Algunos poderes públicos con el ministerio fiscal y el gobierno
conservador al frente, han decidido que ciertos derechos
constitucionales no puedan ser ejercidos con libertad y deben ser
tutelados por normas y códigos de la dictadura. Es el caso del derecho
de huelga, pilar básico de las relaciones laborales modernas, que en los
últimos años algunos poderes públicos han convertido en objetivo de
persecución, criminalización e intervención administrativa. Más información en CCOO
