Tras declarar desierta la adjudicación de la gestión educativa del Centro de Observación y Acogida (COA), el Gobierno de Aragón ha iniciado un procedimiento negociado con tres empresas para contratar dicho recurso residencial de protección de menores. “Somos conocedores de que se está negociando con las mismas condiciones de los pliegos del concurso al que tan solo se presentó una entidad, Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM), que finalmente renunció a su gestión”, señalan desde la plataformaEducadores en Lucha.
“Recordamos que nuestro equipo educativo permanece en huelga indefinida desde el pasado 1 de noviembre al considerar que el concurso de la gestión del COA significaba un maltrato institucional para los menores en protección que residan en el centro. Nuestra opinión se argumenta en que dichas condiciones del pliego incumplen la Ley 12/2001 de la Infancia y Adolescencia en Aragón al mismo tiempo que precarizan las condiciones laborales de los educadores”, explican desde el colectivo de educadores y educadoras.
Este colectivo ha consultado distintas asesorías jurídicas y afirman que “se nos ha informado de que la Ley de Contratos del Sector Público no impide la modificación de condiciones del contrato que DGA negocia actualmente con tres empresas. Sin embargo, desde el IASS no se contempla ningún cambio de las condiciones solicitadas en el concurso desierto”.
Ante esta situación, los educadores y educadoras del COA entienden que “es de una irresponsabilidad absoluta seguir imponiendo las condiciones de un concurso que ha sido un total despropósito. Sólo se presentó FAIM con una oferta a la baja, luego renunció, se dejó desierto, pero no sólo no se sancionó a FAIM sino que se le adjudicó otros cuatro centros de menores por su oferta más barata. Encima todo debe estar paralizado porque parece que una empresa ha impugnado el concurso”.
“Parece que no hay límite para el mercadeo de los menores en protección”, enfatizan y por todo ello solicitan que “ya sea por procedimiento negociado o abierto a nuevo concurso de la gestión del COA, no se fijen unas condiciones que pongan en riesgo el servicio a los menores, ni precaricen las condiciones laborales de los educadores. Seguimos abiertos al dialogo para solucionar este grave conflicto social”.
No es tanto miedo al despido como preocupación por los menores en protección
A finales de diciembre, Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, amenazó con echar a los educadores a la calle y gestionar el COA a través del IASS. “Esta amenaza siempre ha estado presente en nuestras mentes, por lo que expresamos que no tenemos tanto miedo por nuestros despidos, como por el caos de servicio hacia nuestros niños que sucedería con esta opción. Si se diera pensamos que sería el más claro ejemplo de maltrato institucional y lo poco que le importa al actual Gobierno de Aragón los menores en protección”, concluyen desde el colectivo de educadores y educadoras.