PÁGINAS

miércoles, 30 de marzo de 2016

Amnistía para Bódalo

El compañero Andrés Bódalo, dirigente del SAT y concejal por Jaén en Común ha sido encarcelado. Una injusticia más de la llamada Justicia. Un nuevo preso político condenado a pesar del vídeo que demuestra que no agredió a nadie, e incluso la Guardia Civil presente en el lugar de los supuestos hechos ha declarado que el sindicalista mantuvo una actitud pacífica en todo momento. Y una vez más la prensa hace su trabajo de mamporreros del capital, con una campaña de difamación sin precedentes que ha incluido vergonzosamente al programa El Intermedio. Al parecer la prensa "progresista" no soporta que los descamisados se levanten con voz propia.

Pero el compañero no está solo. El pueblo trabajador sabe que los auténticos criminales no entran en la cárcel, que los ladrones campan a sus anchas por ayuntamientos y parlamentos. Desde el Colectivo No a O´Belen nos sumamos a las voces que piden la libertad inmediata de Andrés y apoyamos todas las movilizaciones por su excarcelación. El SAT ha anunciado la convocatoria de concentraciones el sábado 2 de abril en diversos pueblos y ciudades y una marcha a pie desde Jaén hasta la cárcel el domingo 10 de abril para exigir la libertad de Bódalo.

Puedes firmar por el indulto pinchando aquí

Toda la información sobre este caso de represión en la web del Sindicato Andaluz de Trabajadores



lunes, 21 de marzo de 2016

Reformar el sistema de protección de menores

Que nuestro sistema de protección de menores no funciona es una obviedad. Sobre este tema se habló en el Congreso Mundial organizado el pasado febrero por el CIPI (Consejo Independiente para la Protección a la Infancia). A continuación dejamos la exposición en dicho congreso de Francisco Cárdenas, presidente de APRODEME (Asociación para la Defensa del Menor).


viernes, 18 de marzo de 2016

Salario indigno, sin vacaciones, a dedo...así es el trabajo en las cárceles españolas

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha remitido una proposición no de ley a los grupos del Congreso y una moción al Senado para exigir el cumplimiento de los derechos laborales en las prisiones españolas. Javier Hervás, preso durante 18 años, cuenta su experiencia. 

Durante los 18 años que ha estado preso, condenado por delitos de falsificación y estafa, Francisco Javier Hervás ha trabajado en el economato, en mantenimiento de pintura, en la emisora de radio… Por algunas de esas ocupaciones ni siquiera le pagaron. Por otras, llegó a cobrar unos 50 euros. El sueldo más alto ascendió a 210 euros, cuando ejercía de responsable del reparto de material de limpieza. “Lo mismo que reciclamos el vidrio, el cartón o los papeles y los salvamos del vertedero, deberíamos hacer con las personas presas, intentar salvar el material humano, potenciar con la herramienta del trabajo que salgan mejor que cuando entran y no convertir la cárcel en un estercolero social, salvando las distancias. Quiero demostrar que soy capaz de trabajar, de hacer algo más que drogarme o delinquir”, explica con una notoria facilidad de palabra en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA).

La organización ha remitido una proposición no de ley a los grupos del Congreso y una moción al Senado para exigir el cumplimiento de los derechos laborales en las cárceles españolas. “El salario medio está alrededor de 222 euros, por lo que difícilmente se puede cumplir el mandato constitucional del artículo 35 y del artículo 33 de la Ley Orgánica Penitenciaria, de garantizar que la remuneración sea suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia […]. También ocurre, cuando el interno realiza el trabajo para empresas externas, que puede hacerlo mano a mano, en el mismo lugar, con idénticas funciones, con trabajadores de empresa externa, que perciben por el mismo trabajo un importe que al menos triplica el salario del interno”, reza uno de los puntos de la moción.
 
Según el coordinador general de la APDHA, Valentín Aguilar, se está produciendo una violación sistemática de esos derechos, como evidencia Trabajo en prisión. Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas, una investigación realizada por la asociación, editada por Atrapasueños y que cuenta con el aval y financiación del Consejo General de la Abogacía Española y de la Fundación Ágape.

Entre las principales vulneraciones, el libro, que será distribuido entre la población reclusa, denuncia que los puestos vacantes no se adjudican siguiendo los principios de oferta de empleo público, sino a dedo, en función de la persona que más interesa a la Administración; en muchas ocasiones, el trabajo no está remunerado y cuando sí lo está, en algunos casos, se paga menos del euro a la hora; el mes de vacaciones no está pagado; se trabajan más horas de las establecidas… El desempeño de la actividad laboral puede, incluso, perjudicar al trabajador porque cuando éste concluye su condena le corresponde la prestación por desempleo, que en la práctica es muy inferior al subsidio de excarcelación. Además, el trabajo realizado dentro de prisión queda reflejado en el informe de vida laboral, de manera que la persona presa queda “marcada” ante posibles empleadores.

“El empresario, en este caso la Administración, es el que vulnera la ley. ¿Y cómo va a denunciar la persona presa a la misma Administración de la que depende, por ejemplo, la concesión de permisos?”, se pregunta Aguilar, que insiste en la necesidad de la participación de los sindicatos. CCOO, CNT, CGT, SAT y UGT han dado su apoyo a la reivindicación de la asociación. “¿Por qué puede entrar una ONG, un imán o un cura a la cárcel y no un sindicato?”, reclama Hervás, que no recuerda el “infinito” número de escritos que ha presentado para él y para sus compañeros, a muchos de los cuales ha enseñado a leer y a escribir. Él salió de la cárcel en 2010, con 50 años y una crisis gigante en toda la cara. Ahora sobrevive trabajando en lo que puede: de sereno, haciendo churros, de camarero…

Reinserción

“La necesidad del preso de mantenerse ocupado, de poder salir del módulo residencial para realizar alguna actividad, tener alguna responsabilidad, desarrollar sus aptitudes, disponer de algún ingreso para minimizar los daños producidos por los delitos cometidos, chocan con el escaso interés demostrado por la administración penitenciaria para la implantación de talleres productivos”, afirma Hervás en una carta de agradecimiento en el libro-guía.

Según los datos aportados por la APDHA, basados en cifras del Ministerio de Interior, sólo el 20% de la población reclusa está trabajando. “Y en el caso de las mujeres se evidencia un claro machismo y discriminación”, denuncia Aguilar. De las 12.422 personas que trabajan, sólo 1.114 son mujeres. “Las cárceles están pensadas para los hombres, salvo excepciones”, concluye.


lunes, 14 de marzo de 2016

¡Abajo el acuerdo de la UE con Turquía para expulsar a los refugiados!

refugiados marzo 16
Después de haber cerrado las fronteras durante meses, de enviar a la policía y el ejército a reprimir a miles de familias obligadas a un éxodo que no han elegido, de hacinarlos en campos de internamiento en condiciones insalubres, los gobernantes de Europa han decidido liquidar el “problema de los refugiados” mediante el sencillo recurso de expulsarlos a todos. La burguesía ha vuelto a demostrar de la manera más cínica que su demagogia sobre “democracia”, “derechos humanos”, “acogida”, escoden una realidad despreciable. Para ellos sólo existen los beneficios, el lucro, y harán cuanto esté en su mano para defenderlos: recortes, privatizaciones, austeridad, despidos masivos, ataques a las libertades democráticas, guerras imperialistas.
Todo un programa que enfrentado a la llegada de miles de hombres, mujeres y niños que huyen de la barbarie y la destrucción, se convierte en políticas racistas y xenófobas que recuerdan mucho a las que adoptó el régimen nazi. Sobre la sangre, la miseria y el dolor de los refugiados, el capitalismo europeo y sus abogados defensores han vuelto a escribir una página de crueldad inimaginable.

¡La civilizada Europa! ¡Los valores de nuestra cultura occidental! Hoy, el sentimiento de millones de trabajadores y jóvenes del viejo continente está al lado de nuestras hermanas y hermanos sirios, iraquíes, afganos, de todas las naciones a las que el imperialismo europeo y estadounidense han reducido a escombros. Nuestro corazón y nuestra conciencia están con esos miles de hombres y mujeres, hacinados en tiendas de campaña a la intemperie del crudo invierno, anegados de lluvia y barro, tratando de evitar la muerte de sus hijos. Y toda nuestra rabia e indignación se dirige hacia esos gobiernos, de derechas y socialdemócratas, que han sido capaces de firmar la sentencia de muerte para miles de personas inocentes, haciendo oídos sordos al grandioso movimiento de solidaridad desatado en el mes de septiembre en cientos de ciudades europeas.

El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para deportar a este país a todos los refugiados que llegan a través de Grecia, supone la liquidación en la práctica de los derechos democráticos para millones de personas extranjeras en Europa y consolida un discurso oficial que en nada se diferencia de la extrema derecha. No han tardado ni cuatro meses en convertir en papel mojado el “pacto” alcanzado para realojar a 160.000 solicitantes de asilo. Así es la política capitalista. Presionados por la lucha de los trabajadores y la juventud intentaron escurrir el bulto de sus responsabilidades con vagas promesas. Pero ahora está claro todo: los refugiados son un enemigo más, y hay que aplastarlo cuanto antes.

El acuerdo firmado con Turquía incumple clamorosamente la propia normativa europea sobre el derecho de asilo, y supondrá la deportación inmediata de decenas de miles de personas y la muerte segura para muchas de ellas. Como ha reconocido la portavoz para temas de migración de la Comisión Europea, “la idea es que, a partir de ahora, todos los migrantes rescatados en aguas griegas sean llevados a alguna isla griega para un primer ‘cribado’. Los migrantes considerados ‘económicos’ serán luego deportados a Turquía para un nuevo ‘estudio’ de sus casos. Asimismo, todos los migrantes rescatados por la OTAN en aguas turcas serán llevados a Turquía, país que se encargará de definir su estatus”.

En precio a sus labores de carcelera y gendarme exterior, la dictadura turca —pues sólo se puede calificar de este modo al régimen asesino de Erdogan—recibirá 3.00 millones más de euros y el compromiso de acelerar su incorporación a la Unión Europea. Un paso decisivo en la política criminal que están llevando a cabo los gobernantes europeos dando la espalda a millones de personas que se encuentran en una situación desesperada. Incapaces de destinar unos mínimos recursos a paliar las necesidades más urgentes, prefieren invertir ese dinero para reforzar el FRONTEX (la policía europea de fronteras) y pagar a un gobierno como el turco para que haga el trabajo sucio.

Pretender ahora presentar a Turquía como un “país seguro” desde el cual es posible tramitar plácidamente el derecho de asilo, es una burla cruel que pone más de relieve la hipocresía de las democracias europeas. De hecho, mientras los líderes de la UE y Turquía se reunían en Bruselas para firmar este acuerdo de la vergüenza y la muerte, la frontera turca con Siria seguía cerrada para decenas de miles de solicitantes de asilo que huyen de Alepo, exponiéndolos a graves riesgos. El régimen turco se ha destacado en estos años por la brutal represión contra las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda, y por su campaña de atentados y asesinatos políticos contra activistas del movimiento kurdo, al que también combaten militarmente. El régimen de Erdogan, como es público y notorio, es además un aliado fundamental del Estado Islámico (ISIS) al que financia y pertrecha de armas, que luego son utilizadas en atentados criminales como el del pasado mes de noviembre en París.

Si este es el trato que reserva el gobierno turco a sus propios ciudadanos ¿qué puede esperar una masa de personas despojadas de cualquier derecho civil o político? Por mucho que Merkel, Hollande, Rajoy y el resto de mandatarios europeos pretendan maquillar la realidad, el destino en Turquía de esos hombres, mujeres y niños será, en el mejor de los casos, su hacinamiento en campos de concentración, en condiciones inhumanas, sin la alimentación, el abrigo o los recursos médicos adecuados. Y en el peor, la repatriación sin ninguna garantía a sus países de origen, donde la suerte que les espera es una muerte probable.

Ni a los capitalistas europeos ni a quienes nos gobiernan les importa nada la suerte de ninguno de ellos. Especialmente vergonzosa es la actitud de la socialdemocracia europea, cómplice de este acuerdo y de esta política, en la que lamentablemente también hay que incluir a Tsipras y su gobierno. Por supuesto, esta “izquierda” que ha claudicado hace mucho tiempo ante la burguesía y los grandes poderes económicos, ahora se postra de rodillas ante estas decisiones inhumanas, xenófobas y racistas para aprobarlas y respaldarlas.

Las lecciones de lo que está ocurriendo con nuestras hermanas y hermanos refugiados son claras: sólo los trabajadores, la juventud, los oprimidos de todo el mundo, unidos por encima de las fronteras nacionales, de las diferencias de raza o de religión, podemos tejer una solidaridad real que termine, no sólo con las guerras imperialistas y la devastación que producen, sino con la explotación de la mayoría de la sociedad por una minoría privilegiada y la amenaza que se cierne sobre nuestras libertades y derechos democráticos. Por eso es necesario que toda la izquierda militante, social, política y sindical, levante un gran movimiento de masas contra este acuerdo y logremos que las fronteras de Europa se abran para los refugiados en condiciones dignas de acogida.

Hoy como ayer, la lucha por los derechos de los refugiados es también la lucha por el derrocamiento del capitalismo, por la transformación socialista del mundo.

¡Abajo el acuerdo UE Turquía! ¡Refugees Welcome!



Partidos, sindicatos y organizaciones sociales han convocado para el próximo 16 de marzo, a las 18.30 horas, concentraciones en las principales ciudades contra el preacuerdo sobre la acogida y devolución de refugiados alcanzado entre la UE y Turquía. Las protestas se celebran en vísperas de la reunión del Consejo Europeo que debe refrendar o tumbar el preacuerdo, que prevé la devolución a Turquía de los refugiados que lleguen a Siria.

Ente las entidades convocantes figuran PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y Equo, los sindicatos CCOO, UGT y USO y las organizaciones Médicos del Mundo, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Unicef-España, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo y Cáritas.

Estas entidades rechazan "el ilegal e inmoral acuerdo adoptado por el Consejo de Europa con Turquía sobre los refugiados, que evidencia de la insensibilidad de la UE y los Estados miembros ante la crisis humanitaria de los refugiados", según informa CCOO en un comunicado.

A su juicio, se trata de un acuerdo "vergonzoso" que "vulnera la Carta de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención del Estatuto del Refugiado; trata a los refugiados como moneda de cambio con el gobierno de Turquía y muestra el deterioro del proyecto europeo al trasladar la crisis de los refugiados fuera de sus fronteras".

CCOO insta al Gobierno español a no apoyar dicho acuerdo en la reunión del Consejo Europeo del 17 de marzo, y exige medidas urgentes ante la mayor crisis humanitaria a la que se ha enfrentado Europa.

sábado, 12 de marzo de 2016

Carta abierta a Mariví Broto (Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón) y Amparo Porcel (presidenta de INTRESS)


Estimadas señoras;
Sinceramente y desde nuestra ingenuidad nunca pensamos que serían capaces de llegar a estos extremos para amordazar al grupo de educadores y educadoras que llevamos en huelga indefinida desde el 1 de noviembre de 2014 intentando mantener las condiciones de vida de los niños y niñas a los que acompañamos en el Centro de Observación y Acogida, donde tenemos el privilegio de trabajar, y tratando de mantener las condiciones laborales de los trabajadores en parámetros de dignidad e igualdad.
Señoras, ustedes han alentado, permitido y amparado la no renovación en suspuestos de trabajo de dos educadores del COA únicamente por defender los derechos de los menores que atendían en el COA y por defender sus derechos laborales ejerciendo su derecho legal a la huelga.
Sra. Broto. Usted es culpable de que se firmara este contrato de gestión educativa en unas condiciones que usted misma, siendo oposición, resumió de la siguiente manera: “No garantizan los derechos de los menores”. Mintió durante la campaña electoral autonómica, ya que prometió que haría algo (solucionar el conflicto social y político del COA) que no ha hecho. Fingió tener voluntad negociadora durante la campaña electoral nacional aunque esto no acabó de concretarse en nada real. Pasadas todas estas campañas, desde su departamento sólo quedó para el COA silencio y abandono. La adjudicación que su departamento firmó es objeto hoy de un recurso administrativo en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia.
Sra. Porcel. Su entidad medró un contrato millonario con un ejecutivo saliente y en funciones en un procedimiento negociado sin publicidad totalmente ajeno a ningún control ciudadano y carente de toda transparencia para gestionar el COA. Pese a que los educadores del COA le avisaron por este mismo medio de que el centro ya era carencial en ese momento, que las condiciones de contratación eran peligrosas para los menores atendidos y que suponían un recorte en la inversión en el recurso y en la atención educativa, usted y su director general eligieron mentir en primer lugar, negando cualquier intención de concursar en la gestión del COA. Posteriormente, firmaron este contrato miserable, asumiendo unas condiciones que los educadores denunciábamos como indignas y peligrosas. La práctica empresarial de INTRESS en el COA es objeto hoy de varias denuncias en Inspección de Trabajo.
Durante el ya casi año y medio de huelga y lucha, nadie, nunca, ha podido acusarnos de una mala práctica profesional en el COA pese a los limitados medios con que contamos y la carga de trabajo soportada. Nadie, nunca ha podido acusarnos de que los niños y niños del COA hayan sufrido ninguna consecuencia negativa derivada de la huelga.
Y en este momento, justo después de haberse celebrado el día 22 de febrero una reunión en Zaragoza entre INTRESS y la DGA, se produce la represalia más severa contra los trabajadores del COA. Una represalia que sí afecta negativamente a la atención educativa a los menores del COA. Se comunica a dos educadores eventuales la decisión de INTRESS de “no continuar contando con ellos a la finalización de sus contratos”. Así de breve, sin ninguna explicación, sin dar ninguna razón. Una decisión que se toma en contra de la opinión del coordinador técnico y de la opinión del resto de coordinadores del centro. Una decisión gratuita, unilateral y arbitraria. Sus actos las definen señoras, no sus palabras.
¿Qué pasó en esa reunión? ¿Qué decidieron sus respectivos subalternos? ¿Se escucharon quizá expresiones del tipo: “Que se callen de una vez! ¡Que se lleven un escarmiento! ¡Aquí mandamos nosotros! ¡Imponte cueste lo que cueste!”? Porque dada la decisión es lo que parece. Después de esta reunión INTRESS decide unilateralmente no volver a contar con dos educadores que acumulan varios años de experiencia en el COA, que han desempeñado durante ese tiempo su trabajo de forma ejemplar, sin recibir ninguno de los dos un apercibimiento por ningún motivo en ese tiempo, ninguna queja sobre su trabajo ni por parte de los coordinadores del centro ni por parte del director del centro. Su trabajo es tan bueno que crean vínculos de confianza con los menores con los que trabajan, básico para cualquier proceso educativo serio. Dos trabajadores que comprometidos con el proyecto en el que trabajan asumen la lógica de explotación laboral que permiten las externalizaciones de servicios de las que vive INTRESS y que el PSOE de la señora Broto se sirve exactamente de la misma manera que hace el PP. Los dos profesionales llevan años en una situación de precariedad laboral, enlazando contratos de unos días con contratos de unas semanas, con contratos de unas pocas horas… Ahora una semana sin trabajar, ahora siete días seguidos… Y así dos años.
Pero la empresa decide “no continuar contando con ellos”. ¿Por qué? Porque comprometidos, valientes y libres como son, decidieron, pese a la precariedad de sus contratos, levantar la voz, secundar la huelga del COA y denunciar el maltrato institucional y la explotación laboral. Esta no renovación es una represalia, señora Broto, a dos educadores, dos trabajadores, por ejercer su derecho legal y constitucional a la huelga.
Esta decisión no sólo es injusta, carente de toda ética e ilegal, es también, respecto del trabajo educativo en el COA poco inteligente, indefendible técnicamente y nociva para la intervención educativa en el COA. Los niños y niños del COA acaban de perder a dos educadores válidos y responsables que ya se habían convertido por méritos propios en referentes de estos menores con años de experiencia. En su lugar, como por otra parte viene haciendo INTRESS desde su llegada al COA, contratan educadores nuevos, que merecen todo nuestro respeto y apoyo y a los que formaremos como siempre hemos hecho ya que nadie más lo hace (ni la empresa, ni la DGA). Pero costará años, si es que lo consiguen, que se pongan al nivel de los grandes profesionales que el COA acaba de perder. Mientras tanto: Inestabilidad en el equipo de educadores y en grupo de adultos de referencia de los menores. Señora Porcel, Señora Broto, no se puede ser más torpe. Señora Broto, ¿qué pretende?, ¿convertir el COA en un Juan de Lanuza (objeto de titulares de prensa hace pocos días) o en una Lorenzo Loste (objeto de un informe del Justicia de Aragón hace también pocos días)?
Señora Broto y Señora Porcel, terminamos señalando que con esta no renovación nos llevan ustedes a un camino intransitado hasta ahora, que consideramos de una agresividad inédita hasta este momento en el año y medio de huelga y cuyas consecuencias son difíciles de prever.
Si en algún momento pasa por su imaginación, o la de sus subalternos, llegar a una solución negociada a este conflicto deben saber que el primer punto del orden del día es la reincorporación inmediata de nuestros compañeros.
Zaragoza, a 10 de marzo de 2016
Firmado:
Educadores en Lucha - Comité de Huelga del COA

jueves, 10 de marzo de 2016

¡Los trabajadores de LIMASA (Málaga) tienen razón!

concentracion limasa¡Ni esquiroles, ni criminalización de la lucha obrera!

Desde GanemosCCOO queremos manifestar nuestra solidaridad y apoyo a la huelga indefinida de los trabajadores de LIMASA. Esta lucha por un convenio digno y la municipalización del servicio ha contado con la participación masiva de la plantilla, pero también con una campaña visceral de mentiras, manipulación y criminalización desde el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. El comportamiento despótico y autoritario del señor Alcalde, Francisco de la Torre, ha llegado al punto de contratar esquiroles para romper la huelga, con la colaboración activa de la Junta de Andalucía, y azuzar a los sectores más reaccionarios de la capital malagueña, agrupados en asociaciones de comerciantes y cofradías, para intentar generar una atmósfera de linchamiento contra estos compañeros. Por supuesto, los medios de comunicación han colaborado activamente, presentando las imágenes de la basura acumulada en las calles de Málaga como responsabilidad de los trabajadores de Limasa, cuando es justamente al contrario.

El desprecio de un ayuntamiento de derechas contra la lucha de la clase obrera es ya un clásico. La cuestión es que no está sólo en su ataque a la plantilla de LIMASA, lamentablemente también los dirigentes andaluces y locales del PSOE están haciendo el caldo gordo a las maniobras de la derecha y participando en la campaña de criminalización.

¿Por qué han tenido que ir a la huelga y qué piden los trabajadores?

Ya sabemos cuál es la política de la derecha: arrebatarnos derechos básicos a la mayoría con el argumento de que no hay dinero, mientras hacen negocios corruptos y multimillonarios con sus amigos empresarios a costa del presupuesto público. A todo ello hay que sumar que se trata de una huelga en un servicio fundamental, como es la recogida de basura. Los planes del PP en Málaga no consisten solo en arrebatar derechos a la plantilla, hay un intento de privatización completa del servicio de limpieza que, como nos enseña lo ocurrido con la sanidad o la educación publicas, se traducirá en un empeoramiento de las condiciones laborales y una degradación de la calidad del servicio.

Ya en noviembre de 2013, Francisco de la Torre, alcalde del PP, quiso recortar la parte del presupuesto destinada a la plantilla y el servicio de limpieza mediante una reducción de las jornadas de trabajo de los 1.274 empleados, es decir, con un ERTE. Los trabajadores y los habitantes de Málaga perdíamos para garantizar beneficios millonarios con dinero municipal a empresas privadas que se hacían con parte del servicio de limpieza. Con una lucha ejemplar, los trabajadores frenaron el grueso del ataque.

No satisfecho con ello, el PP planteó más recortes de derechos. Lo que ha obligado a los trabajadores de LIMASA a ir a la huelga ha sido el incumplimiento sistemático del convenio por parte del Ayuntamiento y la empresa. En diciembre de 2015 el Juzgado de lo Social número 8 de Málaga sentenció que el único convenio vigente en la empresa es el correspondiente a los años 2011 y 2012. Hasta la fecha, dicho convenio sigue sin cumplirse en lo referente a paga de productividad, al descanso de los sábados y a las vacaciones. Además, 300 trabajadores acumulan sanciones por que la empresa no acepta el cumplimiento de cuestiones tan básicas como las medidas de seguridad a las que por ley tiene derecho la plantilla.

¡Los trabajadores solo piden que se cumpla la sentencia y se retiren las sanciones! ¿Cobran 3.000 euros? ¿Son unos privilegiados?

La campaña del PP, de la Junta, y de la empresa, hablando de los salarios privilegiados de los trabajadores de LIMASA ha sido también uno de los ejes de la campaña de calumnias. Aunque un trabajador puede cobrar hasta 1.211 euros al mes, en realidad su sueldo base es de menos de 800 euros, de ahí la importancia de cobrar el plus de productividad que les niega la empresa y el Ayuntamiento. Los directivos de la empresa, a los que les parece excesivo que una familia pueda ingresar 1.200 euros al mes, no tienen el menor problema en asignarse unos salarios que según la memoria de la propia empresa de 2014 equivalen a 1.016.487,98 euros al año para los 16 miembros que componen la dirección. De hecho, el sueldo mensual del gerente asciende a los 8.000 euros. Sobre esto no dicen nada.

Hoy LIMASA es propiedad del Ayuntamiento de Málaga en un 49% y el otro 51% pertenece a capital privado. FCC es la accionista mayoritaria de la parte privada y después están Unicaja, Sando y Urbaser. Recordemos que un ex alto cargo de FCC reconoció haber pagado 60.000 euros al PP en 2011 en el caso Bárcenas, que esta misma empresa pagó a Pujol Ferrusola 710.000 euros en comisiones, y que en enero el presidente de FCC Construcción fue detenido por el caso Acuamed.
Según ha publicado La Opinión de Málaga, estas empresas se llevaron en sólo 6 años, desde 2006 hasta 2012, más de 51 millones de euros. Mientras en ese mismo periodo los beneficios empresariales crecieron un 148%, los salarios sólo lo hicieron un 25,5%. Pero hay más. A estos beneficios se le suma la "asistencia técnica", un concepto que les ha reportado desde abril de 2001 hasta la fecha unos 24 millones de euros. La prensa también dio a conocer un informe interno que planteaba un ahorro de hasta 47 millones en caso de haberse remunicipalizado LIMASA en 2013. El ahorro habría servido para que en estos 3 últimos años se hubiera renovado una flota de vehículos con 15 años de antigüedad de media y se hubiese contratado personal suficiente para que no encontráramos cada día más suciedad en nuestros barrios.

Los trabajadores de LIMASA son un ejemplo a seguir. Si queremos parar los pies a la derecha, si queremos hacer valer nuestros derechos, desde el movimiento obrero debemos prestar todo el apoyo y la solidaridad con esta lucha. Nuestro sindicato, CCOO, debería movilizar a todos sus delegados en Málaga y en Andalucía para demostrar un apoyo activo a la plantilla, para exigir al ayuntamiento el cumplimiento del convenio, y para que esta empresa vuelva a recuperar su titularidad pública. La limpieza viaria es un servicio a la Ciudadanía y no un negocio, y el objetivo del sindicalismo de clase debe ser la remunicipalización de todos los servicios privatizados, manteniendo todos los puestos de trabajo, mejorando los salarios y dignificando las condiciones laborales.

¡Fuera esquiroles!
¡Basta de criminalización y mentiras!
¡Por la remunicipalización de LIMASA!

miércoles, 9 de marzo de 2016

Taller de Municipalización: voluntad y legalidad


Para firmar por la municipalización de los servicios públicos de Madrid, pincha aquí

¿Qué es la cárcel?

Conocemos la cárcel por las películas, los telediarios, los mitos... pero en realidad el conocimiento de la sociedad sobre esta Institución es casi nulo. ¿Qué pasa dentro de esos muros? ¿Se vive bien allí dentro? ¿Se lleva a cabo la cadena perpetua? ¿Existen presos políticos? ¿Se tortura allí dentro?
Laura Delgado nos deshace todos estos mitos sobre la cárcel acercándonos a la realidad de esta Institución, y nos presenta la nueva organización "Quinto Grado" así como el corto "Desde la Celda".
Puedes escuchar la entrevista a Laura en Los Sonidos de mi Barrio

Otegi, historia de la venganza contra una paz inconveniente

El 13 de octubre de 2009 la Policía Nacional al mando del juez Baltasar Garzón entraba al asalto en la sede del sindicato LAB de San Sebastián, donde estaban reunidos destacados políticos de la izquierda abertzale. Diez personas fueron detenidas, entre ellas  Arnaldo Otegi, Rafa Díaz Usabiaga, Rufi Etxeberria o Sonia Jacinto. Otros como Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez o  Txelui Moreno fueron detenidos en otros puntos del País Vasco. Caía así, según explicaron fuentes judiciales y reprodujo buena parte de la prensa, el "último intento de reconstruir la estructura de Batasuna", una iniciativa supuestamente ordenada por ETA y ejecutada por los detenidos.

Esta fue la teoría judicial-policial con la que se llevó a cabo la operación Bateragune de aquel octubre y con la que se presentó a los detenidos ante el tribunal en un juicio que, como era de esperar, confirmó la hipotesis de partida. Casi 7 años después de la detención, cuando Otegi pone un pie en la calle el relato judicial que lo metió entre rejas ha perdido toda credibilidad en contraste con los hechos consumados, que dejan fuera de juego la conexión entre la reconstrucción de Batasuna y estar a las órdenes de ETA. En este tiempo la izquierda abertzale se ha dotado de un partido, Sortu, que suple el papel de Batasuna, y concurre a las elecciones de forma legal e incluso gobierna algunas instituciones sin mayor sobresalto. La "estructura política", por tanto, ha sido "reconstruida". Y, pese a eso, ETA ya no existe. El grupo terrorista cometió su último atentado en 2010 y anunció el cese definitivo de la violencia en octubre del 2011, tras la conferencia de paz de Aiete.

Con estos dos hechos en la mano, hoy es imposible sostener que la construcción de un partido abertzale sirviera para mantener viva a ETA. Más bien se ha demostrado lo contrario. ETA ha desaparecido en perfecta correlación con la profundización del movimiento abertzale en su apuesta por las vías democráticas. Y, cuando ese argumento principal en el que se basó la condena ha quedado desmentido por el tiempo, toca analizar los porqués.

Es difícil valorar los objetivos que perseguían  en la operación Bateragune policías y jueces, instructores o tribunales, sin caer en el juicio de intenciones. Tampoco ayuda a aclararlo la confusión conceptual que han rodeado los procesos judiciales en torno a la izquierda abertzale desde hace al menos dos décadas, desde la instauración del llamado "Todo es ETA", doctrina por la que la banda terrorista deja de ser solo la organización que comete actos terroristas y comienza a serlo toda aquella que tiene una afinidad ideológica, tiene contacto de algún tipo o comparte algunos de sus objetivos políticos. El andamiaje jurídico de los últimos tiempos, hecho a medida de un determinado enfoque de la política antiterrorista del Estado, bien pudo convertir la condena de Otegi y los 5 del Bateragune en una mera inercia judicial. Así lo sostienen algunos, que recuerdan que condenas así se han dado por el efecto arrastre de unas sentencias sobre otras.

Pero, en el caso de Otegi, lo que sabemos ahora es tan potente en relación al relato con el que se construyó la sentencia que ni siquiera ese babel jurídico es suficiente para explicar el caso. ¿Cómo es posible que acabara en prisión por estar a las órdenes de ETA un hombre que en el momento de su detención trataba de dinamizar una propuesta política que, ya en su propia concepción, abogaba con claridad por el abandono de la violencia? ¿Cómo pudo castigarse e intentar pararse una estrategia de la izquierda abertzale que ahora se ha demostrado facilitadora –cuando no desencadenadora– del fin de ETA? Las respuestas a estas preguntas son tan complicadas que solo pueden entenderse atendiendo a los antecedentes y al contexto político vasco y español del final de la década de los 2000.

Historia de una paz frustrada

En los años 2000-2001 en País Vasco se acababa de romper el último intento de diálogo para acabar con el conflicto armado. Hubo una enorme decepción por parte de todos los agentes que habían participado y ETA volvió a matar. Es en este contexto de pesimismo cuando ocurre un hecho que será semilla de todo lo demás. En algún momento del inicio del milenio, Arnaldo Otegi y el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, se comienzan a ver entre las cuatro paredes del caserío Txillarre, en Elgoibar, invitados por su amigo común Pello Rubio. El objetivo era poco más que comer y charlar de política, actividad y ambiente distendidos para limar unas posiciones políticas que parecían irreconciliables.

Los encuentros se prolongaron durante años y acabaron fructificando. Los dos hombres acordaron unos principios comunes y un esquema para un hipotético diálogo futuro. El ejercicio era poco más que una ficción, ya que no tenía posibilidades de producirse mientras el PP gobernaba, algo que todos consideraban seguro al menos en la siguiente legislatura. Pero en el año 2004 España convulsionó. Zapatero llegó al gobierno  de forma inesperada tras los atentados del 11M y pronto Eguiguren le transmitió que había posibilidades reales de sentarse a negociar con la izquierda abertzale.

Eguiguren pide la liberación de Otegi y el acercamiento de presos de ETA
Jesús Eguiguren, expresidente del PSE EFE
 
La negociación no se hizo esperar. Fue complicada desde el primer día, y se  malogró cuando daba los primeros pasos. Su fracaso ocurrió por una suerte de factores que, sin ánimo de ser exhaustivo, pueden resumirse en que ETA tenía facciones internas enfrentadas, algunas contrarias al proceso de paz, que el Gobierno no fue capaz de cumplir los compromisos que había adquirido por –entre otras cosas– la enorme presión de sectores conservadores en las estructuras del Estado, que la mesa política de Loiola en la que PSE, PNV y Batasuna intentaban llegar a un acuerdo político nunca logró ese acuerdo, que las negociaciones "técnicas" ni siquiera acabaron de arrancar o que una parte de los estamentos de ETA dicidieron en un momento meter prisa al proceso como los grupos armados suelen hacerlo, segando vidas. Todo se fue al traste con un atentado con el que ETA asesinó a dos personas en la terminal 4 del Aeropuerto de Barajas el 30 de octubre de 2006. Hubo unas pocas reuniones más en Suiza, al menos hasta mayo de 2007, pero el diálogo no encontró camino.

La frustración política volvió a ser brutal en Euskal Herria. ETA volvió a actuar en toda su crudeza, con 6 asesinados entre 2007 y 2008. La represión judicial contra toda organización que oliera a abertzale se recrudeció y la cúpula nacional de Batasuna cayó en la redada de Garzón. El PSOE, acosado por la presión del entorno del PP, quería dar la imagen de tolerancia 0 delante del mundo de ETA.

El efecto en el clima social fue tremendo. Eguiguren lo ha descrito como "la victoria de los más duros de ambos polos". Los sectores que siempre habían estado contra el proceso de paz se sintieron cargados de razones y pudieron exhibir que el diálogo contra los terroristas era un error, cuando no una claudicación, y que la derrota de ETA solo llegaría con una victoria judicial y policial, en la más pura lógica militar. La política antiterrorista volvió a un estado previo a 2004. La recuperación y auge de este relato marcaría la percepción tanto de los poderes del Estado como de la opinión pública española sobre la efervescencia abertzale de los años siguientes.

Historia de una paz unilateral

El cambio en la opinión pública española no fue el más importante. El atentado de la T4 había hecho que algo muy profundo se moviera en la izquierda abertzale. Y, particularmente, en Arnaldo Otegi, que además entre junio de 2007 y agosto de 2008 estuvo en prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Las reflexiones de aquellos 15 meses en prisión se expresan con toda claridad en el libro "El tiempo de las luces", una larga entrevista del periodista de Gara Fermin Munarriz a Otegi publicado en 2012.

"La persistencia o mantenimiento de la lucha armada", explica Arnaldo Otegi a  Munarriz, "además de conceder al Estado una excusa perfecta para distorsionar el conflicto político y distorsionarlo en un esquema antiterrorista, impedía la acumulación de fuerzas para alcanzar nuestros fines".

Durante aquel periodo de internamiento Otegi había desarrollado toda su teoría sobre la necesidad del cambio de ciclo en la izquierda abertzale, que pasa, entre otras cosas, por la negación de la violencia. Su reflexión se basa en la constatación de que la izquierda abertzale había conseguido sentar al gobierno Español a la mesa de negociación, pero ETA había hecho saltar por los aires las posibilidades de acuerdo político con el atentado. ETA, o al menos una parte importante de ETA, ya no era capaz de actuar en virtud de objetivos políticos como en décadas pasadas, y ya solo actuaba para autoperpetuarse. De pronto se hizo evidente ante los ojos de Otegi que la estrategia armada era un estorbo para los objetivos políticos abertzales.

El dirigente independentista observó en prisión además que la hipótesis del cambio de rumbo, que él mantenía en un círculo íntimo cuando estaba en la calle, era ya compartida por amplios sectores de la militancia abertzale, por lo que consideró que estaba madura para impulsarla a su salida. Los ejes de su propuesta eran, por un lado, construir una nueva formación abertzale en forma de vanguardia que renegara de la violencia; por otro formar un polo de amplio espectro que aglutinara a toda la izquierda nacionalista vasca, de Alternatiba a EA y, por último, utilizar la unilateralidad como nueva herramienta de presión. En resumen, para finales de 2008 Otegi estaba convencido de que la sociedad vasca debía avanzar en una agenda propia independentista y no violenta para forzar al Estado a dar pasos hacia la autodeterminación.

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Campaña de Laura Mintegi para lehendakari por EH Bildu EFE
 
En esto trabajará durante el año siguiente, buscando la complicidad con los sectores más jóvenes del movimiento. En noviembre de 2008, Otegi concede una entrevista a Gara donde ya pone de manifiesto la mayoría de sus tesis del momento. En marzo de 2009, pone de largo su propuesta en una rueda de prensa, donde comienza a verse que la del histórico dirigente no es una idea aislada sino que crea importantes adhesiones en ámbitos inesperados del movimiento abertzale. Mientras tanto se están produciendo reuniones con diferentes sectores abertzales, de los que saldrá la ponencia "Argitzen", el documento donde con más claridad se ponen de manifiesto las nuevas coordenados políticas, que impulsarán un amplio debate entre la militancia independentista vasca.

El que entonces se llamó "debate estratégico" fue un hito porque todo el mundo tenía claro que, de triunfar la ponencia defendida por Otegi, a ETA no le quedaba otro camino que la soledad o el cese de la violencia. Por primera vez en décadas, en la izquierda abertzale los "políticos" tienen la iniciativa respecto a los "militares", y eso deja a la mermada ETA del momento definitivamente muerta políticamente. Pero las organizaciones terroristas como ETA tienen potencia de fuego más allá de su capacidad política, y para Otegi y los suyos, conocedores de otros conflictos armados como el irlandés, esto será una preocupación constante durante el "debate estratégico" y explica su empeño en que el movimiento sea lento para que la izquierda abertzale lo haga junta y entera, dejando las menores bolsas de apoyo posible a la estrategia armada.

La ponencia Argitzen convencerá a las bases en un debate en el que se calcula que participan unas 7.000 personas y cristalizará en el documento Zutik Euskal Herria, carta central de toda la actual estrategia abertzale y que deja sin amparo político a la violencia  por primera vez en la historia de la izquierda abertzale. En marzo de 2010 se produce la Declaración de Bruselas, donde personalidades internacionales piden a ETA un alto el fuego "permanente y verificable". ETA responderá en septiembre de ese año, a la reflexión que se está haciendo en el movimiento político en 2010, en un comunicado asegurando que hacía algunos meses habían tomado "la decisión de no llevar a cabo acciones armadas ofensivas". En enero de 2011, ETA perseveraría en el camino abierto, anunciando un alto el fuego "permanente, general y verificable".

Historia de una venganza

La estrategia de Otegi funcionaba y el fin de la violencia de ETA llegaba como nunca había llegado hasta el momento, esto es, de forma unilateral, impulsada desde el movimiento abertzale y sin condiciones previas. La situación rompía el relato instalado en la opinión pública española sobre la necesidad de la victoria policial para acabar con ETA. Durante aquel periodo fue frecuente la expresión "tregua trampa" pronunciada por políticos, analistas y periodistas españoles para explicar los pasos que daba el mundo abertzale, imposibles de calzar en una historia en la que la pacificación en Euskadi nunca podría venir desde la propia izquierda abertzale.

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A los sectores de la opinión pública sinceramente golpeados por el fracaso del proceso de paz anterior se le suman los cálculos políticos. Para febrero 2011 nacía Sortu y poco después Bildu, que constituían la formación de un polo político con amplia capacidad  electoral, como se vio en las elecciones locales y a las diputaciones de mayo de aquel año, en las que Bildu se convierte en la fuerza con más representantes en los ayuntamientos vascos.

Un mes después de aquella victoria en las urnas comienza el juicio de Otegi. En aquella sala, ninguno de los argumentos que la propia realidad presta, como el alto el fuego permanente, el impulso de Otegi por la apuesta de la izquierda abertzale por las vías pacíficas o la actividad legal de las nuevas formaciones abertzales, son tenidos en cuenta. Al contrario, el tribunal ve instrumentalización de ETA en los pasos que la habían llevado al cese, y considera que la actividad política de Otegi, en hechos como la primera rueda de prensa de 2009, las reuniones en el sindicato LAB o la elaboración de documentos sobre la nueva estrategia política, responden a una voluntad del grupo terrorista.

Especialmente relevantes son las argumentaciones jurídicas que hacen dos magistrados en la sentencia que rebaja las penas de Otegi y Díaz Usabiaga en 2012. En ellas los miembros del tribunal piden, uno de ellos, la repetición del juicio y, el otro, la absolución, al entender que no se ha respetado la presunción de inocencia de los condenados. Lo que el tribunal había juzgado eran hechos políticos, por lo que la sentencia vista a día de hoy, solo se puede circunscribir a la venganza contra unos hechos que rompían el relato establecido política y judicialmente sobre el fin de ETA.

La paz había llegado, por fin, pero de manera inesperada e inconveniente para quienes mantenían que esta solo era posible con un derrota policial. Y, sin embargo, se había producido mediante el viraje político de la propia izquierda abertzale, un hecho que era precisamente la argamasa del auge político de sus formaciones. Otegi y sus cinco compañeros pagaron en prisión haber arrebatado al Estado una victoria militar sobre ETA que daban por segura y una victoria política sobre el independentismo vasco que era entonces necesaria.