La Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía ha remitido una proposición no de ley a los grupos
del Congreso y una moción al Senado para exigir el cumplimiento de los
derechos laborales en las prisiones españolas. Javier Hervás, preso durante 18 años, cuenta su experiencia.
Durante los 18 años que ha estado preso, condenado por delitos de
falsificación y estafa, Francisco Javier Hervás ha trabajado en el
economato, en mantenimiento de pintura, en la emisora de radio… Por
algunas de esas ocupaciones ni siquiera le pagaron. Por otras, llegó a
cobrar unos 50 euros. El sueldo más alto ascendió a 210 euros, cuando
ejercía de responsable del reparto de material de limpieza. “Lo
mismo que reciclamos el vidrio, el cartón o los papeles y los salvamos
del vertedero, deberíamos hacer con las personas presas, intentar salvar
el material humano, potenciar con la herramienta del trabajo que salgan
mejor que cuando entran y no convertir la cárcel en un estercolero
social, salvando las distancias. Quiero demostrar que soy capaz de
trabajar, de hacer algo más que drogarme o delinquir”, explica con una
notoria facilidad de palabra en la sede de la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA).
La organización ha remitido una proposición no de ley a los grupos
del Congreso y una moción al Senado para exigir el cumplimiento de los derechos laborales en las cárceles españolas. “El salario medio está alrededor de 222 euros,
por lo que difícilmente se puede cumplir el mandato constitucional del
artículo 35 y del artículo 33 de la Ley Orgánica Penitenciaria, de
garantizar que la remuneración sea suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia […]. También ocurre, cuando el interno
realiza el trabajo para empresas externas, que puede hacerlo mano a
mano, en el mismo lugar, con idénticas funciones, con trabajadores de
empresa externa, que perciben por el mismo trabajo un importe que al
menos triplica el salario del interno”, reza uno de los puntos de la
moción.
Según el coordinador general de la APDHA, Valentín Aguilar, se está
produciendo una violación sistemática de esos derechos, como evidencia Trabajo en prisión. Guía práctica sobre los derechos laborales de las personas presas,
una investigación realizada por la asociación, editada por Atrapasueños
y que cuenta con el aval y financiación del Consejo General de la
Abogacía Española y de la Fundación Ágape.
Entre las principales vulneraciones, el libro, que será distribuido
entre la población reclusa, denuncia que los puestos vacantes no se
adjudican siguiendo los principios de oferta de empleo público, sino a
dedo, en función de la persona que más interesa a la Administración; en
muchas ocasiones, el trabajo no está remunerado y cuando sí lo está, en
algunos casos, se paga menos del euro a la hora; el mes
de vacaciones no está pagado; se trabajan más horas de las
establecidas… El desempeño de la actividad laboral puede, incluso,
perjudicar al trabajador porque cuando éste concluye su condena le
corresponde la prestación por desempleo, que en la práctica es muy inferior al subsidio de excarcelación.
Además, el trabajo realizado dentro de prisión queda reflejado en el
informe de vida laboral, de manera que la persona presa queda “marcada”
ante posibles empleadores.
“El empresario, en este caso la Administración, es el que vulnera la
ley. ¿Y cómo va a denunciar la persona presa a la misma Administración
de la que depende, por ejemplo, la concesión de permisos?”, se
pregunta Aguilar, que insiste en la necesidad de la participación de los
sindicatos. CCOO, CNT, CGT, SAT y UGT han dado su apoyo a la
reivindicación de la asociación. “¿Por qué puede entrar una ONG, un imán o un cura a la cárcel y no un sindicato?”, reclama Hervás,
que no recuerda el “infinito” número de escritos que ha presentado para
él y para sus compañeros, a muchos de los cuales ha enseñado a leer y a
escribir. Él salió de la cárcel en 2010, con 50 años y una crisis
gigante en toda la cara. Ahora sobrevive trabajando en lo que puede: de
sereno, haciendo churros, de camarero…
Reinserción
“La necesidad del preso de mantenerse ocupado, de poder salir del
módulo residencial para realizar alguna actividad, tener alguna
responsabilidad, desarrollar sus aptitudes, disponer de algún ingreso
para minimizar los daños producidos por los delitos cometidos, chocan
con el escaso interés demostrado por la administración
penitenciaria para la implantación de talleres productivos”, afirma
Hervás en una carta de agradecimiento en el libro-guía.
Según los datos aportados por la APDHA, basados en cifras
del Ministerio de Interior, sólo el 20% de la población reclusa está
trabajando. “Y en el caso de las mujeres se evidencia un claro machismo y
discriminación”, denuncia Aguilar. De las 12.422 personas que trabajan,
sólo 1.114 son mujeres. “Las cárceles están pensadas para los hombres,
salvo excepciones”, concluye.