Isabel Serra y Beatriz Gimeno, diputadas de Podemos en la Asamblea de Madrid
Si algo hemos aprendido en los meses que llevamos en la
Asamblea de Madrid es a experimentar y vivir en primera persona que “las
instituciones son un traje a medida de quien las ha diseñado” como dijo
Teresa Rodríguez el domingo pasado. Que aquí todo está pensado y bien
atado para que quienes entren acaben por no querer, o no poder, ser
leales los intereses y las necesidades de las mayorías.
Pero también desde que estamos aquí
hemos aprendido, al menos, dos cosas más. En primer lugar, que se pueden
hacer y cambiar muchas cosas desde las comunidades. Hay que tener
voluntad para ello. Y sobre todo si hablamos de los servicios sociales
que consisten en garantizar derechos sociales y libertades civiles. Así
lo entendió bien el gobierno de Esperanza Aguirre, que se puso manos a
la obra para construir, desde “sus” instituciones, sociedad civil e
ideología.
En segundo
lugar, que podemos conocer desde una perspectiva diferente la misma
realidad. La misma que denuncian los movimientos sociales, la misma que
se vive en la calle. Gente que está excluida del bienestar, de los
derechos humanos, de los recursos o de la igualdad. Muchas personas, con
problemas diversos, unas veces organizadas y otras no, que piden que
alguien les de voz. Por desgracia, conocemos casos que son realmente
terroríficos.
Una de esas
realidades es la de madres que llevan años denunciando que sus hijos o
hijas han sufrido abusos sexuales por parte de sus padres. Son muchos
los casos que ante la invisibilidad a la que son sometidos, ante el
ninguneo, e incluso ante la amenaza en algunos casos, han constituido la
asociación Infancia Libre. Son menores que sufren una permanente
vulneración de sus derechos más básicos y para quienes el “interés
superior del menor” no significa nada. Y esta vulneración de derechos se
produce no sólo por parte de quienes han abusado sexualmente de ellos,
sino también por parte de una administración que ni les protege ni
garantiza sus derechos.
Es por ejemplo el caso de una menor de 6 años que
declaraba en uno de los CAI (centro de atención a la infancia) como su
padre le ponía la cabeza en la zona genital y le hacía daño. Él
declaraba que “la niña es una manipuladora y mentirosa”. La situación
sigue siendo la de que el padre tiene a la niña la mitad del tiempo y la
Fiscalía no ha sentido que haya que aplicar medidas cautelares. Y como
éste hay otros muchos casos terribles. Las
madres han acudido a todo tipo de instancias para pedir ayuda y una
solución. La respuesta por parte de la justicia ha sido archivar los
casos de forma reiterada a pesar de las declaraciones de los y las
menores de edad, que culpan claramente a sus padres de abusar
sexualmente de ellos.
Detrás de estas decisiones de la justicia está el SAP. El síndrome de alienación parental dice describir un “
desorden psicopatológico en el cual un niño, de forma permanente,
denigra e insulta sin justificación alguna a uno de sus progenitores,
generalmente, pero no exclusivamente, el padre”. La existencia del SAP
no está probada científicamente. Se acuñó en 1985 en EEUU por parte del
psiquiatra Richard Gardner, posteriormente probado pedófilo, a pesar de
lo cual este síndrome sigue siendo defendido reiteradamente por
asociaciones de Padres Separados por la Custodia Compartida y por
asociaciones que bajo la defensa de “igualdad efectiva” instalan en la
sociedad mitos que atentan contra los derechos de las mujeres. Si bien
no suele utilizarse como prueba jurídica en la mayoría de los casos, la
ideología machista y en concreto el convencimiento de que existe el SAP
está detrás de muchas de las decisiones de los magistrados.
El machismo también está en las administraciones públicas y en los
servicios sociales. La política de privatización y externalización
llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del PP tiene varios
intereses: que sus amigos empresarios puedan hacer negocio –obviamente a
cambio de recompensas como un puesto en un Consejo de administración o
una buena donación-, construir un modelo de sociedad basado en la
desigualdad y en la segregación, y su perpetuación en el poder. Por eso
esta comunidad ha sido el laboratorio de las políticas neoliberales y
también del conservadurismo y el pensamiento más reaccionario. Y por eso
desde el Gobierno se ha llevado a cabo la cesión de la gestión de los
servicios sociales a fundaciones y empresas relacionadas con la Iglesia
Católica o con otras agrupaciones como los Legionarios de Cristo.
Colegios concertados, centros de protección para menores de edad y
centros de ejecución de medidas judiciales (nada menos que cárceles
gestionadas por empresas privadas) o los CEPIS. Llama la atención
especialmente el caso de los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar
(CAEF) o el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual
Infantil (CIASI), que nació ya privatizado en el año 2005 y que es el
lugar al que deben acudir menores que han sufrido abusos sexuales.
Estas madres acudieron al CIASI con sus hijos e hijas. La respuesta que
han encontrado en varias ocasiones ha sido la de “mejor no denunciéis
porque os pueden quitar a vuestras hijas”. Da miedo que esa sea la
respuesta por parte de un servicio público a unas madres que están
desesperadas y solas ante la posibilidad de que quienes están abusando
sexualmente de sus hijos se los lleven los fines de semana y que
archiven los casos a pesar de las evidencias. Algunas de estas madres
están teniendo que pagar a un abogado o abogada un dinero que no tienen,
y en muchos casos multas de hasta 600 euros al mes por saltarse el
régimen de visitas. Hay otras madres que no pueden ni denunciar por la
falta de recursos y que se ven obligadas a una vida entera viendo como
sus hijas son objeto de abusos sexuales.
El hecho de que estas madres tengan que soportar que un servicio social
-que está para garantizar los derechos de la ciudadanía y en este caso
de los menores de edad-les recomiende no denunciar por su propio bien,
evidencia claramente que esta sociedad no está hoy preparada para dar
una respuesta correcta a la violencia machista –ni sus instituciones, ni
las administraciones, ni la justicia- , ni a la vulneración de los
derechos de los y las menores de edad. En nuestras manos está cambiarlo.