Cinco sindicalistas de UGT, trabajadores de ArcelorMittal, han sido condenados a penas de cárcel por participar en un piquete en la huelga general del 29 de marzo de 2012. Dos de ellos, a 5 años y 3 meses por un delito contra los derechos de los trabajadores y de lesiones, así como a pagar una multa de 4.500 euros, además de indemnizar al afectado con 70.600 euros. Los otros tres sindicalistas han sido condenados a 3 años y 6 meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y una multa de 4.500 euros cada uno.
Los trabajadores niegan los hechos y presentaron testigos que contaban versiones diferentes de los hechos descritos por el denunciante, pero a pesar de que la fiscalía no hizo ninguna investigación y que el denunciante no aportó ningún testigo ni ninguna prueba de lo sucedido, el juez basándose únicamente en el testimonio del denunciante impuso esta pena totalmente desproporcionada, en la línea de la persecución que se está llevando contra unos 300 sindicalistas en todo el estado con penas de cárcel que suman unos 120 años, por el único delito de luchar por defender los derechos de todos los trabajadores.
Los sindicalistas Cándido y Morala de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) también pueden ir 15 días a la cárcel por negarse a pagar una multa por una falta de desorden público al negarse a identificarse ante la Policía Nacional, según la sentencia. Los acusados niegan que no se identificaran, simplemente se negaron a hacer entrega de su DNI a los agentes.
La respuesta sindical ante esta persecución y criminalización queda limitada a recurrir las sentencias y pedir la derogación del artículo 315 del Código Penal (una ley franquista) al gobierno, al mismo gobierno de la reforma laboral, de los recortes y de la ley Mordaza. Es necesario cambiar el rumbo de esta política sindical que nos lleva a la pérdida de derechos sin tan siquiera presentar batalla para impedirlo.
Los sindicalistas Cándido y Morala de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) también pueden ir 15 días a la cárcel por negarse a pagar una multa por una falta de desorden público al negarse a identificarse ante la Policía Nacional, según la sentencia. Los acusados niegan que no se identificaran, simplemente se negaron a hacer entrega de su DNI a los agentes.
La respuesta sindical ante esta persecución y criminalización queda limitada a recurrir las sentencias y pedir la derogación del artículo 315 del Código Penal (una ley franquista) al gobierno, al mismo gobierno de la reforma laboral, de los recortes y de la ley Mordaza. Es necesario cambiar el rumbo de esta política sindical que nos lleva a la pérdida de derechos sin tan siquiera presentar batalla para impedirlo.