PÁGINAS

miércoles, 30 de septiembre de 2015

Campaña estudiantil de solidaridad con los refugiados

Carta abierta a nuestros hermanos y hermanas refugiados. ¡Bienvenidos!

En las últimas semanas las imágenes del sufrimiento y la desesperación en vuestros rostros, tras el largo y tortuoso camino que habéis realizado para huir de la destrucción y la miseria, nos han golpeado y conmocionado. También nos hemos indignado, y llenado de rabia, al ver como la policía os ha golpeado, y como los gobiernos de la Europa “civilizada” os hacinan en condiciones inhumanas en plazas, estaciones de tren o espacios rodeados de alambradas, sin comida ni agua, sin asistencia médica, sin un cobijo digno. Esta cruel realidad nos recuerda la historia de nuestras propias familias, cuando muchos de nuestros abuelos huían de la dictadura franquista hacia el exilio, en barcos abarrotados o en colas interminables con niños, con hambre, con frío, condenados a permanecer en campos cercados donde miles morían.

Conocemos muy bien a los responsables de esta barbarie. Son Rajoy, Merkel, Cameron y el resto de dirigentes europeos que apoyan y financian las guerras que destruyen vuestros hogares, vuestros hospitales y escuelas, vuestras ciudades y vuestras vidas. Los mismos que llevan años destruyendo la educación, la sanidad y los derechos sociales más esenciales en nuestros países, que desahucian a miles de familias de sus viviendas, que nos condenan al desempleo y nos obligan a emigrar en busca de un presente y un futuro del que nos privan aquí. Son gobiernos al servicio de los grandes capitales, de los grandes bancos y de las grandes multinacionales, de las industrias de armamento, dispuestos a provocar todo este inmenso dolor si con ello acrecientan sus beneficios. Hipócritamente lloran lágrimas de cocodrilo cuando les enfoca alguna televisión, pero son ellos los que han creado la pesadilla de vuestro dolor.

Ellos son el obstáculo que se interpone en vuestro camino hacia una vida digna. El capitalismo levanta muros, alambradas, cierra fronteras, atiza la xenofobia , el racismo y el miedo, como también hacía hace sesenta años. Pero todo esto no tiene nada que ver con nosotros, con la inmensa mayoría de la juventud y de los trabajadores, de los oprimidos de Europa. Nosotros os damos la bienvenida, os damos nuestra mano y nuestro corazón, y os decimos que contáis con nuestra solidaridad incondicional.

En el Estado español sabemos muy bien que opina el gobierno del PP de vosotros y de nosotros. La vallas llenas de cuchillas con las que se recibe a los que cruzan el Estrecho en busca de una oportunidad, los miles de muertos sepultados bajo las aguas del Mediterráneo, las redadas racistas, los centros de internamiento, la explotación más brutal, nos lo recuerda todos los días. Por eso estamos hartos de escuchar la demagogia de un gobierno que habla de “cupos”, de que aquí no cabemos todos, de que entre los miles de refugiados se infiltran “yihadistas” ¡Basta ya! Aquí sólo sobran la xenofobia y el racismo, las leyes inhumanas y represivas alentadas por este gobierno y por todos los gobiernos al servicio de los intereses capitalistas e imperialistas. Tenemos muy claro que nuestros problemas no vienen de fuera, ni los provocan los emigrantes en patera o los refugiados que se juegan la vida llegando a las fronteras de Europa.

Desde el Sindicato de Estudiantes defendemos una vida digna para todos los que huís del horror, como la defendemos para todos los jóvenes y los trabajadores del mundo. Que todos los recursos que se malgastan para salvar bancos se dediquen a acoger a los refugiados, y garantizar el pan, el techo, la vivienda, la sanidad y la educación para todos los que habitamos Europa. Hay medios suficientes y la sociedad se puede organizar de otro modo, con justicia social, sin explotación, ni violencia. Os damos la bienvenida y os decimos: contáis con nosotros y con nuestra solidaridad inquebrantable, y gracias a vosotros redoblaremos las fuerzas en la lucha por transformar la sociedad y acabar con el capitalismo.

¡Ni cupos ni recortes!
¡Fuera el gobierno de los desahucios, las guerras y el horror!
Refugees Welcome!

Organiza asambleas en tu instituto o universidad para formar un comité de solidaridad con los refugiados
Distribuye la carta a tus compañeros, profesores y hazla llegar a otros centros de estudio.
Coloca pancartas y carteles en un centro, en los pasillos, en el aula, en las puertas, en tu barrio, etc... Organiza mesas informativas...
   DESCARGA EL CARTEL                                 DESCARGA LA CARTA
    CASTELLANO - CATALÀ                          CASTELLANO - CATALÀ
    EUSKARA - GALEGO                                  EUSKARA - GALEGO

martes, 29 de septiembre de 2015

Agresiones fascistas contra los chavales y los educadores de un centro de menores

El domingo pasado se produjo otro incidente dentro de la serie de agresiones y amenazas que está sufriendo el centro de menores L'Estrep de Sant Salvador de Guardiola (Bages) desde hace una semana. Cuatro individuos que iban en un coche retaron a dos muchachos de la casa de acogida que estaban en Manresa a pelearse con ellos. «Los chicos están atemorizados y sus familias, también», relataba ayer la directora, Emma Torres, que ha instaurado medidas de autoprotección para evitar que los menores sigan siendo acosados.
Esta noche se celebrará una reunión en Manresa que puede ser fundamental para frenar la espiral de incidentes. En el encuentro participarán los Mossos, el alcalde, Albert Miralda, la dirección de la casa de acogida, representantes de la Direcció General d'Atenció a la Infància y l'Adolescència (DGAIA) y miembros de la asociación de vecinos del barrio de El Calvet con el objetivo de encontrar medidas para que la buena convivencia vuelva a instaurarse en el pueblo y cesen los ataques.
El pasado día 21, un grupo de vecinos de El Calvet, organizados en patrullas de vigilancia, irrumpieron en el centro y se enfrentaron a los educadores y a los menores entre proclamas racistas, ya que en L'Estrep la mitad de los acogidos son de origen magrebí. Los agresores afirman que los menores están implicados en los robos que sufre el barrio en los últimos meses, pero ni los Mossos, ni el ayuntamiento, ni la dirección de L'Estrep tienen constancia de que se haya presentado denuncia alguna contra ellos.
Después de esos altercados, unos desconocidos destrozaron una furgoneta de la casa de acogida cuando viajaba en ella un menor y, unos días después, ocho personas amenazaron de muerte a un chico de 14 años que reside en el centro cuando salía de su colegio en Manresa. Los ataques también se han extendido a los educadores, que han visto cómo sus coches, aparcados dentro del recinto de L'Estrep, han amanecido con rayadas y ruedas pinchadas.
Técnicos de la DGAIA admitieron ayer que en los últimos 30 años no habían visto una persecución y un acoso tan graves. «Tenemos 200 centros en toda Catalunya y a veces los vecinos se han opuesto a la apertura de las instalaciones porque temían que los chicos fueran delincuentes. Pero este no es el caso, los acogidos en L'Estrep son menores que necesitan protección y el centro está realizando una magnífica labor con ellos», insistieron.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Hepatitis C + Prisión = Doble Condena. ¡Tratamiento para tod@s!

CARTEL
CONVOCATORIA
Los integrantes de La Coordinadora de Afectados por Hepatitis C vamos  a llevar a cabo,  los próximos días 25 y 26 de Septiembre de 2015, una acción informativa-reivindicativa. “Exigiremos” el derecho de la población reclusa afectada por hepatitis C  a ser tratada en igualdad de condiciones que el resto de afectados. 

El día 25 haremos llegar sendos documentos al Ministerio De Sanidad  e Instituciones Penitenciarias pidiendo  que se nos proporcionen datos reales. En el primer caso pediremos número de afectados por hepatitis C y número de pacientes tratados con los nuevos medicamentos libres de Interferón; en el segundo caso, número de afectados por esta enfermedad en los centros penitenciarios y número de reclusos tratados con los medicamentos de última generación; en ambos documentos solicitaremos también conocer el coste de los nuevos fármacos aprobados en España para tratar esta enfermedad.

La tasa mundial de afectados por hepatitis C oscila entre el 1,5 y el 3 % de la población. En el caso de la población reclusa, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, el porcentaje es superior al 22%. 

El día 26 las diferentes plataformas que formamos parte de La Coordinadora efectuaremos concentraciones en las puertas de las prisiones, Subdelegaciones Del Gobierno, Oficina del Defensor del Pueblo, etc. 

Las dificultades que la totalidad de afectados por esta enfermedad estamos encontrando para ser tratados con los nuevos  medicamentos, libres de Interferón, que curan nuestra enfermedad en más del 90% de los casos, es un caso insólito en la Sanidad Pública Española. Los diferentes organismos competentes en materia sanitaria “exigen” como condición para tratarnos que nos pongamos “lo suficientemente enfermos”, que estemos en un estadio de la enfermedad grave o muy grave. Esta condición, con ser intolerable, es aún peor para la población reclusa; en los centros penitenciarios el estar gravemente enfermo no te garantiza que vayas a ser tratado.

Por eso vemos más necesario que nunca realizar estas acciones y pedir al resto de Plataformas de afectados por hepatitis C, movimientos sociales, colectivos, agentes políticos y ciudadanos en general que acudan a estas acciones y nos ayuden a acabar con esta situación. Como sociedad no podemos tolerar que dentro de las cárceles españolas sigan muriendo personas afectadas por una enfermedad para la que existe cura.  

Los artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a la vida e integridad física, así como el derecho a la protección de la salud. Encontrándose los primeros en el Catálogo de derechos fundamentales. Estos derechos tienen un carácter absoluto y están entre aquellos que no pueden verse limitados por pronunciamiento judicial alguno, ni por ninguna pena.

Artículo 208 del reglamento penitenciario: A todos los internos, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.

Todo aquel que quiera sumarse a esta acción puede dirigirse a lourdes_lsv_25@hotmail.com,os haremos llegar el cartel y en el caso de las Plataformas, también los documentos para pedir datos tanto al Ministerio de Sanidad como a IIPP.

martes, 22 de septiembre de 2015

Castilla-La Mancha adjudica centros de menores a una fundación denunciada por Amnistía Internacional


Concentración después de los fallecimientos de los jóvenes / Foto Archivo 
La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha ha formalizado con la Fundación O'Belén el contrato de gestión de servicio público, por la modalidad de concierto, de 15 plazas en un centro de protección de menores con especialidad en primera acogida y valoración en Guadalajara, por 902.827 euros.

Esta fundación con tintes empresariales fue protagonista en el año 2009 de denuncias de malos tratos en los centros que gestionaba, situación que provocó el pronunciamiento del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, que se dirigió por entonces a España para transmitir su preocupación sobre estos sucesos.

Por aquel entonces, los expertos coincidían en señalar que el archivo de los casos de maltrato en centros de menores no era extraño, pues el acceso a los centros era complicado y su régimen interno prácticamente desconocido, de no ser por filtraciones que hacían los propios trabajadores. Sin embargo, en 2009, los informes de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo documentaron las acusaciones y provocaron el cierre varios centros de O’Belén, entre los que se encontraban Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz, que estaban ubicados en Castilla-La Mancha.

En este sentido, la organización de derechos humanos remitió a O’Belén su informe junto con una carta solicitando una reunión para discutir las conclusiones y recomendaciones del mismo. Esta petición no sólo no fue atendida por la fundación sino que, en una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid en 2010, Javier San Sebastián, presidente de O’Belén, afirmó públicamente de Amnistía que “es un organismo tan desacreditado que no merece la pena ni considerar sus informes” (Minuto 10:25).

El informe de Amnistía Internacional sobre O’Belén
 
Diferentes denuncias penales, testimonios de menores y trabajadores llegaron a hablar del clima de violencia que se producía a menudo en los centros de O’Belén. El Defensor del Pueblo llegó a recoger denuncias penales presentadas por menores que habían sufrido golpes, además de las tristemente famosas contenciones para inmovilizar a los menores.

También se denunciaban prácticas de aislamiento, defendidas por el propio Javier San Sebastián bajo la denominación de “reflexión”, esta práctica incumplía gravemente la resolución 45/113 de la ONU. Los testimonios recogidos en los informes de Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo muestran castigos de aislamiento de hasta 72 horas seguidas, sin posibilidad en algunos casos de ir al servicio o dar algún paseo.

El informe señalaba también que como consecuencia de estas prácticas tres adolescentes se suicidaron, Hamid de 13 años, se ahorcó en Picón del Jarama mientras estaba en aislamiento. Saray de 14 años, saltó del coche para no volver a Casa Joven. David de 12 años, apareció muerto con la correa de una persiana enroscada al cuello en Baix Vinalopó (Elche). Además, diversos expertos criticaron que a los jóvenes se les medicada de forma forzosa.

¿Quiénes estuvieron detrás de la constitución de O´Belén?

Según denuncia el ‘Colectivo No a O’Belén’, esta fundación es “una de esas organizaciones sin ánimo de lucro que surgieron en los años 90 al calor de la mercantilización de la pobreza”.
Entre los nombres destacados que formalizaron esta fundación podemos encontrar el de Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y candidato por el PP en las pasadas elecciones generales de 2008; Javier Herrero, exconsejero delegado de Iberdrola; Emilio Pinto, diplomado en Magisterio y exportavoz del Partido Popular de Sigüenza; Carlos Moreno, exconcejal en Sigüenza por el Partido Popular y antiguo portavoz del grupo de no adscritos en la Diputación de Guadalajara tras ser expulsado del PP; y José Carlos Moratilla, expresidente de la Diputación de Guadalajara por el PSOE, aunque inició su carrera política en el CDS.

El negocio resurge de la mano del PP

Tras el cierre de sus centros en la región parecía que a esta fundación se le acababa su futuro en Castilla-La Mancha, pero con la llegada del PP al gobierno castellano-manchego las adjudicaciones se volvieron a repetir.
Nada de esto resultaba extraño, sobre todo si tenemos en cuenta que José Ignacio Echániz, exconsejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, es hermano de Teresa Echániz, miembro del patronato de la Fundación Confías. Esta fundación es presidida por Javier Sebastián, también presidente de O´Belén.

Respuesta de la Consejería de Bienestar Social

Después de que periodicoclm.es se pusiera en contacto con María Ger, Directora General de Menores y Familias de la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, esta nos ha asegurado que “el control que se lleva en la actualidad viene establecido en los términos de los convenios y contratos que rigen los centros de protección de menores, donde se recogen las obligaciones de la entidad en cuanto al seguimiento y la evaluación de la intervención, generalmente mediante comisiones de seguimiento, y los centros son además supervisados por los equipos técnicos de menores”.
“Es intención de esta Consejería, y de esta Dirección General, reforzar la colaboración y la comunicación con las entidades gestoras, así como ejercer un control y una supervisión estrecha y continuada de todos los recursos de menores, de cara a prestar una atención de calidad, homogénea en todo el territorio y adecuada a sus necesidades”, nos ha asegurado María Ger en un escrito que nos ha remitido.

En la actualidad, la Fundación Internacional O’Belén gestiona el Centro de primera acogida y un hogar residencial para menores de protección, ambos en Guadalajara. En concreto, el contrato que se ha publicado hoy en D.O.C.M. es el referente al Centro de primera acogida y valoración, que se formalizó el 1 de mayo de 2015.

Para finalizar, la Directora General de Menores y Familias también nos ha confirmado que “en el año 2009 y como consecuencia del informe del Defensor del pueblo en el que se repasaba la situación de los centros de menores con trastornos de conducta y en conflicto social en España, se procedió al cierre definitivo de los dos centros para menores con trastornos de conducta que gestionaba dicha entidad y que se denunciaban en el informe”.

sábado, 12 de septiembre de 2015

Victoria contra el aislamiento en las cárceles de California

Miles de prisioneros dejarán de estar recluidos en aislamiento en California gracias a un histórico acuerdo jurídico anunciado la semana pasada, según explica Amy Goodman en Democracy Now!.
El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión en aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución estadounidense contra el castigo cruel e inusual.
Esta resolución es el fruto de la lucha organizada de reclusos aislados durante décadas, algunos de ellos más de veinte años en la Prisión Estatal de Pelican Bay (California), en una movilización caracterizada por lo difícil que resulta alzar la voz en una situación así y autodenominada Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial (SHU) de Pelican Bay.

Huelgas de hambre y demanda colectiva

En julio de 2011 iniciaron una huelga de hambre en protesta contra las condiciones del régimen de aislamiento en la Unidad de Alojamiento Especial, el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. En ella participaron más de mil reclusos.
Su tabla reivindicativa constaba de cinco puntos y, después de tres semanas, las autoridades presentaron una propuesta, que los huelguistas consideraron de buena fe, para efectuar una revisión de las políticas de la SHU.
Meses después, tras comprobar que no se cumplía esa propuesta, volvieron a la huelga de hambre, en la que participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.
Tras esta segunda huelga, el Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, presentó una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento Especial.
Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 60.000 prisioneros.

La lucha de las familias

Fuera de las cárceles, las familias de los reclusos también se organizaron en el colectivo Familias de California contra la Reclusión en Aislamiento, que protestó a las puertas de las prisiones, participó en mesas de discusión y foros para tratar de hacer visibles las condiciones en que se encontraban sus familiares.

"Me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden". Dolores Martínez, madre de un preso aislado desde hace catorce años, explicó sus sentimientos a Democracy Now! tras conocer el acuerdo: "Hubo veces en que me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden, porque ésa es su existencia. Ni siquiera podía imaginarme en qué consistía la reclusión en aislamiento, la profundidad del aislamiento. En realidad no pensaba mucho en eso. Imagino que es algo de lo que nos abstraemos. Pero después de todo aquello, simplemente no pude parar de pensar en eso".

El prisionero Todd Ashker es uno de los referentes del Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Dado que no puede recibir llamadas telefónicas, es difícil acceder a sus palabras.

En una grabación del período de las huelgas de hambre obtenida por Democracy Now!, Ashker, que es el demandante nombrado en el caso que derivó en el acuerdo, declaró que "la mayoría de nosotros nunca fue declarado culpable de haber cometido un delito relacionado con una pandilla. Pero estamos en la Unidad de Alojamiento Especial por una etiqueta. Y todas nuestras apelaciones y numerosas acciones legales no nos han llevado a ninguna parte. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared".

Una forma de tortura

La reclusión prolongada en aislamiento es una forma de tortura. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, denunció en 2011 que "los Estados deberían prohibir la reclusión en aislamiento como forma de castigo, sea cual sea el nombre que reciba: segregación, aislamiento, separación, reclusión celular, encierro, máxima seguridad, hoyo o Unidad de Alojamiento Especial".

"El confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social"
Jules Lobel, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado que lleva el caso, afirmó que "California ha ubicado a miles de reclusos en aislamiento. Obviamente ello hace que se sientan muy enojados, frustrados, desesperanzados. Todos nuestros muchachos han experimentado esas sensaciones. Además, el confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social. La gente pierde la capacidad de vincularse con otras personas y tiene muchas dificultades para relacionarse con gente en el mundo normal. Y muchas de estas personas van a salir de prisión. Estamos generando una situación en la que liberamos personas que estaban en régimen de aislamiento y que no pueden tener la capacidad de relacionarse en el mundo exterior".

No sólo los reclusos y sus familiares se oponen al aislamiento. Al día siguiente de que se alcanzara el acuerdo, la Asociación de Administradores de Correccionales Estatales emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, aseguraba que "el aislamiento prolongado de los individuos en las cárceles y prisiones constituye un grave problema en Estados Unidos. La insistencia en que haya cambios no proviene solamente de legisladores de todo el espectro político, jueces y muchas voces del sector privado, sino también de los directores de los sistemas correccionales tanto a nivel estatal como federal".

lunes, 7 de septiembre de 2015

El Comité de Empresa de Traballo denuncia condiciones laborales de esclavitud

El comité de empresa de la Consellería de Trabajo y Bienestar en A Coruña denunció hoy las «condiciones laborales de esclavitud y de crueldad física y psicológica» a que están sometidos los que ejercen en centros de atención a tercera edad, menores y discapacitados.
En un comunicado, el citado comité de empresa indica que se trata del «colectivo más castigado por los recortes» presupuestarios y por el «recorte de derechos conquistados históricamente, dentro del personal laboral de la Xunta». Según la nota, el personal que ejerce en esos centros es «víctima de turnos de trabajo estresantes, machacadores y esclavistas».
Alega que en esos centros «se deniega las vacaciones al personal que está haciendo sustituciones de trabajadores en situación de baja de larga duración» y se aplican «contratos en precario de media jornada, fines de semana o por horas». Además, denuncia que «el personal de turno tiene que asumir el trabajo de otro personal que no se cubre» y que se encuentra bien «de vacaciones, de baja o de permiso justificado». A consecuencia de ello hay «sobrecarga de trabajo» de manera que los turnos de los profesionales de atención a personas mayores o a menores «tienen secuencias de siete días continuados de trabajo con tres noches consecutivas, librando uno de cada tres domingos, y no hay una regla que regule la libranza de festivos por lo que están trabajando la mayoría de ellos».
Añade que eso supone la «posibilidad de tener que trabajar todos» los días festivos «sin ningún tipo de compensación».
El comité de empresa de la Consellería de Trabajo y Bienestar en A Coruña acusa a la titular de ese departamento de la Xunta, Beatriz Mato, y a los cargos directivos de su gabinete de «desidia, inoperancia, prepotencia e imposición». Según la nota, «la carga de trabajo aumenta considerablemente por la negativa de Beatriz Mato a cubrir las bajas que se producen en los centros de atención directa» y apunta que los servicios de «enfermería, limpieza, cocina y ordenanzas siempre están bajo mínimos con carencia de personal y teniendo que suplirse doblando jornadas o sobrecargándose de trabajo». «Estamos ante una gestión temeraria que pone en peligro la salud del personal laboral de atención directa y merma considerablemente las prestaciones a los usuarios de Bienestar», indica el comité de A Coruña, que anuncia la convocatoria de movilizaciones en septiembre para «exigir soluciones contra la precariedad laboral y por la recuperación de los derechos y la calidad de las prestaciones».

viernes, 4 de septiembre de 2015

Coca Cola reabre Fuelabrada ¡Se puede, se debe luchar contra los ERES!


COCA-COLA REABRE FUENLABRADA. Este lunes, 7 de septiembre, CCOO celebrará la lucha de la clase obrera que supone la reapertura de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada y la reincorporación de la plantilla a sus puestos de trabajo.
Quien lo desee puede acompañar a los trabajadores y trabajadoras en su entrada a la fábrica. A las 6,30 horas en Sauce, 20, polígono Niño del Remedio. El acto podrá seguirse también en la web de CCOO de Madrid www.ccoomadrid.es‪#‎CocaCola7SepAbreFu‬

martes, 1 de septiembre de 2015

El sindicalismo de clase lo debe tener claro. Por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad

Las diferencias sociales que genera el sistema económico imperante conllevan situaciones en las que sectores importantes de la población necesitan de la solidaridad del resto. Estas situaciones no han pasado desapercibidas para el conjunto de la sociedad. De esta forma, a lo largo del siglo XX fue surgiendo el concepto de “servicios sociales” tal y como hoy día es entendido por la mayoría de la población. Sin duda, una conquista histórica del movimiento obrero que con su lucha fue arrancando importantes concesiones, obligando al Estado y las distintas administraciones a destinar una parte importante del dinero público a las llamadas políticas de bienestar social, como forma de redistribuir la riqueza y garantizar así un mínimo nivel de vida al conjunto de la ciudadanía. Los sistemas sanitarios y educativos públicos, junto a los servicios sociales, son los pilares fundamentales del llamado “Estado del Bienestar”, imperantes en Europa Occidental tras la II Guerra Mundial.

Pero las tesis liberales defendidas por los neocon desde finales de los 70 fueron ganando cada vez más fuerza, planteando la disminución de la intervención estatal a todos los niveles, dejando a la sociedad en manos de esa entelequia denominada “leyes del mercado”. Una orgía de privatizaciones recorrió Europa (y el mundo), incluyendo al estado español. Y los servicios sociales también se plegaron a estas tesis liberales, por lo que toda una pléyade de oenegés surgieron en los años 90 al calor de la privatización ((el 78,2% de los trabajadores del sector prestan sus servicios en empresas privadas). Es en este contexto general donde se enmarcan las leyes de Servicios Sociales de las distintas comunidades autónomas. La privatización pervierte en origen el objetivo que debieran tener los servicios sociales (la atención de las necesidades personales y sociales de las personas en dificultad), pasando a ser una fuente de negocio más para la patronal, de forma que el enorme caudal de dinero público destinado a cubrir necesidades sociales va desviándose en parte hacia otros menesteres, vía conciertos y subvenciones. 

Además, la privatización conlleva que el sector de la Intervención Social sufra uno de los niveles de precariedad laboral más altos del conjunto de los sectores productivos (el empleo en los servicios sociales muestra una precariedad superior a la media del total nacional con una tasa de temporalidad 3 puntos superior a la media del conjunto de sectores y una tasa de parcialidad en los contratos 9,3 puntos superior a la media). Este hecho inevitablemente afecta a la calidad del servicio y favorece la represión interna ante cualquier actividad sindical de clase o cualquier disidencia metodológica. Lo que no sólo repercute en las condiciones laborales y salariales (el salario medio en servicios sociales es un 28% inferior al salario medio en España), sino que incluso limita a los trabajadores en uno de los aspectos fundamentales de su labor profesional: la defensa de los intereses de los usuarios, facilitando la arbitrariedad en la toma de decisiones que les afectan tanto por parte de las distintas empresas como de la administraciones. Además, la privatización también juega un importante papel político, ya que permite a las administraciones enajenarse de sus responsabilidades al delegar sus funciones en otras entidades. 

Por otra parte, en un contexto como el actual de crisis estructural del sistema capitalista, la privatización está permitiendo que el sistema de servicios sociales pueda ser desmantelado con gran facilidad por su funcionamiento a base de convenios de carácter temporal para la prestación de servicios (basta con no renovarlos para hacer desaparecer el servicio. Entre 2010 y 2013 se perdieron 56700 empleos en servicios sociales). Además, la enorme precariedad y atomización de los trabajadores del sector dificulta  la respuesta organizada contra los recortes y el cierre de recursos. También hay que apuntar que la respuesta sindical ha sido insuficiente, cuando no inexistente. Nada justifica que ante la situación descrita, CCOO y UGT no hayan movilizado de forma contundente al conjunto del sector en todo el estado. 

Funcionamiento burocrático de los servicios sociales

Dicho esto, es necesario reconocer la existencia de organizaciones que actúan realmente sin ánimo de lucro, y que además realizan una gran labor. Son fácilmente distinguibles de las entidades sinónimo de lucro, ya que no buscan su expansión, sino profundizar en la labor que realizan, generalmente en un ámbito geográfico concreto, naciendo del tejido social de los distintos barrios donde están presentes. Estas asociaciones deben jugar un importante papel en el sistema de servicios sociales.

Los servicios sociales deben ser de titularidad y gestión pública, eliminado el lucro empresarial de la ecuación. Pero este hecho, por sí mismo, no garantiza la eficacia de los mismos. A pesar de la privatización, los servicios sociales tienen un funcionamiento excesivamente rígido y burocrático, profundamente antidemocrático. En la práctica, la capacidad de control ciudadano sobre los servicios sociales es nula, por lo que sus intervenciones suelen ser bastante ineficaces. O no, porque en muchos aspectos el sistema de servicios sociales está llamado más que a satisfacer necesidades a ejercer como un mecanismo de control social. Los programas de intervención por lo general se diseñan en despachos física y socialmente muy alejados de las zonas geográficas y sectores de población sobre los que se va a intervenir. Y esto es precisamente así porque se trata de intervenir sobre, y no junto a o en colaboración con los sectores afectados, que es como debiera ser. 

Por tanto, los servicios sociales, además de públicos, tienen que ser democráticos. Y es aquí donde esas asociaciones realmente sin ánimo de lucro deben jugar un papel fundamental. Tanto el análisis de las necesidades como la elaboración de los programas de intervención deben surgir del tejido social de los propios barrios, del movimiento asociativo en colaboración con los profesionales de los servicios sociales. Y la ejecución de dichos programas debe ser supervisada por ese mismo tejido asociativo, junto a la Administración y los representantes de los trabajadores del sector. Además, las mencionadas asociaciones también deben mantener su capacidad de acción social directa, elaborando proyectos transversales, complementarios a la actuación de los servicios sociales públicos (actividades subvencionadas con dinero público pero circunscritas a espacios geográficos limitados y de no elevada necesidad presupuestaria, de tal manera que el afán de lucro no tenga cabida). 

En resumen, los servicios sociales deben estar sometidos al control ciudadano, y el papel de los responsables políticos de la Administración debe limitarse a garantizar los medios necesarios para su desarrollo, así como al control sobre su correcto funcionamiento junto al tejido social. Por último, junto a lo mencionado hasta el momento, para garantizar la calidad de la intervención, es fundamental la formación continua y permanente de los profesionales del sector (algo que en la actualidad no sucede, salvo la realización de ciertos cursos y jornadas de nulo valor práctico y formativo, cuyo único objetivo es justificar las subvenciones que reciben las empresas). A la insuficiencia de la formación académica formal para el trabajo práctico, se suman los constantes cambios que se producen en el seno de la sociedad, por lo que una formación continuada y de calidad no sólo es deseable sino absolutamente imprescindible. 

Por la dignificación del sector. Luchar por la aplicación inmediata del convenio.

El pasado 3 de julio se publicó en el BOE el primer Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social. Sin embargo, la patronal se está mostrando reacia a su aplicación. Y es que aunque no es un buen convenio, las lamentables condiciones laborales del sector hacen que su aplicación suponga una mejora salarial media del 10%. Además articula por primera vez al sector, ya que hasta ahora ni siquiera teníamos convenio propio.

El malestar entre los trabajadores del sector es evidente y va en aumento, por lo que posiblemente este otoño veamos cómo saltan conflictos laborales en distintas empresas de "lo social". Porque ya estamos hartos de precariedad y tomaduras de pelo por parte de la patronal y sus representantes políticos en las administraciones, así como de las carencias en los servicios prestados. Es urgente visibilizar la situación de nuestros servicios sociales, plantando cara conjuntamente a la patronal. Los sindicatos de clase, junto a a distintos colectivos representativos del sector (como Intervención Social en Lucha o la Plataforma en Defensa de la Atención a la Discapacidad), tienen que organizar una movilización unitaria y contundente con dos objetivos principales: revertir los recortes y la inmediata aplicación del convenio.

Pero no olvidemos que la única manera de lograr unas condiciones laborales dignas en el sector y una atención de calidad, es eliminando el lucro empresarial en los servicios sociales. Si somos los profesionales quienes realizamos la intervención (porque nadie más que los trabajadores saca el trabajo adelante), y las administraciones son quienes aportan los medios materiales, ¿qué papel juegan aquí las empresas? Ninguno, salvo trincar a costa de trabajadores y usuarios. Por eso, hay que acabar con la privatización de los servicios sociales y, entre todos, definir de nuevo qué es eso de los servicios sociales y cómo deben funcionar.