Estos interrogantes son con los que nos
encontraremos a la hora de explicar en qué se basa esta demanda, qué
queremos decir cuando hablamos de Amnistía Social. Pero tendremos que hacernos más preguntas, y eso es lo que queremos intentar responder con este documento.
“La amnistía (del griego “amnestia”,
olvido) es una causa de extinción de la responsabilidad penal. Es un
acto jurídico, normalmente emanado del poder legislativo, por el que una
pluralidad de individuos que habían sido declarados culpables de un
delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura
delictiva”.
“La amnistía suele tener efectos
retroactivos y, entre otros, extingue toda responsabilidad penal o civil
y anula los antecedentes penales. Por el mismo motivo es general, dado
que actúa sobre todos los que cometieron ese delito, y no sobre
individuos concretos”.
“La amnistía suele suponer un nuevo
juicio de valor sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una
conducta. Por esa razón, las leyes o actos de amnistía son más
frecuentes en momentos de cambios sociales o de regímenes políticos, y
en ocasiones se asocia al perdón de presos políticos. Sin embargo, su
empleo puede ser objeto de polémica, pues puede provocar la impunidad de
quienes cometieron graves hechos durante un régimen anterior”.
Las modalidades de amnistía más
conocidas son las que afectan a militantes presas de organizaciones
políticas (amnistía política). Recientemente, el gobierno ha usado la
amnistía para beneficiar a corruptos y defraudadores (amnistía fiscal).
¿Y qué es una AMNISTÍA SOCIAL?
El concepto que planteamos tiene unas connotaciones diferentes y más amplias de las que conocemos como “amnistía política”. Muchas personas han padecido sanciones
(o estamos en la lista de espera) cuando, en defensa de sus derechos
básicos (sanidad, educación, vivienda, libertad de expresión,
concentración, huelga, manifestación, dignidad humana, etc.), y forzadas
por unas circunstancias de las que son víctimas, han sufrido en sus
carnes la rigurosidad de las leyes vigentes y la desproporcionada
actuación de los cuerpos de seguridad del Estado.
Cada una de las luchas, en este proceso
de defensa de los derechos, de lo público (huelgas generales y
sectoriales (mineras, limpieza, sanidad, educación, estudiantiles,
etc.), el 15-M, los desahucios y las okupaciones, las mareas, blancas,
verdes, azules, negras, etc, las marchas de la dignidad, en defensa del
derecho al aborto y los derechos de las mujeres, las de las
discapacitadas, las de las preferentistas, contra la represión, etc), ha
conllevado una confrontación de miles de personas con la legalidad por
razones políticas y humanitarias. Mucha gente ha comprobado como nos han
apaleado, identificado, sancionado, detenido y encarcelado.
Nos han desdibujado e insultado sin
compasión a través de sus medios de desinformación. Nos hemos encontrado
con una acción represiva desmedida por parte del Estado en defensa de
los intereses de quienes son los responsables de esta situación de
emergencia social que estamos sufriendo, de este genocidio de baja
intensidad al cual nos someten.
El Estado ha desplegado una cobertura
legal para esas actuaciones represivas y sancionadoras (muchas de ellas
violentas), que ha evolucionado en sentido contrario de lo que sus
propias leyes dictan, incluida la Carta Magna.
Lo vimos con el 15-M en la Plaza del
Sol, en Plaza Catalunya en Barcelona y en la Generalitat de Valencia.
Con las estudiantes de la Primavera valenciana y en cada desahucio
ejecutado, en cada desalojo de una okupación. Lo hemos visto con los casos de Laura y
Eva de C.G.T de Barcelona y de Alfon en Vallekas, con Carlos y Carmen de
Granada y otra gente en los piquetes de las huelgas generales. Lo hemos sufrido en los Rodea el
Congreso y las Marchas de la Dignidad del 22-M, cuando las luchas
mineras o con las que llevan adelante las estudiantes universitarias. En
cada escrache contra banqueros y políticos estafadores y corruptos, en
las concentraciones solidarias con anarquistas injustamente
criminalizadas. Lo estamos padeciendo y les gustaría que
lo hiciéramos en silencio, que hagamos de tripas corazón tras cada
suicidio ignorado y silenciado, tras cada intervención violenta de los
Cuerpos de Seguridad del Estado.
UNA SOLUCIÓN EXCEPCIONAL PARA UNA SITUACIÓN CRÍTICA
A la hora de sancionarnos y ejercer la
represión en protestas más que justificadas, no ha contado para nada la
situación de excepcionalidad a la que nos han llevado. Una situación de
empobrecimiento de millones de personas, de perdidas de derechos
conquistados con mucho esfuerzo y luchas donde las trabajadoras dejaron
su vida.
Es en este marco excepcional donde miles
de personas han tenido que encontrase en situaciones que difícilmente
imaginaban. El adiós al “estado de bienestar”, y la ruptura de eso que
llamaban “la paz social”, nos han forzado a la confrontación, No con
quienes han participado del expolio general de nuestras economías y
derechos, sino con sus medios coercitivos, las fuerzas de seguridad del
estado, y su sistema judicial.
Y es porque han sido las luchas sociales las que han mantenido este duro pulso, por lo que reclamamos AMNISTIA SOCIAL
y exigimos que sean olvidados nuestros supuestos delitos o infracciones
de la ley en contra de un saqueo de lo común, de lo público, de lo que
es de todas.
No pedimos que nos perdonen por haber
arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e
integridad física por lo que estamos sufriendo, No pedimos ni clemencia
ni indultos, reclamamos y exigimos justicia social.
Y lo hacemos conscientes de lo justas y
necesarias que son nuestras luchas. Porque no somos fichas en el juego
político. Sea quien sea quien acceda al poder político, tendrá que hacer
justicia con las personas que han pasado por momentos de represión
injustificada durante este período tan brusco para miles de personas. Es
necesaria esa AMNISTIA SOCIAL porque hemos luchado con ejemplaridad y por eso ninguna persona merece un castigo.
Además es justa su exigencia, máxime
cuando es demostrable que los métodos de lucha empleados en defensa de
nuestras reivindicaciones, por contundentes que parecieran, no han
generado hechos violentos que supusieran perdidas de vidas alguna.
Fueron muestras de nuestra impotencia y de la rabia contenida frente a
la prepotencia de lo que se nos aplicaba, frente a la dimensión de lo
que se nos venía encima, ante la ocultación y la deformación de nuestras
demandas.
Por el contrario, han sido parte de los
sectores sociales más afectados (por los recortes en los presupuestos
públicos, por la pérdida de trabajos y viviendas, por la desesperación
que queda instalada en nuestras vidas ante la inseguridad de un futuro
mejor para ahora y en adelante), los que han puesto la parte más amarga
de las consecuencias de esta crisis-estafa. En esta guerra declarada
cobardemente contra el pueblo, los muertos los hemos puesto nosotras.
Como se puede comprobar, la AMNISTIA SOCIAL tiene mucho de política.
Desde las luchas mineras y huelgas
generales, pasando por aquellas que, en defensa de nuestras justas
demandas, hemos llevado a cabo con métodos de lucha directa sin
violencia contra las personas, como son los escraches, las
concentraciones, los cortes de carreteras y polígonos, las marchas y
bloqueos de parlamentos y desahucios, aquellas en defensa del derecho
constitucional a un trabajo y una vivienda en dignidad, contra la
violencia machista que se acrecienta en situaciones de pobreza, por
ejercer nuestro derecho a manifestarnos sin que tengamos que esperar el
permiso gubernativo. Abarcaría a las personas que fueron identificadas y
sancionadas sin más motivo que la caprichosa voluntad de la policía y
de quienes la controlan y dirigen.
OBJETIVOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA :
La AMNISTÍA SOCIAL llevaría aparejada la DEROGACIÓN INMEDIATA de la LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA, más conocida como la LEY MORDAZA. Y, además, debería contener las siguientes medidas:
- Supresión de todas las causas abiertas en los juzgados derivadas de acciones de protesta contra las políticas de recortes, tanto de derechos laborales como sociales.
- Anulación de todos los procesos y expedientes sancionadores derivados de la intervención gubernativa en contra de manifestaciones en defensa de derechos democráticos reconocidos.
- Eliminación efectiva de todo cargo delictivo para quienes se enfrentaron a las intervenciones de la policía (en desahucios, huelgas generales y luchas sectoriales o individuales )
- Desaparición de toda ficha policial o antecedentes penales archivados que se deriven de las justas protestas sociales llevadas a cabo como consecuencia de la crisis económica.
- Reparación a las personas más afectadas por la represión (daños físicos o secuelas de otro tipo) y exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder de las fuerzas de seguridad del estado.
- Restauración de todos los derechos perdidos y cumplimiento integro de todos los derechos humanos. Derecho a decidir.
-
Libertad inmediata para las personas presas que han sido víctimas de montajes policiales o que se vieron forzadas a cometer delitos debido a la extrema situación a la que nos a arrastrado el actual modelo político y económico.
También lleva implícita la
desaparición de los ficheros policiales de todos nuestros antecedentes
derivados por nuestras protestas Así mismo, la derogación de las leyes
que facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad
privada. Leyes que permiten el intercambio de nuestros datos obtenidos
bajo unas actuaciones policiales abusivas.
Estas leyes atentan contra cualquier
principio de respeto a las libertades individuales y colectivas, y es un
ejemplo de la deriva autoritaria y pre-fascista del actual “ESTADO DE
DERECHO”.
Solamente la presión desde todo tipo de
colectivos sociales afectados puede hacer que esta propuesta de Amnistía
Social salga adelante, que sea tenida en cuenta en un supuesto nuevo
escenario político oficial. Si una ley de Amnistía de este tipo tiene
que ser tenida en cuenta por quienes gestionen el poder político en el
futuro, será porque quienes hemos padecido la represión en cualquiera de
sus variantes, la exigimos como salida colectiva a cada uno de nuestros
procesos judiciales derivados por nuestra resistencia y encontronazos
con la ley.
Nunca hemos delinquido, al contrario,
hemos tenido que responder a los delincuentes. Si algunos métodos han
estado al margen de la legalidad o han tropezado con ella, ha sido
porque nos han forzado a ello las circunstancias de agresión continua a
nuestra dignidad como personas. Es por tanto necesario que hagamos esta
reivindicación extensible a todo el mundo que crea en una salida digna a
nuestras “cuentas pendientes con la justicia”.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA PROPUESTA?
La AMNISTÍA SOCIAL es una
reivindicación de todas y de nadie. Es el reclamo justo para unas luchas
justas que jamás debieron ser castigadas ni sancionadas.Es un elemento unificador de las
distintas respuestas antirepresivas frente a la disgregación y
segmentación que pretende el Estado. Señala cada uno de sus distintos
rostros y sitúa “los problemas” en uno sólo: la represión.
Principalmente es una propuesta dirigida
a quienes de una forma u otra han padecido episodios de represión. Es
decir a todas aquellas que han pasado por comisaría o los juzgados, a
quienes han sido identificadas y ahora figuran en un fichero policial.
También a quienes han padecido la violencia del estado y se resistieron y
ahora tienen delitos de desobediencia o agresiones a la policía. Todas
hemos sido víctimas de las misma violencia.
Va también dirigida a los colectivos
anti-represivos que son la espina dorsal de la resistencia a tanta
agresión. A grupos de familiares o amigas (organizadas o no, pequeños o
grandes), que saben lo importante de no dejar sola a quien padece la
represión.
No se lo planteamos a un organismo
oficial ni a una institución del poder político o judicial. Conscientes
de que estos sectores sólo moverán ficha si les obligamos, la AMNISTÍA
SOCIAL deberá germinar y ser resultado de una voluntad decidida y
colectiva de mantener las luchas contra la represión a base de la
solidaridad activa, el apoyo popular a las justas luchas que se perfilan
en el horizonte. Por lo tanto, no es sólo una reclamación sobre lo que
ya ha pasado, si no sobre lo que está pasando y pasará.
Esta idea que planteamos debe
desarrollarse en todas sus variantes organizativas; en coordinadoras,
plataformas, asambleas, grupos de afinidad, etc. Debe ser escrita en las
paredes, cantada en los conciertos, coreada en las manifestaciones,
hablada en las radios y escrita en los diarios y revistas. Si no en sus
medios en los nuestros, si no ellas, nosotras.
Hacemos un llamamiento para que todas
las personas implicadas en su trabajo con la justicia (abogados y
juristas), se pongan manos a la obra para dar forma de ley a esta
petición.
La elaboración de una ley de AMNISTÍA
SOCIAL tiene que ser participativa; los colectivos afectados y personas
represaliadas, las asambleas antirepresivas y las asociaciones y
juristas solidarias tienen mucho que decir. Eso sí, habría mucha más
faena que hacer en caso de que la propuesta fuera asumida por cada vez
más grupos y colectivos.
La propuesta de AMNISTIA SOCIAL sirve
también para insistir en la injusta situación de miles de personas que
han padecido la represión sólo por luchar por su dignidad y por la
justicia social. Consiste en establecer una referencia unitaria que
aglutine, más que disperse, a las miles de personas que han padecido la
represión y cuyos casos se han intentado individualizar. Es necesario
dar sentido a eso de “si nos tocan a una es como si nos tocasen a
todas”, y también a lo de “hoy por ti, mañana por mi“.
Es por eso que proponemos que hagáis vuestra esta demanda, que la incluyáis en vuestras reivindicaciones y actividades. Que la AMNISTÍA SOCIAL se plasme en cada lucha antirepresiva que llevemos adelante.
Es una reivindicación que nos pertenece a quienes nos han situado en su diana sólo por el hecho de no resignarnos a claudicar. Nos pertenece a quienes aún creemos en la dignidad del pueblo trabajador.
POR LA JUSTICIA SOCIAL!!
AMNISTÍA SOCIAL, YA !!