El 10 de mayo de 1981, tres jóvenes trabajadores (Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Manuel Cobo Mier) fueron detenidos como sospechosos de ser los miembros de ETA que días antes atentaron en Madrid contra el general Joaquín Valenzuela. Esa misma noche fueron torturados y ejecutados por 11 guardias civiles en un cuartel abandonado. Posteriormente intentaron justificarse con un burdo montaje para tratar de justificar el crimen.
Tras una investigación llena de irregularidades, sólo tres de los once asesinos fueron juzgados. El 28 de julio de 1981, la Audiencia Provincial de Almería condena a los tres agentes por tortura y homicidio
- "por ser criminalmente responsables de tres delitos de homicidio" y
se marca el pago de una indemnización de tres millones de pesetas a las
familias de las tres víctimas. En 1984 el Tribunal Supremo
confirmará la sentencia de 24 años de cárcel para el Teniente Coronel
Castillo Quero, 15 para el Teniente Gómez Torres y 12 para el Guardia
Fernández Llamas. El cumplimiento de la condena estuvo salpicado de
irregularidades, ya que hasta que los homicidas fueron expulsados de la Guardia Civil,
cumplieron condena en centros militares, en lugar de en cárceles
ordinarias y cobraron el retiro -varios millones de pesetas- de los
fondos reservados del Ministerio del Interior.
El abogado que representaba a las familias de los fallecidos, Darío
Fernández, recibió muchas amenazas de muerte y tuvo que esconderse.
Llegó a vivir oculto en una cueva. Tras sufrir un atentado con coche bomba, abandonó definitivamente su profesión.
A fecha de hoy, ocho guardias civiles siguen sin ser juzgados: Sargento Rafael Cañadas Pérez, Sargento
Antonio González Hueso, Cabo Primero Guillermo Visiedo Beltrán, Guardia
Civil Eduardo Fenoi Rodríguez, Sargento Juan Sánchez Cabrera, Guardia
Civil Ángel Ojeda Guerrero, Guardia Civil Antonio Pavón Merino, Guardia
Civil Segundo Juan Martínez Castro.
El Teniente Coronel Castillo Quero accedió al tercer grado penitenciario en 1988 y en octubre de 1992 obtuvo la libertad condicinal.
A día de hoy, sigue sin hacerse justicia...