Ana Hernández, responsable de enseñanza Privada, Protección
y Menores del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Huelva ha
explicado que “los despidos se producen tras haber
denunciado ambos trabajadores a la empresa ante la jurisdicción social,
por lo que podríamos estar ante un caso de presunta vulneración del
derecho a la tutela judicial, recogido en el artículo 24 de la
Constitución Española”.
Por su parte la empresa ha alegado el despido por causas económicas, algo que el sindicato ha considerado una “excusa insostenible ya que no se puede justificar el despido de estos trabajadores aludiendo al impacto de una crisis económica que ya existía cuando se produjo la licitación de este servicio, por lo que debería haber sido previsto tanto por la empresa como por la Junta, adjudicataria de este servicio”.
La empresa Ginso, adjudicataria de la
gestión de los Centros de Menores Masculinos El Faro y Dunas, ha
despedido a dos trabajadores después de que éstos denunciaran ante la
Inspección de Trabajo, la Dirección General de Justicia Juvenil de la
Junta, los Juzgados y los medios de comunicación una situación de acoso
laboral que incluía la “modificación de su categoría laboral sin
justificación, despidos de parte de la plantilla para ser sustituida por
personal de otros centros no subrogados en esta licitación, la
obligación de realizar tareas fuera de las funciones por las que fueron
contratadas, además de impedir la conciliación familiar y laboral”.
Tras todas estas acciones, y haber
denunciado ante la opinión pública esta situación, la empresa ha dado un
paso más y “estos trabajadores han sido despedidos por reclamar sus
derechos a la jurisdicción social, lo que podría suponer una presunta
vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,
recogida en el artículo 24 de la Constitución Española”, ha afirmado Ana
Hernández, responsable de Enseñanza Privada, Protección y Menores del
sindicato provincial de Enseñanza de CCOO Huelva.
La empresa ha justificado el despido por
causas económicas explicadas literalmente de la siguiente forma: “La
situación provocada por la grave crisis económica que afecta gravemente a
España, ha tenido su reflejo en las Administraciones Públicas, y por
tanto en las entidades que dependen de ellas, lo que ha provocado una
disminución relevante de los ingresos de Ginso, así como una previsión
de mayores reducciones, lo que está provocando un impacto negativo en
los resultados de la asociación y en su capacidad para mantener la
actual plantilla que asciende a 800 trabajadores (en toda España)
aproximadamente. La grave situación descrita tuvo su impacto en los
datos económicos correspondientes al ejercicio 2015”.
CCOO ha considerado que “no se puede
justificar el despido de estos trabajadores aludiendo al impacto de una
crisis económica que ya existía cuando se produjo la licitación de este
servicio, por lo que debería haber sido previsto tanto por la empresa
como por la Junta, adjudicataria de este servicio”.
Por ello, la sindicalista considera, que
“tras estos despidos tan sólo se esconde una respuesta de la empresa a
las denuncias de estos trabajadores por su modificación injustificada de
sus condiciones laborales”.
Además, Hernández ha recordado a Ginso
que “hizo un acuerdo con los delegados de personal haciendo un
descuelgue del II Convenio Estatal de Protección de Menores, para poner
en vigor un convenio de empresa que asegurara el mantenimiento de la
plantilla subrogada y que evitara despidos, algo que todavía sigue en
vigor y que también ha sido incumplido por parte de la empresa”.
Finalmente, la responsable de enseñanza
Privada, Protección y Menores de CCOO Huelva, ha exigido a la Junta de
Andalucía que “cuando se haga una licitación de este tipo, las personas
trabajadoras no tengan que sufrir la incompetencia de las empresas, que
en este caso se remonta a la anterior adjudicataria (AESIM) que todavía
mantiene deudas con la plantilla”. Así como ha recalcado que “la
Dirección General de Justicia Juvenil y Delegación Provincial sean
responsables de la adjudicación y mantenimiento de la misma, bajo las
condiciones del pliego y respetando la subrogación de las plantillas”.
NOTA: Desde el Colectivo No a O´Belen consideramos que la solución no pasa por que la Junta vigile que se cumplen los pliegos. CCOO debe exigir a la Junta que asuma la gestión directa de todos los centros de protección de menores. La privatización es un cáncer que pervierte el sistema de protección de menores y justicia juvenil.