Tres niños entran al módulo de acogida de La Purísima | N.C.
Segundo artículo de la serie 'Menores que migran solos', sobre los niños y adolescentes que vagan por la ciudad de Melilla a la espera de poder cruzar a la Península: puedes leer aquí el primero.
Segundo artículo de la serie 'Menores que migran solos', sobre los niños y adolescentes que vagan por la ciudad de Melilla a la espera de poder cruzar a la Península: puedes leer aquí el primero.
"El centro, no bueno. Yo me busco la vida",
dice un chaval marroquí agarrado a una valla, apenas a un par de metros
de la garita de la Guardia Civil y a diez centímetros de una caída que
puede dar con sus huesos en las rocas de la escollera del puerto.
¿Por qué decenas de niños prefieren vivir al raso de Melilla a hacerlo
bajo techo? El gobierno de la ciudad y el centro dicen que esos niños
prefieren la libertad callejera antes que normas que les imponen la hora
de levantarse. Sin embargo, algunas ONG llevan años denunciando que en
ese lugar hay quien pega a los niños, les chantajea, les humilla y pone
piedras en su camino para obtener un permiso de residencia temporal. En
esas circunstancias, piensan, la calle es mejor sitio que donde no te
quieren.
El módulo de acogida del principal centro de menores de
Melilla es un fuerte militar que en 2001 se convirtió en hogar para
niños. Un "Todo por la Patria" se lee sobre el pórtico de acceso a La
Purísima, y en el patio principal hay algunas piezas dispersas de
imaginería católica. Es mediodía en pleno Ramadán y el lugar ofrece una
quietud extraña. Ni rastro de la supuesta conflictividad: en una de las
salas los niños ven la televisión sentados en fila regular y "sin
chistar"; las 30 camas que atestan un aula reconvertida en habitación
están hechas y las mantas dobladas con parecida perfección, como si la
disciplina militar fuese contagiosa.
Nada, más allá de esa calma contra natura, indica al visitante que La Purísima tiene un pasado oscuro y violento y
un presente cuestionado por algunas ONG y los niños que huyen de allí.
La lista de supuestos agravios es tan larga como se esté dispuesto a
escuchar. Empezando por la extendida creencia de que un educador cobra
entre 150 y 200 euros por facilitar la declaración de minoría de edad,
pese a que en el proceso interviene un médico; y continuando por que "es
habitual que se coloquen pruebas incriminatorias para justificar
castigos", según aseguran cuatro chicos diferentes a eldiario.es.
A los niños de la calle les cambia la cara cuando escuchan el nombre de
uno de los educadores de este centro: "Tiene el corazón negro", dicen.
"A un chaval le hizo bailar, y le 'decía baila, hijo de puta, baila",
relata alguien que permanece en el centro. Tres niños de 10, 15 y 16
años dicen que les levantaban a voces y pateando la cama. "Centro, no
bueno. Porra", contestan a la pregunta de por qué no duermen allí.
"Los educadores te hablan mal. Yo prefiero la calle. Estuve siete meses
en Baluarte (el centro de infractores, de régimen cerrado) y es mejor",
explica Mohamed, que tiene 18 años y ha pasado tres de ellos en los
centros de acogida de la ciudad. Ahora está en situación irregular.
En la presentación de un informe elaborado por Harraga, una ONG que
trabaja con los niños de la calle, un menor que reside en el centro
contó cómo al volver después de unos días de baja le golpearon e
insultaron mientras le preguntaban por qué se había marchado.
Son algunos ejemplos de las historias que relatan los niños que vagan
por Melilla. La figura de ese educador simboliza para ellos los
fallos de un sistema desbordado contra el que se acumulan denuncias de
arbitrariedad y violencia. Los niños llegan a cantar canciones sobre él.
José Palazón, de la ONG Prodein, lleva años denunciando este y otros
casos. "Se sabe, lo sabemos todos. Es indignante", protesta.
"Lo que digan los de la calle no nos preocupa"
Tanto se repiten las quejas y tan conocida en la historia que hay quien
desde la Consejería de Asuntos Sociales cree que "algo tiene que
haber". El consejero, Daniel Ventura, concede que él también ha
escuchado muchas veces los nombres de dos educadores: "Cuando llegué lo
primero que le dije al director es que no quiero que se toque a un niño
para nada, ni por supuesto que se le esté insultando".
Insiste, sin embargo, en que nunca se ha demostrado nada: "Si hay
alguien que esté cometiendo faltas de consideración, me gustaría que
acabaran en la fiscalía o el juzgado. Por parte de la consejería, no
protegemos a nadie", asegura Ventura.
El director
del centro, Suliman Abdeslam, atribuye la triste fama de su trabajador a
la rumorología: "Puedes hablar con un niño al otro lado de la frontera
que ni siquiera ha estado aquí y te dirá que Salah le pegó". Para él,
esos chicos tienen "la mentalidad de vivir en la calle", de modo que
traza una línea. "Nos preocupan los que están aquí, que son más de 300.
Lo que digan los de la calle no nos preocupa. Son niños con problemas de
drogadicción y no se dejan ayudar. ¿Qué van a decir del centro?",
añade.
Casi todos esos niños provienen de Fez y
otras ciudades del interior. Entre los residentes de La Purísima, en
cambio, abundan los rifeños, chavales a quienes a veces las familias les
planifican un futuro que pasa por Melilla y que incluso reciben visitas
de sus padres. Los primeros se quejan del trato preferente hacia los
rifeños, así que pasan unos días por La Purísima, escapan, regresan de
la mano de la Guardia Civil o por sí solos, y vuelven a escapar. Hay
algunos que acumulan hasta ochenta partes de baja. En la calle se
exponen a las enfermedades, las peleas y la muerte: tres de ellos han
perdido la vida intentando alcanzar el barco que une la ciudad con la
Península.
"Yo no tengo recursos para trabajar con
esos niños", se queja el director: "¿Dónde van? ¿Los traemos a un centro
ya saturado? Sólo me falta ir a buscarlos". Es un discurso similar al
del consejero, que hace meses opinó que sería "contraproducente"
devolverlos a La Purísima en vista de la saturación, pese a que la
ciudad sigue siendo la tutora hasta transcurridos seis meses desde su
baja en el centro.
Un contrato prorrogado en abril por 3,1 millones
Arquisocial S.L. (antes Arquitempo, S.L.) gestiona el centro en régimen
de concesión desde 2006, aunque el último contrato se firmó en 2013 por
dos años a cambio de 6.364.124,96 euros, más 15,09 euros por día y
menor que exceda de las 172 plazas del centro.
El contrato fue prorrogado por un año el pasado mes de abril,
por 3.182.062,48 euros. Ventura ya ha avanzado que habrá un incremento
presupuestario "considerable". La empresa emplea a cinco coordinadores
(uno por módulo), una enfermera, una psicóloga, una trabajadora social,
once educadores y 55 auxiliares. Estos últimos no tienen titulación
específica y algunos de ellos son trabajadores de anteriores
concesionarias subrogados en el nuevo contrato, personas con un
conocimiento profundo del sistema y sus interioridades.
El director se queja de que se hace responsable al centro de la falta
de recursos. Además del módulo de acogida, La Purísima tiene otros
cuatro, de 32 plazas teóricas, en cada uno de los cuales conviven 53
niños. En las habitaciones hay también colchones en el suelo, y los
propios niños están soldando nuevos somieres que añadir a las literas de
dos camas. A las denuncias de la escasez de ropa, los responsables
responden que "sobra" y que se les entrega (bajo firma de un recibí)
cuatro mudas completas al año más dos por fiestas. "Si todo fuera tan
malo, ¿cómo tenemos 360 niños en un centro de protección?", se pregunta
el consejero.
El informe de Harraga, sin embargo,
hace hincapié en la "violencia documental". Es frecuente que los niños
no estén empadronados. José Palazón, que lleva trabajando dos décadas
con los niños de la calle, cree que la falta de oportunidades de
formación y las dificultades para conseguir un permiso de residencia
temporal cuando cumplen la mayoría de edad motivan que los chicos
prefieran la calle.
Para Palazón, esas dificultades
son piedras estratégicamente dispuestas en su camino: "Desde todos los
centros de recepción de migrantes se lanza el mensaje de 'esto no es un
hotel, hijo de puta', para evitar el efecto llamada".
Save the Children denunció en un informe reciente que
las autorizaciones de residencia no siempre se tramitan a tiempo, y que
los plazos legales se interpretan "en perjuicio del niño". "No se
trabaja para su integración y se les expulsa inmediatamente cuando
cumplen los 18 años", se lee en el documento. En este contexto, muchos
menores se aferran a la idea de '¿para qué esperar?', porque saben que
acabarán en la calle igualmente nada más cumplir la mayoría de edad.
Pese a que el centro es de régimen abierto, bajo el pórtico de acceso
al fuerte hay ahora un vigilante de una empresa de seguridad privada
para "disuadir" a los chicos de escapar. Ni eso, ni los regalos en
metálico que supuestamente reciben (50 euros en Reyes, 25 en las
pascuas, 25 en feria) son vallas lo suficientemente altas para niños
que, como ellos, huyen.