciativa, y las perspectivas generales para nuestro sindicato en un momento de cambio político trascendental, de crisis capitalista y de ofensiva sin cuartel desde el gobierno y la patronal contra los derechos sociales. Hacemos un llamamiento a todos los compañeros que se han sumado al Manifiesto y a todos los que quieren un cambio profundo en nuestro sindicato, para que asistáis al Encuentro, que se celebrará el sábado 6 de diciembre (desde las 16.00h hasta las 21.00h) y concluirá el domingo 7 de diciembre (desde las 10.00h hasta las 13.00h). Para participar sólo hay que inscríbirse rellenado el formulario que encontrarás al final de esta nota. En los próximos días informaremos del lugar donde se desarrollará el Encuentro en Madrid.

Por último, desde GanemosCCOO os volvemos a agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo y os pedimos que sigáis distribuyendo el Manifiesto a todos los compañeros, pues hay miles de afiliados que están deseosos de imprimir un cambio de rumbo a nuestras CCOO.

¡Vivan las CCOO!

Súmate al Manifiesto

www.ganemosccoo.org

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