El discurso habitual de las multinacionales de farmacia es que dedican mucho dinero y muchos años a investigación + desarrollo, para poder producir un nuevo medicamento, por lo cual luego tienen que recuperar las cuantiosas inversiones imponiendo altos costes de venta.
Como recuerda Miguel Jara, “lo primero es comprobar que eso es así. Habría que hacer auditorías independientes de lo que ha costado el medicamento a la empresa y el tiempo que ha consumido en ello (y eso cargarlo en la cuenta del precio del fármaco pues la población no ha de pagar lo que es producto de la falta de transparencia de una industria y la permisividad de sus gobernantes). Ver si la molécula se creó en una institución pública, como suele ocurrir y que ello se contabilice también en el precio final. Comprobar la verdadera eficacia y seguridad del preparado farmacológico, para lo cual es fundamental que existan agencias reguladoras independientes (hoy no lo son) y que tengan TODOS los datos de los ensayos clínicos hechos por el laboratorio, cosa que no suele ocurrir”.
En el caso de Sovaldi, el blog “la ciencia y sus demonios”, publica una serie de datos que, suponen la confirmación de que el precio impuesto por la multinacional Gilead, es un atraco en toda regla como ya advertíamos días atrás desde CAS:
- Pharmasset fue creada por Liotta y Schinazi entre otros investigadores, que llevaban desde finales de la década de 1980 colaborando muy estrechamente en el tema de la búsqueda de medicamentos antivirales, como se puede comprobar en una veintena de publicaciones.
- Investigando las fuentes de financiación de los estudios recogidos en estos artículos, se encuentra que todos ellos (incluidos los que sirvieron de base para el desarrollo del Sovaldi y otros antivirales bajo patente de Pharmasset) han sido profusa y generosamente financiados durante más de 20 años por diversas agencias públicas de EEUU como los famosos “National Institutes of Health” (16 proyectos de investigación), el “Department of Veterans Affairs” (9 proyectos), el “United States Department of Energy” (2 proyectos), otros 2 proyectos del “Georgia Veterans Affairs Research Center for AIDS and HIV Infections” además de proyectos individuales financiados por el “Molecular Design Institute” del “Office of Naval Research”, el “United States Public Health Service” y el “National Cancer Institute”. Además, incluso en un artículo hubo financiación del también prestigioso “Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale” francés porque formaba parte de una colaboración internacional. Es decir, 33 proyectos de investigación financiados con dinero público durante más de dos décadas.
- A continuación se contactó con inversores y se creó una empresa con sede en el paraíso fiscal de Barbados, que varios años después se trasladó al estado de Delaware, que dispone de un estatus económico privilegiado, que le permite desde suelo yanqui, operar como en cualquier paraíso fiscal.
- En el 2007 Pharmasset, sin tener ningún medicamento a la venta en el mercado farmacéutico, sale a bolsa, se revaloriza espectacularmente y en 2011 es comprada por 11.000 millones de dólares por la multinacional Gilead.
- En 2013 la FDA (agencia del medicamento estadounidense) aprueba el uso del sofosbuvir o Sovaldi para el tratamiento de la hepatitis C y empieza su comercialización mundial.
Para acabar, es necesario recordar que se esconde detrás de Gilead. En el magnífico trabajo de investigación de Pablo Martínez Romero, de CNT Córdoba, “GILEAD, SOVALDI y Hepatitis C: La Bolsa o la Vida”[5], el autor desentraña el accionariado, los directivos (entre ellos algunos que han ejercido como Secretarios de Estado de tres administraciones norteamericanas, como Donald Rumsfeld y George Shultz).
Como dato anecdótico, el presidente del Consejo de Administración, John C. Martin, obtuvo en el último año, una compensación total de cerca de 170 millones de $. Como bien apunta Pablo, “la política de precios y comercial de GILEAD, no se puede entender sin comprobar como su accionariado y el de las principales farmacéuticas, está en manos de los principales grupos financieros y de inversión, para los que esta industria se ha convertido en los últimos años en la base para una nueva burbuja especulativa, esta vez biotecnológica, dónde, como sucedió con la burbuja inmobiliaria, la salud y la vida de millones de personas es lo último que importa”.