Una década de lucha contra O´Belen. La lucha sirve, la lucha sigue

Cuando hace años iniciamos la lucha contra la Fundación O´Belen, lo hicimos en defensa de la dignidad de los menores y en defensa de nuestra propia dignidad como profesionales y como personas. Pero no teníamos muchas esperanzas, siendo conscientes de que nos enfrentábamos a un poderoso entramado enraizado en el PP y en el PSOE, apoyado por la burocracia de CCOO de Castilla La Mancha, y que además contaba con la bendición de la Iglesia. 

Sin embargo, poco a poco fuimos descubriendo que no estábamos solos en esta lucha, ni mucho menos. Numerosos colectivos sociales llevaban ya años luchando en defensa de los derechos de los chavales, y desde el principio contamos con el apoyo de la Izquierda Revolucionaria y del Sindicato de Estudiantes. Mención aparte merecen los distintos colectivos e individualidades que, desde el ámbito libertario y antirrepresivo, han sido un factor fundamental en la extensión social de la lucha en defensa de los derechos de los menores y sus familias. Y no podemos olvidarnos de los protagonistas principales de esta lucha: los propios menores que, con sus valientes testimonios rompieron el silencio que durante años amparó las tropelías del sistema de protección de menores y de justicia juvenil.

Durante estos años también hemos conocido el precio a pagar por no mirar para otro lado. Hemos sufrido la represión en forma de despidos, difamaciones y acoso judicial. Nada que no diéramos por asumido de antemano, y que lejos de amedrentarnos, nos ha dado coraje para seguir. Así hemos vivido esta lucha:

Predicar en el desierto

Mientras hacíamos lo que podíamos desde dentro, en nuestros puestos de trabajo en O´Belen como educadores, intentábamos sacar al exterior la realidad que estábamos viviendo en los centros. No era fácil, porque incluso entre nuestra gente más cercana costaba creer lo que relatábamos. Llamamos a todas las puertas que se nos ocurrieron, pero nadie parecía tomarnos demasiado en serio. Otras "gestiones" tuvieron más éxito a largo plazo, como contactar con Amnistía Internacional o interponer una denuncia ante el Defensor del Pueblo.

Sin embargo, fue así como conocimos la gran labor social y de lucha que llevan a cabo colectivos como los vinculados a la Coordinadora de Barrios y la parroquia San Carlos Borromeo (Entrevías), la gente de Saltando Charcos (Gamonal) o las compañeras de Colla Xicalla (Valencia). Además, creemos que esta labor sirvió para que posteriormente, cuando la calle comenzó a hacerse eco de la problemática existente en los centros de menores, diversas organizaciones participaran en la lucha contra O´Belen de una u otra forma (UGT, CGT, CNT, STE-CL, IU).

El conflicto en la calle

A la hora de sacar el conflicto a la calle, ha jugado un papel fundamental el movimiento libertario y antirrepresivo articulado en torno a los centros sociales. Un claro ejemplo es el de la Asamblea Contra los Centros de Menores Cerrados, clave en los avances logrados. Por otro lado, los medios contrainformativos también han jugado un papel destacado, sirviendo como altavoz.

A través de la difusión (organizando actos públicos, charlas, reparto de panfletos, pintadas, etc), la movilización (concentraciones y manifestaciones) y la acción directa, se va consiguiendo romper poco a poco el silencio informativo y la opacidad de los centros, de tal forma que a día de hoy, la credibilidad de los sistemas de protección y reforma de menores estén en entredicho.

Muertes en los centros de O´Belen

A principios de 2009, la lucha por los derechos de los menores vive un fuerte espaldarazo tras la publicación del informe Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social por la Oficina del Defensor del Pueblo de España. La sociedad en su conjunto descubre que algo grave está pasando en nuestro sistema de protección de menores. En dicho informe, los centros gestionados por O´Belen son los peor parados. Poco después Amnistía Internacional publica su informe Si vuelvo, me mato donde vuelve a ratificarse que en los centros terapéuticos se maltrata a los y las menores.

Al poco tiempo de publicarse dicho informe, se produce la muerte de un niño en Picón del Jarama. Trágica situación que recrudece el conflicto. Se suceden las concentraciones frente a diversas instituciones y manifestaciones frente a Picón en Paracuellos del Jarama. Poco después, tras la muerte de una niña internada en Casa Joven (Azuqueca de Henares), Casa Joven y Nuestra Señora de la Paz (Cuenca) son clausurados por la Junta de Castilla La Mancha, ante la presión social. Su presidente, Emilio Pinto Rodríguez, se vio obligado a dimitir.

Fruto de la movilización y la acción directa contra esta fundación en todo el estado, se consigue que O´Belen abandone sus campañas publicitarias. Ya no pueden publicitarse con la campaña Me dejas jugar!, e incluso suspenden sus tradicionales "congresos internacionales". A su vez, tras la dura campaña contra Ibercaja, esta entidad bancaria y numerosas empresas abandonan el patronato de O´Belen. Además, ven cómo pierden nuevas licitaciones e incluso el Ayuntamiento de Murcia revierte la cesión de unos terrenos a O´Belen para construir un nuevo centro terapéutico. Cada vez estaban más acorralados.

Lavado de imagen

O´Belen se tambalea, y para salvar las naves se sacrifica a Emilio Pinto, a quien sucede en la presidencia el psiquiatra Javier San Sebastián, intentando así jugar la baza de la credibilidad científica. Intentan nuevas expansiones, y a pesar del retroceso general en todo el estado, la llegada de Cospedal al gobierno de Castilla La Mancha da oxígeno a la fundación. Intentan reabrir Casa Joven como Unidad de Media Estancia de internamiento psiquiátrico infanto-juvenil, e incluso se plantean introducirse en el mercado de la asistencia geriátrica (aunque al parecer estos negocietes no terminan de cuajar). Por otro lado, aumentan los contratos con la administración de Aspira, la empresa "solidaria" de servicios que se beneficia entre otras cosas de la privatización de los servicios de jardinería de la Diputación de Guadalajara. Durante este periodo, y aunque las movilizaciones remiten, la lucha continúa, con la difusión de información y el traslado de la lucha a planos más institucionales. Las jornadas, actos y demás acciones de sensibilización han proseguido, facilitando la creación de tejido social en torno a los menores y sus necesidades.

Situación actual

La Fundación O´Belen sigue contra las cuerdas. Durante estos más de diez años de lucha, hemos visto cómo O´Belen ha perdido la gestión de todos los recursos de integración social (centros de inserción, formación y orientación sociolaboral, pisos de apoyo a la autonomía) que gestionaban en Castilla La Mancha, Canarias y Valencia.  También se han visto obligados a suspender proyectos "propios", como la Consultoría Familiar o el Proyecto Esperi. Y lo más importante, han perdido la gestión de los siguientes centros de menores: Abantos (reforma), La Jarosa (terapéutico) y Picón del Jarama (terapéutico) en Madrid; Ábaco (reforma), Casa Joven (terapéutico), Nuestra Señora de la Paz (terapéutico y reforma) y El Cigarral (terapéutico y reforma) en Castilla La Mancha; Montefiz (reforma) en Galiza; Naga (protección), Ágora (terapéutico), Cango (terapéutico) y Las Doramas (terapéutico) en Canarias; Els Estels (protección), Baix Maestrat (terapéutico) y Baix Vinalopó (terapéutico) en Pais Valenciá; Irisasi (terapéutico) y Uralde (terapéutico) en Euskadi.

Fruto de la pérdida de dinero público que ha supuesto a O´Belen, la fundación se declaró en concurso de acreedores a finales de 2013. Y no parecen recuperarse: en abril de este año Aspira, su famosa empresa solidaria, también entró en concurso de acreedores, y parece haber desaparecido. Incluso Javier San Sebastían ha salido de la presidencia, que ahora ejerce Carlos Moreno, el eterno gerente. 

Según la propia web de O´Belen, a día de hoy sólo gestionan dos centros de protección en Guadalajara (Lázaro y Las Nubes), un centro terapéutico en Cantabria (Valle del Cayón), un centro de reforma en Burgos (La Senda), el sistema de acogimiento familiar en Murcia y el servicio de atención a la familia y la infancia del ayuntamiento de Alcoi. No pararemos hasta que esta empresa por fin desaparezca completamente de los servicios sociales, y sus responsables paguen por todo el sufrimiento causado.

Pero no sólamente O´Belen se ha visto afectada. Todo el sistema de protección de menores y de justicia juvenil está cuestionado. De hecho, la nueva Ley de Protección a la Infancia recoge importantes avances en la lucha por los derechos de los menores (por ejemplo, se regulan por primera vez los centros terapéuticos). Aunque no dejan de ser parches. Es necesario reformar completamente el sistema de protección y justicia juvenil, así como el conjunto de los servicios sociales. Y el primer paso, es acabar con la privatización. Trabajaremos para que el cambio sociopolítico que se está produciendo también llegue a los servicios sociales, luchando por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.

Análisis de los resultados del 20D

¡La izquierda que lucha obtiene un gran resultado donde va unida!

Las elecciones del 20D han abierto en canal al viejo régimen del bipartidismo, con un parlamento fragmentado que tendrá grandes dificultades para proporcionar una mayoría de gobierno estable. Si en 2008 los votos de PSOE y PP alcanzaban el 84%, o en 2011 del 73%, en 2015 superan por los pelos el 50%. Pero sobre todo hay dos conclusiones inmediatas a sacar de estos resultados. Por una parte, el duro varapalo al Partido Popular: consigue 7.212.390 votos (28,72%), y 123 escaños, perdiendo más de 3.650.000, el 34% de su electorado, y 63 escaños de los 186 que obtuvo en 2011. Este desplome no se compensa con los resultados de Ciudadanos (C’s). El meteórico “ascenso” de la formación de Albert Rivera que pronosticaban el CIS y la mayoría de las encuestas, ha quedado muy por debajo de las expectativas: su cuarta posición, con 3.498.392 votos (13,93%) y 40 escaños, es un revés para la clase dominante que se queda muy lejos de contar con un bloque de derechas mayoritario en el parlamento.

La otra gran conclusión de la jornada electoral son los magníficos resultados que cosechan las formaciones a la izquierda de la socialdemocracia tradicional, muy especialmente cuando van unidas. Si se suman los resultados de Podemos, las coaliciones de izquierda en Catalunya, Galicia y País Valencià, y los conseguidos por Garzón y Izquierda Unida-Unidad Popular, en total 6.112.438 votos, superan ampliamente al PSOE y se colocarían como segunda fuerza política. Una lección que debe hacer reflexionar a Pablo Iglesias y a los dirigentes de Podemos.

La unidad de la izquierda triunfa en Catalunya, y obtiene un resultado histórico en Galicia y País Valencià

La histórica victoria en Catalunya de En Comú Podem —coalición amplia de la izquierda integrada por Podemos, Barcelona en Comú, Iniciativa per Catalunya Verds, Equo y Esquerra Unida i Alternativa— es una demostración inapelable de que la unidad no es sólo la suma de las partes. Este Frente de Izquierdas ha multiplicado su potencia de atracción uniendo el derecho a decidir a la lucha contra las políticas de recortes, y situando a Ada Colau como referente del mismo. Así, han logrado más de 900.000 papeletas y rozado el 25% del censo electoral, ampliando el apoyo obtenido en las municipales de mayo. En Barcelona ciudad es la fuerza más votada con un 26%, y en muchas ciudades del cinturón rojo con mayor contundencia aún: en El Prat de Llobregat (36%), en Sant Boi (33,6%), en Cornellà (32,9%), en Badalona (30,2%),…

Las tendencias a la unidad de la clase trabajadora por encima de divisiones nacionales se han expresado con fuerza en Catalunya, donde la burguesía nacionalista de Convergència se lleva un revolcón sin precedentes reduciendo su presencia de 16 a 8 escaños, perdiendo más de 450.000 votos. También el PP continúa su vía crucis hundiéndose en última posición con el 11,1% de los votos y 5 diputados. La cuarta posición de C’s, que irrumpió con el 18% de los votos como segunda fuerza en las autonómicas del pasado 27S, no puede calificarse más que de fracaso: pierde casi 250.000 votos en tres meses, quedándose con el mismo número de escaños que el PP, y por detrás del PSC.

Impresionante es también la segunda posición obtenida por En Marea en Galicia, que con el 25% de los votos, 408.370, obtiene 6 escaños, colocándose como primera fuerza en Vigo —la ciudad más poblada de Galicia y la que cuenta con un tejido industrial más importante— con nada menos que el 34% de los sufragios; o en segunda posición en A Coruña, con un 31% del electorado y a escasos mil votos del PP. La fuerte irrupción de la coalición de izquierdas en Galicia integrada por Anova, Esquerda Unida, Podemos y las Mareas, se ha confirmado el 20D con un resultado histórico después del éxito cosechado en las elecciones municipales. También la unidad explica la gran posición, segunda fuerza, en que queda la coalición entre Podemos y Compromís en el País Valencià, con 671.071 sufragios, el 25,1%, y 9 diputados, conquistando un resultado tremendo en la ciudad de Valencia con 394.112 votos, el 27,06%, y 5 diputados. Si le sumamos los votos obtenidos por Unitat Popular se colocarían como primera fuerza por delante del PP.

El giro a la izquierda se completa con otros datos muy significativos. El éxito de Podemos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), donde gana las elecciones con 316.441 papeletas, el 26% del voto frente al 24,8% obtenido por el PNV, y queda segundo en diputados: 5, uno menos que el PNV; o en Navarra, donde se alza con la segunda posición —80.961 votos, el 23%, y 2 diputados—, saca a la superficie la ola de crítica y desencanto de decenas de miles de jóvenes y trabajadores con la estrategia institucional de la dirección de la izquierda abertzale (EH Bildu) y su subordinación al PNV. De hecho, la izquierda abertzale pierde algo más de un tercio de sus votantes respecto a las elecciones de 2011. Y no menos importante es el resultado en Madrid, donde Podemos alcanza la segunda posición con el 20,9% de los votos, superando en tres puntos al PSOE que se queda en cuarta posición por detrás también de Ciudadanos (750.477 papeletas y 8 diputados para la formación morada frente a 643.158 y 6 escaños de Pedro Sánchez).

Antes de entrar a desmenuzar los resultados de Podemos (5.189.333 votos, el 20,66% del total y 69 escaños, quedándose a poco más de 340.000 votos de conseguir el sorpaso al PSOE) y de Unidad Popular-Izquierda Unida (que obtiene 923.105 papeletas y dos diputados, ambos por Madrid), hay que reseñar que el PSOE evita la debacle que las encuestas pronosticaban, pero aún así recoge los peores resultados de su historia: 5.530.693 votos y solo 90 diputados, dejándose casi 1,5 millones de electores y 20 escaños por el camino desde 2011, cuando Rubalcaba cosechó el récord negativo. Una sangría de votos que se produce con un PSOE en la oposición y con un gobierno de la derecha especialmente desprestigiado por su política de recortes sociales, en derechos democráticos y anegado por la corrupción. Si se descuenta los apoyos que logra mantener en Andalucía —1.400.000 votos, el 25% del total obtenido por el PSOE— y Extremadura, el partido de Pedro Sánchez se hunde en territorios que no hace tanto eran graneros de votos socialistas: en Catalunya se convierte en tercera fuerza con el 15,7% de los votos (589.021), perdiendo más de 330.000 votos y 11 puntos respecto a 2011, y más de un millón y 30 puntos respecto a 2008; en Madrid pierde 230.000 votantes en relación a las últimas; casi 170.000 en el País Valencià, y lo mismo ocurre en la CAV y Navarra, donde desde 2008 ha perdido 25 y 20 puntos porcentuales respectivamente. Un mal resultado por mucho que la dirección de Ferraz, y no pocos tertulianos de la derecha, lo intenten disfrazar.

Los resultados de Podemos y la confluencia de la izquierda

Podemos ha concentrado el voto de un gran sector de los trabajadores y jóvenes que han batallado estos años contra las políticas reaccionarias del PP. Su irrupción en las europeas y, mucho más que eso, el enorme entusiasmo que desató entre capas muy movilizadas, y que se volcaron en la creación de círculos en miles de localidades, hacían de Podemos el vehículo político del descontento social. Como señalamos en el artículo previo a las elecciones: “Podemos nació como un instrumento de lucha contra la casta, denunciando a las élites económicas y la legión de políticos, jueces y periodistas siempre dispuestos a lamer las botas de los poderosos. Su capacidad por sintonizar con las grandes luchas iniciadas en el 15M, continuadas con las Mareas Ciudadanas, las Marchas por la Dignidad, y un sin fin de conflictos sociales, le proporcionó un impulso tremendo como se vio en la gran demostración de enero de 2015 en Madrid, cuando más de 300.000 personas abarrotaron el centro de la capital respondiendo a su llamamiento…”.

La formación de Pablo Iglesias ha logrado colocar en el Parlamento un total de 69 diputados. Pero en estas cifras hay que tener en cuenta que 27 escaños se han obtenido en las coaliciones de izquierda que Podemos integraba: País Valencià 9, Catalunya 12, Galicia 6. Con los votos ocurre igual. Podemos en solitario alcanza 3.181.339 papeletas, a las que hay que sumar los 2.007.994 votos que consiguen las coaliciones antes mencionadas. Por supuesto, sería ridículo poner en duda que el peso de Podemos en estas coaliciones es muy importante, pero realmente la unidad del conjunto de las formaciones de izquierdas transciende, y mucho, lo que Podemos puede conquistar en solitario. Este hecho nos lleva a otra conclusión. Si Pablo Iglesias y el aparato de Podemos no hubiera rechazado con desdén burocrático la confluencia con Unidad Popular-IU, y se hubiera logrado conformar un frente amplio de la izquierda que lucha, con Pablo Iglesias y Garzón como referentes estatales, junto a Ada Colau, Mónica Oltra, Beiras y otros muchos en los diferentes territorios, el balance hubiera sido mucho mejor, superando al PSOE en votos y probablemente también en escaños.

Podemos ha conquistado la tercera plaza, pero los sondeos de fin de campaña, y también los realizados a pie de urnas, abrían la puerta a una fuerte remontada sin excluir la posibilidad de alcanzar la segunda posición y superar al PSOE. Al final no ha ocurrido esto y hay que explicar el porqué.

En enero de 2015 el CIS situaba a Podemos como primera opción electoral, 28% de los votos, justamente en el momento en que lograba movilizar a más de 300.000 personas en la Marcha por el Cambio celebrada en Madrid. ¿Qué ocurrió desde entonces? ¿Cómo es posible que en un breve espacio de tiempo, las expectativas electorales de Podemos se redujesen tanto y, a pesar del resultado obtenido, no se haya logrado sobrepasar al PSOE de Pedro Sánchez?

La respuesta a estos interrogantes hay que buscarlas en factores políticos:

1. La mayoría social se gana por la izquierda, con un discurso coherente y, sobre todo, basado en la movilización en las calles. Pablo Iglesias y sus compañeros de dirección han tenido una auténtica obsesión por no llamar “al pan, pan y al vino, vino”, para curiosamente recuperar el sesgo más militante y claramente de izquierdas en los mítines de campaña. En ese camino, la dirección de Podemos se ha dejado muchas plumas políticas que eran fundamentales para movilizar el voto de la izquierda social y arrebatar a la dirección del PSOE su preponderancia sobre un sector de la clase trabajadora.

Cuando la derecha atacaba a Podemos por su “izquierdismo” y su apoyo a la revolución bolivariana, la dirección reaccionaba con la política del avestruz, mirando hacia otro lado cuando se hablaba de Venezuela o votando resoluciones en parlamentos y ayuntamientos a favor de la libertad de los golpistas presos; algo similar ocurría con los acontecimientos en Grecia, donde Pablo Iglesias y Errejón no han perdido oportunidad para justificar la capitulación de Tsipras ante la troika. En lugar de mantener una posición clara de rechazo a la Monarquía, se ha basculado en la ambigüedad calculada pidiendo un referéndum pero sin clarificar una opción republicana. Pero lo peor han sido las renuncias a “ideas programáticas” que tenían un gran efecto movilizador porque conectaban con las aspiraciones de la mayoría: del no pago de la deuda ilegítima y las nacionalizaciones de los sectores estratégicos, se pasó a todo lo contrario; de prohibir por ley los desahucios, se habla ahora de “ningún desahucio sin solución habitacional”, argucia semántica que oculta una renuncia fundamental en el programa y que ha sido recientemente señalada por los activistas de la PAH; lo mismo ocurre con la reducción de la edad de jubilación, o cuando se afirma que la enseñanza concertada continuará siendo subvencionada con dinero público. En política internacional la cosa ha sido incluso peor: se defiende la permanencia en la OTAN y las bases militares de EEUU en la península, y al tratarse de la guerra los dirigentes de Podemos hablan de paz… pero ofrecen la “máxima” colaboración al gobierno de Rajoy participando en las mesas del pacto contra el terrorismo yihadista, cuando lo que su base espera es que pasen a la ofensiva encabezando un fuerte movimiento contra la intervención imperialista. Como corolario, la cúpula de Podemos ha sustituido “la ruptura” con el régimen del 78 por las alabanzas a la constitución y la Transición.

Es inevitable que todo este planteamiento haya tenido el efecto contrario que pretendía. Para arrastrar a una parte considerable de la base social del PSOE, que da muestras más que evidentes de descontento con la política de su dirección, hay que diferenciarse con claridad, de manera rotunda en los aspectos esenciales. Esto no implica adoptar un lenguaje sectario ni mucho menos. De lo que se trata es de no repetir las generalidades que ya dice Pedro Sánchez, o de copiarlas con otro estilo. Si la dirección de Podemos se presenta como una “alternativa” respetuosa con el sistema, ofrece “Pactos de Estado al resto de las formaciones”, insiste en representar “lo mejor del espíritu de la Transición”, es decir, introduce los mismos prejuicios y lugares comunes del parlamentarismo, de que todo es posible “con los votos en las cortes”, distanciándose de la lucha de masas como motor del cambio, entonces es difícil no favorecer a la burocracia del PSOE e incluso a Ciudadanos. El “giro al centro” no fortalece a Podemos, lo debilita, y proporciona oxígeno a los representantes de la “política oficial”, es decir, de la casta. Los resultados en Andalucía y Extremadura son elocuentes al respecto. En estas comunidades el PSOE obtiene 802.442 votos más que Podemos.

2. El rechazo de Pablo Iglesias a la confluencia con Unidad Popular-IU y su candidato Alberto Garzón ¿ha sido una buena o una mala decisión? La respuesta depende del objetivo que se persiga. Si lo único que se pretende es conformar un partido de oposición parlamentaria siguiendo la estela de la socialdemocracia tradicional, la negativa a la unidad tiene sentido. Pero si realmente se busca derrotar a la derecha, la confluencia electoral con Unidad Popular-IU habría sido un fuerte catalizador para lograr un resultado mucho más favorable.

Unidad Popular-IU logra meter en el Parlamento dos diputados por Madrid, a los que habría que sumar el conseguido en Barcelona y en A Coruña en las coaliciones de izquierda. El resultado no es bueno: ha perdido más de 760.000 votos respecto a 2011 y 6 diputados (IC tenía uno en el grupo de la Izquierda Plural), con una caída en Andalucía de 2,5 puntos porcentuales, y aún más acusada en Asturias, de casi 5 puntos. Por supuesto, estos datos negativos no pueden ocultar que sigue siendo la formación más perjudicada por la ley electoral: a Izquierda Unida le cuesta 461.000 votos obtener un escaño, mientras que al PP le supone 58.000 y al PSOE 61.000.

Alberto Garzón no ha podido descargarse del pesado lastre de un aparato anquilosado, y de una larga tradición política llena de pactos con la dirección del PSOE para aplicar políticas alejadas de la izquierda; de vínculos estrechos con la cúpula de CCOO y en consecuencia de pasividad frente a la política de pacto social y desmovilización, y de una trayectoria en la que IU ha sido vista, durante décadas, como parte del engranaje institucional del sistema. Esta “mochila” ha sido imposible de superar en estas elecciones, mucho más contando con la fuerza de Podemos y su capacidad de agrupar el voto contra el PP desde la izquierda. Pero es significativa la campaña de Alberto Garzón, con mítines muy concurridos que han desbordado las expectativas y despertado enormes simpatías, sobre todo por el lenguaje de izquierdas y combativo que ha utilizado y que supone un paso adelante con el pasado mencionado. En definitiva, a pesar del resultado, se ha visualizado un potencial que se podría desarrollar en la práctica si rompe definitivamente con las peores tradiciones de Izquierda Unida apostando por un programa rupturista y anticapitalista.

Polarización, inestabilidad política y lucha de clases

Las elecciones han dejado una fotografía de la gran polarización que vive la sociedad española, pero también del giro a la izquierda que la ley electoral tiende a distorsionar cuando no a falsear. Si sumamos los votos obtenidos en 2015 por el PP, Ciudadanos y otras formaciones de la derecha nacionalista (11.818.310) se quedan por debajo de los que el PP, UPyD, PNV y CiU lograron en 2011 (13.592.822). Con la izquierda sucede al contrario. Si se suman los de Podemos, Coaliciones de izquierda, Unidad Popular-IU, Bildu e incluimos los del PSOE y ERC, en 2015 se alcanzan 12.561.905, frente a los 9.631.878 de 2011. En el 20D hay 744.000 votos más para la izquierda que para derecha, mientras que en 2011 la derecha tenía casi 4 millones de votos más. El vuelco es claro.

Ante estos resultados, la posibilidad de formar un gobierno de la derecha estable y con capacidad para imponer las reformas y ajustes reclamados desde la Unión Europea está en entredicho por estos resultados. La suma de diputados del PP y Ciudadanos arroja un saldo insuficiente, y la decepción ha sido grande: Albert Rivera recoge lo que pierde UPyD, que en 2011 obtuvo 1.143.225 votos (y ahora se hunde con poco más de 150.000), pero a duras penas canaliza la pérdida de 3.651.000 votos del PP, y no ensancha la base social de la reacción. Sin la aritmética parlamentaria necesaria, un gobierno de coalición PP y C’s sólo podría mantenerse si llega a un acuerdo de legislatura, más o menos abierto más o menos oculto, con otras formaciones como PNV y Convergència, o con el PSOE de Pedro Sánchez. Cualquiera de estas opciones es igual de problemática.

El desastroso resultado del partido de Mas, que cede parte de su electorado a Esquerra, sólo puede acentuarse en el futuro si pactan con el PP, un escenario de todas formas harto difícil salvo si hubiera un giro de 180 grados en la política de la derecha españolista respecto a la cuestión nacional catalana. La fórmula de un gobierno de la derecha sostenido por el PSOE, incluyendo la posibilidad de una gran coalición, cuenta con firmes partidarios tanto en el PP, de hecho es la preferencia declarada de Rajoy, como en las filas socialistas o, mejor dicho, entre los viejos “capos” de la socialdemocracia más de derechas, cuyo perfil lo representa mejor que nadie Felipe González. Pero las consecuencias de un pacto de esta naturaleza serían desastrosas para Pedro Sánchez, con un grupo parlamentario de Podemos a la ofensiva y beneficiándose de esta entrega. Una solución a la “griega”, la gran coalición de la derecha con la socialdemocracia tradicional, podría tener efectos en el PSOE muy parecidos a los que tuvo para el PASOK: su completo hundimiento.

La posibilidad de un gobierno liderado por el PSOE de Pedro Sánchez, junto a Podemos y las alianzas de izquierda de Catalunya, Galicia y País Valencià, más Unidad Popular-IU, también es incierta. Necesitaría del apoyo de los 9 diputados de Esquerra Republicana, y los dos de Bildu, además de la aquiescencia de PNV y Convergència. En teoría, un acuerdo semejante pasaría por abrir el melón de la reforma constitucional y dar cabida al referéndum para decidir en Catalunya, cosa que difícilmente ocurriría sin una crisis interna mayor de la que ya padece el PSOE, y que sería azuzada con ganas por una Susana Díaz que prepara su asalto a la secretaria general. En cualquier caso, un gobierno de coalición de izquierdas de este tipo, con un PSOE con más diputados que Podemos, entraña muchos riesgos. La socialdemocracia tradicional, más allá de las declaraciones electorales y los “cuerpo a cuerpo” dialécticos de los debates, no está en la línea de desafiar las políticas de austeridad reclamadas por la UE, así que las contradicciones a las que se vería sometida una coalición tan amplia serían muy potentes desde el principio.

Otra opción que barajan desde el PP, y desde la Unión Europea también, sería la convocatoria de nuevas elecciones, una especie de “segunda vuelta” que permitiese a la derecha reforzar su apoyo. Se trata de una apuesta arriesgada para la burguesía, porque si en sus cálculos cuenta una posible desmovilización del electorado de izquierdas, la convocatoria colocaría a Podemos ante la decisión de mantener su estrategia de acudir en solitario a las urnas, o acusar la presión de los hechos confluyendo con IU y el resto de formaciones a la izquierda de la socialdemocracia.

Es pronto para decidir un pronóstico más acabado. La volatilidad es muy grande, y no hace falta señalar que, sea cual sea el resultado, la voluntad que millones de trabajadores y jóvenes hemos manifestado en las urnas para cambiar radicalmente la situación, se trasladará inevitablemente a las calles, como ha sucedido en estos años. Hay demasiadas tareas urgentes por resolver, tanto del lado de la burguesía, que no renuncia a nuevas medidas antiobreras en un contexto de crisis que se prolonga, como para la clase trabajadora y la juventud, que han hecho una gran experiencia política en estos años, que mantienen una gran confianza en sus fuerzas, y que han comprobado el valor de la movilización de masas.

¡Sí se puede, la lucha sigue tras el 20D!

El Militante

Fin de año anticarcelario

 

 

 

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La otra Memoria Histórica. El Caso Almería

El 10 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores (Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobo Mier) fueron detenidos como sospechosos de ser los miembros de ETA que días antes atentaron en Madrid contra el general Joaquín Valenzuela. Esa misma noche fueron torturados y ejecutados por 11 guardias civiles en un cuartel abandonado. Posteriormente intentaron justificarse con un burdo montaje para tratar de justificar el crimen.

Tras una investigación llena de irregularidades, sólo tres de los once asesinos fueron juzgados. El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena a los tres agentes por tortura y homicidio - "por ser criminalmente responsables de tres delitos de homicidio" y se marca el pago de una indemnización de tres millones de pesetas a las familias de las tres víctimas. En 1984 el Tribunal Supremo confirmará la sentencia de 24 años de cárcel para el Teniente Coronel Castillo Quero, 15 para el Teniente Gómez Torres y 12 para el Guardia Fernández Llamas. El cumplimiento de la condena estuvo salpicado de irregularidades, ya que hasta que los homicidas fueron expulsados de la Guardia Civil, cumplieron condena en centros militares, en lugar de en cárceles ordinarias y cobraron el retiro -varios millones de pesetas- de los fondos reservados del Ministerio del Interior. El abogado que representaba a las familias de los fallecidos, Darío Fernández, recibió muchas amenazas de muerte y tuvo que esconderse. Llegó a vivir oculto en una cueva. Tras sufrir un atentado con coche bomba, abandonó definitivamente su profesión.

A fecha de hoy, ocho guardias civiles siguen sin ser juzgados: Sargento Rafael Cañadas Pérez, Sargento Antonio González Hueso, Cabo Primero Guillermo Visiedo Beltrán, Guardia Civil Eduardo Fenoi Rodríguez, Sargento Juan Sánchez Cabrera, Guardia Civil Ángel Ojeda Guerrero, Guardia Civil Antonio Pavón Merino, Guardia Civil Segundo Juan Martínez Castro.

 El Teniente Coronel Castillo Quero accedió al tercer grado penitenciario en 1988 y en octubre de 1992 obtuvo la libertad condicinal.

A día de hoy, sigue sin hacerse justicia...

El sistema sanitario, la salud y la enfermedad. Una cuestión de clase

Daniel Martínez (Guanyem CCOO Federació de Sanitat) para El Militante

Decía Rudolf Virchow, médico alemán del siglo XIX, “La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala”. Es decir, pese al papel fundamental que juega el sistema sanitario en el abordaje agudo de muchas enfermedades, por encima de todo, lo que determina la salud de la población (salud pública) son las condiciones en las que vive: jornada laboral, seguridad en el puesto de trabajo, precariedad en los contratos, seguro de desempleo y otros servicios de protección social, exposición a agentes tóxicos, disfrutar de una vivienda digna, acceso a una alimentación de calidad, agua potable, etc.
 

La crisis capitalista está arrasando tanto las conquistas en el sistema sanitario como en la salud pública. La salud de los trabajadores está en la picota.

Y es que por mucho que desde la derecha, y la socialdemocracia que le hace el juego, se jacten de haber sido capaces de recortar en sanidad y en prestaciones sociales sin repercusiones en la calidad de la asistencia, las cifras hablan por sí solas. El presupuesto estatal de Sanidad se ha reducido un 10’6% desde la llegada del PP, la media de reducción de gasto por habitante en las autonomías ha sido de un 10’4% y en el caso de Catalunya (bajo la batuta de CiU y el consentimiento de ERC), el sablazo ha sido de un 16% en Sanitat y un 12% en Benestar Social i Família. A día de hoy en Catalunya tenemos en lista de espera para ser operadas a 27.643 personas más que en 2010. En el Hospital de Bellvitge falleció un paciente tras llevar 22 meses en lista para ser operado de una hernia abdominal y en la Vall d’Hebrón el jefe de servicio de Cirugía Cardíaca denunció la muerte a causa de los recortes de dos pacientes que estaban en espera, tras lo cual fue cesado de su cargo. Otros ejemplos de medidas draconianas son la eliminación de la asistencia 24 horas en 58 CAPs, además de que 31 han reducido horario y 4 han cerrado; el presupuesto en ambulancias ha disminuido un 12% y 1.134 camas de hospital se han inutilizado, etc.

Para valorar la calidad de un sistema sanitario un indicador muy utilizado es el porcentaje de hospitalizaciones evitables por atención primaria sobre el total de hospitalizaciones (cuanto mayor es el porcentaje peor la calidad). Durante el gobierno de CiU en Catalunya hemos pasado de un 13’2 a un 16’4%. Si a esto le sumamos los recortes en transporte sanitario y que la mayoría de cierres de CAPs se han producido en zonas rurales (donde suele vivir población envejecida con dificultades para desplazase a un hospital), no hace falta ser muy lúcido para concluir las dramáticas consecuencias que estas medidas comportan.

La otra cara de los recortes en sanidad es el empeoramiento de las condiciones laborales. Lo que supone un doble ataque (a profesionales y pacientes), ya que todo retroceso en derechos, todo despido de un compañero, tendrá una traslación en la calidad de la atención recibida por los usuarios. En Catalunya, solo en el ICS (existen muchos otros proveedores públicos de salud), se han perdido más de 1.500 puestos de trabajo y el conjunto de trabajadores públicos de la sanidad (también la concertada) han tenido que sufrir un recorte en su salario de un 5% por parte del Estado además de un 3% autonómico, sumado a la eliminación total o parcial de las pagas extras de 2012 y 2013.

El modelo sanitario que pretenden imponer

Todas estas medidas tienen como objetivo final sacar tajada del suculento negocio que algunos quieren hacer de la sanidad. La estrategia es muy clásica: primero devaluar lo público, segundo hacer una campaña mediática para desprestigiarlo y finalmente privatizarlo.

Como no se atreven de golpe y porrazo a acabar con la sanidad pública, siguen todo tipo de caminos intermedios que preparan el terreno y generan jugosos beneficios para los magnates de la privada. Un claro ejemplo lo tenemos en el Consorci Sanitari de Lleida, una institución que pretende agrupar al conjunto de servicios sanitarios de la provincia bajo la excusa de una mayor coordinación. El aspecto central aquí es que la fórmula “consorcio” permite adscribirse a un régimen jurídico privado, sitúa sus finanzas fuera del control del Parlament y allana el camino a integrar instituciones con ánimo de lucro dentro los centros públicos. Parece evidente dónde reside el interés de constituir consorcios cuando uno conoce que estos representan el 20% de los servicios sanitarios públicos catalanes pero en cambio acumulan el 95% de los casos de corrupción. Dos ejemplos, de los muchos que hay, son los 2’4 millones de euros desaparecidos en manos de los gestores de los Hospitales de Blanes y Calella, así como el escándalo de los directivos del Hospital de Sant Pau que cobraban sueldos de decenas de miles de euros sin acudir a su puesto de trabajo.

También, en esta línea se encuentra el ejercicio de la institución privada Barnaclínic dentro de las instalaciones del Hospital Clínic de Barcelona. Se utiliza la excusa de que atendiendo a pacientes de mutuas con recursos y profesionales públicos se consigue financiación que repercute en la calidad del sistema. Pero esto es una falacia. Las zonas de trabajo, tecnologías y recursos humanos son limitados, mientras un paciente de la privada es atendido por vía exprés un paciente de la pública sigue en lista de espera. Sin mencionar que Barnaclínic le adeuda al hospital más de 1 millón de euros.

No menos alarmante es el hecho de los conciertos que muchas autonomías tienen con hospitales privados pertenecientes a grupos como el IDC Salud-Quirón. Del dinero de los trabajadores salen jugosos beneficios repartidos entre accionistas. Por si esto fuera poco, los recortes no han afectado por igual a pública y a privada-concertada. En el caso de Catalunya, mientras en 2010 el presupuesto para la privada-concertada apenas llegaba al 50% del gasto total en sanidad, en 2014 ya superó el 54%. Junto a Catalunya, como campeonas del desmantelamiento de la sanidad pública, cabe premiar a Madrid. Las dos comunidades autónomas que más fondos públicos destinan a la gestión privada de la sanidad.

Claramente lo que pretenden es poco a poco imponer un sistema donde la sanidad pública sea algo residual, destinado a los sectores más pobres de la sociedad, y donde cualquiera que quiera recibir una atención de una mínima calidad se vea obligado a pagarse una mutua. Boi Ruiz, consejero catalán de Sanidad y antiguo presidente de la patronal sanitaria catalana, no lo pudo dejar más claro: “La salud depende de uno mismo, no del Estado. No hay un derecho a la salud”. Albano Dante, antaño miembro editor de la revista Cafè amb Llet (conocida por destapar los escándalos de corrupción de la sanidad catalana) y ahora diputado por Catalunya Sí que es Pot, ha denunciado el vínculo de la Assamblea Nacional Catalana con la sanidad privada. En sus documentos programáticos, firmados por destacados directivos de la patronal sanitaria, apuestan por el copago y elogian el sistema de la privada-concertada.

Pretenden crear un sistema a la imagen y semejanza del de EEUU. ¿Pero… es un sistema así más eficiente u obtiene mejores resultados en salud? Los datos claramente lo niegan. Estados Unidos es el país del mundo con un mayor gasto en sanidad por habitante y sin embargo un 16% de la población censada carece de cualquier tipo de cobertura y la que tienen 62 millones de ciudadanos se considera insuficiente. La consecuencia de esto es que entre 45.000 y 100.000 pacientes mueren al año por falta de atención médica. Para muchos de los que tienen la suerte de poderse costear la atención que su enfermedad requiere la situación no es muy halagüeña tampoco, en EEUU cada minuto 2 personas se convierten en pobres debido al pago de servicios sanitarios. El 60% de la gente que entra en bancarrota lo hace por tener que hacer frente a deudas con las aseguradoras médicas.

En este siniestro plan para potenciar las mutuas encaja al dedillo el proyecto Visc+ Convergència, el cual pretende vender los datos sanitarios de los pacientes de la pública a empresas privadas. Degradan la sanidad pública y fuerzan a que quien pueda permitírselo se costee una mutua, no sin antes darle la información a las aseguradoras de qué problemas de salud tiene esa persona, para que con esa información puedan encarecer las pólizas.

La salud es política

En palabras del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud GREDS-ENCOMET* : “La lucha de clases constituye un elemento fundamental de una política igualitaria radical de salud pública”. Y esto es así tanto porque la lucha de clases es el motor de las mejoras en sanidad como el único camino que lleva a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. La peor epidemia de nuestro tiempo es la desigualdad social, y así lo reconoce la CIE (Clasificación Internacional de Enfermedades), que sitúa la pobreza extrema como la principal causa de enfermedad del planeta.

Cuando uno hace afirmaciones así piensa en países del “Tercer mundo”, pero nada más lejos de la realidad. La desigualdad en salud inunda nuestra sociedad occidental. Un estudio realizado en los años 90 por profesionales del Harlem Hospital determinó que es menos probable llegar a los 65 años en dicho barrio que en Bangladesh. Reclamaron ser declarados zona catastrófica pero recibieron el silencio por respuesta. Dos décadas después y una crisis económica salvaje de por medio la situación no ha hecho más que empeorar.

En el Reino Unido, país donde más se han investigado los determinantes sociales de salud, se estima que al año se producen 42.000 muertes en pacientes de entre 16 y 74 años por vivir en condiciones socioeconómicas desfavorecidas. Esto equivale a decir que en el Reino Unido cada día se estrella un avión con la gente más pobre del país.

¿Es diferente la situación en el Estado español? Desgraciadamente no. Por dar algunas cifras, se calcula que al año se producen 35.000 muertes “socialmente evitables”, lo que vendrían a ser 4 muertes a la hora; 120.000 muertes/año por accidente o enfermedad laboral (7.000 por cáncer); 1 de cada 4 trabajadores respira tóxicos cancerígenos en su puesto de trabajo; y en Barcelona, por ejemplo, la diferencia en esperanza de vida entre los barrios más ricos y los más pobres llega casi a los 10 años. Está demostradísimo que en la salud y la esperanza de vida influye más el código postal que factores como el sistema sanitario o ser fumador.

Por tanto, mejorar la salud de los trabajadores jamás pasará únicamente por los avances científicos ni por la promoción de estilos de vida saludables. La mejora de la salud pública no responde a la suma de pequeños esfuerzos individuales, se trata de una tarea colectiva que debe enmarcarse en la lucha de los trabajadores por la transformación social. Parafraseando otra vez a Virchow: “La mejora de la medicina alargará la vida humana, pero la mejora de las condiciones sociales permitirá lograr ese fin más rápidamente y con mayor éxito (…) La receta se puede resumir así: democracia plena y sin restricciones”.

*Muchos de los datos utilizados en este artículo provienen de trabajos del grupo de investigación GREDS-EMCONET http://www.upf.edu/greds-emconet/es/

Comunicado de apoyo a la remunicipalización de los servicios públicos en Madrid

Desde el Colectivo No a O´Belen apostamos por la municipalización de los servicios públicos, entre los que se encuentran los servicios sociales (y más aún en un momento en que la mayoría de las llamadas "entidades del Tercer Sector" se están negando a aplicar el I Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social, en vigencia desde el pasado 3 de julio).

Reproducimos a continuación un manifiesto que compartimos al 100%

Las organizaciones abajo firmantes, representantes de diversos sectores de la sociedad madrileña, estamos siguiendo con atención los primeros procesos de remunicipalización que se están llevando a cabo en el municipio de Madrid.

            Queremos reiterar nuestra apuesta porque la prestación de los servicios que son de titularidad municipal, se realicen mediante una gestión directa por parte del Ayuntamiento, al comprobar, según todos los informes y experiencias realizadas, que con esta medida se consigue:

            - Una mejora sustancial en el servicio del que se beneficia el conjunto de la ciudadanía, al quedar    despojado de su finalidad especulativa.

            - Un menor coste del mismo que alivia la carga presupuestaria que tod@s soportamos.

            - Mejora las condiciones laborales de los y las trabajadoras que realizan el servicio, poniendo fin a                    la  precariedad.

            - Permite mecanismos de gestión más democráticos y participativos, tanto de vecin@s como de los         propios trabajador@s.

            Son cada vez más los países y las localidades cuyas instituciones, de muy diverso signo político, han culminado procesos remunicipalizadores con éxito, alcanzando los objetivos antes señalados.

            Por eso queremos animar al Ayuntamiento de Madrid y l@s agentes negociadores, a que culminen las negociaciones en curso, en particular en el caso de Línea Madrid y otros, de modo que se consigan cumplir las expectativas generadas, manteniendo y garantizando el empleo de todos l@s trabajador@s que venían prestando este servicio, cuestión ésta imprescindible para la continuidad y mejora en la calidad del mismo, sin que se puedan provocar situaciones de transitoriedad que perjudiquen el servicio, ya que, durante años, est@s trabajador@s han venido efectuando la labor con profesionalidad y eficacia, a pesar de sus condiciones laborales.

            Apelamos al sentido de la responsabilidad y la solidaridad a las partes implicadas, y esperamos ver así cumplido el mandato que el nuevo gobierno municipal ha recibido en las pasadas elecciones municipales.

Organizaciones firmantes:

 CGT Madrid, Somos Sindicalistas, USO, Co.Bas, MATS, FRAVM,  Corriente Roja, Plataforma Centro Sanitarios 100% Públicos, Solidaridad Obrera, Sindicato AST, Plataforma por la Remunicipalización, Ganemos CCOO