Los inspectores se presentaron en el COA el 3 de febrero tras recibir una denuncia. Mantuvieron una reunión con el director, el coordinador técnico de los educadores y un miembro del comité de empresa. Durante la visita solicitaron los cuadrantes horarios del período comprendido entre octubre de 2015 y enero de 2016. Seis días más tarde compareció en las oficinas de Inspección la directora de recursos humanos, quien aportó la documentación solicitada.
Al cotejar los cuadrantes con los datos de la Tesorería General del Estado, los inspectores detectaron una primera irregularidad en la figura de una educadora que había trabajado los días 1 y 2 de octubre y el 4, 5 y 6 de noviembre sin que la empresa comunicara el alta en el Régimen General de la Seguridad Social. En este caso, a diferencia de los demás, sí había contrato. En los otro cuatro casos se suman ocho días de trabajo de educadores que no habían plasmado su firma en un acuerdo laboral ni habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Tanto el coordinador técnico como el director del centro habían confirmado que los cuadrantes eran correctos.
El informe revela que Inspección comunicó de oficio a la Seguridad Social el alta de las trabajadoras en el régimen general por cuenta de la empresa en las fechas señaladas y que reclamó las cuotas correspondientes, apreciando responsabilidad solidaria del IASS. Por último, los inspectores extendieron un acta de infracción a la empresa por incumplimiento de la normativa laboral. Los educadores llevan casi dos años en huelga por sus condiciones y "la falta de proyecto educativo".
Períodos "regularizados"
"La resolución de Inspección -añaden desde el departamento- viene a fijar los períodos no cotizados durante un período breve. Dichos períodos ya han sido regularizados y abonados a la Seguridad Social y el total del importe abonado es de 363,49 euros. La responsabilidad solidaria en materia de cuotas del contratista principal es un efecto previsto en la normativa laboral general, para la protección de los trabajadores en el sentido de no generar vacíos en sus cotizaciones, si bien el abono corresponde a la entidad que contrata a los educadores".
La consejería añade que «el IASS no comparte este comportamiento de la empresa, y en caso de que se repita tomará las medidas oportunas». Por su parte, Intress rehusó hacer declaraciones a este periódico.