¿A qué tiene miedo
la señora Hernández? ¿Qué tiene que ocultar? Es la pregunta que no paro
de realizarme ante la respuesta que me ofreció la vicepresidenta del
Gobierno de Canarias y también Consejera de Empleo, Políticas Sociales y
Vivienda después de interesarme el pasado 12 de mayo sobre los
obstáculos que encontramos para visitar algunos centros de menores de La
Palma.
Su respuesta me pareció tremendamente equivocada y fuera de lugar. Y lo
siento mucho sobre todo por la alarma que está generando porque la
justificación no convence a nadie. Apeló al "derecho a la intimidad de
los menores", como si nuestra presencia en dichos centros, autorizada
previamente por el Parlamento y supervisada y consentida por las
direcciones de los mismos, implicara alguna vulneración de estos
derechos. Esto es algo que no se sostiene.
Se equivoca la
señora Hernández, y lo más triste es que esta actitud hace pensar que
los centros tienen algo que ocultar. Más que el "derecho a la intimidad"
de las niñas y niños, lo que parece proteger es el "derecho a la
opacidad o a la impunidad” de quienes tienen la responsabilidad de
garantizar su bienestar.
Una de las labores de los partidos en la oposición es el control al
Ejecutivo, en eso consiste nuestro trabajo. Hace menos de un año se
publicó la Ley 26/2015 de 28 de Julio, de Modificación del Sistema de
Protección a la Infancia, que nace con el fin de mejorar los
instrumentos de protección jurídica de las y los menores, y construir
una referencia para las comunidades autónomas en el desarrollo de su
respectiva legislación en la materia.
En este momento en Canarias estamos en pleno proceso de adaptación de
nuestro sistema de Protección de la Infancia a la nueva legislación.
Nuestro “perverso” interés en visitar estos centros no tiene otra razón
que la de conocer cómo está afectando la nueva normativa y su nivel de
aplicación en los distintos centros de menores del Archipiélago.
En mi condición de diputada he tenido la oportunidad de visitar varios
hogares y centros de menores tanto en Gran Canaria como Tenerife,
algunos de ellos concertados y gestionados por entidades colaboradoras, y
otros, gestionados directamente por los Cabildos, como por ejemplo, en
Tenerife, a través del IASS. Siempre he solicitado y obtenido las
autorizaciones pertinentes del Parlamento y las visitas han sido guiadas
y supervisadas por las personas responsables. A lo largo del recorrido,
además de enseñarme las instalaciones, me han explicado el
funcionamiento del centro, el número de niñas y niños residentes,
edades, tiempo medio de estancia, relaciones con sus familias
biológicas, planes y perspectivas de futuro, etc. Nunca me he quedado a
solas con las o los menores. Todos los permisos fueron concedidos
ajustándose a derecho, siguiendo rigurosamente el procedimiento que
exige el Parlamento de Canarias a través de la Mesa y sus letrados
¿Están todos equivocados a la hora de conceder estos permisos?
El trabajo que estamos desarrollando en este campo se está haciendo con
la máxima transparencia, eso sí, con un gran sentido de la
responsabilidad, discreción, sensibilidad y cautela. Además, con un
escrupuloso respeto a la intimidad de las niñas y niños que tienen su
hogar en estas casas o residencias.
Llevo una gran parte de mi vida dedicada a trabajar por los derechos de
la infancia, lo he hecho en distintos ámbitos y territorios, estatal y
autonómico, y conozco bien la complejidad de las distintas modalidades
de acogimientos de menores declarados en desamparo. Durante años de
estudio y trabajo en colaboración con distintas organizaciones, he
aprendido sobre todo que cada comunidad autónoma es un mundo, que los
datos no siempre están completos ni son del todo fiables, pero sobre
todo, que casi nunca reflejan la realidad desde un punto de vista
cualitativo. Que junto a grandes profesionales, que se entregan a su
trabajo con una inmensa dedicación, vocación y cariño, hay otros,
educadores y educadoras que ni tienen la formación adecuada ni están tan
felices con el desarrollo de su trabajo. Que hay demasiadas bajas,
muchas de ellas por depresión, y poca estabilidad laboral en demasiados
centros, con las consecuencias que esto conlleva. Conocer estas
circunstancias laborales y las causas que las provocan, nos parece
imprescindible para mejorar la calidad de un trabajo tan importante y
que incide de forma tan directa en el bienestar de nuestras niñas y
niños tutelados.
Estas criaturas no necesitan sólo un buen edificio que cumpla con todas
las normativas de habitabilidad, precisan también educadoras y
educadores bien formados, con la titulación y conocimientos adecuados,
que puedan ejercer como tutores y tutoras de resiliencia de estas chicas
y chicos, a los que por alguna razón sus familias no supieron, no
pudieron o no quisieron cuidar. Sus circunstancias vitales son casi
siempre muy duras. Son las hijas y los hijos de “los nadie”, niñas y
niños invisibles, y con mucha probabilidad, si no hacemos algo en serio
por remediarlo, las futuras generaciones de las y los “nadie”.
Estamos ante un tema de altísima sensibilidad pero que desgraciadamente
no es relevante ni visible para mucha gente porque sólo afecta a una
pequeña parte de nuestra población, no más de 1400 menores actualmente
en Canarias, un sector que no vota, y sus familias, normalmente en
situaciones difíciles, tampoco. Por lo tanto, este asunto no suele estar
en la agenda de la mayoría de los partidos políticos, salvo por
honrosas excepciones de personas que, a título individual, han mostrado
una mayor sensibilidad y compromiso con esta parte de la población
olvidada.
Créanme que pensaba que la señora Hernández, con sus luces y sombras,
era una de ellas y que podríamos trabajar de forma conjunta y
constructiva para seguir avanzando en este tema. Sin embargo, para poder
hacerlo, es imprescindible conocer la realidad de la situación de los
centros de menores en Canarias. La respuesta de la señora Hernández es
tan incomprensible y desconcertante que me genera una enorme
preocupación ¿Es solo torpeza política o de verdad tienen algo que
ocultar?
Yo desde aquí le digo, deje de hacer mala política con este tema y
ponga todas las herramientas, recursos y voluntad necesaria para mejorar
la vida de nuestras niñas y niños más vulnerables. Si lo hace así, sepa
que podrá contar con nuestro apoyo, si no, no lo dude, nos tendrá de
frente. Tenga la valentía de actuar sin trampas ante un asunto tan
delicado. Es su obligación y responsabilidad.
María del Río, diputada de Podemos por Lanzarote (eldiario.es)