Resolución aprobada por el XVII Congreso del Sindicato de Estudiantes
Miles de jóvenes sobreviven privados de libertad en centros de
menores. En el estado español, un menor de edad puede perder la libertad por
intervención judicial, al ordenarse su ingreso en un centro de reforma (al ser
condenado por cometer una infracción penal) o por decisión administrativa
siendo internado en un centro terapéutico, instituciones del sistema de
protección de menores (al considerarse que sufre un trastorno de conducta).
Ambos tipos de centros funcionan como verdaderas cárceles.
Se trata de dos
caras de la misma moneda: la criminalización y la psiquiatrización de la
pobreza. Se intenta dar así una respuesta individual a los problemas sociales
que genera el capitalismo, responsabilizando a estos menores de los problemas
que sufren y eliminando así de un plumazo la responsabilidad del modelo social
en el origen de los mismos (la inmensa mayoría de los menores privados de
libertad han sufrido la exclusión social desde la cuna).
Desde la entrada
en vigor en 2001 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, la justicia
juvenil ya no persigue el delito sino a la persona; no se juzga un hecho
concreto, sino el “expediente vital” (es decir, la situación social del menor y
su familia). Un aberrante proceso de criminalización de la pobreza, que supone
un gran negocio, ya que esta ley permite la privatización de las cárceles de
menores. Por lo que se disparó el número de reformatorios (y por tanto de
menores presos) sin que esto fuera acompañado por un aumento de las tasas de
delincuencia juvenil.
En los centros de
protección terapéuticos (también privatizados) la indefensión de los menores es
aún mayor. Son internados allí vía administrativa (por tanto, sin derecho a
tutela judicial) en base a un supuesto trastorno psiquiátrico. Existen serias
dudas sobre estos diagnósticos. Porque la Asociación Americana de Psiquiatría
(que marca las directrices mundiales en este campo) no reconoce la existencia
del trastorno de conducta. Y porque en nuestro país ni siquiera existe la especialidad
de psiquiatría infanto-juvenil. Entonces, ¿quién realiza estos diagnósticos? En
realidad muchos diagnósticos se realizan tras el ingreso, por psiquiatras
contratados por los propios centros donde se interna con carácter indefinido a
menores por supuestos trastornos psiquiátricos (algo impensable en adultos tras
la Reforma Psiquiátrica de 1986).
Encerrando
no se educa
Desde el
Sindicato de Estudiantes consideramos que es imposible educar y socializar
desde la estigmatización y el aislamiento social que implica el encierro. Es
imposible socializarse al margen de la sociedad. Esta es la tesis defendida
desde hace décadas por las ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría
(incluso se reconoce la existencia del síndrome
de prisionización: conjunto de síntomas psicosociales y psiquiátricos
producidos por vivir encarcelado, y que dificultan sobremanera la reinserción
del preso). En menores de edad las consecuencias son especialmente graves, al
estar conformándose la personalidad del sujeto.
Malos
tratos en los centros de menores
Cuando nuestra organización tuvo
conocimiento directo de lo que ocurría en los centros gestionados por O´Belen,
denunciamos los hechos ante el Defensor del Pueblo, lo que culminó con la
publicación en 2009 de un durísimo informe sobre la situación de los centros de
protección terapéuticos. En este informe, el Defensor del Pueblo denuncia lo
que ya era un secreto a voces gracias a la movilización social: que en este
tipo de centros se vulneran sistemáticamente los derechos humanos (celdas de
aislamiento, malos tratos físicos y psicológicos, camisas de fuerza químicas a
base de psicofármacos…) Estos hechos fueron corroborados por las
investigaciones de Amnistía Internacional y finalmente varios centros fueron
clausurados y se realizaron cambios cosméticos, pero la situación sigue siendo
muy parecida.
Ante esta
situación, desde el Sindicato de Estudiantes consideramos necesario y urgente
un debate público sobre los sistemas de protección de menores y justicia
juvenil, para superar los actuales paradigmas de intervención, apostando por la
prevención y la intervención comunitaria a todos los niveles, también en salud
mental (por ejemplo, en relación a justicia juvenil, la Generalitat Valenciana
gasta el 95% en financiar medidas de privación de libertad, y sólo el 5% para
medidas en medio abierto). A su vez, consideramos imprescindible la creación de
la especialidad en psiquiatría infanto-juvenil.
Y mientras esto
sucede, exigimos que se tomen las siguientes medidas para garantizar el respeto
a los derechos humanos en los centros de menores:
-Todos los centros de titularidad y gestión pública.
· - Ninguna medida de privación de libertad sin tutela judicial.
· -Respeto a la legislación internacional en la materia (prohibición
de las penas de aislamiento y cualquier castigo cruel, inhumano o degradante;
restricción al uso de la coerción y la fuerza; facilitar el contacto del menor
con la comunidad, autorizándose la comunicación con familiares, amigos y
representantes de organizaciones de reconocido prestigio).
· - Respeto a la Ley de Autonomía del Paciente (prohibición de la
medicación forzosa).
· -Fin de la opacidad. Libre acceso a los centros de instituciones
independientes, como Amnistía Internacional.
SERVICIOS
SOCIALES PÚBLICOS, DEMOCRÁTICOS Y DE CALIDAD
¡ENCERRANDO
NO SE EDUCA!