Miles de prisioneros dejarán de estar recluidos en aislamiento en California gracias a un histórico acuerdo jurídico anunciado
la semana pasada, según explica Amy Goodman en Democracy Now!.
El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión en aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución estadounidense contra el castigo cruel e inusual.
Esta resolución es el fruto de la lucha organizada de reclusos aislados durante décadas, algunos de ellos más de veinte años en la Prisión Estatal de Pelican Bay (California), en una movilización caracterizada por lo difícil que resulta alzar la voz en una situación así y autodenominada Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial (SHU) de Pelican Bay.
Especial, el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. En ella participaron más de mil reclusos.
Su tabla reivindicativa constaba de cinco puntos y, después de tres semanas, las autoridades presentaron una propuesta, que los huelguistas consideraron de buena fe, para efectuar una revisión de las políticas de la SHU.
Meses después, tras comprobar que no se cumplía esa propuesta, volvieron a la huelga de hambre, en la que participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.
Tras esta segunda huelga, el Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, presentó una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento Especial.
Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 60.000 prisioneros.
"Me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden". Dolores Martínez, madre de un preso aislado desde hace catorce años, explicó sus sentimientos a Democracy Now! tras conocer el acuerdo: "Hubo veces en que me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden, porque ésa es su existencia. Ni siquiera podía imaginarme en qué consistía la reclusión en aislamiento, la profundidad del aislamiento. En realidad no pensaba mucho en eso. Imagino que es algo de lo que nos abstraemos. Pero después de todo aquello, simplemente no pude parar de pensar en eso".
El prisionero Todd Ashker es uno de los referentes del Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Dado que no puede recibir llamadas telefónicas, es difícil acceder a sus palabras.
En una grabación del período de las huelgas de hambre obtenida por Democracy Now!, Ashker, que es el demandante nombrado en el caso que derivó en el acuerdo, declaró que "la mayoría de nosotros nunca fue declarado culpable de haber cometido un delito relacionado con una pandilla. Pero estamos en la Unidad de Alojamiento Especial por una etiqueta. Y todas nuestras apelaciones y numerosas acciones legales no nos han llevado a ninguna parte. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared".
"El confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social"
Jules Lobel, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado que lleva el caso, afirmó que "California ha ubicado a miles de reclusos en aislamiento. Obviamente ello hace que se sientan muy enojados, frustrados, desesperanzados. Todos nuestros muchachos han experimentado esas sensaciones. Además, el confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social. La gente pierde la capacidad de vincularse con otras personas y tiene muchas dificultades para relacionarse con gente en el mundo normal. Y muchas de estas personas van a salir de prisión. Estamos generando una situación en la que liberamos personas que estaban en régimen de aislamiento y que no pueden tener la capacidad de relacionarse en el mundo exterior".
No sólo los reclusos y sus familiares se oponen al aislamiento. Al día siguiente de que se alcanzara el acuerdo, la Asociación de Administradores de Correccionales Estatales emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, aseguraba que "el aislamiento prolongado de los individuos en las cárceles y prisiones constituye un grave problema en Estados Unidos. La insistencia en que haya cambios no proviene solamente de legisladores de todo el espectro político, jueces y muchas voces del sector privado, sino también de los directores de los sistemas correccionales tanto a nivel estatal como federal".
la semana pasada, según explica Amy Goodman en Democracy Now!.El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión en aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución estadounidense contra el castigo cruel e inusual.
Esta resolución es el fruto de la lucha organizada de reclusos aislados durante décadas, algunos de ellos más de veinte años en la Prisión Estatal de Pelican Bay (California), en una movilización caracterizada por lo difícil que resulta alzar la voz en una situación así y autodenominada Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento
Especial (SHU) de Pelican Bay.Huelgas de hambre y demanda colectiva
En julio de 2011 iniciaron una huelga de hambre en protesta contra las condiciones del régimen de aislamiento en la Unidad de Alojamiento Especial, el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. En ella participaron más de mil reclusos.Su tabla reivindicativa constaba de cinco puntos y, después de tres semanas, las autoridades presentaron
una propuesta, que los huelguistas consideraron de buena fe, para efectuar una revisión de las políticas de la SHU.Meses después, tras comprobar que no se cumplía esa propuesta, volvieron a la huelga de hambre, en la que participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.
Tras esta segunda huelga, el Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, presentó una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento
Especial.Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 60.000 prisioneros.
La lucha de las familias
Fuera de las cárceles, las familias de los reclusos también se organizaron en el colectivo Familias de California contra la Reclusión en Aislamiento, que protestó a las puertas de las prisiones, participó en mesas de discusión y foros para tratar de hacer visibles las condiciones en que se encontraban sus familiares."Me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden". Dolores Martínez, madre de un preso aislado desde hace catorce años, explicó sus sentimientos a Democracy Now! tras conocer el acuerdo: "Hubo veces en que me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden, porque ésa es su existencia. Ni siquiera podía imaginarme en qué consistía la reclusión en aislamiento, la profundidad del aislamiento. En realidad no pensaba mucho en eso. Imagino que es algo de lo que nos abstraemos. Pero después de todo aquello, simplemente no pude parar de pensar en eso".
El prisionero Todd Ashker es uno de los referentes del Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Dado que no puede recibir llamadas telefónicas, es difícil acceder a sus palabras.
En una grabación del período de las huelgas de hambre obtenida por Democracy Now!, Ashker, que es el demandante nombrado en el caso que derivó en el acuerdo, declaró que "la mayoría de nosotros nunca fue declarado culpable de haber cometido un delito relacionado con una pandilla. Pero estamos en la Unidad de Alojamiento Especial por una etiqueta. Y todas nuestras apelaciones y numerosas acciones legales no nos han llevado a ninguna parte. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared".
Una forma de tortura
La reclusión prolongada en aislamiento es una forma de tortura. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, denunció en 2011 que "los Estados deberían prohibir la reclusión en aislamiento como forma de castigo, sea cual sea el nombre que reciba: segregación, aislamiento, separación, reclusión celular, encierro, máxima seguridad, hoyo o Unidad de Alojamiento Especial"."El confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social"
Jules Lobel, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado que lleva el caso, afirmó que "California ha ubicado a miles de reclusos en aislamiento. Obviamente ello hace que se sientan muy enojados, frustrados, desesperanzados. Todos nuestros muchachos han experimentado esas sensaciones. Además, el confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social. La gente pierde la capacidad de vincularse con otras personas y tiene muchas dificultades para relacionarse con gente en el mundo normal. Y muchas de estas personas van a salir de prisión. Estamos generando una situación en la que liberamos personas que estaban en régimen de aislamiento y que no pueden tener la capacidad de relacionarse en el mundo exterior".
No sólo los reclusos y sus familiares se oponen al aislamiento. Al día siguiente de que se alcanzara el acuerdo, la Asociación de Administradores de Correccionales Estatales emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, aseguraba que "el aislamiento prolongado de los individuos en las cárceles y prisiones constituye un grave problema en Estados Unidos. La insistencia en que haya cambios no proviene solamente de legisladores de todo el espectro político, jueces y muchas voces del sector privado, sino también de los directores de los sistemas correccionales tanto a nivel estatal como federal".