Poco a poco, las familias afectadas por las injusticias del sistema de protección de menores se van organizando para denunciar su situación (ahí están APRODEME o la Asociación Nacional del Menor Gitano). Y la prensa honrada va haciéndose eco de la situación. A continuación reproducimos un artículo recientemente publicado en eldiario.es.
FAMILIAS A LAS QUE LA GENERALITAT HA RETIRADO SUS HIJOS DENUNCIAN EL MODELO DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
El modelo catalán de protección a la infancia
ha sido puesto en duda por diversos colectivos, expertos y afectados por
el sistema, que critican la forma como se llevan a cabo los
procedimientos de desamparo, es decir, la retirada de la tutela familiar
de un menor por situaciones de riesgo. Los afectados cuestionan un
modelo donde la Administración tiene unas competencias absolutas sobre
el destino de los niños y el futuro de sus familias. Un procedimiento en
el que las partes afectadas están desprotegidas y no tienen posibilidad
de defenderse de la mano de un abogado, como sí ocurre en los procesos
judiciales. En este modelo son los técnicos los que hacen la evaluación y
proponen el desamparo, una decisión que separa a los menores de sus
padres y los aleja de su casa. Al menos dos entidades aglutinan más de
600 familias disconformes con cómo les han retirado a sus hijos.
En Catalunya hay 6.792 menores separados de sus familia y tutelados por
la Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), según
los datos del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Generalitat del último trimestre de 2015. De éstos, 4.800 han sido
declarados en desamparo por razones relacionadas con el maltrato y el
resto por desprotección infantil.
De los 4.800 desamparos decretados por maltrato, 2.800
responden a casos de negligencia, esto es, según explica el Departamento
de Trabajo y Asuntos Sociales a este medio, por motivos relacionados
con la alimentación, la higiene, la atención médica, la educación, la
vestimenta, la vigilancia o la seguridad. "Se entiende como negligencia
cuando las necesidades básicas del niño o adolescente no son atendidas",
explican.
"El sistema de protección a la infancia es
un sistema donde caben los prejuicios", asegura Ceneta Pi, que trabajó
durante nueve años en la DGAIA y es autora del libro 136 dies al niu del cucut (Ed.
Acidalia), donde relata un caso de desamparo. Pi asegura que hay
maneras de hacer de las familias con sus hijos que los profesionales no
pueden comprender pero que no siempre implican riesgo, como por ejemplo
que una familia no lleve a los niños a la escuela por motivos culturales
o que no pueda garantizar su alimentación por causas económicas. En
todo caso, esta conocedora del sistema asegura que en la mayoría de
situaciones se trata de circunstancias transitorias con las que se
podría trabajar con ayudas vinculadas a unos servicios sociales
potentes.
"Se aplican medidas drásticas cuando la
mayoría de situaciones son variables, deberíamos ser más flexibles",
comenta Jaume Funes, educador social y exadjunto por la defensa de los
derechos de los niños del Síndic de Greuges (el defensor del pueblo
catalán). "Parece más fácil actuar sobre el niño que no ayudar a las
familias", añade. "No hay posibilidad de protección sin política de
infancia en los barrios. Al sistema de protección sólo deberían llegarle
los casos graves y trabajar con el resto en los barrios", denuncia
Funes.
La asociación Stop Impunidad Maltrato Infantil
(Simicat) acumula ya 50 casos de desamparos con los que los padres no
están de acuerdo, y la Asociación para la Defensa del Menor, APRODEME,
aglutina a varias familias a las que la Administración les ha retirado
la custodia, tiene 571 socios, y recibe un promedio de 92 quejas al mes a
través de la web, el teléfono o por correo electrónico.
Revocar la decisión de la DGAIA sobre un desamparo se puede hacer
únicamente a través de la vía judicial, un procedimiento que no muchas
familias pueden seguir por falta de herramientas. En los casos en que
esto ocurre, alguna vez el juez ha terminado decretando la nulidad de
ese desamparo evidenciando que la Administración se había precipitado a
la hora de tomar la decisión. Es el caso del doctor del Hospital del Mar
y padre de familia Sergio Haimovich, al que la DGAIA apartó de sus tres
hijas en 2008. El juez acabó revocando la decisión de desamparo dos
años después de ser decretada. La sentencia decía que no se habían
acreditado malos tratos hacia las menores. Con todo, ya que después de
este procedimiento judicial vino el del reparto de la custodia,
Haimovich tardó 5 años en poder hacer de padre otra vez debido a la
intervención de la Administración.
El futuro de las familias en manos de cuatro técnicos
"Hemos diseñado una estructura parajudicial que con pocos recursos debe
evaluar cosas muy importantes y el riesgo a equivocarse es muy grande",
asegura Ceneta Pi en declaraciones a este diario.
En
Catalunya el proceso de determinación de desamparo y asunción de la
tutela es de tipo administrativo, no es un juez quien toma la decisión
sobre el futuro de un menor y su familia. Los encargados de hacerlo son
técnicos contratados por los ayuntamientos y los consejos comarcales que
trabajan para la DGAIA y que se organizan a través de los llamados
Equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA).
En Catalunya hay 53 equipos repartidos por todo el territorio. Cada uno
de ellos está formado por cuatro profesionales, con perfiles
diferentes, pero al menos lo forman un psicólogo, un pedagogo y un
asistente social. Una vez reciben la alerta de que un niño podría estar
en riesgo, evalúan la situación y hacen una propuesta a la DGAIA, que en
algunos casos puede ser la del desamparo. "El EAIA hace la
investigación, juzga y sentencia, esto desde un punto de vista jurídico
no se sostiene", denuncia Pi.
Pi, que trabajó durante
nueve años en la DGAIA, asegura que toda la responsabilidad recae sobre
unos técnicos que no tienen una red en su entorno para hacer un
verdadero control de la situación. "Esto provoca que la decisión acabe
siendo sólo técnica y en algunos casos puede ser arbitraria", apunta.
Sin embargo, son estos profesionales los que tienen entre sus manos el
futuro de las familias. De hecho, el Departamento de Trabajo y Asuntos
Sociales admite que "se da un papel relevante a los equipos técnicos
competentes durante los procesos de desamparo". La DGAIA termina,
simplemente, ratificando lo que han hecho los técnicos, sin que el
procedimiento de evaluación pase por ningún control. "Un técnico que
tiene el poder de sacar a un niño de su casa debería tener un mecanismo
serio de revisión de los casos", concluye Pi.
Jaume
Funes asegura además que en algunos casos se trata de profesionales que
no tienen un perfil profesional con criterios afinados. "Los técnicos
que hacen los primeros informes muchas veces no hablan con las familias
todo lo que deberían hablar", asegura. Sin embargo, el director general
de la DGAIA, Ricard Calvo, explica en declaraciones a este diario que
son equipos preparados que tienen una "formación específica" y con un
"nivel de especialización muy alto". Argumenta además que se les pide experiencia previa y se
les da formación complementaria. Este medio ha pedido los requisitos
que deben cumplir los técnicos para obtener una plaza en un equipo EAIA,
pero el Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales no lo ha detallado.
Falta de transparencia e imposibilidad de negociar
Judith Martínez Velasco, presidenta de Simicat, cuenta que nunca se
hacen llegar a los afectados los documentos que elabora la EAIA mientras
se estudia el caso hasta el día en que ya se ha decretado el desamparo.
Esta abogada tiene una hermana pediatra a quien la DGAIA le retiró la
hija mientras se estaba divorciando de su marido y discutiendo la
custodia de la menor en los tribunales. Dos sentencias habían dado la
custodia a la madre pero la DGAIA se puso en medio del proceso y declaró
a la niña desamparada. "Mi hermana nunca conoció los informes que
pasaban los técnicos a la DGAIA hasta el día del desamparo", denuncia
Velasco.
De esta manera, Ceneta Pi constata también
que las familias no tienen posibilidad de contrastar lo que los técnicos
terminan describiendo en los informes y que todo ello está rodeado de
una falta de transparencia enorme. "¿Por qué hay resistencia a que las
entrevistas entre los padres y los profesionales que instruyen el
expediente de riesgo o desamparo puedan ser grabadas, como lo son,
actualmente, todos los juicios? ¿O por qué no se hacen en presencia de
un abogado?", se pregunta esta exempleada de la DGAIA.
De hecho, no hay posibilidad de que los familiares puedan seguir este
procedimiento de la mano de un abogado. En las entrevistas tampoco hay
ningún observador externo para controlar que todo se hace correctamente.
En cambio, en el marco judicial cualquier acusado tiene derecho a la
defensa y, además, el juez que instruye el caso no es el mismo que dicta
sentencia, algo que sí que ocurre en el modelo de protección a la
infancia catalán.
"El proceso administrativo es
positivo para temas de garantía, pero la garantía se convierte en una
estructura tan rígida que no permite la negociación", añade Funes. Así
se manifiesta también Francisco Cárdenas, presidente de la asociación
APRODEME y uno de los afectados por la DGAIA, que asegura que en algunos
casos la administración puede tener razón, pero no permite a las
familias defenderse. "El problema de fondo es que se trata de un
procedimiento en el que no hay garantía de defensa", asegura.
Una vez que el menor ha sido retirado de su familia, los equipos tienen
ocho meses para decidir qué medida protectora se le debe aplicar. Una
propuesta que está diseñada de nuevo por varios técnicos, que a través
de entrevistas con la familia y con el menor acaban decidiendo. Se
pueden decantar por la acogida en un centro de menores, el acogimiento
en familia ajena, que sea acogido por otros familiares –la llamada familia extensa–, que quede en preadopción, o puede que lo devuelvan a su familia.
María Rosa Gómez, a quien la Administración le ha retirado su hijo de
cinco años hace sólo dos meses, se encuentra ahora en este punto. Esta
afectada explica que en estos dos meses nadie la ha evaluado
psiquiátricamente de forma suficiente para comprobar si sufre o no un
trastorno mental, motivo por el cual le retiraron el menor, según consta
en su expediente de desamparo al que ha tenido acceso este diario.
"Sólo me han pedido que aporte la escritura de la casa, unos análisis de
sangre y que justifique los ingresos, motivos por los que considero que
no me pueden quitar los hijos", lamenta esta madre.
El camino casi imposible para recuperar al hijo
Una vez decretado el desamparo los técnicos elaboran un plan de trabajo
que entregan a las familias para que puedan trabajar para recuperar al
menor. "Los planes de mejora son inaccesibles. Se pide, por ejemplo,
trabajo estable, compatible con los horarios escolares. Esto hoy en día
es imposible", asegura el experto en infancia Jaume Funes. "El plan de
trabajo debería ser un contrato y que si se cumpliera permitiera a la
familia recuperar el hijo. Pero a veces estos planes piden cosas que no
son tangibles y que no se pueden evaluar y menos si no se está con el
hijo", remarca Ceneta Pi.
El conocido como caso Alba,
el de una niña que fue maltratada severamente por su padrastro en 2006 y
quedó discapacitada debido a la agresión, despertó una fuerte crítica
por parte de la sociedad hacia la falta de protección de la menor. Ese
caso supuso un punto de inflexión hacia el endurecimiento del sistema de
protección infantil. "Agudizó las preocupaciones y las sospechas.
Generó más judicialización. Ante la duda, desamparan. Especialmente
porque no existen profesionales en el territorio que puedan hacer una
vigilancia protectora activa que reduzca la probabilidad de maltrato",
constata Funes.
"Como sociedad no podemos asumir
casos graves como el de Alba, en el que no se retiró la niña a tiempo,
pero en cambio parece que podemos asumir que se declaren en desamparo
niños sin pruevas concluyentes y sin que la separación de la familia
les aporte ninguna protección real", denuncia Pi.
Con
todo, Ricard Calvo, director de la DGAIA, admite que "no se habrá
trabajado suficiente con las familias si éstas no tienen su hijo". Aún
así, a los ojos de este representante de la Administración hay familias
que son "irrecuperables".