Ha entrado en vigor la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha. Miedo da cuando esta gente se pone protectora.
Esta ley está, como todas, llena de buenas intenciones, obviedades y brindis al sol. Además se han permitido el lujo de incluir sandeces como lo relativo a los derechos y deberes de los menores en el ámbito familiar (¡cómo le gusta al inquisidor inmiscuirse en la vida de los súbditos! Además, ¿no se encarga de eso el Código Civil?), el tema de los móviles en los colegios y demás. Incluso regula situaciones que no deberían estar en esta ley por incongruencia: regula el cumplimiento de medidas judiciales, ¿desde cuándo encarcelar a un niño es protegerle? Y como no podía ser de otra manera en Españistán, la entrada en vigor de la ley genera bochornos de altura, al poner fuera de la ley al propio gobierno que la promulga. Artículos como el 5 ( "la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y reintegración social de la infancia y la adolescencia") son incompatibles con los recortes salvajes en servicios sociales aplicados por Cospedal. Y artículos como el 7.1 ("las Administraciones Públicas velarán porque los menores no sean objeto de tratos crueles, vejatorios, inhumanos o degradantes en los ámbitos institucional o familiar"), que se incumple sistemáticamente en los centros de menores de Castilla-La Mancha (por ejemplo con la existencia de celdas de aislamiento). Pero como estamos en Españistán, no son más que artículos de relleno, brindis al sol necesarios para poder vender una ley sin parecer unos miserables. Ya en la propia Carta Magna nos pasa esto con lo del derecho a una vivienda, al trabajo, etc.
La verdadera novedad de esta ley es la aparición de la figura de conducta inadaptada. Término que viene a sumarse a los ya cuestionables de situación de riesgo y situación de desamparo. Son términos tan ambiguos e interpretables, que como no podía ser de otra manera en base a esa indeterminación se cometen numerosas arbitrariedades e injusticias. De hecho, en realidad, el común denominador de las familias a las que se le arrebatan los niños es su situación de pobreza. Tan grave es la situación que se ha constituido una asociación, APRODEME, para luchar contra las injusticias cometidas en nombre de la protección de los menores.
Pero Cospedal ha decidido ir más allá, incluyendo lo de la "declaración de menor con conducta inadaptada". Según esta ley, un menor con conducta inadaptada es "aquel que, por la insuficiencia de sus aptitudes o por los desajustes de su comportamiento y sin prevalecer una enfermedad mental o una discapacidad psíquica, se encuentra en dificultad o en prolongado conflicto con las circunstancias propias de su edad o de su ambiente familiar o social". Es sorprendente como una ley de protección puede generar tanta indefensión. Imposible otorgar mayor arbitrariedad a un concepto jurídico. En resumen, una nueva figura difusa que servirá para encerrar en centros especiales a aquellos niños que no han cometido ningún delito, ni sufren ningún trastorno psiquiátrico pero que por lo que sea resultan molestos. Se trata, ni más ni menos, que de la fórmula que han encontrado para salvaguardar el negocio de los centros terapéuticos, en cuestión desde que el Defensor del Pueblo y Amnistía Internacional denunciaron las salvajadas que se cometen en esos centros.
En Castilla-La Mancha finalmente se tuvieron que clausurar varios centros gestionados por la Fundación O´Belen. Cospedal no quiere dejar en la estacada a los suyos. Incluso el consejero de Sanidad y Asusntos Sociales, José Igancio Echániz, se ha permitido el lujo de agradecer en público su participación en la redacción del texto a las entidades del sector. La patronal de los centros de menores elaborando la ley de protección a la infancia. Gente sin complejos. No los tengamos nosotros tampoco...¡hay que echarlos!